Nos preguntan si queremos adherirnos a la plafaforma por el no y nos
mandan esta propuesta de manifiesto provisional para añadir cosas,
borrar, modificarlo o decir que nos unimos necesito que lo miréis y me
déis una respuesta, (las personas que ya han respondido al anterior
correo no hace falta), es urgente necesito una respuesta para mañana por
la tarde. Decidme lo que pensáis a extremadura@... o
llamad al 651850402.

Las otras organizaciones que la forman son: Asociación Tremn, Foro
Alternativo de Extremadura IU, JCEX, OCE (Organización de Campesinos de
Extremadura), PCPE, SOV de CGT de Badajoz y Plasencia y Unidad Cívica
por la república, AJEX y SODEPAZ.

Por otra parte desde Ecologistas de Madrid se ofrece Luis
organizacion@... por si hacemos alguna actividad,
charla,...


PROPUESTA DE MANIFIESTO PLATAFORMA POR EL NO A ESTA CONSTITUCIÓN EUROPEA

Notas:
* Para realizar sugerencias, cambios, propuestas, incorporar matices o
eliminar lo que juzgéis inoportuno.

* Este manifiesto se ha elaborado a partir del texto de la Plataforma
por el NO de Córdoba y los documentos de Jaime Pastor, Xavier Pedrol y
Gerardo Pisarello (Diez razones para votar NO), Ángel Calle (Razones
para el NO. Ángel Calle es activista d la Consulta Social Europea de
Madrid, no confundir con el emeritense), José Antonio Nisa (las trampas
de la Constitución Europea) y Marta Soler (la política agraria de la
UE). Todos están en rebelión.org


POR QUÉ PEDIMOS QUE SE VOTE NO
El proyecto de Constitución europea representará, caso de aprobarse, el
marco normativo más alto que regulará la vida de 400 millones de
personas. Nos afecta mucho, y por tanto, es un proyecto que merece ser
debatido, y, en consecuencia, apoyado o contestado según sea nuestra
percepción del mismo.
Un referéndum no democrático
El Gobierno de Rodríguez Zapatero, lejos de propiciar un amplio y rico
debate en los dos años que permite la Comisión Europea a los países para
proceder a la ratificación o no del Tratado, ha optado por convocar un
referéndum no vinculante el 20 de febrero precedido por una simplista
campaña de información pública que persigue no despertar el interés
entre los ciudadanos y ciudadanas, sino que voten afirmativamente en
función de los “mitos” y “eslóganes” coreados por la llamada sociedad
intelectual y civil española.
Los ciudadanos y ciudadanas votarán sin el texto constitucional en las
manos, tras una campaña oficial encubierta por el Sí, sin dar las mismas
posibilidades a quienes planteamos el NO de trasladar a los hombres y
mujeres nuestras inquietudes, en un proceso de referéndum que ya está
invalidado (deslegitimado) y que no se sostiene ante un mínimo análisis
de participación democrática: ni hay igualdad de oportunidades para
todas las opciones ni interés por promocionar los debates y los análisis
serios.
(si está invalidado lo lógico sería pedir la abstención y el boicot,
pero el hecho de perder legitimidad no obliga a esa postura)
La estructura del Tratado
Cerca de centenar de personas “notables” que participaron en los
trabajos de la Convención europea, presidida por el conservador Giscard
d’Estaing, han producido un texto que busca ser acreedor de una
legitimidad no cuestionable. Sin embargo, la gran retórica, que alude
constantemente al deseo de paz y de bienestar (art. 3.1, parte I),
tendrá su contrapeso en el desarrollo de una adecuada “letra pequeña”,
desarrollada en la tercer parte del texto.
Este Tratado es la continuación de las políticas diseñadas en
Luxemburgo, Maastricht y Lisboa y por lo tanto no buscan construir una
unión política sino un mercado eficiente, nos sostenible ecológicamente
y donde se consagre definitivamente el retroceso de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
La estructura de esta Constitución proclama como principios los derechos
ciudadanos y las libertades, pero su desarrollo no podrá poner en
cuestión que Europa se constituya en “un mercado único en el que la
competencia sea libre y no sea falseada” y “una economía social de
mercado altamente competitiva” (art. 3.2 y 3.3, parte I). Así, cada vez
que se enuncien principios éticos y deseables, éstos no se traducirán en
prácticas concretas. Cada Estado podrá (o no) aplicarlos. La anterior
estructura será muy visible en la proclamación “restringida” de nuestros
derechos sociales (ver artículo 104, parte III) o en las políticas de
cooperación al desarrollo.
Un Parlamento sin poder ni capacidad de decisión
Las nuevas facultades de codecisión reconocidas al Parlamento Europeo
constituyen un avance insignificante en un entramado institucional que,
tras cincuenta años de integración, continúa otorgando una evidente
primacía a órganos técnicos o desprovistos de controles democráticos
efectivos como el Consejo de Ministros, la Comisión o el Tribunal de
Justicia.
Otro tanto puede decirse de los derechos de participación. El tan
aireado derecho de propuesta ciudadana previsto en el Proyecto fue
arrancado a regañadientes a la Convención que lo elaboró, y es una
versión restrictiva de lo que debería haber sido una auténtica
iniciativa legislativa popular. Muy poco, en definitiva, para revertir
el déficit estructural de participación que aqueja a la Unión desde hace
décadas, y que ha quedado de manifiesto de forma rotunda en las últimas
elecciones al Parlamento europeo.

Una Europa mercado
Con respecto a los principios de “liberalización” que promueve la
Organización Mundial del Comercio, el artículo 33 (parte III) establece
que los países de la UE estarán “dispuestos a proceder a una
liberalización de los servicios más amplia […] si su situación económica
general y la del sector afectado se lo permiten”. Las incipientes
privatizaciones del agua o en materia de educación parecen atestiguar
que sí lo permiten. Las políticas monetaristas están inscritas en letras
de oro, pues el Banco Central Europeo será un organismo independiente
cuyo objetivo es garantizar la estabilidad de precios (77.1-III). En
definitiva se trata de seguir la máxima neoliberal: “todo ha de tener un
precio y el mercado es, por tanto, el mejor regulador de todas nuestras
interacciones; debemos crear, por ello, las condiciones para su
reproducción”. A esto se refiere la futura Constitución (si no lo
impedimos) cuando habla que la misión del Banco Central es lograr una
“eficiente asignación de recursos”.

La Constitución europea no sólo promueve políticas neoliberales, sino
que también prohíbe toda política alternativa. La Tasa Tobin es
inconstitucional, pues se debe “alcanzar el objetivo de la libre
circulación de capitales entre Estados miembros y terceros países”
(46.3-III). Por supuesto, la abolición de la deuda externa no es un
“interés fundamental” de la Unión Europea en su acción exterior. Tampoco
tratados internacionales (desde Kyoto a los de la Organización
Internacional del Trabajo) serán siquiera tenidos en cuenta. La lucha
por los derechos de las personas inmigrantes sufre un revés: sus
derechos no se regirán por la Constitución Europea o la Carta de
Derechos Fundamentales sino por las leyes de extranjería de cada Estado.
Vienen aquí buscando una vida digna, huyendo de la pobreza extrema o de
conflictos políticos y militares. Pero la Constitución Europea los pone
en su punto de mira. El artículo III-166 reclama “controles de las
personas”, “vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras” y afirma que
podrán estar por aquí, pero sólo “durante un período breve”.

En este sentido, la Constitución no es sólo un ajuste interno, impide
también todo desajuste externo, es decir, el desafío de la agenda
neoliberal.
Es decir:
- Independencia total y absoluta del Banco Central Europeo, quien
diseñará la política monetaria de la unión.
- Ausencia de un Estatuto de los Trabajadores Europeos.
- Consagración de un Mercado Competitivo en el que cualquier restricción
a la libertad de movimientos del Capital está prohibido.
- Ausencia de un Espacio Fiscal Común.
- Cierre de las fronteras.
Este Tratado no sólo repercutirá en detrimento de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, sino que favorecerá la deslocalización de
empresas (cualquier medida en contra está prohibida) y por lo tanto
permitirá que la amenaza constante de cierre de empresas en nuestros
países se utilice como argumento para pedirnos mayor productividad,
menores salarios, más horas extraordinarias…
Acoso a las empresas públicas
El Tratado declara la prohibición de prácticas mercantiles "que falsean
el juego de la competencia dentro del mercado interior". Esto, así oído,
podría parecer un canto a la justicia comercial, pero el artículo III-
55 aclara la situación: "los Estados miembros no tomarán ni mantendrán
respecto a las empresas públicas y aquellas a las que concedan derechos
especiales, ninguna medida contraria a las disposiciones de la
Constitución". Lo cual quiere decir que los Estados no podrán apoyar a
empresas públicas que puedan competir con la inversión privada, con lo
que las inversiones públicas que constituyan un servicio social conforme
al principio de solidaridad y equilibrio social habrán de ajustarse a
las leyes del libremercado y, consecuentemente, habrán de acabar en
manos privadas.
Más claro aún aparece en el artículo III-56: "Quedarán prohibidas las
ayudas estatales que falseen o amenacen la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas". De este modo se realiza una declaración de
condena a muerte de las empresas públicas.
Empleo
Ante todo una declaración de intenciones sumamente esperanzadora al
comienzo de este apartado: La Unión se plantea como objetivo "asegurar y
potenciar un alto nivel de empleo."
Sin embargo, cuando se refiere a la posible legislación sobre empleo,
aparece explícitamente la intención de no legislar conjuntamente sobre
las condiciones laborales de la Unión: "no (se) incluirá armonización
alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados
miembros"(art III-101). Es decir, las empresas transnacionales podrán
encontrar en algunos países unas legislaciones laborales más laxas que
en otros al no existir ninguna ley marco en la Unión que articule y
armonice las diferentes legislaciones nacionales, tan dispares.
Un proyecto militarista
Lo cierto es que este Proyecto no se separa en nada de una Unión que en
los últimos años ha sido todo menos un actor independiente en las
relaciones internacionales. Esta Europa ha exhibido una dócil
complicidad frente a la mayoría de las "nuevas guerras" emprendidas por
los Estados Unidos tras el fin de la guerra fría. Desde la del Golfo y
la ex-Yugoslavia hasta la de Afganistán. Además, tras el 11 de
septiembre, ha aprovechado la obsesión por la seguridad promovida desde
Washington para recortar sin complejos derechos y libertades
fundamentales y para destinar millones de euros a la actuación militar y
policial con la excusa de la lucha anti-terrorista.
Junto a las formales declaraciones de adhesión a la paz y al derecho
internacional, se consagra el "respeto" a las obligaciones contraídas
con la OTAN, una organización que ni siquiera es específicamente europea
¿Son éstas las señales de autonomía a las que se refieren los defensores
del Proyecto? Y la Agencia Europea de Armamento, Investigación y
Capacidades Militares, destinada entre otros objetivos a "reforzar la
base industrial y tecnológica del sector de defensa" y a "aumentar la
rentabilidad de los gastos militares": ¿es el instrumento de paz que
anuncian quienes piden el voto por el sí?

Una Europa sin desarrollo sostenible

La Constitución Europea subordina el desarrollo sostenible al
crecimiento económico en una economía altamente competitiva. La apuesta
por un modelo económico centrado en el comercio a larga distancia
fomenta la construcción de infraestructuras muy dañinas para el medio
ambiente, al mismo tiempo que exige un insostenible gasto energético. La
Unión Europea es tras EEUU el mayor consumidor de recursos naturales del
mundo: todo un ejemplo de insostenibilidad y de las desigualdades
mundiales.
Igualmente, se abren las puertas a la generalización de la energía
nuclear mientras que el desarrollo sostenible o el ecologismo se
convierten en meras declaraciones de principios.
Una Europa que consagra definitivamente la contrarreforma agraria
El tratamiento que se ofrece en el Tratado a la agricultura no difiere
en nada a lo que hasta hoy existe legislado sobre este tema, tan crucial
en Europa. Queda claro, sin embargo, que la agricultura estará
completamente controlada y regulada por la Unión, según las directrices
de la Pol (¿?)
La Política Agraria Común (PAC) constituye el marco de regulación
general de la agricultura europea. Con un presupuesto de más de 40.000
millones de euros al año (casi la mitad del presupuesto total de la UE)
el objetivo actual es reducir en un 50% dicho Presupuesto.
La nueva PAC fue aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de
Agricultura en junio de 2003, aunque actualmente aun se encuentra en
fase de diseño y aplicación. Se articula a través de tres instrumentos
1. El desacoplamiento de las ayudas agrarias: El cálculo de pago único
se hace a partir de los montantes de ayudas recibidos en el periodo de
referencia 2000-2002, por lo que se consolida el productivismo histórico
premiando a las explotaciones de mayores dimensiones.
2. La modulación obligatoria de las ayudas. La “reforma” de la PAC ha
estado precedida por un intenso debate sobre el reparto de las ayudas.
Las organizaciones de pequeños y medianos agricultores vienen desde hace
años reclamando la modulación social de las ayudas a favor de las
pequeñas explotaciones familiares. Sin embargo, esta concepción de la
modulación social no es la que ha sido recogida en la nueva PAC. OJO
aquí no había 3
3. Los transgénicos en la UE. Respecto a los alimentos transgénicos,
acaba de finalizar la moratoria sobre nuevas autorizaciones que estaba
vigente desde 1998. Así aparece una lista muy larga de transgénicos
pendientes de aprobación, a los que la Comisión intentará dar luz verde
cuanto antes, cediendo a las presiones de EEUU y de la industria
biotecnológica.
Una Europa insolidaria
El capítulo IV (parte III) del proyecto de Constitución europea está
consagrado al tema de la cooperación al desarrollo, y en él se detallan
los objetivos y maneras de entender las relaciones Norte-Sur. Los
principios de esa cooperación serán “la erradicación de la pobreza”
(218.1, parte III), para lo que se “tendrán en cuenta los objetivos que
se han acordado en el marco de las Naciones Unidas” (218.2-III). Se
“tendrán en cuenta” no quiere decir, obviamente, que suponga una
inconstitucionalidad la no aplicación de medidas como la dedicación del
0,7% del PIB para ayuda al desarrollo.

¿Bajo qué criterios se pondrá en marcha esta “erradicación de la
pobreza”? Habrá de llevarse a cabo en “el marco de los principios y
objetivos de la acción exterior de la Unión” (223.1-III). ¿Y cuáles son
esos objetivos? Pues aparecen objetivos “loables” como la promoción de
la democracia, de las libertades y de la solidaridad (193.1 y
193.2-III). Pero junto a ellos otros como: “evitar los conflictos y
fortalecer la seguridad internacional” que abre las puertas a la
doctrina de “ataques preventivos” observada en Irak; la defensa de
“intereses fundamentales” de la Unión Europea, que nos remiten al tema
del mercado único altamente competitivo; y por último, la necesidad de
“estimular la integración de todos los países en la economía mundial,
inclusive mediante la abolición progresiva de las restricciones al
comercio internacional”, es decir, vivan la OMC y el FMI.
Un texto inmodificable
El Proyecto adoptado en la Cumbre de Irlanda es un texto destinado a
perdurar (durante 50 años, en palabras del presidente de la Convención,
Valery Giscard d’Estaing). Su revisión jurídica, pero sobre todo
política, será por tanto muy complicada una vez aprobado.
La exigencia de unanimidad para cualquier reforma del texto limita
cualquier posibilidad de cambios en el futuro.
ORGANIZAR UN MOVIMIENTO CONSTITUYENTE POR OTRA EUROPA
De aquí a finales de 2009, fecha de entrada en vigor de la Constitución,
es mucho lo que queda por hacer. Lo primero, convertir el rechazo a este
Proyecto en impulso de un nuevo proceso constituyente que otorgue a la
idea de Europa genuinas credenciales democráticas. Un proceso de estas
características debería basarse en un mandato de la ciudadanía del
conjunto de la Unión a una Asamblea encargada de elaborar un nuevo
Proyecto de Constitución.
Lo segundo es trazar, a partir de la impugnación del contenido del
actual Proyecto, las líneas generales de lo que debería ser una Europa
alternativa. Frente al argumento "del mal menor” con el que se intenta
legitimar el actual modelo oligárquico y elitista de integración, sería
necesario, entre otras cuestiones: a) repensar los complejos desafíos de
un federalismo europeo democrático y no simplemente intergubernamental,
que otorgue un papel central al Parlamento; b) plantear una lectura
radical, de abajo arriba, del principio de subsidiariedad, de la
autogestión y de la democracia participativa en diferentes escalas,
comenzando por el ámbito municipal; c) impulsar una Europa social
fundada en la armonización hacia arriba de los derechos sociales, en la
reducción del tiempo de trabajo y en el impulso de empleos "verdes"
socialmente útiles y sostenibles, en la reconstrucción de servicios
públicos de calidad, en el derecho a una renta básica, en la solidaridad
interterritorial y, sobre todo, en una fiscalidad europea suficiente
basada en el principio de progresividad y en el control de los capitales
especulativos;d) defender una Europa basada en el acceso a la igualdad
plena y a la autonomía de las mujeres y de las minorías sexuales, frente
a la Europa discriminatoria y patriarcal; e) asumir las exigencias de
una Europa autónoma y pacífica, libre de armas de destrucción masiva, de
misiones neo-coloniales y capaz de bregar por la disolución de alianzas
militares como la OTAN; f) hacer propio, en definitiva, el proyecto de
una Europa ecológicamente sostenible, austera y creativa, capaz de
asumir sus responsabilidades con las generaciones futuras y de
compatibilizar sus formas de consumo, transporte y producción con el
bienestar, y no con la ruina, del resto del pueblos del planeta.
Sólo una Europa de estas características podría exorcizar de manera
creíble los fantasmas del militarismo, del racismo y del nacionalismo
agresivo, ponerse al servicio de un internacionalismo de nuevo cuño y
ganarse, en definitiva, el compromiso de millones de mujeres y hombres
que hoy no creen en ella.
A ELLO NOS COMPROMETEMOS