CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA URBANISTICA

Los cerca de 100 expertos que se han reunido este fin de semana en
Madrid convocados por Ecologistas en Acción en las primeras Jornadas
sobre Delincuencia Urbanística han discutido sobre la problemática
jurídica (penal, pero también contenciosa) de las ilegalidades que se
cometen en las prácticas urbanísticas.

Los abogados, fiscales y expertos en urbanismo reunidos han constatado
que existe una gran impunidad en muchas zonas de la geografía española
con las construcciones ilegales. Las grandes áreas metropolitanas y el
litoral concentran gran parte de esas actividades ilícitas.

En la mayoría de los casos las irregularidades se amparan en una
generalizada falta de vigilancia y control por parte de las
administraciones encargadas de ello y en una fuerte presión de algunos
poderes económicos locales. En algunos casos, incluso, empiezan a estar
ligadas a mafias que irrumpen con un tremendo poder económico y que
crean dinámicas sociales y políticas muy difíciles de controlar.

Entre las conclusiones que se han planteado en las Jornadas se destaca
que:

Hace falta una reforma de la legislación del suelo, de vivienda y de
fiscalidad y haciendas locales que permita proteger de la actividad
urbanizadora las zonas forestales y otras de interés ambiental, que
incentive la rehabilitación y el alquiler de viviendas vacías y que
reoriente la financiación de los Ayuntamientos de manera que no dependan
de los ingresos derivados de las licencias urbanísticas.

Se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, control e investigación
de las ilegalidades urbanísticas tanto a nivel administrativo como
judicial:

- Reforzamiento de las Secciones de Medio Ambiente y Urbanismo de las
Fiscalías y apoyo desde la Jefaturas de las mismas y desde la Fiscalía
General del Estado a los fiscales ante las presiones de los poderes
públicos y económicos.

- Reforzamiento del SEPRONA y de las policías autonómicas para poder
atender con más efectividad a este tipo de infracciones.

Consideración explícita del carácter de policía judicial de los
colectivos de Agentes Forestales, de manera que no puedan ser
cuestionadas sus actuaciones en la persecución de los delitos contra la
ordenación del territorio y su acceso directo a las fiscalías.

Se deben incrementar los instrumentos legales (procesales y de medios)
para hacer efectivas las resoluciones, tanto administrativas como
judiciales, de paralización y, en su caso, de demolición de obras y
edificaciones ilegales.

Hace falta un desarrollo adecuado de la jurisprudencia sobre los delitos
contra la ordenación del territorio de manera que queden superadas
algunas interpretaciones restrictivas que se están haciendo por parte de
juzgados como, por ejemplo, no incluir al autoconstructor como posible
sujeto activo del delito.

Más información: Mª Angeles Nieto 656925082
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