Andalucía Libre nº 198 - Nacional - Suecia - Victor Jara
miércoles, 24 de septiembre de 2003 20:05


Andalucía y el Debate de la Reforma Estatutaria.
Andalucía Libre

El debate sobre la Reforma estatutaria en Andalucía responde a tres
condicionantes: 1. El reflejo de la situación estatal, marcada por la situación
de Euskadi y el nuevo ciclo político en Cataluña y en la que Andalucía es usada
por el PSOE frente al PP y a PNV-CDC como peón y plataforma de actuación; 2. El
interés interno del PSOE por relegitimar su permanencia en el Gobierno andaluz,
tras más de veinte años de gestión ininterrumpida, utilizando la reforma
estatutaria como argumento electoral; 3. La ausencia de representación
parlamentaria nacionalista ni en Andalucía ni en Madrid (dado que la actuación y
objetivos políticos del regionalismo del PA-PSA, obviamente, no pueden
asimilarse en absoluto a los mínimos nacionalistas) y por tanto la inexistencia
institucional de una visión y proyecto nacional alternativo.

Ninguna fuerza parlamentaria plantea la demanda del reconocimiento de la
Soberanía Nacional de Andalucía, es decir, ninguna reclama el soporte y los
medios con los que afrontar eficazmente las necesidades andaluzas y disponer de
instrumentos para aplicar los derechos andaluces. Más aún, atendiendo y
ateniéndose a la letra discriminatoria del Estatuto andaluz vigente (que sólo
permite con su requerimiento de 1/3 la presentación de iniciativas de reforma a
PSOE o PP, en contraste con los 1/5 de los textos de Cataluña, CAV o Galicia),
el PSOE acompaña su discurso desde su mismo principio del llamamiento al
consenso con el ultraespañolista PP (que, de momento, viene a decir que no
considera justificado el mismo planteamiento del interés de la Reforma). El
PCE-IU, por su parte, para aparentar mayor radicalidad, rechaza ese
condicionante en Andalucía, considerando suficiente de partida un acuerdo
PSOE-PCE/IU-Regionalistas (que tampoco sumarían hoy por cierto, los 3/5 del
Parlamento andaluz -65 diputados- necesarios para aprobar en primera instancia
la reforma) pero dada su lealtad constitucional en objetivos y procedimientos,
con ello sólo dilata y desplaza el escenario del pacto con la derecha
españolista a las Cortes españolas de Madrid, donde nuevamente se requeriría la
aquiescencia del PP.

El contexto

El PP se ha posesionado del discurso constitucional español, compartido desde la
Transición por quienes pactaron la Reforma del Franquismo, aplicándose a
desarrollar y utilizar las potencialidades de control restrictivo del marco
político.

Fuerzas nacionalistas burguesas de países desarrollados como Euskadi o Cataluña
como PNV y CDC -con sus especificidades- son conscientes de los limites añadidos
que la incorporación a la Unión Europea ha sumado a los marcos vigentes y
aspiran a mayor autonomía y singularidad para gestionar sus intereses,
recuperando y potenciando la lectura inicial predominante de la Constitución
española de 1978, concretada ahora en formulas que se sitúan al amparo de lo que
ha venido en conocerse como federalismo asimétrico o asociación, es decir,
permanencia en España pero en condiciones de privilegio explicito y con mayor
margen de maniobra financiero e identitario, estable y regulado. Aspiran de
hecho, sino a la posibilidad de establecer políticas propias antitéticas a las
españolas, sí a disponer de espacios de decisión que vayan más allá de los
derivados de la gestión, que son los que actualmente predominan y resultan ya
insuficientes para responder a los retos del futuro. Aquí buscan un terreno de
encuentro posible con fuerzas españolistas como PSOE e IU, preocupadas por la
estabilidad estratégica del Estado, que a su vez pugnan por compatibilizar esa
convergencia con su imagen de fuerzas españolas. En ese terreno de la
asimetría/asociación se sitúan también BNG, ERC e ICV.

La mayor contundencia de la propuesta peneuvista en Euskadi se explica por el
interés del PNV de aprovecharse tanto de la persecución estatal que sufre la
izquierda abertzale como de su parálisis estratégica, para consolidar su
preponderancia y centralidad en Euskadi, a la vez que intenta blindarse frente a
la presión españolista. De ahí, su afirmación inicial, al plantearse hace un año
la Propuesta Ibarretxe, de que no sometería su proyecto de reforma estatutaria
-en caso de desacuerdo con Madrid- a los términos procedimentales vigentes,
introduciendo una consulta plebiscitaria propia para legitimarlo de darse un
desacuerdo con Madrid. Aunque paralelamente, en aplicación de la tradicional
ambivalencia peneuvista, reafirme su pretensión política de hacerlo compatible
con la actual Constitución española, tal y como ha escenificado al acudir el
mismo Lehendakari Ibarretxe a Madrid al acto oficial de conmemoración de su 25
aniversario. Este recurso político al aviso también es asumido en Cataluña por
ERC e ICV aunque a su forma: situar el referéndum una vez aprobado el texto
reformado por el propio parlamento y antes de debatirlo, enmendarlo y votarlo en
las Cortes españolas; con ello no hacen otra cosa, por otra parte, que recuperar
el mismo proceso que establecía en su día la muy centralista Constitución de la
II República española en 1931. Sólo el futuro aclarara si su compromiso al
respecto es sólido o meramente temporal y cosmético.



El PSOE, acogotado por el PP, pretende singularizarse y presentarse como una
fuerza españolista responsable pero autónoma. Asume una reforma constitucional
limitada que mejore el funcionamiento federal del Estado español, permitiéndole
así seguir gestionando su duplicidad de imagen en Cataluña tan necesaria para
mantener sus expectativas electorales. Usa su hegemonía en Andalucía sin
escrúpulo alguno como carta-comodín, abriendo el camino a reformas estatutarias
concretas interrelacionadas en las que negociar y plasmar en su caso esa
confluencia antes citada. En Euskadi, el PSOE -para decepción de los que
viniendo de un sector de la izquierda vasca ahora asumen el rol de consejeros
políticos del PNV(*)- como reflejo deformado de la mayor presencia cualitativa
del independentismo en ese país, se reafirma reactivamente en su españolismo
estatutario en una forma que, aunque pueda coincidir en la asunción y desarrollo
de un marco privilegiado de hecho, resulta manifiestamente insuficiente hoy para
satisfacer las exigencias mínimas de reconocimiento político que la correlación
política y social vascas imponen al PNV si quiere seguir liderando a su nación
(por meritos propios y demeritos ajenos).

El PCE-IU, por lo que le toca, ha rehecho recientemente por enésima vez su
discurso españolista y su propuesta de modelo territorial federal, expurgándolo
de cualquier referencia incluso formal al derecho a la soberanía nacional y la
autodeterminación, para asentar y facilitar su posterior escalada de recortes en
su búsqueda de encuentros y acuerdos con el PSOE.

En Cataluña, en plena campaña preelectoral, la sucesión de Pujol implica una
renovación de CDC que apuesta fuertemente por una reforma estatutaria, hasta el
punto de declarar que el acuerdo al respecto es precondición para sus pactos en
Madrid, sea con PP o con PSOE, incluyendo su participación en un Gobierno
español de coalición. Aparte el PP, que se sitúa en otra galaxia, el resto de
fuerzas parlamentarias catalanas (PSOE, ERC e ICV), aunque marquen hoy por
necesidades electorales sus perfiles específicos, conviene recordar que no
tuvieron problema en establecer en común sus análisis y objetivos en relación al
autogobierno catalán en un documento de noviembre de 2001; texto a recordar y
comparar con la propuesta de CDC para prever el curso posible de acontecimientos
futuros (más aún cuando el del PSOE catalán ya integra la aspiración también de
beneficiarse en términos genéricos de un sistema de financiación concertado
similar al que ya disfrutan en la CAV y en Navarra).

Andalucía patética.

El debate institucional andaluz sobre la Reforma estatutaria es tan
políticamente patético como intelectualmente paupérrimas son las propuestas que
se presentan, a tono con la casposa cotidianidad política de nuestro país.

El PSOE hace día tras día reafirmaciones de españolidad y fidelidad
constitucional, manteniéndose en la indefinición y centrándose en hacer
propaganda de su "Andalucía imparable", que se encarna en su retórica acerca de
la Segunda Modernización; con recuperaciones puntuales del siempre
demagogicamente util aunque paralizante "agravio comparativo".

Los andalucistas oficiales (PA), aparte de reproducir lo del agravio, no son
capaces de rellenar más allá de un par de folios al respecto de esta cuestión
con generalidades insulsas, sin siquiera plantear un mínimo catalogo de
ampliación competencial articulado; luciendose además con la inclusión de
algunas propuestas peregrinas como igualar en representación a todas las
provincias al margen de su población; lo que para un demócrata y además
pretendidamente nacionalista es un ejercicio de supina incoherencia. Pareciera
como si instalados en la pomada, supieran del paripé y por ello limitaran sus
máximas ambiciones a reclamar que se cumpla el mísero estatuto vigente, mientras
se dedican y disponen a continuar administrándolo en coalición con el PSOE (si
los votos le dan para ello).

Los andalucistas escindidos (PSA) ni siquiera eso. Absortos en la búsqueda de
acuerdos pre o postelectorales con Pimentel (el exPP), el mismo PP o quien se
ponga a tiro, pasan de la cuestión.

El PCE-IU, por su lado, se ha descolgado con la presentación de un documento que
firma Antonio Romero, que se inicia exoticamente rechazando la propuesta
Ibarretxe (será para que nadie le confunda con Madrazo, por si aún hubiera
alguno); sigue introduciendo la demanda -obviamente destinada a decaer, pero
tambien claramente encaminada a continuar intoxicando ideologicamente a su
parroquia- de que se reivindique en el reformado Estatuto andaluz a la II
República española (¿quizá también a la de la masacre de Casas Viejas, la que no
hizo la Reforma Agraria o a la que impidió a Andalucía siquiera el acceso a su
autonomía entonces?); continua, sustituyendo osadamente la afirmación actual de
"la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible", que
el PSOE introdujo en el Art. 1 del Estatuto, por la consideración del "Estado
federal como patria común indivisible de todos los españoles", en un ejercicio
de españoleo puesto al día; prosigue birlando el derecho de Andalucía a la
soberanía nacional y la autodeterminación, sustituido por el tranquilizador e
inoperante de acceder al autogobierno y llega hasta a definir a Andalucía como
"nacionalidad en construcción" (o en obras, podían haber dicho también, ya
puestos). En el resto, una sucesión de vaguedades inconsistentes, que mantiene
además exactamente la misma dotación competencial que el Estatuto vigente (¡vaya
ejemplo de Reforma sin reformas!) y que cuando concreta en algo nuevo, como en
la financiación, se remite a la mera copia textual de párrafos recogidos en el
documento del PSOE catalán de Maragall; quizá para prevenirse de criticas desde
el PSOE de Chaves y facilitar el acuerdo.

En resumen, Andalucía sigue impotente, ausente de hecho, sin representación
propia y sin perspectivas de que pueda poner sobre la mesa a corto plazo su peso
objetivo para cristalizar un proyecto nacional propio con sus específicas
reivindicaciones; que, a partir de la Soberanía, le confiera dignidad nacional,
sirva para salir de la dependencia de Madrid y de Bruselas y permita que a la
retórica le acompañen los poderes necesarios para satisfacer las demandas
sociales andaluzas a una mayor igualdad y justicia.

(*) Ver, José Ramón Castaños, El Nacionalismo español y la Soberanía vasca,
Revista Desde los Cuatro Puntos, nº 43, México, Febrero 2003

Documentos

Direcciones útiles del Boletín ANDALUCÍA LIBRE:
* Alta: andalucialibre-alta@...
* Baja: andalucialibre-baja@...
* Sitio: http://www.eListas.net/lista/andalucialibre
* Correo: http://www.elistas.net/lista/andalucialibre/contacta.html
* Archivo de Boletines: http://www.eListas.net/lista/andalucialibre/archivo
* Archivo de Documentos: http://www.elistas.net/lista/andalucialibre/ficheros/


[Se han eliminado los trozos de este mensaje que no contenían texto]