Opinión -
Ataque al Subsidio Agrario y al PER
Andalucía, ¿fin de etapa?
Boletin Andalucia Libre nº 115 - Subsidio Agrario - Foro Social - Euskadi -
Córcega
miércoles, 01 de mayo de 2002 5:40

El Gobierno español del PP prepara una brutal agresión a los derechos
laborales en todo el Estado español.* Cuenta para ejecutarla con su mayoría
absoluta en el Parlamento español y con los efectos desmoralizadores previos de
la política colaboracionista llevada a cabo por las burocracias sindicales
españolistas. El proyecto gubernamental implica una vuelta de tuerca cruel en el
recorte de las prestaciones por Desempleo y en el mayor abaratamiento del
despido. Siguiendo la senda abierta en su día por los gobiernos del PSOE, Aznar
pretende dar ahora otro salto cualitativo en la desprotección social, la
desregulación, la precariedad y en resumen, en el debilitamiento de la capacidad
de resistencia de la clase obrera. Las mismas burocracias sindicales de CCOO y
UGT que le han facilitado la tarea hasta la fecha -como antes hicieron con el
PSOE y aún antes con la UCD- se manifiestan entre defraudadas y espantadas por
el alcance y la entidad del ataque. Se rumorea como posible la convocatoria de
una Huelga General para el próximo 20 de Junio.

En ese contexto estatal general, el Gobierno español del PP introduce una
serie de medidas específicas dirigidas a Andalucía, que suponen de hecho una
sentencia de muerte para el Subsidio Agrario y el PER. Esta iniciativa implica
una voluntad explicita del Gobierno español de acabar con lo que ha sido el eje
vertebrador del modelo social en que se ha desenvuelto Andalucía los últimos
veinte años. No es de extrañar el revuelo y oposición levantadas por su anuncio.
En el mismo momento en que el PSOE -en el Gobierno andaluz ininterrumpidamente
durante todo este periodo- desarrollaba una nueva ofensiva de mixtificación
propagandística bajo el lema de la Segunda Modernización -vendiendo una
Andalucía pretendidamente preparada a la manera neoliberal para los nuevos retos
del siglo XXI- la decisión del Gobierno español del PP le desmonta objetivamente
ese tinglado, "sacando el esqueleto del armario". El ataque al Subsidio-PER
retorna a primera línea de la actualidad una institución que -sumada a las
cifras económicas reales, sistemáticamente deformadas u ocultadas por la Junta-
muestra fehacientemente como el PSOE sólo se ha limitado a administrar la
dependencia y el subdesarrollo andaluz sin alterar sus bases. Aún siendo
evidente este inmediato efecto político partidario, no es fácil, no obstante,
establecer con exactitud porqué precisamente ahora el PP ataca una situación que
le ha sido tan extremadamente rentable, funcional y beneficiosa -desde el punto
de vista político, económico y social- a las burguesías andaluza y española en
estas dos decadas. ¿Doctrinarismo neoliberal?. ¿Conciencia del grado de escisión
entre la Andalucía urbana y la rural?. ¿Búsqueda de satisfacción a su clientela
social más directa?... Para entender el porqué de estos interrogantes, conviene
repasar lo que ha significado este modelo para Andalucía.

La génesis del Modelo PER-Subsidio.

La formación de este modelo fue a la vez consecuencia de una traición y
compensación por ella. En los principios de la Reforma del franquismo y la
Transición (1974-1978), la reivindicación de la Reforma Agraria -entendida, en
primer lugar, como expropiación de los latifundios- estaba de plena actualidad
en Andalucía como exigencia nacional y especialmente como demanda social en el
medio rural andaluz. Era la vía sentida como natural y legitima para resolver
las carencias seculares andaluzas, asegurando trabajo decente y regular a las
masas de jornaleros desempleados y la palanca para sostener otro modelo de
desarrollo para Andalucía. Sin embargo, resolver este agravio histórico
-atacando a la propiedad privada de la tierra- no era compatible con el proyecto
de Transición política estatal pactado entre las jerarquías del Régimen
franquista y las direcciones de la izquierda reformista española. La "nueva
democracia española" -según habían diseñado- no podía integrar ni la Reforma
Agraria ni la autodeterminación de las nacionalidades. La tarea de reconducir
esta situación fue asumida en Andalucía por la sucursal andaluza del PCE,
entonces ampliamente implantado y hegemónico entre la izquierda. Directamente y
a través de su control sobre CCOO, el PCE reorientó y desvió las luchas
jornaleras andaluzas en todo lo que le fue posible, abandonando exigencias
calificadas como "utópicas" o "desestabilizadoras", optando por
"reivindicaciones razonables", que fueran soportables por el Régimen al tiempo
que paliaran las condiciones de necesidad en el campo andaluz. De ahí nacieron
las protestas en demanda de Fondos de Empleo Comunitario, es decir, fondos que
arbitrariamente distribuían los gobernadores civiles entre los pueblos para dar
trabajo haciendo faenas y que repartidos pueblo a pueblo, permitían subsistir a
los jornaleros en paro. Otras fuerzas, como el SOC, que intentaron mantener viva
la reclamación de Reforma Agraria con luchas radicales u ocupaciones de fincas,
fueron superadas finalmente por la alianza entre el Gobierno español y el PCE (a
la que muy pronto se sumaría el PSOE, anteriormente inexistente). Precisamente
iba a ser el PSOE el beneficiario político esencial de este "trabajo sucio"
realizado por el PCE (en el que, por cierto, participaron directamente algunos
de los que todavía hoy dirigen su sucursal andaluza).

A la altura de 1980, la Reforma Agraria aún estaba lo suficientemente vigente
como para ser incluida en el catalogo retórico de objetivos a cumplir, recogidos
en el texto estatutario andaluz; aún a sabiendas de que la proyectada autonomía
constitucional no dispondría de competencias políticas para ejecutarla. Fernando
Soto -entonces secretario general de la sucursal andaluza del PCE y diputado a
Cortes- tuvo entonces el cinismo de explicar expresamente que lo de menos era su
viabilidad política y que lo importante era que figurara como referencia, para
poder así justificar ante los trabajadores rurales en las plazas de los pueblos
el apoyo al texto estatutario consensuado con la derecha que estafaba las
aspiraciones nacionales de soberanía del pueblo andaluz.

Todavía en 1982, el primer Gobierno PSOE en Andalucía, aprobaba una llamada
Ley de Reforma Agraria Andaluza. Esa Ley se reducía a una propuesta de fomento
de la productividad, acompañada por mecanismos de arrendamiento temporal del uso
de la tierra. Se atenía escrupulosamente a los limites establecidos por UCD en
su Ley española de Fincas Manifiestamente Mejorables. Además aparecía
encorsetada por la legalidad constitucional y estatutaria que prohíbe al
Gobierno andaluz la posibilidad de imponer una legislación de expropiación
propia, quedando esta competencia en manos del Gobierno español. En resumen, una
ley que se limitaba a compilar y agrupar disposiciones precedentes de leyes
estatales orientadas a favorecer la productividad agraria, sin afectar a la
estructura de la propiedad de la tierra. Aún así, la decisión del Presidente
Escuredo de impulsar esta Ley condujo a su sustitución por el PSOE. La Ley fue
olvidada.

La columna vertebral de la política del PSOE para el campo andaluz va a ser la
sustitución del sistema del Empleo Comunitario por el del Subsidio Rural. Este
ultimo se concede individualmente, teniendo en cuenta el numero de peonadas
firmadas por los patrones. Ata pues a los jornaleros a la benevolencia de cada
patrón, presionando a la baja los convenios, que se tienden a incumplir. Al ser
más vital la firma que el jornal, el trabajo se convierte en instrumento para
recibir el subsidio, con lo que prácticamente desaparecen las luchas en las
temporadas tradicionales, disminuyendo sustancialmente la conflictividad.
Además, la extendida necesidad de completar las firmas con peonadas de los
ayuntamientos, revierte en extensión clientelar del PSOE que es quien distribuye
las partidas que hacen posible esas peonadas. Si con el Comunitario era usual la
lucha colectiva para conseguir un mejor reparto de fondos entre los diversos
pueblos ahora esto acaba, desintegrándose y cambiando de naturaleza la
organización sindical y promoviéndose el sometimiento a la fuerza que controla
las instituciones de forma hegemónica: el PSOE. No hay que olvidar, sin embargo,
que el Comunitario preestablece las condiciones sociales sobre las que se
instala el Subsidio: clientelismo local, desvío de la lucha del enfrentamiento
con los patrones y por la Tierra a la demanda de remesas de fondos, etc.

El sistema -dentro de una extrema heterogeneidad de situaciones locales y
comarcales- permite acceder a un cierto ingreso regular -por mísero que sea- a
miles de personas que antes carecían de él. Impone la paz social, mantiene bajos
los salarios a la vez que fija población en el medio rural; supone de hecho el
archivo de la exigencia de Reforma Agraria y permite la reconversión del campo
andaluz cara a la entrada del Estado español en la Unión Europea. El coste
económico de esta operación es ridículo; no sólo si se valoran sus resultados
cualitativamente -el control social de un país de siete millones de habitantes
por el valor anual de unos cuantos aviones- sino incluso si cuantitativamente se
compara con las inversiones estatales en otras reconversiones, como la minera o
la industrial, que se afrontan en otras naciones del Estado.

La situación.

Veinte años es mucho tiempo. Una generación de andaluces del campo ha crecido
bajo el sistema del Subsidio-PER.

Durante estos años la agricultura andaluza desarrolló su productividad. Así
ocurrió de forma notable en los cultivos tradicionales y de manera espectacular
en las nuevas ramas de agricultura intensiva o de invernadero. Sin soberanía
política ni voz propia, Andalucía estuvo ausente en las negociaciones de entrada
del Estado español en la Unión Europea y sus intereses nacionales fueron
sacrificados por el Gobierno español para hacer posible el ingreso. Si cuando se
constituyó el Mercado común, la RFA compensó a Francia con la política agraria
común, nada parecido obtuvo Andalucía. Aparte de las medidas preventivas
provisionales -plazos o contingentes- Andalucía no consiguió siquiera, en
compensación a la entrega de su mercado o al desmantelamiento o penetración de
su débil industria a los capitales foráneos, una protección eficaz o estable de
su agricultura. Así pues, de una parte, la competitividad de sus ramas agrarias
más dinámicas se sustentó en ultima instancia en el mantenimiento de la
sobreexplotación y en los bajos salarios, según parámetros europeos; de otra,
los latifundistas se beneficiaron especialmente de las subvenciones europeas. El
subsidio agrario contribuyó decisivamente a hacer posible la acumulación que
permitió, por ejemplo, el llamado "milagro almeriense" o la implantación de la
fresa en Huelva. Cuando no ocurría que no existía convenio del campo, se
mantenían los sueldos prácticamente congelados y además con una extendida
practica de incumplimientos. Primaba la búsqueda de las firmas para acceder al
Subsidio. Además, la diversa realidad de las diferentes comarcas -cultivos,
presencia de pequeños propietarios, etc- introducía una extrema heterogeneidad.

El censo de trabajadores subsidiados fue engrosándose paulatinanemente con la
incorporación de las mujeres trabajadoras pero también de todos aquellos que en
el medio rural tenían acceso a las firmas necesarias para convertirse en
perceptores. Así se convirtió en normal en algunos pueblos la situación de hijos
de farmacéuticos, comerciantes o de pequeños campesinos convertidos en
subsidiados y extendida la practica fraudulenta de la compra de peonadas no
trabajadas.

Si ya previamente Andalucía se caracterizaba por sufrir una tónica
generalizada de condiciones despóticas e irregulares de trabajo, la existencia
del Subsidio vino en consolidar el predominio de la economía sumergida. Se
extendió la practica del trabajo sin declarar en otras ramas -compatibilizado
con el cobro del subsidio agrario- sin cotizar a la Seguridad Social, por
supuesto, en el que el patrón pagaba por debajo de convenio aduciendo que el
sueldo del trabajador era el resultado de sumar a lo que este cobraba en la
empresa lo que percibía como subsidio. Conseguir un "empleo con alta en
Seguridad Social" se convirtió durante años en muchos pueblos en algo llamativo,
meritorio, excepcional.

De otra parte, los fondos del PER -gestionados con muy diverso grado de
honestidad y provecho público según los pueblos- fueron sirviendo para mejorar
-también en condiciones muy variadas- las infraestructuras del medio rural
andaluz, hasta entonces absolutamente abandonado y en condiciones semiafricanas,
al tiempo que ayudaban a completar el cupo requerido de peonadas.

Estas tres fuentes de fraude -incorporaciones incorrectas, trabajo negro,
corrupción en la gestión del PER- con una entidad muy diversa, eran efectos
previstos del sistema y funcionales a sus objetivos y a su mantenimiento. A su
través, económicamente se expandía el ingreso de rentas y se traspasaban
recursos a las empresas, por mucho que consolidando la desigualdad. Además,
social e ideológicamente se extendía el individualismo, la precariedad, la
inseguridad, el conservadurismo...

Jornaleros andaluces siguieron desplazándose dentro y fuera de Andalucía
(hasta hoy día, miles de andaluces siguen acudiendo a trabajar a la vendimia
francesa, a la fruta en Cataluña, al espárrago en Navarra...) buscando en unos
casos sólo completar las peonadas y en otras los salarios menos abusivos o
complementando al campo con la hosteleria de temporada o la construcción. Las
campañas de recolección se fueron comprimiendo, planificadas para requerir más
mano de obra en menos tiempo.

De forma natural se produjo un proceso de decantación y selección. Allí donde
los salarios eran aún más míseros, el ritmo de trabajo más esclavista y las
condiciones de vida más infrahumanas, comenzaron a aparecer inmigrantes
magrebies y africanos, dispuestos a asumir lo que ya no estaban dispuestos a
hacer los propios andaluces. Esta situación degradante e indignante nacía de la
necesidad de mantener competitivas en el exterior unas determinadas
producciones, según las condiciones económicas previamente establecidas por la
Unión Europea. Se dio así la paradoja de que comenzara a producirse inmigración
a un país que no la necesitaba económicamente en absoluto en términos objetivos
y que seguía situado a la cabeza de Europa en desempleo y trabajo precario e
irregular.

Dos décadas de subsidio habían mejorado las condiciones de vida en los pueblos
pero a costa de establecer un modelo caótico, lleno de desigualdades,
irregularidades y complicidades. Eso si, la reivindicación de Reforma Agraria se
había convertido socialmente en un recuerdo histórico.

El ataque del PP

El proyecto del PP pretende echarle el candado al subsidio agrario hasta
eliminarlo. Quiere forzar a los desplazamientos de temporada y eliminar la
costumbre de abandonarlas cuando se han completado las peonadas y las
condiciones son insatisfactorias. Legaliza además una versión del trabajo negro,
haciendo compatible salario y subsidio en condiciones favorables para el patron.
En general, pretende eliminar la protección -aún perversa, deformada y parcial-
que ha significado el Subsidio para entregar sin red a la clase trabajadora del
campo al albur de las fuerzas del mercado.

Es de suponer que el Gobierno español piensa en una situación futura en la que
masas de desempleados del campo se desplacen por Andalucía, peleándose por
acceder a un jornal haciendo innecesarios a los inmigrantes en las temporadas de
recolección y paralelamente acudiendo también a la costa y a las ciudades de
Andalucía en busca de empleos inexistentes. Las consecuencias políticas y
sociales de un escenario así en el campo son difícilmente previsibles. Es verdad
que al aplicarse a generaciones con, en general, escasa experiencia y
organización sindical (y no digamos política); educados y crecidos en el malsano
ambiente individualista producido por el modelo del Subsidio, puede -según es
previsiblemente la intención del Gobierno español- llevar a una mayor presión a
la baja del mercado de trabajo. Pero también es posible que entre sus efectos
cercanos -no previstos por el Gobierno- esté un incremento de las luchas en la
negociación colectiva en el campo, exigiendo en lugar de las habituales subidas
ridículas, incrementos que ayuden a compensar la estacionalidad y temporalidad
(que deberían comenzar por doblar los jornales) lo que no dejaría de crear
graves problemas en el campo, planteando de rebote el status de Andalucía en la
Unión Europea y favoreciendo a medio plazo otro nivel de politización de su
situación en búsqueda de alternativas. Al Gobierno español puede que no le
importe promover la emigración y el despoblamiento del medio rural andaluz pero
es difícil prever qué consecuencias políticas y sociales acarrearía este
desplazamiento de población.

Es obvio que el PP ataca al Subsidio Agrario sabiendo de su descrédito,
incluso en los medios urbanos andaluces. Afortunadamente, este acoso forma parte
de una agresión general que facilita la solidaridad entre medios trabajadores
urbanos y rurales.

De otra parte, no deja de resultar un elemento simbólico que sintetiza el
alcance de la estafa autonómica -por mucho que se reclamen aún todas las fuerzas
parlamentarias de los medios constitucionales y estatutarios- esta circunstancia
en la que un elemento estratégico central de la situación de Andalucía se
evidencia que sigue dependiendo totalmente del capricho e intereses del Gobierno
español.

Las alternativas

Es lógico que el PSOE ante el ataque del PP reivindique sustancialmente su
modelo. No es de extrañar tampoco que en el campo, el miedo ante el futuro haga
ahora cerrar filar en defensa de lo existente, por insatisfactorio que resulte,
sobre todo teniendo en cuenta la carencia de alternativas expresas. Menos aún
resulta comprobar como se suben al carro del PSOE, el PCE-IU, PA, PSA y
CCOO-UGT, limitándose a reproducir su mismo discurso con algunas variaciones.

Sin embargo, que sea necesario combatir el proyecto regresivo del PP no debe
conllevar simultáneamente embellecer o compartir un modelo nefasto y socialmente
conservador y dependiente como ha sido el del Subsidio. Ambas propuestas -la del
PSOE y la del PP- no son más que dos lecturas sucesivas del mismo modelo
neo-liberal de Andalucía subordinada y dependiente.

Ciertamente, elaborar y plantear una alternativa general que sea de izquierda
y nacional, coherente y global, tiene la notoria dificultad de implicar plantear
transformaciones sociales y políticas de entidad que no aparecen como fácilmente
viables, dada la correlación de fuerzas. Precisamente por ser tan
estratégicamente central, el problema suscitado afecta a múltiples ámbitos y
cuestiona directamente el papel adjudicado a Andalucía en el Estado español y en
la Unión Europea.

De entrada, cabría empezar planteando la exigencia de que la Junta de
Andalucía asumiera en un acto de soberanía, las competencias sobre el Subsidio
Agrario y el PER, adelantando su disposición a mantenerlo (y a modificarlo)
fuera la que fuere la decisión del Gobierno español, respondiendo al
pronunciamiento favorable al Subsidio-PER ya expreso de la mayoría absoluta de
los representantes electos del pueblo andaluz. A esta asunción de competencias
habrían de seguirle las relativas a la renta básica, desempleo y en general al
derecho laboral. Y a continuación un replanteamiento de la cuestión de la
Reforma Agraria y una renegociación especifica de las condiciones de adhesión de
Andalucía a la Unión Europea, acompañadas del planteamiento de un nuevo modelo
de financiaciones que permitiera afrontar un Plan de Desarrollo para Andalucía.

El mero esbozo inicial que hemos apuntado ya evidencia sus dificultades no
sólo formales sino políticas y muestra la necesidad de un esfuerzo urgente de
debate, reflexión y elaboración política colectivas para levantar un Programa
nacional alternativo. Tan cierto es el desafío que encierra como la convicción
de que la izquierda nacionalista no puede limitarse aquí y ahora a hacer
seguidismo no sólo político sino también programático del PSOE en su
confrontación con el PP.

[Boletin Andalucia Libre] nº 115 - Subsidio Agrario - Foro Social - Euskadi -
Córcega
miércoles, 01 de mayo de 2002 5:40
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Opinión
Andalucía y el subsidio agrario
[Boletin Andalucia Libre] nº 139 - Andalucía - Brasil - Venezuela
domingo, 13 de octubre de 2002 1:23


Comencemos recordando lo evidente. El Subsidio Agrario-Plan de Empleo Rural
(SA-PER) vigente hasta este año es, en su coste global, cuantitativamente escaso
(equivalente al de unos cuantos cazabombarderos). Comparativamente ridículo;
pues es notorio que otras naciones del Estado español han recibido muchísimos
más recursos expresos para financiar sus reconversiones y/o mantener sus
industrias clave (sin contar las transferencias invisibles o los robos, de
diferente tipo, que España viene inflingiendo a Andalucía desde tiempo
inmemorial: deuda histórica, deuda autonómica, financiación corriente, FCI,
fondos europeos, expolio bancario, etc). Individualmente (y descontado el pago
de la Seguridad Social) lo que se obtiene limpio del Subsidio-PER es una
miseria: 130 euros. Políticamente, con esos contados fondos, el Estado español
compró la tranquilidad política y social de una nación de siete millones y medio
de personas, hurtó la Reforma Agraria popular, preparó la incorporación
subordinada a la Unión Europea y financió la agricultura intensiva. Gracias al
subsidio agrario-PER no sólo se mantuvieron salarios míseros en el campo
-permitiendo la acumulación antes y después de la entrada en la UE- sino que
también -por contagio y mimesis- se consolidó la sobreexplotación, la
precariedad, la economía sumergida y el trabajo negro en el conjunto de
Andalucía. Ciertamente, con sus fondos mejoraron las infraestructuras
tercermundistas de nuestro medio rural y los trabajadores del campo -por primera
vez en su historia- obtuvieron unos ingresos casi regulares que les permitieron
la subsistencia, una mejora sensible de sus condiciones de vida y les evitaron
el trago de la emigración estable, pero a costa de posibilitar socialmente una
política sometida que renunció a tomar caminos propios de desarrollo industrial
(que implicaban forzosamente un marco cualitativamente distinto en la relación
política, económica, fiscal, financiera y social con España). La degradación de
la conciencia social tuvo como correlato político la institucionalización del
predominio del PSOE, convertido en expresión y beneficiario de esa situación.

La decisión del Gobierno español del PP de mantener la reforma del SA-PER como
único punto vigente del Decretazo -nuevamente revalidada, de momento, por el
vicepresidente Rajoy- no es sólo un reconocimiento partidario de la
imposibilidad a corto plazo de victoria del PP en Andalucía o una forma de
castigar a sus competidores del PSOE. También implica -y hay que reconocerlo-
que desde Madrid no se le tiene ningún temor a lo que pueda ocurrir en
Andalucía, aunque haya sido precisamente aquí donde con una intensidad
cualitativamente superior se haya manifestado la oposición al Decretazo y donde
se haya corrido con el mayor gasto de la protesta. Al Gobierno español le basta
mirar las bancas del Parlamento andaluz para saber que, al menos por ahora, no
hay peligro político en Andalucía. Aquí, a modo de muestra, puede venir papá
Borbón a recibir medallas concedidas con votos unánimes -incluidos llamados
"andalucistas" y pretendidos "comunistas"-; puede pasearse el Borboncito
recibiendo pleitesías -incluso de ONGs presuntamente "superalternativas"-; puede
casarse la infanta; jugar la selección española... que siempre habrá un numero
suficiente de andaluces dispuestos a hacer el imbecil. Aquí, los intelectuales
andaluces decentes -los que no son vendidos o cosmopolitas- son tan
excepcionales que casi pueden nominarse. Aquí, medios de prensa españoles, en
condición casi de monopolio, pueden hacer campañas de enfrentamiento localista
intraandaluz, y ejercer encima de castizos. Aquí, las organizaciones de pequeños
campesinos siguen mirando para protestar a Marruecos, en lugar de a Madrid o a
Bruselas (que es donde se deciden las cosas). Etc. Aquí, en resumen, gobierna el
PSOE ininterrumpidamente desde hace veinte años y venden "Segundas
Modernizaciones", mientras seguimos en la cola de Europa, con precios europeos y
salarios andaluces, con un tercio en paro, 90% de contrataciones precarias y
encima queriéndonos hacer creer que nos hemos vuelto prosperos. Aquí, tienen la
desfachatez de ofrecer seriamente como alternativa nacional el autoempleo y la
conversión masiva en emprendedores y de propina cuentan con varios satélites
(PCE, PA, PSA) para escoger pareja, de hacerles falta. Con todo esto -y lo que
nos hemos saltado- ¿cómo extrañarse de la decisión del Gobierno español?.

A esta falta de respeto dolorosamente merecida -véase que los independentistas
socialistas no somos precisamente tibios a la hora de criticar a nuestro país-
se suman otras intenciones. De igual modo que el Gobierno español fomenta la
inmigración irregular a la vez que la persigue, ahora quiere evitar que los
inmigrantes legalizados puedan acceder en el futuro en numero significativo a
las prestaciones del SA-PER dejando de ser así útiles como fuerza de trabajo
semiesclava y factor de control de los costes saláriales y para ello, modifica
la regulación de manera que coloca a los autóctonos al mismo nivel de
desprotección y sobreexplotación que a los inmigrantes. Con la reforma busca
dividir y que mientras una parte de los antaño beneficiados se ponga a buscar
debajo de las piedras formas para mantenerse acogido, otra se lance a la
aventura de encontrar subsistencia donde pueda. Siendo una medida general
-valida por tanto para todas las comarcas, sea cuales fuere su realidad agraria
y productiva- no es de extrañar que ya la misma patronal terrateniente comience
a mostrar su inquietud ante el riesgo de que el pretendido ahorro diseñado en
Madrid tenga como consecuencia a medio plazo un incremento significativo de la
presión obrera por salarios decentes en el campo (lo que se daría de bruces con
los márgenes fijados en Bruselas). Es posible que, a no mucho tiempo, algunas
reflexiones similares comiencen a producirse entre aquellos empresarios de la
construcción, textil, hosteleria, alimentación, madera... que han vivido tan a
gusto hasta ahora contratando en negro a trabajadores subsidiados (por no hablar
de las empresas o contratas fantasmas, legalmente inexistentes).

De momento, entre este personal, lo que priva es la satisfacción, porque se ha
puesto en su sitio a esa gente. Y es que persiste aún una memoria histórica
inconfesable en la burguesía andaluza más cutre, que todavía cree en las
ventajas económicas de la contratación a dedo en la esquina los paraos.

Si el subsidio agrario ha servido para lo que ha servido, es porque ha
cristalizado en una fuente superpuesta de incremento de la renta familiar. La
suma de varios de los diversos miembros de la familia; más los salarios en el
campo; más los obtenidos en las campañas (aceituna, vendimia, fresa, etc); más
el trabajo no declarado en la construcción o la hosteleria; más las pensiones de
jubilación de los viejos o incluso la caza o la recolección etc han permitido,
sumados en conjunto, alcanzar un modestísimo bienestar (valorable sobre todo en
términos comparativos con el pasado, no con otras realidades). La reforma ciega
este camino y bloquea esta practica. Es su objetivo, aunque de paso se lleve por
delante también a quienes, desde la pequeña burguesía, se han ido incorporando
al subsidio aprovechándose de sus relaciones para beneficiarse de sus
prestaciones. Con todo, es obligado reconocer que los casi veinte años de SA-PER
han creado una cesura significativa entre medio urbano y medio rural y que los
trabajadores andaluces del primero han venido en considerar privilegiados a los
del segundo. Ya no es, como al principio, un simple molesto comentario estival
de los vecinos transplantados a Cataluña vueltos por vacaciones. Por encima de
la heterogeneidad real de las diversas comarcas, lo que ha venido en
consolidarse es una visión social urbana que sobre todo destaca lo que el
subsidio implica de reserva y resguardo y que se detiene especialmente en los
casos de fraude y beneficio ventajoso e injustificado. La precariedad y la
degradación de la condición social urbana -no por oculta y no reconocida, porque
se ha convertido en infamante muestra de fracaso a esconder y no denunciar,
menos real- deriva -aunque sea injustamente- en inquina o como mínimo,
neutralidad hacia el medio rural. Del respeto adquirido hace veinticinco años
por las luchas jornaleras poco queda en las ciudades andaluzas; más o menos lo
mismo que queda en esos mismos pueblos de la demanda de Reforma Agraria.
Consecuencia de esto es que -y el Gobierno español lo sabe- plantear una Huelga
General nacional contra la reforma del subsidio -es decir, incluyendo a las
ciudades andaluzas- sea hoy un objetivo casi impracticable y los mismos
sindicatos se autolimiten al medio rural; aunque cuando busquen repercusión
realicen espectaculares acciones de comando en el medio urbano, como las que el
SOC tiene tanta practica y habilidad en ejecutar.

Llegados aquí conviene entrar a valorar las realidades y dinámicas en
conflicto y hacerlo -para no extendernos en demasía- a modo de puntos
esquemáticos, con el objetivo de evitar que nuevamente el PSOE parasite el
enfrentamiento -cuando aún no hace mucho también susurraba la necesidad de
reconvertir el SA-PER.
*La pelea es ahora con el Gobierno español. Cierto. Pero al Gobierno andaluz
no puede permitírsele quedarse al margen, limitándose a aplaudir el trabajo que
le hacen los sindicatos -incluido el SOC- para desgastar al PP. Antes de que
nuevamente vuelva la Junta a tomar la iniciativa hay que difundir la consigna:
"Si lo quita Aznar; que lo pague Chaves" . ¡Tiene veinte mil millones de
presupuesto!. Y tiene mayoría absoluta aquí. Que cargue con impuestos las
transferencias o beneficios financieros; que recargue impuestos estatales; que
reivindique un concierto económico propio... ¿Para que sirve un Gobierno en
Andalucía que ni siquiera puede mantener el Subsidio-PER hasta generar una
alternativa?. Y si no tiene competencias, que se las tome...

*Mientras quede en la retina la imagen de que sólo se está peleando por una
paga, mal andamos. Es verdad que un sindicato se mueve, entre otros objetivos,
por este tipo de cosas. Pero las pagas sólo interesan a los que las cobran o
pueden cobrarlas. Tampoco valen discursos genéricos sobre los pobrecitos
jornaleros. Eso pasó. Ahora se sabe que se puede vivir peor -y de hecho se vive-
en el Cerezo, La Viña, la Chanca o Almanjayar que en El Coronil, Martín de la
Jara o Marinaleda. Así pues, o se consigue vincular el mantenimiento de los
subsidios a otra política de inversiones y de cambio económico en Andalucía o no
se conseguirá nada, más allá de una simpatía tibia en el mejor de los casos. El
trabajo público no puede ser o seguir siendo en su mayoría, un paripé
complementario. Lo que hay que demandar es un plan de industrialización y
desarrollo rural de miles de millones (ahí entran los técnicos para cuantificar
y especificar) del que se desprendan algunos para formación y empleo de la mano
de obra a utilizar. No puede ser un sucedáneo a lo grande del Empleo Comunitario
(cambiando la limpieza de cunetas por la repoblación forestal, por ejemplo) sino
que ha de encaminarse a generar tejido productivo e infraestructuras necesarias
realmente alternativas (red ferroviaria, por ejemplo), a crear empresas,
publicas, sociales, privadas controladas... Todo ello implica plantear medidas
de discriminación positiva estricta para las empresas andaluzas; controles
diversos; otra política fiscal hecha desde Andalucía... sabiendo todo lo que
ello implica de conflictos con Madrid y Bruselas. No se puede reproducir tampoco
el mecanismo de los planes o iniciativas de la UE. En otras palabras, o queda
claro y destacado que se está peleando por Andalucía (y también por sus
trabajadores urbanos) y no por intereses sectoriales corporativos -que esta
lucha puede ser una palanca para cambiar auténticamente la situación de
Andalucía- o no se conseguirá la fuerza necesaria para alterar la situación.

*Recuperar la legitimidad social de la Reforma Agraria. La Reforma agraria
sigue siendo necesaria en Andalucía porque continua siendo socialmente
necesaria. Necesaria para dar empleo; necesaria para generar riqueza económica
en una dimensión y con una topología que no puede ni podrá hacer nunca la gran
finca privada, por muy bien que este explotada. No se puede hacer la reforma
agraria a base de que uno u otro se compren cuatro olivos con los ahorros. No
puede limitarse a las fincas públicas o con estatus jurídico discutible; tampoco
costearse desviando a este fin fondos necesarios para otros objetivos o
prolongarse durante no se sabe cuantos años. La expropiación ha de afectar a
todas las fincas de terratenientes que superen una determinada extensión,
realizarse de forma simultanea o todo lo más secuenciada y compensarse, en todo
caso, con títulos de deuda publica a cobrar sin interés a veinte o cincuenta
años. No se trata de afectar a los pequeños y medianos campesinos actualmente
existentes, sino de colocar a su lado una red de nuevas explotaciones
cooperativas en las que puedan desarrollarse las políticas agrarias necesarias.
No se puede hacer una reforma agraria y mantener a la vez el control de las
multinaciones y las grandes superficies sobre la distribución y los insumos. No
se pueden aceptar los dictados de Bruselas. Si la Junta no tiene competencias
sobre las leyes de expropiación, que se las tome; si no las tiene o las ejerce
torticeramente sobre las de comercio interior, que las consiga o ejecute. Y así
más y más...
Cabe, por supuesto, seguir limitándose en la practica a reclamar el subsidio y
no desarrollar y perseverar en estas otras líneas de actuación y de expresión. Y
cabe, si se es tozudo en ello, que incluso se gane total o parcialmente en ese
empeño. O que la sombra del conflicto vasco llegue hasta aquí en similar forma
como ha afectado a los otros 7/8 del decretazo y resuelva la situación,
otorgando una nueva prorroga. Si se gana así y se vuelve a la situación
anterior habrá que, paradójicamente, alegrarse por los beneficiarios y sentirlo
por Andalucía y su clase obrera. Y sin embargo, aunque no se ganara de
inmediato, si este otro modelo aquí simplemente apuntado fuera el marco de esa
lucha por intereses inmediatos y concretos, Andalucía saldría ganando mucho más.

Y cabe también que, aún manteniéndose como hasta ahora, se pierda. En ese
caso, también tendríamos a no mucho tardar, otra Andalucía diferente a la que
hemos venido conociendo hasta ahora -más amarga aún- y desde la que habría que
plantear su emancipación.-

La Cuestión del Subsidio Agrario-PER en ANDALUCIA LIBRE:
Campo Andaluz, Sindicalismo jornalero, Subsidio Agrario y PER
Recopilación de artículos de análisis publicados en ANDALUCIA LIBRE
(Mayo-Noviembre 2002)
En ARCHIVO DE DOCUMENTOS-CARPETA ANDALUCIA:
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- Articulos y cronicas: nºs 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 132, 133, 135, 136, 137
- Opiniones y Analisis: nºs 115, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 132, 133, 137
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