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Boletin de noticias sobre los represaliados politicos vascos


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######### ### Preso, errefuxiatu eta deportatu guztiak ###
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Numero 39. 30 de agosto 2000 www.freespeech.org/presoak


1. ESTRASBURGO SE LAVA LAS MANOS EN EL CASO DE LOPEZ DE LA CALLE

2. ENTREVISTA Didier ROUGET | Profesor de Derecho Político
«Si la Justicia gala decide entregar a De Lacalle, Estrasburgo actuará»

3. FINANCIAL TIMES CRITICA CON DUREZA LA POLITICA DE AZNAR

4. LA AUDIENCIA ESPAÑOLA DESMONTA LA OPERACION DE LA ERTZAINTZA

5. LOS MEDIOS DE COMUNICACION NO DUDARON EN ACUSAR A LOS ARRESTADOS

6. EH RECLAMA UN GIRO TOTAL EN LA ERTZAINTZA

7. DENUNCIAN SEGUIMIENTO POLICIAL EN VISITAS A PRESOS

8. NUEVOS ALEJAMIENTOS Y PRESOS EN AISLAMIENTO

9. OTROS SEIS TRASLADOS

10. GARZON CITA A LOS PROCESADOS POR EL CASO XAKI


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1. ESTRASBURGO SE LAVA LAS MANOS EN EL CASO DE LOPEZ DE LA CALLE

La defensa del gasteiztarra Alberto López de Lacalle aguardaba con cierta
expectación la resolución que el dia 29 debía tomar el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la legalidad o no de la expulsión de
este ciudadano vasco, después de cumplir siete años de condena en una
prisión francesa. Al final, la Corte Europea se lavó las manos y decidió
dejar en manos del Tribunal Administrativo de Versalles la última palabra
sobre el este caso.

Estrasburgo se limitó a no prorrogar la aplicación del artículo 39 de su
reglamento sobre medidas cautelares, por el que pidió al Gobierno francés
que paralizara la orden de expulsión. La justificación, según aclaró a GARA
la abogada de López de Lacalle, Maritxu Paulus-Barkus, es que «dejan sin
efecto la recomendación que hicieron en junio porque el Tribunal de
Versalles ya paralizó en julio esa expulsión hasta que resuelva el recurso
interpuesto».

Así las cosas, «no hay cambios significativos y al final, como se preveía,
será la decisión de los tribunales franceses la que tenga incidencia. Serán
los franceses los que tengan la última palabra». Lo que sí manifestó la
defensa de Alberto López de Lacalle es que mantiene el recurso ante
Estrasburgo contra la entrega al Estado español.

Respecto a la fecha en que se pronunciará de forma definitiva el Tribunal de
Versalles, ésta es aún una incógnita. Sin embargo, según informó el propio
afectado a Gestoras pro Amnistía de Araba, el responsable policial de su
custodia en Abuisson le comunicó lo decidido por Estrasburgo y le adelantó
que la vista de su caso por la administración judicial de Versalles podría
tener lugar el próximo 10 de octubre.

En cualquier caso, todo indica que de producirse una sentencia afirmativa a
los intereses del Gobierno Jospin, López de Lacalle podría ser entregado a
las autoridades españolas de forma inmediata y por el trámite de urgencia,
sin tiempo material para que Estrasburgo pueda entonces pronunciarse sobre
dicha entrega. Esta ha sido la práctica habitual seguida por el Estado
francés en otros casos precedentes.

Gestoras habla de «marcha atrás»

Por su parte, la portavoz de Gestoras pro Amnistía en Araba, Maite Díaz de
Heredia, valoró los hechos afirmando que «estamos como al principio, porque
la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha aclarado nada».
En su opinión, «el peligro de expulsión sigue estando ahí porque habrá que
esperar a lo que diga Versalles». Añadió que «la decisión también será
gubernativa y al final van a hacer lo que quieran».

Díaz de Heredia cree que Estrasburgo «ha dado carta blanca a Francia para
que haga lo que quiera» y se mostró convencida de que «han dado marcha atrás
en su primera decisión de ver un riesgo la entrega a España». Estas
impresiones fueron trasladadas por la tarde a la asamblea informativa que
tuvo lugar en la plaza de la Virgen Blanca, en Gasteiz, a la que acudió en
torno a un centenar de personas.

Por su parte, la Coordinadora de Comités de Apoyo a los Presos Políticos
Vascos de Ipar Euskal Herria señaló en un comunicado que «reclamamos y nos
reafirmamos en el derecho de todos los ciudadanos vascos a residir y
trabajar en su país cerca de sus familiares y nos rebelamos contra estas
medidas discriminatorias». En este sentido, calificó de «atentado» la
política que París está aplicando en este caso y denunció la precaria
situación de López de Lacalle.


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2. ENTREVISTA Didier ROUGET | Profesor de Derecho Político
«Si la Justicia gala decide entregar a De Lacalle, Estrasburgo actuará»

El profesor de Derecho Público de la Universidad de París VIII Didier Rouget
destaca que la suspensión de la prohibición de expulsión de Alberto López de
Lacalle que el Tribunal Europeo de Dere- chos Humanos, con sede en
Estrasburgo, hizo pública el martes no supone una legitimación de esta
práctica que el Estado francés aplica sistemáticamente a los presos vascos
que terminan de cumplir su condena. Rouget, que se encuentra de vacaciones
en Lapurdi, destacó a GARA que esta es una decisión técnica y que si los
tribunales franceses decidieran que la expulsión es una medida que se ajusta
a la ley, el caso volvería a las instancias europeas.

-¿Cómo valora la decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
tomado sobre Alberto López de Lacalle?

Es algo que se corresponde totalmente con la lógica. Hay que tener en cuenta
que para oponerse a la expulsión existen dos vías posibles que hay que
seguir paralelamente. Por un lado, está la jurisdicción estatal y por el
otro, la jurisidicción internacional representada en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. En julio, cuando la expulsión de Alberto López de Lacalle
parecía que iba a ser inminente y los jueces franceses todavía no se habían
posicionado, el Tribunal Europeo decidió solicitar la suspensión de la
medida porque no había otro modo de evitar que fuera entregado a las Fuerzas
de Seguridad españolas y corriera el riesgo de ser sometido a tortura.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Versalles decidió suspender la
ejecución de la medida hasta que los jueces se posicionen sobre si la
expulsión es legal o no. En estos momentos, el Gobierno francés no puede
expulsar a Alberto López de Lacalle. Por ello, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, vista esta situación, tomó esa decisión hasta que decidan
los tribunales nacionales. Es una cuestión técnica, que no entra a valorar,
en ningún caso, el fondo del asunto que se está tratando.

-En el caso que el Tribunal de Versalles fallara en contra de López de
Lacalle, ¿cabría recurrir de nuevo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
para evitar su entrega al Estado español?

Así es. Si el Tribunal de Versalles dice que la medida de expulsión es
ilegal, ya no habría ningún problema porque el caso terminaría ahí. Pero, si
se manifiesta en el sentido contrario, el caso volvería de nuevo
inmediatamente al Tribunal Europeo de Estrasburgo, que está vigilando el
caso. En este sentido, me gustaría destacar que no existe ningún problema,
sino que el Tribunal Europeo de Derechos Huma- nos ha constatado que
actualmente no existe ningún riesgo de expulsión efectiva por parte del
Gobierno francés. En el caso de que existiera este riesgo, fundamentalmente
si el Tribunal de Versalles declare legal la medida, el Tribunal de
Estrasburgo actuaría de nuevo para evitar que fuera entregado al Estado
español y fuera sometido a torturas.

-¿Para cuándo se espera que el Tribunal de Versalles dicte su sentencia
sobre la legalidad de la expulsión?

Realmente no existe ninguna información con la suficiente credibilidad sobre
el tiempo que el Tribunal de Versalles pueda estar deliberando. Ni los
abogados, ni la familia ni nadie saben nada al respecto.

-¿Que diferencias hay entre el caso de López de Lacalle y el de otros
prisioneros vascos?

La gran dificultad para impedir las expulsiones de los presos vascos al
cumplir su condena es que nada más ser notificada la medida son entregados a
las Fuerzas de Seguridad españolas, por lo que no tenía ninguna efectividad
acudir a las instancias francesas ni a las europeas. En el caso de López de
Lacalle, se ha conseguido que las dos procesos, el francés y el europeo, se
pudieran iniciar.

-¿No resulta paradójico que se hable tanto de la libre circulación en Europa
y que los tribunales tengan que decidir sobre la entrega de un ciudadano?

Es cierto que existe una libre circulación europea, pero los estados
europeos conservan cautelarmente grandes poderes y prerrogativas como las
policiales y el derecho a la expulsión de sus territorios, que generalmente
se suele aplicar a inmigrantes extracomunitarios. En este aspecto suele
haber una gran cooperación entre los distintos estados. Lo peculiar del caso
de los presos vascos es que se trata de ciudadanos europeos a quienes se
somete a esta práctica.


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3. FINANCIAL TIMES CRITICA CON DUREZA LA POLITICA DE AZNAR

El prestigioso diario económico británico ³Financial Times² critica
ferozmente en su editorial la política de José María Aznar y el Gobierno
español en el conflicto vasco. Así, tras recordar que «no hay justificación
para la violencia», señala que «es difícil de comprender cómo Aznar puede
aún creer que la policía acabará con 30 años de terrorismo».

A continuación, el ³Financial Times² contrasta la actitud del Gobierno
español con la del Gobierno británico al afirmar que este último «decidió
hace varios años que no podría eliminar al IRA militarmente», «está
liberando convictos aún cuando la entrega de armas no ha sido completada» y
que, aunque «hay que tomar riesgos considerables, un acuerdo político está
en camino». «Por contraste ­dice el diario británico en su editorial­ Aznar
se limita a recordar que la tregua de ETA en 1998 y 1999 fue un truco».

En otro párrafo, el editorial apunta que «Aznar no aceptará ninguna
propuesta de paz que altere la ³indisoluble unidad² encerrada en la
Constitución de 1978. Por contra, ha hecho todo lo posible para marginar al
PNV, dejando claro que le gustaría excluir a los nacionalistas de cualquier
nuevo Gobierno vasco».

El diario británico, antes de finalizar diciendo que «deben ser los vascos
quienes persuadan a ETA», apunta un camino de solución: «Madrid necesita
contar con los vascos moderados en su lucha. Aznar podría realizar un
importante gesto garantizando la demanda de ETA para que sus prisioneros
cumplan sentencia en el País Vasco. Tiene poco más que ofrecer».


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4. LA AUDIENCIA ESPAÑOLA DESMONTA LA OPERACION DE LA ERTZAINTZA

Fuentes jurídicas achacan a un posible error de descodificación los arrestos
en Gipuzkoa y Bizkaia. La Ertzaintza relacionó la identidad de varios
detenidos con datos de una agenda de Rementeria. El juez denegó la fianza a
Del Hoyo y Sáenz de Urturi al intuir vinculación con la izquierda abertzale

Tras el paso de once ciudadanos vascos por la Audiencia Nacional, el
resultado ha sido que seis de ellos han quedado en libertad sin cargos, tres
en libertad bajo fianza y otros dos en prisión incondicional comunicada. Las
detenciones comenzaron el día 19 en Gasteiz, donde fueron arrestados Zuriñe
Lebrero, Esther Llorens y David Cuña «en el transcurso de una operación
contra el denominado ''Comando Araba'' de ETA», siempre según la Policía
autonómica.

Como ha podido confirmar GARA, las dos jóvenes habrían sido relacionadas con
un presunto miembro «legal» (sin ficha policial anterior) de la organización
armada, Roberto Lebrero, por lazos de parentesco o amistad, mientras que
Cuña es el compañero sentimental de una de ellas. En un caso similar se
encuentran Mikel del Hoyo y Fernando Sáenz de Urturi, quienes, como
declararon ante la Policía y mantuvieron ante el juez, ayudaron a Roberto
Lebrero a trasladarse en automóvil por Gasteiz por razones de amistad y sin
tener conocimiento de la supuesta relación de éste con ETA.

Los cinco declararon incomunicados ante el juez Juan del Olmo, que ha
observado indicios de colaboración «tangencial» con la organización armada.
La atípica actuación judicial en el caso de Lebrero, Llorens y Cuña también
quedó patente al ser puestos en libertad con fianzas de 500.000 pesetas,
para los dos primeros, y de 200.000 para el tercero ­«fianzas simbólicas»,
según señalaba el dia 26 el diario "El Correo Español"­, tras permanecer
seis días incomunicados, primero en dependencias policiales y luego en
Alcalá Meco. Los abogados de sus familias no tienen relación con los
letrados de Gestoras pro-Amnistía que habitualmente asesoran a ciudadanos
vascos detenidos en este tipo de operaciones policiales, y alguno de ellos
sí aparece ligado a medios cercanos al PNV.

En cambio, el juez Del Olmo ha actuado de forma distinta con Del Hoyo y
Sáenz de Urturi, detenidos el día 22, porque les considera próximos a la
izquierda abertzale y a pesar de que contra ellos no existen más indicios de
«colaboración con organización armada» que contra los tres anteriormente
citados.

La segunda operación, la llevada a cabo en Gipuzkoa y Bizkaia, ha tenido un
balance más significativo aún para reflejar el insólito resultado de la
actuación de la Ertzaintza, a la que desde las formaciones españolistas se
ha acusado reiteradamente de «inoperancia» en la lucha contra ETA y la kale
borroka.

El pasado lunes la Policía autonómica informó de que había detenido a cinco
personas en Bilbo, Basauri y Lasarte ­el número final de arrestados llegó a
siete y la operación se amplió a otras localidades­ y únicamente indicó que
«las investigaciones que han posibilitado el llevar adelante esta operación
se iniciaron a raíz de la explosión ocurrida en el barrio bilbaino de
Bolueta, en la que fallecieron cuatro activistas de ETA».

El viernes, en apenas dos horas, el juez tomó declaración a Ibon Beloki,
Agustín Villanueva, Fernando Elorriaga, Alberto Pascual, Iker Garitaonaindia
y María Magdalena San Juan, que quedaron en libertad sin cargos. La séptima
detenida, Montse Simón, no ha podido declarar ya que se encuentra
hospitalizada por una infección intestinal.

Fuentes jurídicas señalaron a GARA que la Ertzaintza asegura que practicó
estas detenciones en base a los datos «codificados» que encontró en una
agenda supuestamente perteneciente a Patxi Rementeria. Sin embargo, desde
los primeros interrogatorios a los que fueron sometidos los arrestados, la
Ertzaintza fue consciente de que había «algún error» en la interpretación de
los datos «codificados». Los responsables de la investigación policial
mantuvieron, no obstante, las acusaciones contra estas seis personas sin
aportar ningún indicio de delito, como constataron en la Audiencia Nacional
el juez y el fiscal del caso.


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5. LOS MEDIOS DE COMUNICACION NO DUDARON EN ACUSAR A LOS ARRESTADOS

La mayoría de los medios de comunicación se hicieron amplio eco de las dos
operaciones de la Ertzaintza contra el «comando Araba» y el «comando
Bizkaia». La prensa editada en Madrid, además, omitió en varios casos el
calificativo de «presuntos» para acusar a los detenidos de militar en ETA.

Así, en su edición del día 20, el principal titular de la primera página de
"El País" afirmaba que «La Ertzaintza desarticula en Vitoria el "comando
Araba" de ETA». Indicaba que la Ertzaintza había detenido a «tres etarras» y
que «ha cerrado el círculo policial iniciado por la Guardia Civil contra el
comando terrorista de ETA en Alava».

Con similar despliegue de titulares, "El Mundo" ­que el dia 26, al igual que
"El País", no se hacía eco en su portada de la puesta en libertad de nueve
de los detenidos­ decía que «La Ertzaintza detiene a tres miembros del
"comando Araba"» y subrayaba que ésta «es la primera operación (contra ETA)
de la Policía Autonómica Vasca desde hace más de dos años».

"El Correo Español" del día 21 informaba de que «Mayor aplaude la operación
de la Ertzaintza contra el "comando Araba"». Al día siguiente, señalaba que
«la Policía autónoma detiene a 7 presuntos colaboradores de los etarras
muertos en Bolueta». También "Abc" señalaba que los detenidos «son presuntos
colaboradores del "comando Vizcaya" que dirigía Patxi Rementeria». El día
23, "Deia" identificaba a uno de los detenidos, Ibon Beloki, en una
fotografía tomada cuando portaba el féretro de Urko Gerrikagoitia en el
cementerio de Derio.

Por otro lado, el hecho de que el viernes la mayoría de los arrestados
quedara en libertad tras haber permanecido varios días incomunicados pasó
desapercibido para la mayoría de las fuerzas políticas. UA, sin embargo,
aprovechó para pedir explicaciones al consejero de Interior Javier Balza
tras mostrar su «perplejidad» por que, según indicó Pablo Mosquera, «o la
Policía autónoma vasca tenía mala información o la Justicia no ha estado a
la altura de las circunstancias».


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6. EH RECLAMA UN GIRO TOTAL EN LA ERTZAINTZA

EH reclamó el dia 28 a los responsables políticos de la Ertzaintza y a los
dirigentes del PNV para que «dejen de utilizarla como medio represivo para
los independentistas vascos». La crítica, según explica, guarda relación con
las últimas detenciones «arbitrarias» y su actitud «provocativa» durante la
reciente Aste Nagusia.

A juicio de EH, las detenciones de los últimos días en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa y la posterior puesta en libertad de la casi totalidad de los
acusados no es sino «vergonzante», máxime cuando «han utilizado torturas
psicológicas en algunos casos, sabiendo que no tenían nada».

Si este caso resulta «denunciable», para la formación abertzale «son más
penosas las declaraciones de Josu Jon Imaz y el BBB cuando condenaron el
acuerdo municipal tomado en Atxondo por la libertad de Ibon Beloki». EH se
pregunta «si se han metido a jueces de la Audiencia Nacional» y se muestra
preocupado por «quién nos defenderá a los vascos de las locuras represivas
de Mayor Oreja? Está claro que el BBB y el Gobierno de Ibarretxe no lo van a
hacer», concluye la formación abertzale.


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7. DENUNCIAN SEGUIMIENTO POLICIAL EN VISITAS A PRESOS

Senideak denunció el dia 28 los seguimientos de que fueron objeto familiares
de presos que acudieron este fin de semana a Cáceres y Badajoz, lo que en
alguno de los casos provocó que llegaran tarde a la visita.

En uno de los hechos denunciados, el vehículo en el que viajaban algunas de
estas personas en dirección a Cáceres fue interceptado en un control de la
Policía española, en el que solicitaron la documentación. Según Senideak, a
pesar de señalar que tenían concertada una visita a un familiar, «les
dijeron que sólo sería cosa de cinco minutos, pero al final les tuvieron
esperando media hora».


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8. NUEVOS ALEJAMIENTOS Y PRESOS EN AISLAMIENTO

El preso de Arakaldo Jose Karlos Fachal Agredo fue trasladado de la prision
de Cordoba a la de Alcolea el dia 17. Esta carcel fue abierta el dia 16 y
nada mas ingresar en ella el preso politico vasco fue puesto en regimen de
aislamiento, bajo el regimen FIES de seguimiento directo. Segun informó
Senideak, el preso arakaldarra solo puede salir, siempre solo, durante dos
horas diarias a un patio de 9x6 metros. Ademas de ser el unico preso
politico en Alcolea, el director de la prision ha dado la orden de que no
tenga contacto con nadie mas.

Cada vez que entra o sale del patio le pasan la "raqueta". En su celda no
hay luz, tampoco tiene economato y la comida le es servida siempre fria,
segun informan los familiares. Para hacer la limpieza dispone de media hora,
y pasado este tiempo le son confiscados todos los objetos que queria
limpiar. Ademas, tiene grandes trabas para comunicar con su familia. Cuando
tiene visita, le es prohibido comunicar por telefono y cuando realiza alguna
llamada le es denegada la visita que le corresponde esa semana.

Por otro ladok, segun ha denunciado la plataforma Oti Basaurira Orain!, el
preso de Algorta Inigo Otazua, Oti, ha sido alejado de la prision de Basauri
a la de Salamanca, 400 kilometros mas lejos. Hay que recordar que Otazua fue
detenido en 1994 y que hasta 1999 no ha tenido oportunidad de ver a su madre
impedida. Por esa razon se creo la plataforma Oti Basaurira Orain!, que
organizo varias movilizaciones, reuniones y actos de presion para conseguir
que Otazua fuera trasladado a Basauri. Por fin el pasado año se consiguio
que Otazua fuera traido a Basauri y su madre pudiera verlo. Por esta razon,
los miembros de la plataforma consideran que esta medida es consecuencia de
una «decision politica» de la que culpan al gobierno español.


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9. OTROS SEIS TRASLADOS

Otros sei presos políticos vascos han sido trasladados de cárcel en los
últimos días, según informó Gestoras pro-Amnistía.

Así, Aitzol Gogorza Otaegi fue trasladado de la cárcel de Fresnes a la de
Villapinte el pasado día 9 de julio. Ese mismo día Jose Maria Urrusolo
Sistiaga fue enviado a la cárcel de Riome desde la de Yzeure.

Por otra parte, los presos Iñaki Alonso Rubio, Armando Legaz Irureta y
Agustín Almaraz Larrañaga fueron trasladados a la cárcel de Valdemoro.

Los dos primeros se encontraban la cárcel de Herrera, mientras que Almaraz
se hallaba en la prisión de Ocaña-II. Todos ellos han sido trasladados de
las prisiones en las que se encontraban por diligencias que tenían que
realizar.

Asimismo, el pasado día 16 de agosto Santos Berganza Zendegi fue llevado de
la cárcel de Cartagena a la de Valdemoro debido también a diligencias que
tenía que realizar en Madrid.


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10. GARZON CITA A LOS PROCESADOS POR EL CASO XAKI

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para los próximos
días 8 y 11 de setiembre a 15 de los 16 procesados por el denominado «caso
Xaki», a quienes acusa de integrar un supuesto aparato de relaciones
internacionales de ETA. El único no convocado es Carlos Sáez de Egilaz,
quien se encuentra en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de
busca y captura.

El motivo de esta llamada es el de notificarles a todos ellos su
procesamiento y tomarles lo que se denomina declaración indagatoria, en la
que pueden admitir o negar los hechos que se le imputan, según informó la
agencia Europa Press. El magistrado les procesó a todos ellos el pasado 7 de
agosto, al acusarles de «pertenencia a banda armada», salvo a uno de ellos,
Carlo María Gonzato, a quien le atribuye «colaboración con ETA».

De los procesados, cuatro se encuentran actualmente en prisión incondicional
y deberán comparecer ante el magistrado el día 8. Es el caso de Gorka
Martínez, Miriam Campos, Elena Beloki y Mikel Egibar Mitxelena. En libertad
se encuentran Joxe Mari Olarra, Jokin Gorostidi, Txaro Buñuel, Joserra
Antxia, Mikel Korta, Iñigo Elkoro, Sabin del Bado, Nekane Txapartegi, Gotzon
Resa, Maite Ubiria y Carlo María Gonzato. Todos ellos deberán acudir a la
Audiencia Nacional el día 11.

En el mismo auto, Garzón imputa en la causa a José Mari Otegi, Arnaud
Etchart, Martin Luzien Karrere, Gerard Pierre Bidegainberri, Garikoitz
Lekuona, Jean Philippe Casabonne, Carmen Lizaso, Ana Ibarbia y José Luis
Zubeldia.

Pese a que el Tribunal Supremo ya estimó que no existen indicios para
procesar a la parlamentaria Esther Agirre, Garzón volvió a incluirla en su
auto.






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