Asunto: Carta de apoyo a Bolivia

Los colectivos abajo firmantes saludamos el anuncio de nacionalización del
petróleo y el gas en Bolivia. Lo saludamos porque consideramos que los
recursos naturales deben ser gestionados de forma pública por las personas
que habitan los territorios donde se encuentran. Consideramos que una
gestión privada dentro de las leyes del mercado conlleva el expolio y la
sobreexplotación de dichos recursos, ya que la única premisa en la
explotación es el máximo beneficio.
Además, no nos sentimos representad@s por la actuación del Gobierno español
tras el anuncio de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Es más,
rechazamos firmemente dicha actuación, ya que ha ido, en todo momento,
encaminada a preservar los intereses de Repsol YPF en Bolivia.
No debemos olvidar que Repsol YPF a quien beneficia es a su accionariado
(del cual más del 50% no es capital de empresas o particulares españoles) y,
obviamente, entre los accionistas no se encuentra más que un ínfimo
porcentaje de la población española. En ese sentido, cabe preguntarse si
debe ponerse en marcha toda la maquinaria diplomática española para defender
los intereses privados de un reducidísimo grupo de personas. ¿A quién sirve
el Gobierno español?
Pero no sólo se ha puesto en marcha esa maquinaria diplomática, también se
están poniendo sobre la mesa amenazas veladas y no tan veladas.
Veladas cuando el Ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos o
el Responsable de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,
Javier Solana, hablan del peligro que para Bolivia supone esta medida en los
mercados internacionales. Y no tan veladas cuando parece que se barajado la
no condonación del monto de deuda externa que tenía contraída Bolivia con
España y que habían acordado en su reciente reunión los presidentes Evo
Morales y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque es verdad que las últimas
noticias parecen dar marcha atrás en este aspecto. Nuevamente esto nos lleva
a preguntarnos si la defensa de los intereses de ese minoritario grupo de
accionistas de Repsol YPF, que gozan de una situación económica
privilegiada, es legítima frente al intento de salir de la pobreza de
amplias capas sociales bolivianas.
Por último, el Gobierno español demuestra la vacuidad de su proyecto
estrella a nivel internacional, la Alianza de Civilizaciones, al defender
los intereses de un grupo empresarial frente a las necesidades del pueblo
boliviano. El Gobierno de Zapatero haría mucho mejor en dirigir sus
esfuerzos a obligar a las empresas transnacionales españolas a que
cumplieran en sus actividades internacionales, al menos, la legislación
laboral y ambiental española, la puesta en marcha de medidas efectivas de
reducción de la pobreza y el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Por otra parte, la actividad de Repsol YPF en Bolivia dista mucho de ser
ejemplar. Y queremos señalar sólo algunos ejemplos de ello. En primer lugar,
en este país no existen redes de gas en las ciudades y el gas en garrafa es
distribuido por las petroleras a precios internacionales (35 dólares por
barril en 2003), cuando el costo en boca de pozo es de 1 dólar por barril.
De hecho, Bolivia tiene el menor coeficiente de consumo de gas per cápita
del continente.
Además, Repsol YPF se encuentra actualmente acusada de contrabando de
hidrocarburos, dejando de pagar los consiguientes impuestos al Estado
boliviano. Y ése no es el único juicio con el que se enfrenta, ya que
también está acusada de inscribir como propias reservas que pertenecen al
Estado boliviano.
Las actividades de Repsol YPF afectan en este país a varios Parques
Nacionales y se superponen a 17 Territorios Indígenas de la región amazónica
y Chaco.
Repsol YPF tiene la concesión del Bloque Sécure. El Bloque se superpone con
varias áreas protegidas por la ley: el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS), el Territorio Indígena Chimán, el Área de
Protección de la Cuenca Eva Eva - Mosetenes, el Territorio Indígena
Multiétnico y el Bosque Permanente de Producción Chimanes. El Bloque Sécure
afecta, por tanto, a comunidades de colonos quechuas y a los territorios
originarios de yurakarés, moxeños y chimanes. Tal como ocurre a menudo, las
actividades de exploración de la empresa comenzaron de manera ilegal antes
de la realización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual,
por cierto, fue redactado en Estados Unidos solamente a partir de
referencias bibliográficas.
Desde 1995 la población local del TIPNIS lucha contra la explotación
petrolera. A modo de "indemnización", la población recibió "ayuda
humanitaria" por parte de la empresa, la cual consistía en bloques de
repelente para mosquitos o cuadernitos y tiza. Los cultivos destrozados por
las prospecciones nunca fueron compensados y, cuando concluyeron, la empresa
abandonó la zona incumpliendo el Plan de Abandono y Restauración, que
incluye un cronograma para dejar las zonas afectadas como se encontraron.
En 1998, la población se organizó para oponerse a una nueva exploración
sísmica de Repsol YPF en el Parque Nacional Isiboro Sécure. Tras la cual se
firmó un acuerdo con la Dirección del TIPNIS y las organizaciones campesinas
e indígenas, en el cual se limitaba al compromiso de dotación de equipos de
radio, la reparación del camino y a la conformación de un equipo mixto de
monitoreo en el cual estuvieran representados todos los actores del área. El
convenio ni siquiera fue cumplido, y se denunció más adelante la violación
de la normativa ambiental, así como el tráfico de animales.
En 1999, sin consulta a las comunidades locales, ni permiso por las
autoridades ambientales competentes, Repsol YPF entró en el Territorio
Indígena Multiétnico para acceder al Pozo Eva Eva. Desde entonces los
impactos ambientales y sociales fueron continuos, hasta que en 2001 Repsol
YPF abandonó el pozo, tras comprobar que el yacimiento no tenía la
suficiente presión para ser explotado.
El Parque Nacional Amboró constituye el área protegida más meridional de la
cuenca amazónica. Desde 1984, quedó como un área protegida libre de
habitantes humanos y rodeada de comunidades campesinas involucradas en el
aprovechamiento sostenible y la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo se superpone con el Bloque Amboró-Espejos de Andina S.A.
(propiedad de Repsol YPF), la cual expresó su intención de empezar los
estudios para la realización de una explotación petrolera. Ante el anuncio,
la población local se organizó protestando por la afectación de su
territorio (que ellos aceptaban no cultivar para protegerlo).
Después de 6 meses de lucha y resistencia, Andina tuvo que retirar el
proyecto.
En el campo Surubi, operado por Repsol YPF, el 30 de junio de 2005, al
prender un cigarrillo a orillas de una laguna aledaña al pozo, Emilio Uceda
y sus hijos Edgar (18 años) y Mario (13 años) sufrieron los efectos de una
explosión del gas acumulado por el venteo ilegal. El padre y el niño
fallecieron por las quemaduras, mientras que el hijo mayor permanece
hospitalizado. Lejos de asumir plenamente su responsabilidad en el
accidente, la actuación de Repsol YPF fue una vez más cuestionable, ya que
negó el acceso a las autoridades ambientales competentes al incendio y a la
planchada Surubi D, donde se sigue emitiendo gases.
Para llevar su gas situado al sur de Bolivia al mercado brasileño sin pagar
por el uso del Gasoducto Yabog -I, las empresas operadoras en los Bloques
San Antonio y San Alberto (entre las que se encuentra Repsol
YPF) elaboraron el proyecto de construcción de otro gasoducto paralelo,
Yabog -II o Gasyrg. Se trata concretamente de un ducto que destruye más de
430 km de bosques tropicales. A pesar de que el número de pobladores
afectados es de 15.000 personas (indígenas weenhayek y guaraníes) y que sus
organizaciones expresaran una oposición rotunda, el proceso continúa.
Un último ejemplo es el Campo Margarita en el Bloque Caipipendi. Se trata de
un yacimiento que fue casualmente "redescubierto" para pagar menos impuestos
al Estado boliviano. En esta región se ubica también un caso particular:
Tentayapi ("el último pueblo"). No se trata únicamente de la "última morada"
en el sentido geográfico, al encontrarse en un área muy retirada del
territorio guarani, sino también en el sentido cultural. Esta comunidad de
400 habitantes es reconocida como la que ha preservado con mayor fuerza los
valores, modo de vida, conocimientos y la espiritualidad guaraníes. Hoy,
resiste firmemente a un proyecto de exploración sísmica de Maxus (Repsol
YPF).

Por todo ello entregaremos esta carta el próximo viernes 5 a las 10:00 en la
embajada de Bolivia (c/ Velázquez 26 3º).



Próximas acciones:
·       Repsol viola los derechos de los pueblos indígenas. Paremos el
saqueo. Stop destrucción.
Concentración el jueves 11 de mayo a las 18:00 en el Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de Repsol en Móstoles.
Se encuentra en la salida 18 de la A-V o N-V en dirección a Villaviciosa de
Odón, encontrándose en la primera glorieta un cartel que indica Repsol, al
lado esta la entrada. En RENFE desde Móstoles el Soto, yendo por la
carretera de Villaviciosa, en unos 10 minutos a paso tranquilo se llega.
·       Bolivia tiene derecho. Repsol roba.
Concentración el domingo 14 de mayo a las 12:00 en la plaza General Vara del
Rey de Madrid.
·       No a la destrucción de Parque Nacional Yasuni de Ecuador. Por el
derecho del pueblo huaorani a impedir las acciones de Repsol en su
territorio.
Se presentará el informe realizado sobre las actividades de Repsol YPF en el
Parque Nacional Yasuni de Ecuador en el que habita el pueblo huaorani.
Acto público el martes 16 de mayo a las 20:00 en el Consejo de la Juventud
(c/ Montera 24 6º).

Convocantes:
ACSUR - Las Segovias, Ben Magec - Ecologistas en Acción de Canarias, Campaña
¿Quién debe a quién?, Casapueblos, CGT - Confederal, CGT - Madrid/Castilla
la Mancha, Comité de apoyo al MST, Comité de Solidaridad con los Pueblos
Indígenas de América Latina de Barcelona, Cristianos de Base, Derechos para
Tod@s, Ecologistas en Acción - Madrid, Ecologistas en Acción - Suroeste,
Ekologistak Martxan, Espacio Alternativo, Juventud Comunista de Madrid,
OCSI, Paz Ahora, Paz con Dignidad, Partido Comunista de Madrid, Plataforma
Bolivariana, Plataforma de Solidaridad con Bolivia, Plataforma de
Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala, Red de Apoyo Zapatista, RCADE -
Centro, RCADE - Moratalaz, RCADE - Retiro, Sodepaz, Xarxa del'Observatori
del Deute en la Globalització.

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