Extraído de
ANDALUCÍA LIBRE nº 115
- Subsidio Agrario - Foro Social - Euskadi - Córcega
Distribuido: Miércoles, 1 de Mayo de 2002, 6:40 AM (Hora de Andalucía)
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Opinión

Ataque al Subsidio Agrario y al PER
Andalucía, ¿fin de etapa?
El Gobierno español del PP prepara una brutal agresión a los derechos
laborales en todo el Estado español.* Cuenta para ejecutarla con su mayoría
absoluta en el Parlamento español y con los efectos desmoralizadores previos de
la política colaboracionista llevada a cabo por las burocracias sindicales
españolistas. El proyecto gubernamental implica una vuelta de tuerca cruel en el
recorte de las prestaciones por Desempleo y en el mayor abaratamiento del
despido. Siguiendo la senda abierta en su día por los gobiernos del PSOE, Aznar
pretende dar ahora otro salto cualitativo en la desprotección social, la
desregulación, la precariedad y en resumen, en el debilitamiento de la capacidad
de resistencia de la clase obrera. Las mismas burocracias sindicales de CCOO y
UGT que le han facilitado la tarea hasta la fecha -como antes hicieron con el
PSOE y aún antes con la UCD- se manifiestan entre defraudadas y espantadas por
el alcance y la entidad del ataque. Se rumorea como posible la convocatoria de
una Huelga General para el próximo 20 de Junio.

En ese contexto estatal general, el Gobierno español del PP introduce una
serie de medidas específicas dirigidas a Andalucía, que suponen de hecho una
sentencia de muerte para el Subsidio Agrario y el PER. Esta iniciativa implica
una voluntad explicita del Gobierno español de acabar con lo que ha sido el eje
vertebrador del modelo social en que se ha desenvuelto Andalucía los últimos
veinte años. No es de extrañar el revuelo y oposición levantadas por su anuncio.
En el mismo momento en que el PSOE -en el Gobierno andaluz ininterrumpidamente
durante todo este periodo- desarrollaba una nueva ofensiva de mixtificación
propagandística bajo el lema de la "Segunda Modernización" -vendiendo una
Andalucía pretendidamente preparada a la manera neoliberal para los nuevos retos
del siglo XXI- la decisión del Gobierno español del PP le desmonta objetivamente
ese tinglado, "sacando el esqueleto del armario". El ataque al Subsidio-PER
retorna a primera línea de la actualidad una institución que -sumada a las
cifras económicas reales, sistemáticamente deformadas u ocultadas por la Junta-
muestra fehacientemente como el PSOE sólo se ha limitado a administrar la
dependencia y el subdesarrollo andaluz sin alterar sus bases. Aún siendo
evidente este inmediato efecto político partidario, no es fácil, no obstante,
establecer con exactitud porqué precisamente ahora el PP ataca una situación que
le ha sido tan extremadamente rentable, funcional y beneficiosa -desde el punto
de vista político, económico y social- a las burguesías andaluza y española en
estas dos decadas. ¿Doctrinarismo neoliberal?. ¿Conciencia del grado de escisión
entre la Andalucía urbana y la rural?. ¿Búsqueda de satisfacción a su clientela
social más directa?... Para entender el porqué de estos interrogantes, conviene
repasar lo que ha significado este modelo para Andalucía.

La génesis del Modelo PER-Subsidio.

La formación de este modelo fue a la vez consecuencia de una traición y
compensación por ella. En los principios de la Reforma del franquismo y la
Transición (1974-1978), la reivindicación de la Reforma Agraria -entendida, en
primer lugar, como expropiación de los latifundios- estaba de plena actualidad
en Andalucía como exigencia nacional y especialmente como demanda social en el
medio rural andaluz. Era la vía sentida como natural y legitima para resolver
las carencias seculares andaluzas, asegurando trabajo decente y regular a las
masas de jornaleros desempleados y la palanca para sostener otro modelo de
desarrollo para Andalucía. Sin embargo, resolver este agravio histórico
-atacando a la propiedad privada de la tierra- no era compatible con el proyecto
de Transición política estatal pactado entre las jerarquías del Régimen
franquista y las direcciones de la izquierda reformista española. La "nueva
democracia española" -según habían diseñado- no podía integrar ni la Reforma
Agraria ni la autodeterminación de las nacionalidades. La tarea de reconducir
esta situación fue asumida en Andalucía por la sucursal andaluza del PCE,
entonces ampliamente implantado y hegemónico entre la izquierda. Directamente y
a través de su control sobre CCOO, el PCE reorientó y desvió las luchas
jornaleras andaluzas en todo lo que le fue posible, abandonando exigencias
calificadas como utópicas o desestabilizadoras y optando por reivindicaciones
razonables, que fueran soportables por el Régimen al tiempo que paliaran las
condiciones de necesidad en el campo andaluz. De ahí nacieron las protestas en
demanda de Fondos de Empleo Comunitario, es decir, fondos que arbitrariamente
distribuían los gobernadores civiles entre los pueblos para dar trabajo haciendo
faenas y que repartidos pueblo a pueblo, permitían subsistir a los jornaleros en
paro. Otras fuerzas, como el SOC, que intentaron mantener viva la reclamación de
Reforma Agraria con luchas radicales u ocupaciones de fincas, fueron superadas
finalmente por la alianza entre el Gobierno español y el PCE (a la que muy
pronto se sumaría el PSOE, anteriormente inexistente). Precisamente iba a ser el
PSOE el beneficiario político esencial de este "trabajo sucio" realizado por el
PCE (en el que, por cierto, participaron directamente algunos de los que todavía
hoy dirigen su sucursal andaluza).

A la altura de 1980, la Reforma Agraria aún estaba lo suficientemente vigente
como para ser incluida en el catalogo retórico de objetivos a cumplir, recogidos
en el texto estatutario andaluz; aún a sabiendas de que la proyectada autonomía
constitucional no dispondría de competencias políticas para ejecutarla. Fernando
Soto -entonces secretario general de la sucursal andaluza del PCE y diputado a
Cortes- tuvo entonces el cinismo de explicar expresamente que lo de menos era su
viabilidad política y que lo importante era que figurara como referencia, para
poder así justificar ante los trabajadores rurales en las plazas de los pueblos
el apoyo al texto estatutario consensuado con la derecha que estafaba las
aspiraciones nacionales de soberanía del pueblo andaluz.

Todavía en 1982, el primer Gobierno PSOE en Andalucía, aprobaba una llamada
Ley de Reforma Agraria Andaluza. Esa Ley se reducía a una propuesta de fomento
de la productividad, acompañada por mecanismos de arrendamiento temporal del uso
de la tierra. Se atenía escrupulosamente a los limites establecidos por UCD en
su Ley española de Fincas Manifiestamente Mejorables. Además aparecía
encorsetada por la legalidad constitucional y estatutaria que prohíbe al
Gobierno andaluz la posibilidad de imponer una legislación de expropiación
propia, quedando esta competencia en manos del Gobierno español. En resumen, una
ley que se limitaba a compilar y agrupar disposiciones precedentes de leyes
estatales orientadas a favorecer la productividad agraria, sin afectar a la
estructura de la propiedad de la tierra. Aún así, la decisión del Presidente
Escuredo de impulsar esta Ley condujo a su sustitución por el PSOE. La Ley fue
olvidada.

La columna vertebral de la política del PSOE para el campo andaluz va a ser la
sustitución del sistema del Empleo Comunitario por el del Subsidio Rural. Este
ultimo se concede individualmente, teniendo en cuenta el numero de peonadas
firmadas por los patrones. Ata pues a los jornaleros a la benevolencia de cada
patrón, presionando a la baja los convenios, que se tienden a incumplir. Al ser
más vital la firma que el jornal, el trabajo se convierte en instrumento para
recibir el subsidio, con lo que prácticamente desaparecen las luchas en las
temporadas tradicionales, disminuyendo sustancialmente la conflictividad.
Además, la extendida necesidad de completar las firmas con peonadas de los
ayuntamientos, revierte en extensión clientelar del PSOE que es quien distribuye
las partidas que hacen posible esas peonadas. Si con el Comunitario era usual la
lucha colectiva para conseguir un mejor reparto de fondos entre los diversos
pueblos ahora esto acaba, desintegrándose y cambiando de naturaleza la
organización sindical y promoviéndose el sometimiento a la fuerza que controla
las instituciones de forma hegemónica: el PSOE. No hay que olvidar, sin embargo,
que el Comunitario preestablece las condiciones sociales sobre las que se
instala el Subsidio: clientelismo local, desvío de la lucha del enfrentamiento
con los patrones y por la Tierra a la demanda de remesas de fondos, etc.

El sistema -dentro de una extrema heterogeneidad de situaciones locales y
comarcales- permite acceder a un cierto ingreso regular -por mísero que sea- a
miles de personas que antes carecían de él. Impone la paz social, mantiene bajos
los salarios a la vez que fija población en el medio rural; supone de hecho el
archivo de la exigencia de Reforma Agraria y permite la reconversión del campo
andaluz cara a la entrada del Estado español en la Unión Europea. El coste
económico de esta operación es ridículo; no sólo si se valoran sus resultados
cualitativamente -el control social de un país de ocho millones de habitantes
por el valor anual de unos cuantos aviones- sino incluso si cuantitativamente se
compara con las inversiones estatales en otras reconversiones, como la minera o
la industrial, que se afrontan en otras naciones del Estado.

La situación.

Veinte años es mucho tiempo. Una generación de andaluces del campo ha crecido
bajo el sistema del Subsidio-PER.

Durante estos años la agricultura andaluza desarrolló su productividad. Así
ocurrió de forma notable en los cultivos tradicionales y de manera espectacular
en las nuevas ramas de agricultura intensiva o de invernadero. Sin soberanía
política ni voz propia, Andalucía estuvo ausente en las negociaciones de entrada
del Estado español en la Unión Europea y sus intereses nacionales fueron
sacrificados por el Gobierno español para hacer posible el ingreso. Si cuando se
constituyó el Mercado común, la RFA compensó a Francia con la política agraria
común, nada parecido obtuvo Andalucía. Aparte de las medidas preventivas
provisionales -plazos o contingentes- Andalucía no consiguió siquiera, en
compensación a la entrega de su mercado o al desmantelamiento o penetración de
su débil industria a los capitales foráneos, una protección eficaz o estable de
su agricultura. Así pues, de una parte, la competitividad de sus ramas agrarias
más dinámicas se sustentó en ultima instancia en el mantenimiento de la
sobreexplotación y en los bajos salarios, según parámetros europeos; de otra,
los latifundistas se beneficiaron especialmente de las subvenciones europeas. El
subsidio agrario contribuyó decisivamente a hacer posible la acumulación que
permitió, por ejemplo, el llamado "milagro almeriense" o la implantación de la
fresa en Huelva. Cuando no ocurría que no existía convenio del campo, se
mantenían los sueldos prácticamente congelados y además con una extendida
practica de incumplimientos. Primaba la búsqueda de las firmas para acceder al
Subsidio. Además, la diversa realidad de las diferentes comarcas -cultivos,
presencia de pequeños propietarios, etc- introducía una extrema heterogeneidad.

El censo de trabajadores subsidiados fue engrosándose paulatinanemente con la
incorporación de las mujeres trabajadoras pero también de todos aquellos que en
el medio rural tenían acceso a las firmas necesarias para convertirse en
perceptores. Así se convirtió en normal en algunos pueblos la situación de hijos
de farmacéuticos, comerciantes o de pequeños campesinos convertidos en
subsidiados y extendida la practica fraudulenta de la compra de peonadas no
trabajadas.

Si ya previamente Andalucía se caracterizaba por sufrir una tónica
generalizada de condiciones despóticas e irregulares de trabajo, la existencia
del Subsidio vino en consolidar el predominio de la economía sumergida. Se
extendió la practica del trabajo sin declarar en otras ramas -compatibilizado
con el cobro del subsidio agrario- sin cotizar a la Seguridad Social, por
supuesto, en el que el patrón pagaba por debajo de convenio aduciendo que el
sueldo del trabajador era el resultado de sumar a lo que este cobraba en la
empresa lo que percibía como subsidio. Conseguir un empleo "con alta en
Seguridad Social" se convirtió durante años en muchos pueblos en algo llamativo,
meritorio, excepcional.

De otra parte, los fondos del PER -gestionados con muy diverso grado de
honestidad y provecho público según los pueblos- fueron sirviendo para mejorar
-también en condiciones muy variadas- las infraestructuras del medio rural
andaluz, hasta entonces absolutamente abandonado y en condiciones semiafricanas,
al tiempo que ayudaban a completar el cupo requerido de peonadas.

Estas tres fuentes de fraude -incorporaciones incorrectas, trabajo negro,
corrupción en la gestión del PER- con una entidad muy diversa, eran efectos
previstos del sistema y funcionales a sus objetivos y a su mantenimiento. A su
través, económicamente se expandía el ingreso de rentas y se traspasaban
recursos a las empresas, por mucho que consolidando la desigualdad. Además,
social e ideológicamente se extendía el individualismo, la precariedad, la
inseguridad, el conservadurismo...

Jornaleros andaluces siguieron desplazándose dentro y fuera de Andalucía
(hasta hoy día, miles de andaluces siguen acudiendo a trabajar a la vendimia
francesa, a la fruta en Cataluña, al espárrago en Navarra...) buscando en unos
casos sólo completar las peonadas y en otras los salarios menos abusivos o
complementando al campo con la hosteleria de temporada o la construcción. Las
campañas de recolección se fueron comprimiendo, planificadas para requerir más
mano de obra en menos tiempo.

De forma natural se produjo un proceso de decantación y selección. Allí donde
los salarios eran aún más míseros, el ritmo de trabajo más esclavista y las
condiciones de vida más infrahumanas, comenzaron a aparecer inmigrantes
magrebies y africanos, dispuestos a asumir lo que ya no estaban dispuestos a
hacer los propios andaluces. Esta situación degradante e indignante nacía de la
necesidad de mantener competitivas en el exterior unas determinadas
producciones, según las condiciones económicas previamente establecidas por la
Unión Europea. Se dio así la paradoja de que comenzara a producirse inmigración
a un país que no la necesitaba económicamente en absoluto en términos objetivos
y que seguía situado a la cabeza de Europa en desempleo y trabajo precario e
irregular.

Dos décadas de subsidio habían mejorado las condiciones de vida en los pueblos
pero a costa de establecer un modelo caótico, lleno de desigualdades,
irregularidades y complicidades. Eso si, la reivindicación de Reforma Agraria se
había convertido socialmente en un recuerdo histórico.

El ataque del PP

El proyecto del PP pretende echarle el candado al subsidio agrario hasta
eliminarlo. Quiere forzar a los desplazamientos de temporada y eliminar la
costumbre de abandonarlas cuando se han completado las peonadas y las
condiciones son insatisfactorias. Legaliza además una versión del trabajo negro,
haciendo compatible salario y subsidio en condiciones favorables para el patron.
En general, pretende eliminar la protección -aún perversa, deformada y parcial-
que ha significado el Subsidio para entregar sin red a la clase trabajadora del
campo al albur de las fuerzas del mercado.

Es de suponer que el Gobierno español piensa en una situación futura en la que
masas de desempleados del campo se desplacen por Andalucía, peleándose por
acceder a un jornal haciendo innecesarios a los inmigrantes en las temporadas de
recolección y paralelamente acudiendo también a la costa y a las ciudades de
Andalucía en busca de empleos inexistentes. Las consecuencias políticas y
sociales de un escenario así en el campo son difícilmente previsibles. Es verdad
que al aplicarse a generaciones con, en general, escasa experiencia y
organización sindical (y no digamos política); educados y crecidos en el malsano
ambiente individualista producido por el modelo del Subsidio, puede -según es
previsiblemente la intención del Gobierno español- llevar a una mayor presión a
la baja del mercado de trabajo. Pero también es posible que entre sus efectos
cercanos -no previstos por el Gobierno- esté un incremento de las luchas en la
negociación colectiva en el campo, exigiendo en lugar de las habituales subidas
ridículas, incrementos que ayuden a compensar la estacionalidad y temporalidad
(que deberían comenzar por doblar los jornales) lo que no dejaría de crear
graves problemas en el campo, planteando de rebote el status de Andalucía en la
Unión Europea y favoreciendo a medio plazo otro nivel de politización de su
situación en búsqueda de alternativas. Al Gobierno español puede que no le
importe promover la emigración y el despoblamiento del medio rural andaluz pero
es difícil prever qué consecuencias políticas y sociales acarrearía este
desplazamiento de población.

Es obvio que el PP ataca al Subsidio Agrario sabiendo de su descrédito,
incluso en los medios urbanos andaluces. Afortunadamente, este acoso forma parte
de una agresión general que facilita la solidaridad entre medios trabajadores
urbanos y rurales.

De otra parte, no deja de resultar un elemento simbólico que sintetiza el
alcance de la estafa autonómica -por mucho que se reclamen aún todas las fuerzas
parlamentarias "de los medios constitucionales y estatutarios"- esta
circunstancia, en la que un elemento estratégico central de la situación de
Andalucía se evidencia que sigue dependiendo totalmente del capricho e intereses
del Gobierno español.

Las alternativas

Es lógico que el PSOE ante el ataque del PP reivindique sustancialmente su
modelo. No es de extrañar tampoco que en el campo, el miedo ante el futuro haga
ahora cerrar filar en defensa de lo existente, por insatisfactorio que resulte,
sobre todo teniendo en cuenta la carencia de alternativas expresas. Menos aún
resulta comprobar como se suben al carro del PSOE, el PCE-IU, PA, PSA y
CCOO-UGT, limitándose a reproducir su mismo discurso con algunas variaciones.

Sin embargo, que sea necesario combatir el proyecto regresivo del PP no debe
conllevar simultáneamente embellecer o compartir un modelo nefasto y socialmente
conservador y dependiente como ha sido el del Subsidio. Ambas propuestas -la del
PSOE y la del PP- no son más que dos lecturas sucesivas del mismo modelo
neo-liberal de Andalucía subordinada y dependiente.

Ciertamente, elaborar y plantear una alternativa general que sea de izquierda
y nacional, coherente y global, tiene la notoria dificultad de implicar plantear
transformaciones sociales y políticas de entidad que no aparecen como fácilmente
viables, dada la correlación de fuerzas. Precisamente por ser tan
estratégicamente central, el problema suscitado afecta a múltiples ámbitos y
cuestiona directamente el papel adjudicado a Andalucía en el Estado español y en
la Unión Europea.

De entrada, cabría empezar planteando la exigencia de que la Junta de
Andalucía asumiera en un acto de soberanía, las competencias sobre el Subsidio
Agrario y el PER, adelantando su disposición a mantenerlo (y a modificarlo)
fuera la que fuere la decisión del Gobierno español, respondiendo al
pronunciamiento favorable al Subsidio-PER ya expreso de la mayoría absoluta de
los representantes electos del pueblo andaluz. A esta asunción de competencias
habrían de seguirle las relativas a la renta básica, desempleo y en general al
derecho laboral. Y a continuación un replanteamiento de la cuestión de la
Reforma Agraria y una renegociación especifica de las condiciones de adhesión de
Andalucía a la Unión Europea, acompañadas del planteamiento de un nuevo modelo
de financiaciones que permitiera afrontar un Plan de Desarrollo para Andalucía.

El mero esbozo inicial que hemos apuntado ya evidencia sus dificultades no
sólo formales sino políticas y muestra la necesidad de un esfuerzo urgente de
debate, reflexión y elaboración política colectivas para levantar un Programa
nacional alternativo. Tan cierto es el desafío que encierra como la convicción
de que la izquierda nacionalista no puede limitarse aquí y ahora a hacer
seguidismo no sólo político sino también programático del PSOE en su
confrontación con el PP.

*Para una información y análisis detallado cuantitativo y cualitativo
del Proyecto gubernamental y de su génesis, véanse los documentos del Sector
Critico de CCOO y de CGT.
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El PP pone a prueba la supervivencia del PER
El Gobierno retoma su intención de modificar el subsidio agrario creado en 1984

ALEJANDRO BOLAÑOS, EL PAIS - Andalucía
17 Abril 2002 | Sevilla
El Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario forman desde hace más de 18 años
una pareja esencial en la política de ayudas públicas a los trabajadores del
campo en Andalucía y Extremadura, comunidades donde el sector agrario concentra
aún casi a la mitad de los parados en ambas regiones. Una pareja que también ha
sobrevivido en las dos últimas décadas a encarnizadas polémicas políticas y
sociales cada vez que se ha intentado algún cambio en su diseño. Así que cuando
el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, deslizó la semana pasada el
anuncio de una próxima reforma, sin dar más detalles, PSOE, Izquierda Unida y
los sindicatos no dudaron en tocar a rebato.

La historia del PER y el subsidio agrario puede contarse a partir de sus
numerosos intentos de reforma, aunque su diseño apenas ha cambiado desde que se
estrenaron en 1984. Entonces, con los socialistas recién aupados al poder, el
Gobierno central y los sindicatos acordaron un sistema por el que los jornaleros
parados, si acreditaban un mínimo de peonadas (60 en el primer decreto), podían
cobrar como subsidio agrario un 75% del salario mínimo durante seis meses. A
este subsidio, un remedo de las prestaciones por desempleo que cobran el resto
de trabajadores, se le añadió un plan de subvenciones a los Ayuntamientos, el
PER, para obras de infraestructura con contratación preferente de jornaleros,
que así podían completar las peonadas necesarias.

A partir de entonces, el frente del PER estuvo permanentemente abierto. La
sequía y la falta de trabajo a final de los ochenta y principio de los noventa
llevó a los sindicatos a movilizarse en muchas ocasiones para exigir la
reducción de las peonadas mínimas y más inversiones para obras. Por otro flanco,
el PP reclamó su eliminación, apoyado en el creciente fraude por la firma de
peonadas falsas. Los populares hicieron del 'voto cautivo de los jornaleros' uno
de sus lemas en su oposición al PSOE.

Mejora en los pueblos

El rifirrafe político y los numerosos casos de fraude en los primeros años
dieron una mala fama al PER que ha ensombrecido sus logros: casi nadie discute
ya que ha permitido una mejora en las infraestructuras de los pueblos, algo que
las maltrechas haciendas municipales no se hubiesen podido permitir, y ha
elevado las condiciones de vida de los jornaleros, unas 400.000 personas en
Andalucía, al garantizarles una renta cada año. Sus defensores recuerdan además
que esto se ha logrado con un gasto limitado (al INEM le cuesta más un parado
del régimen general), y que los controles han limitado los fraudes (también
menos importantes que en otros sistemas de prestación).

Pero la primera prueba de fuego del sistema llegó cuando el PP alcanzó el poder
en Madrid. Hasta entonces, las reformas del PER se habían limitado a una
reducción de peonadas y a ampliar el subsidio para los mayores de 52 años. Pero
la temida desaparición del PER, quedó en una nueva pequeña reforma. Uno de sus
principales detractores, Javier Arenas, firmó como ministro de Trabajo el
acuerdo en marzo de 1996 y comenzó así una fructífera política de concertación
con los agentes sociales, uno de los principales logros de la primera
legislatura popular.

La reforma de 1996, además de un desafortunado cambio de nombre (pasó de PER a
Aepsa, aunque casi nadie lo utiliza), supuso la reducción a 35 de las peonadas
para cobrar el subsidio, aumentó las subvenciones a los Ayuntamientos para obras
de infraestructura y reservó una parte a proyectos para generar empleos estables
en el ámbito rural. Y sobre todo, abrió una puerta a una reivindicación
sindical: la posibilidad de implantar el sistema de prestaciones de desempleo
ordinario para los eventuales agrarios, tanto para los que no tenían derecho al
subsidio (los jornaleros de fuera de Andalucía y Extremadura y los de estas
regiones que tenían demasiada renta para cobrarlo) como, optativamente, los que
disfrutaban del subsidio.

Reforma aplazada

En 1998, Arenas inició los contactos con sindicatos y empresarios para aplicar
el sistema contributivo a los jornaleros, un diálogo que provocó la oposición
inicial de la Junta y el PSOE, recelosos de las intenciones de los populares.
UGT y CC OO discutieron con Trabajo la posibilidad de compatibilizar el PER con
el sistema contributivo de la Seguridad Social para los otros 300.000 jornaleros
carentes de ayudas estatales. El Ministerio evaluó el coste de la reforma en
unos 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas) y reclamó limitar el
acceso al subsidio agrario a los menores de 25 años y mayores de 45 años para
mitigar el gasto. Para el sistema de cotización, se estudió aplicar un 1,33% por
cada peonada trabajada. Pero un año después, el sucesor de Arenas, Manuel
Pimentel, aplazó indefinidamente la reforma.

Ahora el sucesor de Pimentel, Juan Carlos Aparicio, parece haber tomado el
testigo, justo cuando encara el tramo decisivo del traspaso a Andalucía de las
políticas activas de empleo, en el que la Junta exige la cogestión del PER. En
estos días, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que
la afluencia de inmigrantes revela que en el campo hay trabajo (sin hacer
mención a las pésimas condiciones que soportan) y que los subsidios especiales
no hacen falta. Aparicio enseñará hoy sus cartas a sindicatos y patronal. Vista
la historia, habrá que esperar a ver si las juega hasta el final.

Las palabras del conflicto que viene

La reforma anunciada por el Gobierno central ha devuelto el protagonismo a una
serie de términos que serán muy habituales en las declaraciones políticas de los
próximos meses.

-Subsidio agrario: Prestación que reciben jornaleros andaluces (200.000 en
2001) y extremeños (30.000) en paro que acrediten 35 peonadas durante el año
anterior. El subsidio es un 75% del salario mínimo (330 euros al mes, 55.000
pesetas, a los que hay que descontarle el pago mensual del Sello de la Seguridad
social (más de diez mil pesetas) y se puede cobrar durante un máximo de seis
meses. El año pasado, el INEM se gastó unos 840 millones de euros (140.000
millones de pesetas) para hacer frente a estas prestaciones.

-PER: siglas del Plan de Empleo Rural, que recoge un conjunto de subvenciones
del Gobierno central a Ayuntamientos y, en menor medida, Diputaciones y Junta
para realizar obras públicas en las que se reservan la mayor parte de los
contratos a los jornaleros. Está dotado con unos 120 millones de euros anuales
(20.000 millones), a los que hay que añadir otros 50 que aporta la Junta y las
Diputaciones para pagar los materiales empleados en las obras.

-Peonadas: las jornadas de trabajo de los jornaleros. Para acceder al subsidio
agrario, éstos tienen que acreditar que han echado 35 peonadas en el campo,
aunque pueden incluir las trabajadas en obras del PER. Las peonadas del PER
están mucho mejor pagadas (el jornal en el campo rara vez llega a los 30 euros
diarios) pero muchos jornaleros deben esperar turno hasta dos y tres años para
ser contratado en una obra un máximo de 20 días.

-Aepsa: siglas del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios,
nombre con el que el PP, ya en el Gobierno central, bautizó su primera reforma
del PER y el subsidio agrario, en 1996. La modificación respecto al plan de los
socialistas fue muy ligera y el nombre no ha hecho fortuna en estos años.

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En Andalucía, un total de 195.470 trabajadores eventuales agrarios se
encuentran subsidiados.
- Sevilla, 49.778,
- Córdoba, 34.155,
- Granada, 25.285,
- Jaén, 23.527,
- Málaga, 19.680,
- Cádiz, 17.475,
- Huelva, 17.066,
- Almería, 8.504,
Datos del Instituto de Estadística de Andalucía(IEA)
http://www.iea.junta-andalucia.es/.

Enlaces:
*Sindicato de Obreros del Campo, Sitio Nacional:
http://soc-andalucia.com/

*Sindicato de Obreros del Campo, Sitio de la Unión Local de Espera
http://www.terra.es/personal6/socandalucia/

Tambien ese mismo numero sobre este tema:

* El SOC analiza la Reforma y se convocan movilizaciones por SOC, USTEA, SUAT y
CGT
* El Parlamento andaluz pide a la Junta que impida la supresión del PER
* PSOE, IU, PA se comprometen con CCOO-UGT

Más información reciente en ANDALUCIA LIBRE, 118

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