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Boletin de noticias sobre los represaliados politicos vascos


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######### ### Preso, errefuxiatu eta deportatu guztiak ###
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Numero 37. 16 de agosto 2000 www.freespeech.org/presoak



1. NUEVA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE

2. DESDE 1998 SE HAN SUCEDIDO LAS OPERACIONES JUDICIALES-MEDIATICAS

3. SIEMPRE TRAS AMENAZAS POR PARTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

4. EH: «ES UNA OPERACION MEDIATICA Y NO NOS PREOCUPA»

5. FISCAL ESPAÑOL PARTIDARIO DEL ESTADO DE EXCEPCION

6. DIRIGENTES DEL PP Y PSOE PIDEN GUERRA SUCIA

7. OTRA QUERELLA, ESTA CONTRA OTEGI, IDIGORAS Y ETXEBARRIA

8. EXTIENDEN LA ACUSACION A CASI 10.000 PERSONAS

9. «NO HAY RAZONES PARA QUE LA COMISION INTERNACIONAL SIGA EN PRISION»

10. EKHE S.A. DENUNCIA A GARZON POR PREVARICACION



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1. OFENSIVA JUDICIAL ESPAÑOLA CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE

Tras el anuncio de mas represion, y a falta de exitos policiales contra la
organizacion ETA, las amenazas del presidente español se concretan en
medidas judiciales contra la izquierda independentista vasca, acompañadas
por el coro de los medios de comunicacion españoles.

«Por primera vez, el Gobierno usa contra ETA todos los instrumentos del
Estado de Derecho». El pasado lunes, antes de las seis muertes que han
regado de sangre esta segunda semana de agosto, José María Aznar adelantaba
desde el Palacio de Marivent la estrategia de su Gobierno. La traducción a
hechos de sus palabras llegó casi al tiempo. El juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, estrella de los procesamientos contra la
izquierda abertzale, anunciaba el enjuiciamiento de 16 de su miembros en
relación con Xaki, el presunto «aparato internacional de ETA». Era sólo el
principio.

O la continuidad. Antes, el mismo Garzón había notificado en un auto
judicial que «ha existido una sucesión de empresas entre los grupos
Orain-Egin y EKHE-Gara», reactivando aquella estrategia de acoso judicial de
1998.

Pero la avalancha desde la fiscalía se produjo a partir del martes nada más
producirse la reacción del vicepresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a las
declaraciones del portavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, Arnaldo
Otegi, en el hospital de Basurto tras el fallecimiento en Bolueta de cuatro
presuntos miembros de ETA.

Si Garzón ya había dejado entreabierta la puerta a repetir y ampliar el
proceso contra la Mesa Nacional en el auto de "Xaki" al afirmar que la
coalición «siguió al pie de la letra las órdenes de ETA sobre la elaboración
de sus listas electorales para las elecciones generales de 1993», inicio de
una posible querella por «pertenencia a banda armada», Rajoy retomó las
palabras de Aznar y pidió públicamente al Fiscal General del Estado, Jesús
Cardenal, que interviniera por presunta apología de terrorismo contra Otegi.
Su delito, haber denominado «compañeros» a los cuatro miembros de ETA
fallecidos. El mismo día la Fiscalía presentaba la querella ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

Habría más. Hasta llegar a seis causas. En las últimas horas, el juicio
global a la izquierda abertzale se ha ampliado con la personación de la
Fiscalía en la querella por amenazas presentada por María San Gil contra las
concejales de EH en el Ayuntamiento de Donostia, Maider Alustiza y Miren
Zinkuniegi. Más aún, el fiscal espera un atestado de la Ertzaintza por si
procede otra querella por un delito de "colaboración con banda armada", por
lo que la investigación pasaría a la Audiencia Nacional.

Berriozar y Laudio

Además, tras ser anunciado por el delegado del Gobierno en Navarra, José
Carlos Iribas, la Fiscalía General también ha ordenado que se inicien
investigaciones para comprobar las «posibles» conexiones entre los miembros
de EH de Berriozar con ETA y el pase de información al comando que atentó el
miércoles contra subteniente Francisco Casanova.

Finalmente, el Partido Popular del País Vasco también anunció el lunes que
pedirá a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV) la apertura de diligencias «por la colocación de una pancarta en el
Ayuntamiento de Llodio, con alcaldía de Euskal Herritarrok, en la que se lee
"Gora Euskadi eta askatasuna".


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2. DESDE 1998 SE HAN SUCEDIDO LAS OPERACIONES JUDICIALES-MEDIATICAS

La izquierda abertzale vuelve a estar en el disparadero político y judicial
en un escenario que revela matices idénticos a los del año 1998, cuando toda
la batería del poder judicial recayó sobre organismos políticos y sociales y
medios de comunicación de su entorno.

La oleada de querellas presentadas contra personas de la izquierda abertzale
estos últimos días, así como el proceso abierto contra una veintena de
miembros de Xaki, contrasta con el panorama vivido en 1998, con el
encarcelamiento de los 24 miembros de la Mesa Nacional de HB o el mismo
cierre del diario Egin y la emisora Egin Irratia.

El intento de emisión de un video electoral con la propuesta de paz de ETA
durante los comicios estatales de 1996, llevó a la dirección de HB a prisión
en febrero de 1998, por «apología del terrorismo» y supuesta «colaboración
con los objetivos» de la organización armada.

Todos fueron puestos en libertad en julio de 1999 tras un fallo absolutorio
del Tribunal Constitucional, pero uno de sus integrantes, Gorka Martínez,
regresó por el mismo camino bajo una nueva acusación de pertenencia a banda
armada por su participación en el aparato internacional de HB. Junto con
Gorka Martínez, el juez Garzón ha procesado a otras 15 personas vinculadas a
la asociacion Xaki, ampliando sus acusaciones a nueve más.

Sobre todos recae la acusación de «integración en banda armada». En este
sentido, cuatro de ellos, el propio Gorka Martínez, Miriam Campos, Mikel
Egibar y Elena Beloki permanecen en prisión, mientras el resto ha salido en
libertad condicional bajo fianza. Del mismo modo, el magistrado incluye
también en su auto a la parlamentaria de EH en Gasteiz, Esther Agirre, a
pesar de que el Tribunal Supremo devolvió a la Audiencia Nacional la
investigación sobre el supuesto aparato internacional de ETA, por considerar
que «no aparecen datos bastantes para formalizar una imputación criminal».

Estas operaciones judiciales y policiales contra todo el entramado de la
izquierda abertzale vivieron sus primeros capítulos en mayo de 1998, cuando
el juez, Baltasar Garzón, ordenó la detención de once personas a las que
vinculó con un presunto "aparato financiero de ETA". Entonces se procedió a
registrar varias empresas como Gadusmar, Itsas Izarra, dedicadas a la
importación y exportación de bacalao, así como la agencia de viajes Untzorri
Bidaiak, las gestorías Banaka y Aulkia y la misma sede de AEK. Asimismo, las
once personas, entre las que se hallaba Joxean Etxeberria, actual
parlamentario de EH, fueron encarceladas y fueron posteriormente liberadas,
también bajo fianza.

El objetivo, ayer como hoy, fue el de vincular todas estas organizaciones,
personas y empresas con la organización armada ETA, desde sus diferentes
ámbitos, que funcionaban, según el magistrado que lleva el caso, a modo de
"tapadera".

Ya en verano de 1998, el 15 de julio, los trabajadores de Egin y Egin
Irratia vieron cómo efectivos policiales les impedían el paso por medio de
una nueva orden de Garzón, que iba encaminada en la misma dirección, en este
caso, la vinculación de todo el aparato mediático de la izquierda abertzale
con ETA. Una decena de personas fueron encarceladas, entre ellas el propio
director, Jabier Salutregi, y miembros de la empresa editora Orain S.A. El
juez español les vinculaba con la estructura de ETA y concluía que Egin y
Egin Irratia eran un simple medio más para conseguir el fin del aparato
militar. Garzón llegó a decir que el diario precintado era «el cuarto frente
de ETA».

Hoy todas las personas detenidas están en libertad bajo fianza pero desde
noviembre de 1998, cerca de una treintena de personas, se hallan procesadas
por dicho caso, en espera de que sea convocado el juicio.

El último capítulo se ha iniciado con el auto de Garzón que considera que
Egin y Gara son una «sucesión de empresas», responden a un mismo proyecto
informativo y su objetivo es «continuar la línea ideológica» del que él
mismo cerró.


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3. SIEMPRE TRAS AMENAZAS POR PARTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

DEIA.- Todas las acciones judiciales han venido precedidas de advertencias
políticas. «Es un camino desagradable pero no hay que tener miedo, porque
hasta que no se genera incomodidad social en el entorno que rodea a la
organización terrorista no habrá solución al conflicto». Son palabras del
ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en agosto de 1998 y perfectamente
trasladables a su ideario actual, porque representan toda su aportación
política desde que aterrizó gozoso en Madrid.

La incapacidad de acabar con una ETA fortalecida y exultante de "éxitos",
lleva al Gobierno de Aznar y a su ministro a hacer un frente común
político-judicial contra los "aledaños" de la izquierda abertzale. Tanto da
el matiz. «Todo es ETA», es su conclusión. Sólo le queda la certificacion
judicial que Garzon acude presto a proporcionar.

Esta apuesta meramente represiva nos remonta de nuevo a un esquema ya
conocido, que tuvo su máxima expresión en un agosto como este, hace dos
años.

Solo varía el nombre de un medio de comunicación, así como la fortaleza
militar de ETA, que entonces Madrid calificaba de «descabezada y sin
fuerza». Todo lo demás se repite: el mismo juez, los mismos mandatarios
políticos, el mismo objetivo y el mismo mensaje: «Firmeza, resistencia y
Estado de Derecho». Esto es: nada de dialogo, apuesta por la via policial y
objetivo a la vez de desarticular, como sea, todo el organigrama social y
político de la izquierda abertzale.

La maquinaria está en marcha: «ETA y sus entornos tienen motivos para estar
preocupados y muy pronto sabrán por qué», dijo hace dias Aznar. «El Estado
de derecho no acepta desafíos». Son un ejemplo de ello. La incógnita será
ver cuál es su plasmación en la práctica.


Ayer como hoy, las decisiones judiciales han venido anticipadas por serias
advertencias políticas que hoy se pueden interpretar ya como amenazas
tangibles de hipótesis venideras.

Sobre la mesa hay nuevos capítulos y viejos sin cerrar que están siendo
desempolvados en las últimas semanas desde ese vetusto edificio de la calle
Génova, a escasos metros de la sede de los populares. La advertencia está
hecha, desde la política y desde el siempre supuesto poder judicial
"independiente". Y para prevenir futuribles, también se advierte de la
inminente puesta en marcha de una campaña orquestada contra Garzón, aviso
que convierte la logica querella de EKHE en una premeditada estrategia de
acoso al "juez vedette" español. Nada ni nadie está a salvo en la estrategia
del Gobierno español. Mayor decía en agosto del 98 que «nada está descartado
alrededor de ETA o HB» y el mismo Erramun Osa, de AEK, nos advertía entonces
que «hoy hasta el PNV podría ser ilegalizado». Han pasado dos veranos y el
tiempo parece haberse detenido.


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4. EH: «ES UNA OPERACION MEDIATICA Y NO NOS PREOCUPA»

El portavoz de Euskal Herritarrok Arnaldo Otegi aseguró el jueves 10 no
sentirse «preocupado» con motivo de la primera de las querellas interpuestas
contra él por la Fiscalía, manifestando que, en caso de prosperar, «dará la
medida de la democracia en que vivimos».

Bajo la ikurriña multicolor de su formación, en esta ocasión con crespón
negro por los cuatro militantes de ETA muertos en Bolueta el pasado lunes,
el dirigente abertzale calificó de «operación mediática» esta medida.

Consideró, además, «curioso» el hecho de que «alguien pueda ir a la cárcel
por haber llamado compañeros» a los activistas fallecidos. Pese a todo,
sostuvo con calma que «si hay que ir a la cárcel por eso, pues iremos a la
cárcel».

En la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, dada la condición de parlamentario de Arnaldo Otegi, se hace
referencia a las declaraciones realizadas por el portavoz de la izquierda
abertzale a las puertas del Instituto Anatómico Forense del Hospital Civil
de Basurto, considerando posible que constituyan un delito de apología del
terrorismo.

En la rueda de prensa ofrecida en la sede donostiarra de la formación, el
portavoz de EH mantuvo los apelativos de «compañeros» y «patriotas vascos»,
explicando que los son en tanto que «compartimos los objetivos estratégicos
por los que luchan, la independencia y el socialismo».

En ese sentido, Otegi quiso recordar que «personas del PNV también dieron su
pésame a las familias de los fallecidos», preguntándose a continuación si
«eso es también colaboración con banda armada». Añadió además que su
objetivo no fue «desafiar» a nadie, ya que consideró «una obviedad»
denominar a los miembros de ETA «compañeros que luchan por la independencia
de Euskal Herria». «Se puede estar de acuerdo o no con lo que hacen, pero
que son patriotas vascos no lo pone en duda casi nadie», agregó.

Por otra parte, se refirió al dolor que estos días viven los familiares
directamente afectados por la explosión del pasado lunes, apuntando que «los
militantes de ETA y sus padres también lloran y tienen sentimientos».

Otegi no supo valorar si existen fundamentos jurídicos suficientes como para
que la querella prospere, pero reiteró su tranquilidad por las consecuencias
que ello pudiera derivar. Sí advirtió que esa no es la vía para que la
izquierda abertzale varíe su línea, asegurando que «no nos van a
condicionar» a colación de las declaraciones de Mariano Rajoy, en las que
éste aseguró que «la línea que da frutos» es la misma que se utilizó en
1998.


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5. FISCAL ESPAÑOL PARTIDARIO DEL ESTADO DE EXCEPCION

José Vicente Reig Reig, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias afirmó el domingo 13, en declaraciones al diario canario La
Provincia, que es partidario de medidas de excepcion para con la izquierda
abertzale.

Preguntado por qué medidas concretas aplicaria, Reig respondió que «Por
ejemplo, la situación de estado de excepción, la supresión de garantías
fundamentales. En algunos casos, con ciertas personas, puede privárseles de
ellas. El artículo 53 de la Constitución es bastante claro, lo permite en
casos muy excepcionales. Este lo es».

Sobre el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, Reig afirma que «hay que ir a
por él», en referencia a la querella presentada por la fiscalia la semana
pasada, «y hay que hacerlo porque es un medio de los que da el Derecho».
Tambien se muestra partidario de la aplicacion de nuevas leyes especificas
para reprimir a la disidencia politica vasca: «Se modifica un poco la
Constitución, y se incluye algo más para irle cerrando la vía esta gente»,
afirma Reig en la citada entrevista.

Enrevista a Reig:
http://nuevo.editorialprensacanaria.es/periodicos/1/2000-08-13/articulo23775
.html


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6. DIRIGENTES DEL PP Y PSOE PIDEN GUERRA SUCIA

«Que acaben con ETA y no nos explique cómo lo hacen», «están pagando ahora
haber desmantelado la guerra sucia contra ETA» y «en Alemania se pusieron en
marcha los mecanismos democráticos eficaces para acabar con la muerte»,
citando expresamente la aparición de militantes de la Bader Meinhoff muertos
en distintas cárceles alemanas de máxima seguridad, son algunas de las
medidas reclamadas por el secretario general del PSOE en Cantabria, Jaime
Blanco, y el presidente del PP en Salamanca y alcalde de la ciudad, Julián
Lanzarote, al término de las concentraciones del jueves en protesta por la
muerte del suboficial del Ejército Francisco Casanova.

El líder del PSOE en Cantabria mostró su «cabreo e indignación» y
responsabilizó al Ministerio de Interior dirigido por Jaime Mayor Oreja «de
ineficacia policial» ante las últimas acciones armadas. Afirmó que «están
pagando las consecuencias de haber desmantelado, para bien o para mal, la
guerra sucia contra ETA», según recogía el lunes "El Mundo".

Tras comparar la actual situación con la de la década de los ochenta, en las
que el Gobierno español estuvo en manos del PSOE y se produjeron las
acciones de los GAL contra militantes abertzales, Jaime Blanco reclamó al
Estado español que «acabe» con la organización armada vasca «y no nos
explique cómo lo hacen». Responsabilizó, en este contexto, al Ministerio de
Interior «de la ineficacia mostrada» por las FSE ante las últimas acciones
armadas. «Están pagando ahora la guerra sucia contra ETA», aseguró Blanco.
El máximo representante del PSOE en Cantabria sostuvo que en la actualidad
«empieza a no haber libertad, debido a que cientos de miles de ciudadanos
ven restringidos sus movimientos por la violencia terrorista».

El dirigente del PSOE no fue el único en reclamar medidas excepcionales en
la lucha contra el independentismo vasco. A esa demanda se sumó también el
presidente del PP en Salamanca, Julián Lanzarote, quien indicó que «hay
ejemplos en otros estados» para luchar contra el independentismo vasco.

En declaraciones realizadas al término de una concentración de protesta por
la muerte del suboficial del Ejército español Francisco Casanova en su
garaje de la localidad navarra de Berriozar, Julián Lanzarote reclamó que
«se acabe» con la organización armada vasca y propuso al Ejecutivo español
que adopte medidas similares a las aplicadas por los gobiernos alemán e
italiano «para acabar con la actividad terrorista de las Bader Meinhoff y
las Brigadas Rojas».

El máximo representante del Partido Popular en Salamanca y alcalde de la
misma ciudad defendió que en el modelo alemán de actuación que reclama
contra el independentismo vasco «se pusieron en marcha todos los mecanismos
democráticos y fueron eficaces para acabar con la oleada de muertes de las
Bader Meinhoff. Otro ejemplo es Italia, donde también se acabó con las
Brigadas Rojas», destacó Julián Lanzarote.

Los militantes de la Bader Meinhoff a los que se refirió el representante
del Partido Popular aparecieron muertos en sus celdas de las cárceles
alemanas en las que estaban presos. Sin que se realizara una investigación
exhaustiva sobre las causas y las circunstancias de las muertes ­aparecieron
ahorcados­, las autoridades alemanas sostuvieron que estos presos políticos
se suicidaron. La versión oficial difundida fue objeto de duras críticas.

Lanzarote, a quien los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Salamanca
atribuyen «rasgos de autoritarismo», se mostró a favor de adoptar «todos los
mecanismos policiales, judiciales y económicos posibles» contra el
independentismo, en respuesta a una pregunta formulada por los periodistas.


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7. OTRA QUERELLA, ESTA CONTRA OTEGI, IDIGORAS Y ETXEBARRIA

La de la semana pasada no es la ultima querella presentada contra Otegi. El
pasado lunes, la fiscalia española presento otra querella contra el
dirigente abertzale por llamar «compañeros» y «patriotas vascos» a los
militantes fallecidos en Bolueta. En esta ocasion, la querella, por un
presunto delito de "apologia del terrorismo" esta motivada por el homenaje
que la izquierda abertzale rindio el sabado a los cuatro activistas muertos
y fue presentada en principio contra Otegi, el ex-mahaikide de HB Jon
Idigoras y el concejal de EH en el ayuntamiento de Bilbo Lander Etxebarria.


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8. EXTIENDEN LA ACUSACION A CASI 10.000 PERSONAS

La querella por «apología del terrorismo» que la Fiscalía del Tribunal
Superior del País Vasco presentó el lunes contra el portavoz de la Mesa
Nacional de HB, Arnaldo Otegi, el ex mahaikide Jon Idigoras y el concejal
abertzale en Bilbo Lander Etxebarria se dirige también «contra cuantas
personas se determine que hayan podido participar» en el homenaje celebrado
el sábado en Bilbo, según recogía la agencia Efe.

En el texto de la querella se hace referencia, siempre según la misma
fuente, a las informaciones recogidas por "Deia", "El País", "El Mundo", "El
Correo Español" y "La Razón" en torno al homenaje a los cuatro militantes
abertzales fallecidos en Bolueta. De esos periódicos ha extraído la Fiscalía
declaraciones que imputa a los querellados y que considera «apología del
terrorismo» en relación a la «provocación».

La Fiscalía recoge algunas de las declaraciones que los medios de
comunicación pusieron en boca de los tres querellados y subraya que fueron
realizadas «en el escenario en el momento en que tres encapuchados se subían
al mismo y colocaban» el anagrama de la organización armada ETA.

La Fiscalía solicita, entre otras diligencias, el interrogatorio de los
querellados, la unión al procedimiento de las informaciones periodísticas
citadas y que se oficie a la Ertzaintza «a fin de que practique gestiones
encaminadas a determinar la participación de otros responsables en el acto
de homenaje, y su identidad, a fin de que una vez identificados se proceda a
su interrogatorio».

La Asociación Profesional de la Magistratura aseguró el lunes que «la
Fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer» y añadió que «hay argumentos
suficientes como para pensar que se puede haber incurrido en el tipo de
apología del terrorismo que tipifica el Código Penal». Indicó que en el caso
de que los jueces entiendan que «estas conductas no tienen encaje» en esta
tipificación «habría que extender la tipificación».

La asociación Jueces para la Democracia, por su parte, entiende que el
homenaje del sábado «no es constitutivo de un delito de apología del
terrorismo», a pesar de considerarlo «una provocación o insulto».


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9. «NO HAY RAZONES PARA QUE LA COMISION INTERNACIONAL SIGA EN PRISION»

EH se reafirmó en la valoración que hizo hace seis meses sobre la operación
policial contra el aparato internacional de HB, mediante una rueda de prensa
en la que participaron la parlamentaria Jone Goirizelaia, los abogados
europeos Didier Rouget, Piet Pawn y Alfredo Gaspar, y los recién
excarcelados Mikel Korta, Sabin del Bado e Iñigo Elkoro.

Jone Goirizelaia señaló que «no hay razones jurídicas para el
encarcelamiento de quienes trabajan en la comisión de relaciones
internacionales de HB» y muestra de ello es, en su opinión, el auto que ha
dejado en libertad a tres de los encarcelados.

«Cuando el Tribunal Supremo analizó el caso de Esther Agirre concluyó que el
trabajo realizado no era delictivo», señaló. Los abogados, al conocer la
resolución del Tribunal, pidieron, mediante un escrito, la libertad de todos
los encarcelados por los mismos hechos, basándose en la argumentación del
Supremo.

El pasado día 11 el juez Garzón puso en libertad bajo fianza a Mikel Korta,
Sabin del Bado e Iñigo Elkoro. «Las razones se basaban en la pena y las
circunstancias personales, y por lo tanto, es igualmente aplicable a Elena
Beloki, Miriam Campos, Mikel Egibar y Gorka Martinez, que permanecen en
prisión», señaló la parlamentaria.

Goirizelaia añadió que «nunca la cárcel se puede utilizar como cumplimiento
anticipado de pena y es lo que se está haciendo, cosa que es inadmisible en
un Estado de Derecho».

Didier Rouget, abogado francés y experto en Derecho Internacional señaló que
«tres personas han permanecido seis meses en la cárcel sin ningún motivo,
pero no es un caso aislado; no hay más que recordar la encarcelación de los
miembros de la Mesa Nacional de HB» y reivindicó el derecho de presunción de
inocencia.

Manifestó que este caso «parece que se fundamenta en razones políticas en
vez de judiciales». Por todo ello, y «visto el conjunto de violación de
derechos que se ha dado en esta causa», exigió la libertad para los cuatro
acusados que permanecen en prisión y la retirada de la acusación para todos
ellos.

Mikel Korta exigió que se concluya «la operación farsa abierta por Garzón».
Subrayó el carácter político del caso y explicó que el trabajo que han
realizado «ha sido el de informar en el exterior sobre la situación de
Euskal Herria, y ha quedado demostrado que eso hace mucho daño al Estado
español».


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10. EKHE S.A. DENUNCIA A GARZON POR PREVARICACION

El Consejo de Administración de EKHE S.A, la promotora de Baigorri
Argitaletxea, editora de GARA, ha presentado una querella criminal contra el
juez Baltasar Garzón, contra el que también se han querellado, a título
individual, todos los consejeros de esta sociedad por injurias y calumnias.

En un comunicado hecho público el lunes, el Consejo de EKHE S.A. recuerda
que el pasado 20 de julio Baltasar Garzón dictó un auto «en el que
refiriéndose a esta empresa y a otras de las que intervienen en la edición y
publicación del diario GARA, resolvía acordando la existencia de una
sucesión en empresas entre EKHE S.A. y Orain S.A, empresa sobre la que el
mismo juez había adoptado determinadas medidas en el año 1988». En la misma
resolución se citaba a los miembros del Consejo de Administración de EKHE
S.A. «atribuyéndoles determinados comportamientos y actuaciones en su
condición de consejeros».

Según la información remitida por el secretario del Consejo de
Administración, EKHE S.A. es una empresa con un capital social superior a
los mil doscientos millones de pesetas, suscrito por más de diez mil
accionistas, que son titulares de sus acciones de forma nominativa. Está
inscrita en el Registro Mercantil, donde constan todos los datos y, en
consecuencia, «no existe ni ha existido vinculación alguna entre esta
empresa y ninguna otra que no derive de la propia creación de EKHE S.A. y
por ello la resolución citada no responde en absoluto a la realidad».

Tras estudiar el auto judicial, los responsables de EKHE S.A. han llegado a
la conclusión de que «la citada resolución ha sido dictada por un juez
manifiestamente incompetente, actuando al margen de las leyes vigentes» así
como que la misma, en sus hechos, fundamentos y parte dispositiva, «lesiona
derechos de la empresa, de las personas que forman su máximo órgano de
dirección y administración e incluso de terceras empresas a las que se
cita».

A la vista de tal resolución y valoración, los consejeros de EKHE S.A, «en
el convencimiento de que las leyes deben ser aplicadas a todas las personas
y que un control de legalidad es especialmente necesario respecto de jueces
y magistrados, por ser titulares de una función jurisdiccional en la que
pueden actuar con absoluta independencia y en la que deben ser
fundamentalmente justos», han resuelto «formular una querella criminal
contra Baltasar Garzón Real por un delito de prevaricación cometido al
dictar una resolución en materia en la que es manifiestamente incompetente».

También han acordado formular cada uno de los consejeros, a título
individual, una querella criminal contra Garzón «por los delitos de
calumnias e injurias, en base al contenido de la resolución citada».

El comunicado firmado por el secretario del Consejo de Administración
anuncia su decisión de «formular cuantas acciones legales e iniciar cuantos
procedimientos judiciales se consideren oportunos y necesarios para defender
los intereses de la empresa y de los accionistas de la misma, superior
obligación de este órgano, así como de los de los trabajadores que dependen
de ella. Esta defensa se hará extensiva a cuantos actúen al margen de la
legalidad en contra de los intereses citados».






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