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Boletin de noticias sobre los represaliados politicos vascos

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######### ### Preso, errefuxiatu eta deportatu guztiak ###
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Numero 2. 28 julio 1999 www.freespeech.org/presoak


1. ANULADA LA CONDENA A LA MESA NACIONAL DE HB

2. EGIN: UN AÑO DESPUES

3. MANU LEGARRETA: 20 AÑOS SECUESTRADO

4. ALGECIRAS: PEOR QUE ANTES DE LA TREGUA

5. MEXICO ENTREGA A GALARRAGA

6. MAS QUEJAS DE AI SOBRE ESPAÑA

7. TORTURADORES INDULTADOS

8. CONVOCADA GRAN CADENA HUMANA PARA ESTE SABADO




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1. ANULADA LA CONDENA A LA MESA NACIONAL DE HB

Veinte meses despues de que un tribunal español condenara a la direccion de
HB por intentar hacer publica la oferta de paz de ETA, otro tribunal ha
declarado invalida aquella condena, confirmando lo que en su dia se
denuncio: que habia sido un juicio y una condena politicos.

En diciembre de 1997, la Audiencia Nacional española, tribunal de excepcion
heredero del TOP (Tribunal de Orden Publico) franquista, condeno a seis años
de prision a toda la direccion de Herri Batasuna. La excusa fue que habian
cometido un delito al intentar hacer publica la oferta de paz de ETA,
conocida como Alternativa Democratica, que ofertaba una tregua y emplazaba
al gobierno español a iniciar un proceso democratico para Euskal Herria que
reconociera la soberania vasca.
Durante el proceso en Madrid, quedo clara la intencionalidad politica del
Gobierno Español al intentar encarcelar a los dirigentes de HB, dentro de
una estrategia de aniquilacion de la izquierda abertzale que incluia el
cierre del diario EGIN y la ilegalizacion de diversos organismos y
organizaciones disidentes.

Podemos encontrar completa informacion sobre el proceso a HB en la pagina de
solidaridad que se abrio tras el encarcelamiento de los miembros de la Mesa
Nacional:

http://come.to/hb

Tras los recursos interpuestos por las defensas de los encausados, y ante el
previsible varapalo internacional que habria supuesto la anulacion en
Estrasburgo de la condena a los miembros de HB, el Tribunal Constitucional
español no ha tenido mas remedio que resolver la excarcelacion de los
mahaikides. Para ello, ha resuelto una complicada sentencia en la que, al
tiempo que anula la sentencia anterior, trata de exculpar al Tribunal
Supremo por haberlos condenado sin pruebas, dejandolo en un problema "de
forma".

A pesar de ello, cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, han
emitido votos particulares en los que afirman que, a su juicio, se condeno a
la Mesa Nacional de HB sin pruebas.

Numerosos pueblos y barrios han sido testigos de los homenajes que se han
tributado a los miembros de HB excarcelados.


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2. EGIN: UN AÑO DESPUES
Un año de montaje contra la libertad de expresion.

La excarcelacion de la Mesa Nacional de HB ha coincidido en el tiempo con el
primer aniversario del cierre de EGIN por parte del gobierno español. El 15
de julio de 1998, cientos de policias procedieron al cierre del diario EGIN
y la emisora de radio Egin Irratia. Utilizando como excusa una supuesta
relacion delictiva de EGIN con ETA, y como instrumentos al juez-vedette
Garzon y a la policia, el Gobierno Español procedió al mayor ataque contra
la libertad de expresion que ha tenido lugar en Europa en los ultimos años.

Un año despues, las numerosas personas detenidas entonces se encuentran ya
todas en la calle tras pagar fuertes fianzas y el Gobierno Español no ha
podido establecer esa relacion con ETA que imputaba a EGIN. Pero lo mas
importante para el Gobierno Español era que el diario disidente vasco fuera
silenciado para siempre. No lo consiguio: con otro nombre, Euskadi
Informacion (http://www.contrast.org/egin), la voz disidente aparecio al dia
siguiente del cierre de EGIN, en papel y en Internet, gracias al apoyo de
numerosa gente solidaria con la libertad de expresion. Seis meses mas tarde,
gracias al trabajo de la fundacion Baietz! (http://www.baietz.org), un nuevo
diario llamado GARA (http://www.gara.net), vino a sustituir al clausurado
EGIN y al provisional Euskadi Informacion.

El cierre de EGIN hace un año se enmarcaba dentro de la misma agenda que
incluia, ademas de la encarcelacion de HB y el cierre de EGIN, la
ilegalizacion de diversos organismos de la izquierda abertzale. Todo este
proceso de derribo de la disidencia vasca se vio truncado en septiembre con
la firma del acuerdo de Lizarra-Garazi (http://www.lizarra-garazi.org), la
tregua de ETA y la creacion de la plataforma electoral Euskal Herritarrok
(http://www.euskal-herritarrok.org).


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3. MANU LEGARRETA: 20 AÑOS SECUESTRADO
Los jueces españoles siguen manteniendo en prision a Manu Legarreta, quien
hace años deberia estar en libertad provisional por haber cumplido con
creces las 3/4 partes de su condena.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado un auto por el que revoca el
emitido por la juez de Vigilancia Penitenciaria, recurrido en dos ocasiones
por el Ministerio Fiscal, por el que se dictó la progresión al tercer grado
del preso de Mungia Manu Legarretaetxebaria y la concesión de la libertad
condicional.

En el citado auto, dictado el pasado 13 de julio, la Audiencia Provincial de
Bizkaia estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal
contra el auto del 15 de enero del 99 y revoca, tanto el auto recurrido como
el de diciembre del 98 "del que trae causa", acordando que "no procede la
progresión a tercer grado, ni la concesión de la libertad condicional" a
Manu Legarretaetxebarria.

La juez Ruth Alonso desestimó en enero de este año el recurso de reforma
interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de la propia juez, de
diciembre del 98, que planteaba el cambio de grado y la concesión de
libertad para el prisionero. Posteriormente, el Ministerio Fiscal interpuso
recurso de apelación, que fue admitido por la Audiencia de Bizkaia. En su
auto, la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia, presidida por la
magistrada Ana Iracheta, resuelve que la juez de Vigilancia Penitenciaria no
debe progresar a tercer grado a un interno clasificado en segundo grado. Se
repite de esta manera el mismo mecanismo por el que se les niega la libertad
provisional a los presos políticos vascos encarcelados en la prisión de
Basauri que tienen cumplidas las tres cuartas partes de sus condenas.

Manu Legarretaetxebarria cumplirá el próximo mes de agosto un total de 20
años y medio en prisión, desde que fuera detenido en febrero de 1979 en
Mungia. Legarretaetxebarria quedó recluido en la prisión de Basauri tras el
fallecimiento de su compañera Miren Aurrekoetxea hace ahora poco más de dos
años, tras lo que se le concedió el segundo grado penitenciario.


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4. ALGECIRAS: PEOR QUE ANTES DE LA TREGUA
Los presos de Algeciras denuncian que "vivimos peor que antes de la tregua"
y reivindican su derecho a ser tratados como "personas que aportan su
granito de arena"

Bajo el epígrafe "A quien corresponda", el colectivo de presos políticos
encarcelados en Algeciras subraya en un comunicado público que "si la ley
penitenciaria española se cumpliera con los prisioneros políticos vascos,
hoy Joxan Pagola Kortajarena debería estar libre. Este hecho demuestra que
nuestros asuntos penitenciarios no se rigen conforme a derecho, sino que se
aplican en base a situaciones políticas. Si hay algo claro en toda la
realidad que nos envuelve es que estamos en la cárcel porque en Euskal
Herria hay un conflicto político por resolver". Precisamente, la denuncia de
los criterios aplicados sobre el colectivo de presos llevó a una treintena
de vecinos de Hernani a reclamar ante las puertas de la prisión de Algeciras
el traslado de los presos a Euskal Herria y la puesta en libertad de los
prisioneros que han cumplido las tres cuartas partes de la condena, entre
los que se encuentran Joxan Pagola, Pakito Lujanbio, Xabier Arnaiz y Txemari
Aranburu, vecinos de la localidad guipuzcoana.

Castigo también para familiares

Tras afirmar que "nos alegra sin paliativos la fase en la que el diálogo se
está mostrando por encima de otras expresiones", los presos vascos
encarcelados en Algeciras mostraron su preocupación porque desde que ETA
declarara la tregua "ni nosotros ni nuestros familiares hemos notado cambio
alguno". Se refirieren de este modo al castigo añadido que supone también
para familiares y allegados la política de dispersión. "Tienen que recorrer
2.400 kilómetros cada vez que desean visitarnos, circunstancia que acentúa
el riesgo permanente de sufrir accidentes de tráfico, perder días de trabajo
y desembolsar una cantidad de dinero que les haría falta en su economía
familiar. Al fin y al cabo, la mayoría somos hijos de trabajadores, algunos
incluso de emigrantes andaluces. ¿Porqué se condena a nuestros familiares a
este sufrimiento sin haber cometido delito alguno?".

A casi un año de la declaración de alto el fuego de ETA, la situación en la
cárcel andaluza "es incluso peor que antes de la tregua. Ni por parte de la
dirección, ni del funcionariado hemos observado actitudes positivas que
determinen su aportación al proceso que se está viviendo. Es más, en ciertas
cuestiones referentes al orden interno se nos están recortando posibilidades
que hasta ahora ejercíamos".

Implicarse en el proceso

Los presos de Algeciras denuncian, en este contexto, esas actitudes que "no
ayudan para nada a que se den las necesarias condiciones para que un proceso
de esta magnitud e importancia para todos salga triunfante".

El colectivo de presos políticos precisa en el comunicado que no son
privilegios ni tratos de favor lo que reclaman. "Pedimos que se impliquen en
el proceso, de manera que las condiciones de dureza a las que nos están
sometiendo se vayan suavizando".

Considera que "es hora de que todos nos impliquemos y aportemos nuestro
grano de arena. ETA hace un año que declaró una tregua. ¿Cuándo van a
declararla los funcionarios de la prisión de Algeciras?", plantea el
colectivo de presos políticos encarcelados en Algeciras.



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5. MEXICO ENTREGA A GALARRAGA
Con su detencion y entrega quedan en evidencia la supuesta "ofertas" del
Gobierno Español para que regresen los refugiados.

La juez Teresa Palacios ordenó prisión incomunicada para el refugiado vasco
José Antonio Galarraga Arrona, entregado el martes por el Gobierno mexicano
a la Policía española. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la
Audiencia Nacional tomó declaración a Galarraga por espacio de hora y media,
sin permitir al detenido que fuera asistido por un abogado de confianza.
Tras el interrogatorio, el vecino de Deba fue conducido a la cárcel de Soto
del Real. La Audiencia Nacional acusa a Galarraga de participar en una
accion cometida hace mas de 19 años.

Galarraga fue detenido en México el pasado 7 de julio. El refugiado vasco
llegó el martes 13 al aeropuerto de Barajas, escoltado por policías
mexicanos, después de que el Gobierno que preside Ernesto Zedillo decretara
su expulsión inmediata del país norteamericano. Una vez en Madrid, fue
entregado a las fuerzas de seguridad españolas y llevado a las dependencias
de la Comisaría General de Información.

Gestoras pro-Amnistía considera que esta nueva entrega pone de manifiesto
"la nula voluntad del Gobierno español por afrontar la solución al
contencioso político desde una perspectiva democrática y de respeto a los
derechos humanos". De la misma manera, opina que desvela "la trampa que
esconde" la supuesta oferta al colectivo de refugiados para que parte de los
exiliados regresen.

Censura, de igual manera, el organismo antirepresivo la política del
Gobierno mexicano, al que llama a "que no se deje implicar en la estrategia
de represión española".

Gestoras considera que queda en evidencia la precaria situación de los más
de dos mil ciudadanos vascos refugiados: "Un colectivo al que la persecución
política a la que le somete el Gobierno español impide participar, al mismo
nivel que el resto de agentes sociales y políticos vascos, en el proceso que
culmine con la recuperación de la palabra para la sociedad vasca". Emplaza
así a las fuerzas políticas y sindicales a articular una dinámica tendente a
la consecución de la amnistía para presos y exiliados "para que puedan
participar con entera libertad en la construcción del futuro de esta
sociedad".

Denuncia también la incomunicación dictada para Galarraga, "periodo en el
que ninguna institución judicial garantizará su integridad física y
sicológica". Para Gestoras, Teresa Palacios pretende que "le sea arrancada,
mediante la aplicación de torturas y malos tratos, una declaración
autoinculpatoria que justifique la decisión ya tomada de encarcelamiento".


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6. MAS QUEJAS DE AI SOBRE ESPAÑA
Ante la entrega del refugiado vasco Galarraga, Gestoras por-Amnistía expresó
su preocupación por el trato que haya podido darse al detenido durante su
estancia en dependencias policiales. El organismo antirrepresivo destaca
que, "desgraciadamente, es durante el periodo de incomunicación cuando se
producen torturas y malos tratos, debido a que la legislación española
vigente despoja al detenido de derechos tan elementales como ser asistido
por abogado de confianza, no declarar contra sí mismo o declarar únicamente
ante la autoridad judicial. Asi se permite que se vulneren los derechos de
los detenidos con total impunidad". El pasado año, cerca de un centenar de
ciudadanos vascos arrestados por motivos políticos denunciaron torturas y
malos tratos en comisaría.

Tambien esto ha sido motivo de preocupacion para Amnistia Internacional,
cuya seccion española ha publicado un informe con el titulo "Motivos de
preocupacion en materia de derechos humanos en relacion con el proceso de
paz en el pais vasco".

Disponible en pdf, podemos acceder al informe aqui:
http://www.a-i.es/infos/p_vasco/p_vasco.htm

Este informe de la seccion española de AI, viene a unirse a las referencias
a España incluidas en el Annual Report 1999, hecho publico recientemente por
Amnesty International y ya mencionado en el anterior ETXERA!

Annual Report 1999 on Spain:
http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar99/eur41.htm


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7. TORTURADORES INDULTADOS
El Gobierno español decidió en la reunión que mantuvo el viernes 16 de julio
indultar a los agentes de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbi, José María
de las Cuevas Carretero y Antonio Lozano García, condenados por torturar a
Kepa Urra.

Los tres guardias civiles fueron condenados el 7 de noviembre de 1997 por la
Audiencia Provincial de Bizkaia a cuatro años de prisión y a seis de
inhabilitación por un delito de torturas. El Ministerio Fiscal, actuando en
defensa de los torturadores, recurrió la pena ante el Tribunal Supremo, que
la rebajó a un año de prisión y mantuvo la inhabilitación. De este modo, los
tres guardias civiles condenados por torturas eludieron el ingreso en
prisión.

El indulto concedido por el Gobierno español, rebaja ahora la inhabilitación
especial de seis años y un día a una de carácter simple de un mes y un día
de duración. De este modo, además de no pisar la cárcel, los guardias
civiles condenados tampoco deberán abandonar el instituto armado. La pena de
seis años de inhabilitación especial trae consigo la expulsión inmediata de
la Guardia Civil.

En la argumentación del Tribunal Supremo para rebajar la condena a Sánchez
Corbi, De las Cuevas Carretero y Lozano García se destacaba que la pena
"adecuada y proporcionada a la gravedad de los hechos" cometidos era de un
año de prisión menor e inhabilitación de seis años y un día para cada uno de
los procesados. El Gobierno, por su parte, no ha explicado las razones por
las que ha concedido el indulto a los tres guardias civiles.

Caso denunciado por AI

Kepa Urra fue detenido por la Guardia Civil en Basauri en enero de 1992 en
el marco de una operación en la que fueron arrestadas 15 personas y desde
entonces está preso en las cárceles españolas. En estos momentos está
internado en Valdemoro.

Tanto Urra como otros detenidos denunciaron haber sido torturados por
agentes de la Guardia Civil mientras permanecieron en sus dependencias. De
hecho, Kepa Urra tuvo que ser atendido en el Hospital de Basurto pocas horas
después de ser detenido.

Según informó entonces Gestoras pro-Amnistía, Urra presentaba "además de
varias señales de golpes, un estado de shock que hace que responda
únicamente con la cabeza afirmativa o negativamente". El organismo
antirrepresivo destacaba que el detenido era incapaz de reconocer su propio
nombre.

Los familiares también denunciaron que Urra fue golpeado por agentes de la
Guardia Civil cuando se encontraba incomunicado y bajo tutela judicial en el
Hospital de Basurto. Trabajadores de este centro sanitario que acudieron a
la habitación de Urra al oír gritos de dolor se encontraron al detenido con
los labios ensangrentados y con las sábanas de la cama manchadas de sangre.
El caso de Urra fue catalogado en el informe anual de Amnistia Internacional
de 1992 como un caso de torturas. Precisamente, tambien aparece mencionado
en el Annual Report 1999 antes citado.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condenaba a Sánchez
Corbi, De las Cuevas Carretero y Lozano García establecía como probado el
hecho de que estos tres agentes trasladaron a Urra "hasta un lugar no
identificado de monte descampado", donde le "desnudaron, le golpearon con un
objeto no identificado y le arrastraron por el suelo" para sacarle
información.

Además, juzgó acreditado por los diferentes informes forenses y médicos que,
al ingresar en Basurto tras ser detenido, Kepa Urra presentaba
policontusiones, rotura de fibras musculares con liberación de sustancias en
sangre, inhibición psicomotora y amnesia. La sentencia condenatoria concluía
que las lesiones fueron producidas por la violencia ejercida por los
guardias civiles que practicaron la detención y por los golpes sufridos en
el descampado.

En la misma sentencia, la Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió a los
agentes Arturo Prieto Bozec, Alejando Hernández Mosquera y Diego Pérez de
los Cobos Orihuel. Los dos últimos visitaron a Urra durante su estancia en
el Hospital de Basurto, pero la sentencia destacaba que no había "quedado
acreditado que hubieran ocasionado al detenido ningún tipo de agresión
física o verbal".

Asun Bengoa: "Es vergonzoso"

Asun Bengoa, compañera de Kepa Urra, señaló a GARA (www.gara.net) que el
indulto por parte del Gobierno español de los agentes de la Guardia Civil
que torturaron a su marido le parece "vergonzoso". Bengoa no considera justo
que Kepa Urra se encuentre actualmente preso en Valdemoro, mientras los
agentes que le torturaron y que fueron condenados por ello no han pisado la
cárcel y ni siquiera serán expulsados de la Guardia Civil. "El indulto no
supone que estos guardias civiles vayan a salir de la cárcel, ya que no han
entrado. Lo de la inhabilitación también fue únicamente para guardar las
apariencias, ya que tampoco se ha cumplido", denunció.

La compañera del preso Kepa Urra destacó que en este caso ha quedado claro
que la Justicia española utiliza dos varas de medir diferentes cuando tiene
que enjuiciar a ciudadanos vascos o a agentes de la Guardia Civil: "Como
siempre dice Kepa, está claro que para nosotros siempre van a tener la misma
respuesta, la represión, y que no
podemos esperar ninguna otra cosa", subrayó Asun Bengoa.

Por su parte, Gestoras pro-Amnistía señaló que el Gobierno español "avala y
estimula la práctica impune de la tortura contra los ciudadanos vascos".
"Esta decisión, asumida y tomada por el Gobierno de Madrid, refleja el
carácter de política de Estado que adquiere la práctica de la tortura en el
Estado español", destacó el organismo antirrepresivo en una nota de prensa.

La abogada de Urra y parlamentaria de EH Jone Goirizelaia señaló que el
indulto era "un auténtico escándalo" y recordó que los tres guardias civiles
"están procesados en procedimientos penales similares". "Es una vergüenza
que los autores probados de delitos tan atroces puedan reincorporarse a un
puesto de trabajo en el que pueden incurrir nuevamente en los mismos
delitos", añadió Jone Goirizelaia.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki
Anasagasti, acusó al ministro español de Interior, Jaime Mayor Oreja, de
"referirse a la Guardia Civil y no al mundo de ETA cuando habla de indultos
individualizados". Margarita Uria, por el PNV, y Begoña Lasagabaster, por
EA, presentaron sendas preguntas al Gobierno del PP en el Congreso de los
Diputados en las que exigen explicaciones por los indultos.


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8. CONVOCADA GRAN CADENA HUMANA PARA ESTE SABADO
GARA (www.gara.net). El proximo sabado 31, 1a reivindicación por los presos
unirá Bilbao y Hendaia. Miles de personas reclamarán a lo largo de 200
kilómetros el regreso de los prisioneros políticos vascos a Euskal Herria y
el respeto a la voluntad de los ciudadanos vascos. Una gran cadena humana
unirá la localidad labortana de Hendaia y la capital vizcaina durante una
hora, con la intención de llevar a la calle esta reivindicación.

La iniciativa convocada para el último día de julio ha partido de Gestoras
pro-Amnistía y Senideak (www.senideak.org). Además de insistir en la demanda
del traslado de los presos a Euskal Herria, el acto atravesara la frontera y
comprenderá los herrialdes de Lapurdi, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba y Bizkaia.
Con ello se pretende, "también en su territorialidad, plasmar la existencia
de este pueblo que trabaja por recuperar su palabra", señalaron ayer, martes
27 durante la presentación en Donostia de esta próxima movilización.

Desde el movimiento pro-amnistía consideran que "hoy la cadena de las
imposiciones e injerencias que sufrimos como pueblo tiene un eslabón a
superar, un eslabón primero que este pueblo romperá y conseguirá liberar y
que se llama Euskal presoak Euskal Herrira".

La responsable de Senideak en Gipuzkoa, Idoia Eskitxabel, calificó ayer de
"importante apuesta" esta cita que pretende reunir el sábado entre 4.000 y
5.000 personas. El acto comenzará a las once de la mañana y se desarrollará
hasta el mediodía.

Gestoras pro-Amnistía y Senideak consideran que la reivindicación en torno a
la repatriación de los presos vascos representa "la lucha de un pueblo por
el respeto de su palabra. Quinientos hombres y mujeres representan en estos
momentos la forma viva de la dignidad de un pueblo que quiere trazar su
futuro sin imposiciones. Quinientos fragmentos de dignidad que defender, que
exigir", en palabras de Aitor Jugo, responsable de Gestoras pro-Amnistia.

Jugo manifestó ayer que debe hacerse una reflexión profunda ante el
mantenimiento de la política penitenciaría, "que es decir la utilización del
'todo vale' contra 500 ciudadanos vascos encarcelados. La tortura está al
orden del día y las condiciones de vida de los prisioneros se han visto
endurecidas", denunció. "El carácter de rehén del colectivo de presas y
presos vascos es más patente que nunca".

Gestoras y Senideak valoran que la labor en favor de la repatriación de los
presos significa "trabajar por nuestro futuro, mucho más allá de algo tan
importante como es trabajar por la vida de ellos y ellas". El portavoz de
Gestoras llamó así a la sociedad a hacerse una pregunta: "Si en este tema
tan concreto y evidente como es el traslado de los presos a Euskal Herria
ambos estados niegan la palabra a este pueblo que tantas veces se ha
pronunciado ya, ¿alguien puede pensar que van a respetar la palabra de
Euskal Herria en cualquier otro aspecto?".




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