ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA ANTE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Desde Ecologistas en Acción-Andalucía queremos manifestar nuestra decisión de no realizar para el próximo referéndum del 18 de febrero petición de voto alguna, ya sea en sentido positivo, negativo, en blanco o de abstención.

Ecologistas en Acción-Andalucía es una organización no gubernamental con un demostrado carácter apartidista. Dada la pluralidad de los grupos locales integrantes, así como la de los socios/as, no existe un solo discurso político en cuanto al modelo territorial del Estado se refiere. Cuando nos hemos pronunciado sobre alguno de estos temas, (por ejemplo, en la transferencia de competencias a Andalucía), lo hemos hecho desde el ideario de la conservación del medio ambiente y de la paz. Nosotr@s no aceptamos el supuesto axioma de que más competencias redundan inexorablemente en un mayor control y gestión medioambiental. De hecho, se puede constatar un desconcierto y un descontento latente en los últimos años en diversas organizaciones ecologistas respecto a la dispersión de competencias entre diversas Administraciones públicas, y las implicaciones ambientales que de ello se esta derivando.

Esta decisión de no solicitar el voto, aunque pueda parecer ambigua, obedece a un largo análisis y debate en el seno de nuestra organización, acompañada de una participación activa en el desarrollo de la reforma del estatuto, tanto con la presentación de propuestas como con la comparecencia en el propio Parlamento de Andalucía.

Somos conscientes que el nuevo estatuto da un avance considerable para las políticas de sostenibilidad respecto al anterior, reflejando la mayor sensibilidad social en materia ecológica 25 años después, progreso del cual esta organización también es partícipe. Suscribimos las políticas reflejadas en esta reforma de fomento de las energías renovables, del ahorro y la eficiencia energética, del reciclaje, del consumo responsable, de protección de la diversidad biológica y del paisaje,  del uso racional del suelo para evitar la especulación urbanística, de reducción de la contaminación y de lucha contra el cambio climático, introducción de la fiscalidad ecológica… También somos conscientes de los avances en otros aspectos como los derechos sociales de la mujer y los inmigrantes, con un mejor tratamiento que en el anterior estatuto.

Sin embargo, lamentamos la falta de valentía en el tratamiento de muchos de estos avances, para los cuales no se ha querido entrar en criterios y compromisos que los hagan vinculantes, corriendo el riesgo de convertir el texto estatutario en una mera declaración de intenciones, sin compromisos reales.

Rechazamos también las alusiones en el nuevo estatuto que dan soporte legal a continuar con las políticas antiecológicas que ponen en peligro nuestros recursos naturales, como por ejemplo el apoyo a la vertebración de Andalucía con un sistema de transporte insostenible apoyado en el vehículo privado y el tren de alta velocidad. Mientras se proclaman los avances del Título VII en materia medioambiental, se dá el apoyo más entusiasta a la autopista-autovía Córdoba-Toledo que representará uno de los mayores impactos ambientales en Sierra Morena. También creemos que Andalucía no puede asumir todos los valores y objetivos de la Unión Europea, reflejados en su Tratado Constitucional y en la política insostenible que en algunos casos promueve.

Tenemos la obligación también de desvelar las carencias que tiene este nuevo estatuto. Hemos perdido una gran oportunidad para declarar una Andalucía desnuclearizada, una oposición a las bases militares extranjeras, la prohibición de alimentos transgénicos, garantizar la titularidad pública de los recursos naturales, como el agua o una prohibición para que se utilice nuestro suelo e instalaciones para fines bélicos.

En relación con el traspaso de las competencias del Río Guadalquivir a la Comunidad andaluza, afirmamos que no se puede romper el concepto de unidad de cuenca, que el equilibrio ambiental de todo un río va más allá de la gestión de un territorio geográfico concreto y que más competencias para la Junta de Andalucía no tiene por qué garantizar mayor sostenibilidad. De nuevo se quiere imponer el axioma falso de que inevitablemente la proximidad en la gestión garantiza una mayor eficiencia y mejores resultados. No podemos apoyar un traspaso de competencias en materia de agua, cuando no se nos garantiza que se aplicarán los criterios sostenibles de la Nueva Cultura del Agua, y cuando en estos precisos instantes se esta construyendo un embalse de gran capacidad –La Breña II- por insistencia e interés electoralista del actual gobierno de la Junta de Andalucía, en vez de tomar la determinación de no realizar más embalses en nuestros ríos en detrimento de un efectivo control de la demanda.

Por todo ello, animamos a todos los andaluces/as a la lectura detallada del nuevo Estatuto y obrar en conciencia el próximo 18 de febrero.