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Boletin de noticias sobre los represaliados politicos vascos


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######### ### Preso, errefuxiatu eta deportatu guztiak ###
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Numero 7. 19 de septiembre 1999 www.freespeech.org/presoak


1. UN AÑO DE TREGUA, UN AÑO DE CLAMOR POR LA REPATRIACION

2. ENCUESTA: LA SOCIEDAD VASCA RECHAZA EL INMOVILISMO DEL PP

3. MILES DE PERSONAS EXIGIERON EN LA CALLE LA REPATRIACION

4. ENCAUSADOS POR DENUNCIAR TORTURAS

5. JUICIO EN PARIS CONTRA REFUGIADOS VASCOS

6. JUICIO EN SEVILLA CONTRA LAS GIRALDILLAS

7. JUICIO CONTRA LOS SOLIDARIOS QUE SE ENCADENARON EN HENDAIA

8. EA BUSCARA APOYOS EN EUROPA CONTRA LA DISPERSION

9. AYUNTAMIENTO DE OÑATI PIDE A PARIS QUE NO EXTRADITE A ARREGI

10. LINKS: LAS DIRECCIONES DE TODOS LOS PRESOS VASCOS EN LA WEB

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1. UN AÑO DE TREGUA, UN AÑO DE CLAMOR POR LA REPATRIACION

Hoy 17 de septiembre se cumple un año desde que la organizacion armada vasca
ETA declaro la suspension unilaeral e indefinida de las acciones armadas. La
tregua, que entro en vigor a las cero horas del dia 18 de septiembre de 1999
dio inicio a un año en el que Euskal Herria ha dado pasos importantes de
cara a un futuro en libertad y paz.

Lamentablemente, en esos pasos nuestro pais no ha estado acompañado por el
Estado español, que constantemente se ha dedicado a poner trabas en el
camino de la paz. El Gobierno español no da la talla que el momento actual
le exige tener. La intencion del gobierno español es utilizar a los presos
vascos como rehenes politicos, como moneda de cambio en una negociacion con
ETA.

Ante estas maniobras, la sociedad vasca ha dejado claro que no se puede
poner la aplicacion de sus derechos de los presos (que son derechos
irrenunciables y que figuran en las propias leyes españolas), como moneda de
cambio en una eventual negociacion politica. La mayoria de la sociedad vasca
ya ha expresado, tanto en encuestas como en las urnas, asi como en las
calles en masivas manifestaciones que queremos a los presos AHORA en Euskal
Herria. La respuesta del gobierno español ante el clamor contra la
dispersion ha sido la sordera y el inmovilismo total, maquillado con alguna
operacion de imagen presentada como "acercamiento".

Por otro lado, hace tambien un año que la mayoria social y sindical vasca
firmo el acuerdo de Lizarra (http://www.lizarra-garazi.org), en el que se
reconoce que el "conflicto vasco" es de naturaleza politica y se propone
superar el escenario actual mediante uno nuevo en el que todos los proyectos
politicos partan de igualdad de oportunidades, es decir, sean realizables y
no impedidos por la fuerza. En este escenario, el pueblo vasco debera elegir
libre y democraticamente entre todas las opciones y no se le podra denegar
la palabra.

La sociedad vasca ya ha decidido echar a andar sin esperar a que en Madrid
le den permiso para hacerlo. Y la decision que esta tomando ya Euskal Herria
va mucho mas alla que la reivindicacion de repatriacion de los presos. Es un
futuro que ya esta aqui y ante el que solo cabe pensar: ¿cuanto tiempo
tardara en darse cuenta Madrid de que no podra pararlo? ¿Cuanto tiempo
debera continuar inutilmente el sufrimiento de los presos, refugiados y
deportados y el de todos sus familiares y amigos?


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2. ENCUESTA: LA SOCIEDAD VASCA RECHAZA EL INMOVILISMO DEL PP

Segun una encuesta difundida el dia 15 por ETB, la mayoria de los ciudadanos
de la CAV (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba), critica el inmovilismo del gobierno
español, tanto en materia de presos como ante el proceso de paz. Al ser
preguntados en el sondeo por la operacion de traslados de presos que la
semana pasada el gobierno anuncio como "acercamiento", el 60% lo considera
insuficiente o muy insuficiente, un 30% suficiente, y un 2% excesiva.

Esta encuesta ha sido realizada por SIADECO para EITB ante el aniversario
del alto el fuego decretado por ETA el 17 de septiembre de 1999. Entre las
conclusiones de esta encuesta, cabe destacar que la mayoría de los
ciudadanos de estos herrialdes respaldan la iniciativa de Lizarra-Garazi y
critican la actitud mantenida por el Gobierno español ante el proceso
político abierto en Euskal Herria.

Entre otras cosas, en la encuesta se señala que un 36% de los encuestados
considera que el inmovilismo del Ejecutivo del PP es el aspecto que más está
dificultando el logro de la paz definitiva, mientras que un 31,8% apunta al
desacuerdo entre las formaciones políticas, un 17% reprocha ese impasse al
no abandono definitivo de la lucha armada por parte de ETA y sólo un 8%
responsabiliza de la misma a los actos de kale borroka. Solo un 13%
considera que es ETA la que debe "mover ficha".

La mayoría, un 41%, también valora como mala o muy mala la actuación del
Gobierno de Aznar ante el alto el fuego. A la hora de valorar el papel
jugado por Lizarra-Garazi, el 60% de los ciudadanos considera que está
contribuyendo al proceso de forma muy importante o bastante importante,
frente a un 23% que estima que es poco o nada importante. El 75% de las
personas que respondieron a esta encuesta, realizada entre el 9 y el 13 de
setiembre en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, manifestó mucho o bastante interés
por este proceso.


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3. MILES DE PERSONAS EXIGIERON EN LA CALLE LA REPATRIACION

Mil personas recorrieron en la tarde-noche del dia 10 las principales calles
de la capital alavesa para reclamar el traslado inmediato de los presos
vascos a Euskal Herria. Al acto convocado por Gestoras y Senideak, precedió
una concentración organizada por la asociación que agrupa a los familiares
de los represaliados políticos vascos, que reunió a 435 personas.

Trescientas personas acudieron en Bilbo a la concentración semanal de
Senideak en los Jardines de Albia, frente a la Sabin Etxea. Como cada
viernes, los participantes en la encartelada permanecieron ante la sede del
PNV portando las fotografías de todos los presos vizcainos y pancartas con
lemas en favor de la repatriación de los prisioneros políticos vascos.

Media hora después de su inicio y tras despedir al autobús de familiares que
viaja hasta París para visitar a los prisioneros vascos encarcelados en las
cárceles de los alrededores de la capital francesa, los congregados
marcharon en manifestación hacia la céntrica plaza Elíptica. Una vez allí,
protagonizaron una protesta ante las oficinas centrales del PP en la
capital. Posteriormente, formando tres largas hileras, se dirigieron por la
Gran Vía hacia el ayuntamiento de la villa, donde volvieron a concentrarse
para pedir a esta institución y a su alcalde, Iñaki Azkuna, mayores
compromisos e iniciativas en favor de los derechos de los presos.

En el transcurso de la movilización, una portavoz de Senideak valoró el
traslado de presos anunciado el pasado martes por Jaime Mayor Oreja como una
«tomadura de pelo a los presos y a sus familiares». La representante de la
asociación llamó a continuar con las movilizaciones y a buscar, de igual
manera, mayor implicación social e institucional en favor de los presos.

La convocatoria realizada en favor del traslado de presos, reunió a
centenares de personas en Donostia e Iruñea, superando la respuesta que
habitualmente se registra. La Guardia Civil vigiló de cerca las
concentraciones realizadas en Tafalla y Barañain, donde se manifestaron 100
y 60 personas, respectivamente.


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4. ENCAUSADOS POR DENUNCIAR TORTURAS

La fiscalia ha abierto diligencias contra cuatro personas por denunciar
casos de tortura. Les acusa de injurias a la Guardia Civil por relatar los
testimonios de torturas de Maite Pedrosa y Cristina Gete. El padre de Gete y
la hermana de Pedrosa comparecieron el 11 de junio del pasado año ante los
medios de comunicación con la intención de denunciar públicamente el trato
del que fueron objeto sus allegadas en dependencias de la Guardia Civil.
Acompañados por el miembro de Gestoras pro-Amnistía Borja Sarrionandia y de
Patricia Vélez, que había denunciado también torturas en comisaría, Jesús
Gete y Nerea Pedrosa transmitieron el escalofriante relato de las dos
prisioneras sobre su violación y los malos tratos recibidos durante el
periodo de incomunicación al que fueron sometidas tras su detención.

Cristina Gete fue detenida el 3 de mayo de 1998 por la Guardia Civil. La
vecina de Donostia permaneció incomunicada durante cinco días. Según su
propio relato, durante ese periodo y en dos ocasiones, una de ellas delante
de su compañero que se encontraba igualmente detenido, los agentes que le
interrogaban le introdujeron un palo por la vagina y el ano, mientras
realizaban comentarios vejatorios. Gete fue además golpeada fuertemente en
la cabeza, le fue realizada "la bolsa" en varias ocasiones y recibió
amenazas de muerte y de tipo sexual.

La vecina de Ugao, Maite Pedrosa fue arrestada por el mismo cuerpo armado el
21 de marzo del mismo año en Sevilla. Permaneció también cinco días
incomunicada. Según transmitió a su familia, durante los interrogatorios
guardias civiles le introdujeron dedos, manos y una pistola por la vagina y
el ano. Relató asimismo haber sido salvajemente torturada. Pedrosa declaró
que le colocaron una bolsa en la cabeza en varias ocasiones y que fue
golpeada por todo el cuerpo. Recibió tirones de pelo y fue amenazada de
muerte, con aplicarle los electrodos o introducirle la cabeza en una bañera
con agua sucia.

Expuso que los guardias civiles le condujeron varias veces a una sala donde
estaba siendo torturado su compañero, también arrestado. Pedrosa perdió 14
kilos de peso durante los cinco días de incomunicación.

Los testimonios de Gete y Pedrosa fueron recogidos en el informe anual de
Amnistía Internacional de este año, que volvía a incluir al Estado español
entre más de un centenar de estados en los que se habían producido abusos y
violación de derechos humanos:
http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar99/eur41.htm
 
En este informe tambien se menciona el caso de Kepa Urra, cuyos torturadores
acaban de ser indultados por el gobierno español.

Testimonio de Maite Pedrosa podemos encontrar en la pagina web de la revista
Oihartzuna:
http://www.oihartzuna.net/aldizka/oihar4/4-pedrosa.htm
 
Donde bajo el titulo "El triangulo torturador" cuenta su caso y denuncia la
complicidad de algunos jueces, fiscales y periodistas en la persistencia de
la tortura.

Basque Red Net, bajo el titulo "La guerra sucia que España hace a Euskal
Herria" en su web hace un extenso recopilatorio de casos, pero algo muy
significativo es la mencion que hace tambien al caso de las jovenes vascas
antes mencionadas y como los "medios de comunicacion" españoles en su
mayoria callan y acallan las desesperadas denuncias de los torturados y sus
familiares:
http://www.basque-red.net/cas/guesu/salvajes.htm

Numerosos testimonios de torturas se pueden encontrar en la pagina web de
Senideak, la asociacion de familiares de presos politicos vascos:
http://www.senideak.org/testim.htm
 
Muchos mas casos de torturas denunciadas se encuentran en la pagina web de
la Asociacion Contra la Tortura de España:
http://www.nodo50.org/actortura/
 
Bajo el titulo "Tortura e Impunidad en Euskal Herria", dos abogados vascos
del Grupo contra la tortura, hacen un repaso a la situacion de la tortura en
el Pais Vasco. Podemos encontrarlo aqui:
http://freespeech.org/ehj/html/treports.html

Volviendo al caso de las torturas a Gete y Pedrosa, por estos hechos fueron
interpuestas denuncias judiciales en Donostia y Madrid. El juzgado de
Colmenar Viejo dictó en febrero el sobreseimiento provisional de la denuncia
de Maite Pedrosa Barrenetxea, sin comunicárselo a la representación legal de
la interesada.

Mientras, la fiscalía ha solicitado la apertura de diligencias contra Jesús
Gete, Nerea Pedrosa, Patricia Vélez y Borja Sarrionandia por un supuesto
delito de injurias a la Guardia Civil. Como consecuencia de esta actuación
del Ministerio Público, Nerea Pedrosa tuvo que comparecer el pasado día 9
ante el Juzgado número 4 de Bilbo. Pedrosa se ratificó ante el magistrado
­el representante de la fiscalía no acudió­ en la denuncia que realizó en la
rueda de prensa del 11 de junio de 1998.

Durante la vista, la abogada de Nerea Pedrosa instó al juez a solicitar la
declaración de Txaro Arteaga e Itziar Fernández, de Emakunde, que visitaron
en octubre del pasado año a Pedrosa y Gete en la cárcel de Carabanchel para
recoger su testimonio.

Denuncia de Gestoras

Gestoras pro-Amnistía censuró con dureza la actitud del Ministerio Fiscal.
"En lugar de perseguir como en cualquier Estado democrático prácticas tan
crueles e inhumanas como la tortura, centran sus esfuerzos en castigar a
todo aquel que las denuncia, otorgando a su práctica y a sus ejecutores
total y escandalosa impunidad", declaró. El organismo antirrepresivo volvió
a emplazar a la sociedad vasca a dar respuesta a este tipo de situaciones.


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5. JUICIOS EN PARIS CONTRA REFUGIADOS VASCOS

Rufino y Maria Jesús Arriaga, Jabier Irastorza, Gorka Martínez y Julia
Makuso, esta última en rebeldía, fueron juzgados el dia 14 en el Tribunal
Correccional de París, un día después de que se celebrara el juicio contra
José Ramón Naveiro, Idoia Martínez, Roberto Murgiondo y Yolanda Berruete,
detenidos todos en noviembre de 1997 en sendas operaciones de la Policía
francesa.

Multitud de familiares y amigos de los procesados acudieron a la sesión si
bien, ante los aplausos con que respondieron Rufino y María Jesús Arriaga,
Gorka Martínez y Jabier Irastorza al apoyo brindado, la presidenta del
Tribunal, Claude Linais, decidió desalojar la sala. Tras ello, la fiscal
Irene Stoller repitió los argumentos que utilizó la víspera. Señaló que los
enjuiciados formaban parte del "aparato logístico" de ETA y se refirió al
apartamento donde supuestamente se "formaba a militantes de ETA".

Por ello, y en función de la acusación de "asociación de malhechores",
solicitó diez años de prisión para los hermanos Arriaga, ocho para Gorka
Martínez y Jabier Irastorza y seis para Julia Makuso. Asimismo, la fiscal
Irene Stoller pidió al Tribunal la prohibición de residencia en el
territorio del Estado francés para los cinco encausados.

La abogada defensora Yolanda Molina rechazó las argumentaciones expuestas
por la Fiscalía y las calificó de "montaje". "En el dossier se señala que
solo les aprehendieron dos armas", recordó Molina al Tribunal Correccional
de París.

Tras considerar excesiva la pena de prisión solicitada por la fiscal
Stoller, la abogada defensora se refirió a la petición de prohibición de
residencia y las consecuencias derivadas de la medida. Yolanda Molina
denunció, en este contexto, la política de expulsiones a que están siendo
sometidos los presos vascos cuando finalizan la condena impuesta en las
cárceles francesas. La abogada se refirió, como lo hiciera la víspera
Stoller pero en sentido contrario, a la nueva situación que vive Euskal
Herria desde que hace un año ETA declarase una tregua incondicional.

El Tribunal Correccional parisino emitirá su veredicto, como en el caso del
juicio del lunes, el próximo 5 de octubre, a la una y media del mediodía.

La vispera de ese juicio, el dia 13, se celebró en el Tribunal Correccional
de París el juicio contra siete ciudadanos vascos acusados de pertenecer a
ETA. José Ramón Naveiro Gómez, Idoia Martínez y Roberto Murgiondo se
enfrentan a una pena de diez años de cárcel solicitada por la fiscal Irene
Stoller, que los acusó de integrar el "aparato logístico" de la organización
armada. La fiscal, en la presentación de su informe, señaló que pese a la
tregua decretada por ETA, sus militantes "siguen teniendo una actividad
extremadamente activa" en territorio galo.

Stoller, por vez primera en un año, se refirió a la tregua de ETA y al
Acuerdo de Lizarra-Garazi. Opinó que "nada parece haber cambiado y cada uno
permanece en sus posiciones, a la vez que ­los militantes de ETA­ prosiguen
sus actividades" en el Estado francés. La abogada Maritxu Paulus-Basurco,
por contra, argumentó que el alto el fuego de ETA pone de relieve "su
voluntad de dar una resolución política al conflicto", y agregó que la
petición fiscal "no se justifica desde el punto de vista jurídico", sino que
tiene un trasfondo político.

En la misma comparecencia, el Tribunal juzgó en rebeldía a Jabier Abaunza
Martínez, Patxi Rementería Barruetabena y Sergio Polo Escobés, este último
encarcelado en el Estado español, por lo que de ninguna manera podría haber
estado presente en el juicio. Para todos ellos, Stoller solicitó una pena de
seis años de prisión.

En el mismo sumario se juzgó, asimismo, a Yolanda Berruete Montón, para la
que la fiscal solicitó tres años de prisión condicional (libertad
condicional) y la prohibición de residencia en territorio del Estado
francés. Berruete, deportada en Cabo Verde hasta 1996, fue detenida el año
pasado junto con una docena de refugiados y deportados. Según su abogada,
Yolanda Molina, se le acusa de "asociación de malhechores" y la única prueba
del sumario se basa en su supuesta relación con Rementeria.

Molina argumentó en su defensa la escasa consistencia del dossier y aportó
escritos de Raphael Lassallette, alcalde de Hendaia (PS), de varias
asociaciones culturales y de concejales en los que se atestiguaba la
integración social de la acusada. El veredicto se dictará el 5 de octubre.


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6. JUICIO EN SEVILLA CONTRA LAS GIRALDILLAS

El juicio que se desarrollará proximamente en Sevilla contra los miembros
del colectivo Solidarios con los Presos que protagonizaron una protesta
durante la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo es, en opinión
de Gestoras pro-Amnistía, "un juicio contra la voluntad mayoritaria de la
sociedad vasca que, de forma reiterada y constante, se ha pronunciado por la
repatriación y el respeto a los derechos de los prisioneros políticos
vascos". Probablemente, la vista que estaba programada para el dia 22, se
retrasara indefinidamente por decision judicial ante las dificultades para
localizar a los 22 policias que la fiscalia ha llamado a declarar como
testigos. Fuentes cercanas a los Solidarios, sin embargo, afirmaron que la
suspension esta motivada por el eco que el juicio pueda tener en la prensa.

Según el organismo antirrepresivo, el Estado español busca, con este
proceso, "castigar y condenar al conjunto de la sociedad vasca, incluidas
instituciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales e
Iglesia, por reclamar públicamente a los gobiernos de Madrid y París el
respeto a su palabra".

El Estado español y el conjunto de poderes que lo componen son, a juicio de
Gestoras, "los únicos responsables de que situaciones como la que ahora
tratan de castigar se produzcan y se extiendan". "El empecinamiento por
negar sistemáticamente la palabra a la sociedad vasca y utilizar a los
prisioneros vascos como moneda de cambio" legitiman, en opinión de Gestoras,
a la ciudadanía vasca "para desarrollar dinámicas de desobediencia y
resistencia civil".

En ese sentido, el organismo pro-amnistía considera que "el valiente camino
emprendido por el colectivo de Solidarios con los Presos, la vía de la
desobediencia y resistencia civil a los gobiernos de Madrid y París es la
senda sobre la que el resto de agentes políticos y sociales de este país
debemos circular".

Por su parte, la defensa de los acusados estudia llamar a declarar a
miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz para
que corroboren ante el tribunal que la repatriación de los presos "es una
reivindicación perfectamente sumida por la sociedad vasca".

El fiscal pide para cada uno de los acusados una multa de 720.000 pesetas
por un presunto delito de desórdenes públicos, y una pena adicional de un
año de cárcel por "resistencia a la autoridad". Los Solidarios están
procesados por haber subido al escenario disfrazados de giraldillas y
haberse descolgado desde lo alto de las gradas portando mensajes a favor del
traslado de los presos vascos a cárceles de Euskal Herria. El joven
sevillano, ajeno a la acción, lo está por haber filmado en vídeo las
imágenes.

Carlos Herrera está citado como presentador del acto, ya que fue la persona
que más cerca estuvo de las giraldillas solidarias. Los agentes que
declararán en el juicio intervinieron, por su parte, en el desalojo de los
manifestantes del escenario. Los abogados de los jóvenes solicitarán la
absolución. En el caso del que grabó la escena, argumentarán que realizaba
su trabajo y que no hay prueba de que participara en la acción ni tuviera
relación con los restantes detenidos.

Para los restantes procesados, los letrados admitirán como alternativa la
posibilidad de rebajar los hechos a la categoría de falta, con una pena
aparejada de 6.000 pesetas, ya que en su declaración judicial no negaron su
participación y aseguraron que sólo pretendían hacer una protesta pacífica.

Durante la vista deberán visionarse los vídeos aportados a la causa, además
de escuchar la declaración de los acusados y de los 23 testigos solicitados
por el fiscal.

El juzgado penal número 10 de Sevilla ha fijado un solo día para el juicio.
Sin embargo, los abogados de los acusados consideran que serán necesarias
más jornadas. Pedirán, además, que se celebren en la Sala de Vistas de la
Audiencia Provincial, de mayor capacidad, ante la previsible afluencia de
periodistas y público.
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7. JUICIO CONTRA LOS SOLIDARIOS QUE SE ENCADENARON EN HENDAIA

Una multa de 5.000 francos (125.000 pesetas) y una compensación por daños a
la empresa ferroviaria gala SNCF por valor de 322,10 francos (algo más de
8.000 pesetas) fue la resolución final del Tribunal de Baiona que juzgó a
dos solidarios por bloquear el TGV. El Tribunal de Baiona no permitió a los
dos jóvenes que se expresaran en euskara.

Los hechos ocurrieron el 19 de mayo pasado, la víspera del cumplimiento de
condena de la represaliada vasca Pilar Mondragón, que entonces realizaba una
huelga de hambre para denunciar el riesgo de entrega policial que finalmente
se produjo.

Amaia Pascual y Mikel Prieto llevaron a cabo la acción precisamente como
llamada de atención y denuncia con respecto a este tipo de prácticas ya
habituales en el Estado francés. En los minutos previos al juicio, los dos
jóvenes, junto con otros compañeros, provistos todos ellos de máscaras,
recordaron la situación de los presos y enmarcaron su acción dentro de una
campaña de desobediencia. Subrayaron que el juicio de ayer es el primero de
los que se plantean contra las acciones llevadas a cabo por los grupos de
solidarios con los presos. "La próxima semana comenzará el proceso contra
los solidarios que reivindicaron el fin de la dispersión el los mundiales de
Sevilla", declararon, tras lo cual anunciaron que mantendrán este tipo de
acciones,que caracterizan como desobediencia civil.

Tras la breve rueda de prensa, comenzó el juicio con la petición de la
procuradora, que fue totalmente aceptada más tarde por la Presidencia del
Tribunal. Sin embargo, la vista quedó paralizada unos minutos, ya que el
presidente no permitió a los dos jóvenes expresarse en euskara. Argumentando
que las declaraciones que ambos habían realizado en comisaría eran "en
español", adujo que no veía "porqué ahora no quieren hablarlo". La abogada
Yolanda Molina defendió que los dos acusados no pudieron hacer valer sus
derechos ante la Policía, una argumentación a la que el juez hizo oídos
sordos. El presidente del tribunal tampoco atendió las explicaciones que,
sobre las entregas ilegales y las acciones de protesta pacíficas ofreció la
abogada. Finalmente, el juez confirmó la sanción económica para ambos.


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8. EA BUSCARA APOYOS EN EUROPA CONTRA LA DISPERSION

Eusko Alkartasuna buscará apoyos en Europa cara a cambiar la actual política
penitenciaria. Se dirigirá en las próximas fechas a los alrededor de cinco
mil parlamentarios que integran los parlamentos estatales de la UE más los
de la Cámara de Estrasburgo para transmitirles su visión de la situación
política que se vive en Euskal Herria a un año de la firma del Acuerdo de
Lizarra-Garazi y solicitar su colaboración "para contribuir a cambiar la
actual política penitenciaria y dar un impulso importante al proceso de
paz".

El medio elegido es una carta personalizada en la que exponen su visión
sobre estos asuntos y un dossier "muy objetivo" en el que se recogen los
pronunciamientos del Parlamento de Gasteiz y del propio Congreso de los
Diputados español en materia de política penitenciaria.

El secretario de Organización de EA y parlamentario en Gasteiz, Rafa
Larreina, consideró que se trata de "una iniciativa especialmente oportuna
en este momento, después de la última decisión tomada por Mayor Oreja, para
evitar las lecturas lejanas o las informaciones parciales que pueden estar
llegando sobre este tema a Europa".

La medida anunciada el martes por el ministro de Interior español es, a
juicio de Larreina, "una operación mediática más que real, un gesto
calculado que supone una aplicación arbitraria de la ley y que no responde a
las demandas de la sociedad y de las instituciones. Más que un acercamiento,
ha sido un movimiento de presos que demuestra que se está utilizando a este
colectivo como materia de trueque". En su carta, esta formación política
reafirma su decidida apuesta por el Acuerdo de Lizarra-Garazi como medio de
resolución democrática del conflicto político vasco y critica el inmovilismo
del Gobierno español "y de determinados sectores políticos empeñados en
mantener la dinámica de enfrentamiento".

La situación de los presos y presas vascas tiene un especial protagonismo en
esta misiva, en la que se hace una denuncia contundente de la dispersión, se
apunta que vulnera la ley y se precisa que más de un centenar de presos
siguen encarcelados pese a haber cumplido las tres cuartas partes de su
condena o padecer graves enfermedades.

El eurodiputado Gorka Knörr constató que en Estrasburgo existe en estos
momentos una "gran receptividad" hacia los procesos vasco e irlandés, e
indicó que el grupo al que pertenece ha solicitado al presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, que se implique en la resolución de ambos
conflictos.

Sobre la colaboración que se solicita a los parlamentarios europeos,
Larreina explicó que "lo que pretendemos es que conozcan directamente
nuestra realidad, que nos pidan la información que crean oportuna y que, si
lo estiman conveniente, transmitan sus opiniones al Gobierno español o a
nosotros mismos, porque entendemos que en este asunto la mediación
internacional puede resultar importante".


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9. AYUNTAMIENTO DE OÑATI PIDE A PARIS QUE NO EXTRADITE A ARREGI

La Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Oñati ha solicitado a
las autoridades francesas que no extraditen al preso político Joseba Arregi
Erostarbe, al considerar que esa medida "podría ser causa de un
empeoramiento del clima social y político".

Arregi, detenido en marzo de 1992, cumplió la semana pasada la totalidad de
la condena impuesta por los tribunales franceses y se encuentra en la
prisión de Osny a la espera de que el Gobierno de París ordene la ejecución
de las demandas de extradición solicitadas por Madrid.

La Comisión de Derechos Humanos oñatiarra se mostró convencida de que la
ejecución de la extradición supondría el encarcelamiento de Arregi en alguna
prisión española, lo que provocaría "la conculcación de algunos de sus
derechos". Por ello, también se reclama al Gobierno francés una reflexión
seria, invitándole a reconsiderar su apoyo a la política que Madrid mantiene
hacia Euskal Herria. El Consistorio oñatiarra advierte que esa colaboración
entre ambos estados "está sustentada, entre otras medidas, en una política
de extradición absurda que podría ser causa de un empeoramiento de la actual
situación".

Este es el mensaje que, según informó Gestoras pro-Amnistía, se recoge en
sendas cartas que recientemente ha enviado el Ayuntamiento de Oñati al
primer ministro francés, Lionel Jospin, a los ministros de Interior,
Jean-Pierre Chevènement, y de Justicia, Elizabeth Guigou, así como al cónsul
francés en Bilbo, a los representantes de Amnistía Internacional en París y
Baiona, y a los directores de los diarios "Le Monde" y "Le Figaro".

Por otro lado, La Fiscalía de la Corte de Apelación de París solicitó un
aumento de pena para la represaliada irundarra Iratxe Sorzabal en el juicio
celebrado el martes. Sorzabal, detenida en noviembre de 1997 junto a Asier
Ormazabal, Javier Gallaga y dos ciudadanos bretones, fue condenada en un
primer juicio a dos años de prisión, pero la Fiscalía recurrió la sentencia
por considerar corta la pena.

En la nueva vista, con numerosa presencia de amigos y familiares llegados
desde Irun, el procurador solicitó un aumento de cinco años bajo la
argumentación de una "equidad de penas". La abogada Maritxu Paulus-Basurco,
por su parte, recordó que las únicas pruebas acusatorias contra Sorzabal son
la posesión de documento de identidad y permiso de conducir falsos.

La sentencia se dará a conocer el 12 de octubre y, de ser confirmada la
pena, Sorzabal correría el riesgo de ser expulsada. "Esta presa comentó que,
de ocurrir esto, comenzaría una huelga de hambre", anunció la letrada.


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10. LINKS: LAS DIRECCIONES DE TODOS LOS PRESOS VASCOS EN LA WEB

La pagina web de Senideak (www.senideak.org) ha abierto un apartado en el
que se puede visualizar el mapa de la dispersion. Haciendo click en cada una
de las carceles, nos aparecerá la direccion postal de la misma, sus
telefonos y los nombres de los presos vascos encarcelados en ella. Las
direcciones son correctas, pero hay que tener en cuenta que los presos que
aparecen en una pueden no encontrarse alli, debido a los continuos traslados
a que se ven sometidos los prisioneros.

http://www.senideak.org/carceles/carcel.htm




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