El sindicato denunció un acuerdo de la Consejería de Empleo con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) por considerar que los trabajadores de esta institución, que imparte cursos de formación continua, realizaban tareas propias de los funcionarios. “Si se tiene en cuenta que el personal de la fundación no forma parte de lo que llamamos ya empleados públicos, es claro que se vulnera [la ley]. En todo caso, se está encomendando el ejercicio de potestades administrativas para unas tareas que exceden del con- tenido legal que esta institución puede tener”, dice la sentencia, que será recurrida por la Consejería ante el Supremo.

 

“El acuerdo no sólo contraviene la ley sino que es habitual debido al entramado de empresas públicas y fundaciones que la Administración posee”, afirma el presidente-coordinador del sindicato, Juan Romero. Es la primera resolución de una larga batalla contra la externalización de servicios. Protección de los menores Una de sus más contundentes quejas, elevada a los defensores del pueblo español y andaluz, se refiere a los servicios de protección de menores.

 

El sindicato denunció que la Consejería de Igualdad suple la falta de funcionarios con una fundación, con personal no cualificado y sin la titulación debida. Todo ello, según el sindicato, perjudica el servicio al ciudadano. Romero hace extensible la denuncia a la aplicación de la Ley de Dependencia. Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2007, la plantilla media de las empresas públicas ascendió a 19.751 empleados, 2.481 más (14,4%) que en 2006. En las fundaciones, la cifra subió a 3.986, un 36,3% más (1.002).