Sobre la ilegalización de Batasuna
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Sent: Thursday, August 29, 2002 12:45 PM
Subject: Sobre la ilegalización de Batasuna AFORTUNADAMENTE DE OTRO TENOR






29 de agosto del 2002


Sobre la ilegalización de Batasuna
Javier Merino...



A raíz del atentado cometido por ETA el pasado día 4 en Santa Pola, con el
asesinato de 2 personas, entre ellas una niña de 6 años, se ha puesto en marcha
el proceso de ilegalización de Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos
recientemente aprobada. Ante un hecho de esta naturaleza, no es posible comenzar
de otra manera que expresando la solidaridad con los familiares de las víctimas,
y lamentando profundamente que dos personas inocentes hayan sido asesinadas en
razón de un "conflicto" en el que no parecen haber intervenido para nada. Una de
ellas, desde luego, no tuvo tiempo para ello. Frente al lenguaje cínico y brutal
de Batasuna, estas dos de Santa Pola y las centenares anteriores, no son
víctimas de un ente abstracto, sino de unos pistoleros que dejan sin vida a
semejantes sólo para imponer sus objetivos políticos. No aciertan, aunque su
intención sea buena, quienes tras cada atentado aluden a la locura o el sin
sentido de las acciones de ETA. Ésta, y el entramado que le acompaña empezando
por Batasuna, es una organización que tiene objetivos políticos y pretende
imponerlos mediante la violencia. Para ello cuenta, además de con la fuerza de
las armas, con un apoyo social significativo, aunque evidentemente minoritario,
y parece que con tendencia a disminuir. No se trata, por tanto, de chiflados que
actúan cegados por la sangre; es gente que no tiene ningún escrúpulo para
conseguir sus objetivos. En definitiva, esto en política existe desde hace
tiempo y se llama fascismo.

La indignación ante cada atentado forma parte de la más lógica de las reacciones
humanas.

Ahora bien, la adopción de decisiones políticas debe venir precedida por la
reflexión y la evaluación de su justicia y su eficacia. La Ley de Partidos es
polémica desde su mismo planteamiento, como no puede ser de otra manera. Se
trata, y nadie ha tratado de disimularlo, de una ley "ad hoc", hecha con el fin
primordial de ilegalizar a una organización, en este caso Batasuna. Esta manera
de concebir la legislación, de entrada, no parece la más adecuada, ya que
conduce a una tautología que tiende a pervertir el escrupuloso funcionamiento
del estado de derecho. Cuando se plantea su aplicación, se viene a decir: lo que
está haciendo Batasuna encaja con el texto de la ley. Todos sabemos que el texto
de la ley se ha hecho pensando en lo que hace Batasuna, con lo cual estamos en
un círculo vicioso ciertamente curioso. Respecto al fondo del asunto, la
perplejidad es inevitable cuando se escuchan los argumentos que ofrecen los
principales responsables ministeriales. Como Batasuna no condena, está apoyando
el terrorismo. Es una inferencia que no parece resistir ningún análisis serio.

Sabemos que Batasuna forma parte del mundo de ETA, y que, efectivamente, existen
múltiples indicios de que colabora con ETA. Pero esos indicios vienen dados por
los numerosos militantes que forman parte del grupo terrorista, por la conexión
entre las finanzas de ambos grupos, por las relaciones que están investigando
los jueces. Aunque no sea muy popular decirlo al poco tiempo de un atentado, no
condenar los atentados de ETA sólo demuestra la clase de gente y de organización
política que es Batasuna. Nada más. Podríamos aducir numerosos ejemplos para
apuntar lo arriesgado que es atribuir caracteres delictivos a la no condena de
unos hechos, por muy execrables que sean. Sin pretender establecer paralelismos
que a nada conducen, las manifestaciones de violencia en nuestro mundo son por
desgracia muy frecuentes. Pensemos en la violencia que se despliega en el
conflicto palestino- israelí, y en las dificultades que tendrían algunas de
nuestras fuerzas políticas para condenar los atropellos israelíes, por un lado,
o los atentados suicidas de los palestinos, por otro. Pensemos en la guerra
desarrollada por EEUU en Afganistán, o anteriormente la dirigida por la OTAN en
Kosovo. No sólo nuestro gobierno, y el principal partido de la oposición, no
condenaron los múltiples asesinatos de inocentes, sino que se puede decir que el
primero participó activamente en ellos, con el respaldo incondicional del
segundo.

Si algo se ha aprendido en España en las décadas en que llevamos soportando la
violencia etarra, es que el respeto de la legalidad y la aplicación de criterios
impecablemente democráticos es fundamental para su derrota. De ahí la
importancia de no buscar atajos que en ocasiones lo que hacen es desviar el
camino correcto. La vía emprendida por el juez Garzón puede dar los mismos
resultados que la Ley de Partidos. De la misma manera que han sido ilegalizadas
organizaciones del entorno etarra, como Jarrai o Gestoras pro-Amnistía, Batasuna
podría seguir el mismo camino. Sería mucho más tranquilizador que la justicia
evidenciara los delitos propiciados por esa organización política, más allá de
la no condena de los atentados. Es cierto que la ilegalización de Batasuna puede
debilitar a ETA; el argumento que se ha dado desde algunos sectores para
oponerse a la ilegalización en razón de que puede alentar el victimismo tan
grato a la llamada izquierda abertzale, siempre atenta a confundir víctimas con
verdugos, es bastante dudoso. Precisamente una de las quejas principales por
parte de quienes sufren sus amenazas en el País Vasco es la impunidad con que
han venido actuando durante muchos años. Pero el riesgo de no medir muy bien los
pasos es grande. Una revocación de la medida por parte de un tribunal superior
sería demoledora, y tendríamos el efecto contrario al deseado. ETA ha conseguido
que la democracia no exista en el País Vasco para muchos de sus habitantes. No
debe conseguir reducir los márgenes de libertad y democracia vigentes en España.
Los aires que soplan en el mundo desde el 11 de septiembre favorecen la
subordinación de otros valores a la seguridad. La cotización de las libertades y
el respeto de los derechos humanos tiende a la baja desde entonces, en una
dinámica alentada desde EEUU, y sumamente peligrosa.

En ese sentido, debe acabar el discurso, tan querido por Aznar, de que cualquier
objeción a la política gubernamental supone alinearse con los violentos. Si hay
que decir amén a todo lo que hace el gobierno, la democracia sería una
caricatura. Por eso el PSOE también debería mostrar alguna valentía política, y
no plegarse a todas las iniciativas del gobierno, desde el cálculo de que
cualquier desmarque en este tema sería poco rentable electoralmente. Aunque es
indudable que el objetivo de la derrota de ETA debe ser prioritario para todas
las fuerzas políticas, y es ahí donde no caben las fisuras, las políticas deben
ser debatidas y pueden ser criticadas. De otra manera, ¿qué clase de democracia
sería ésta? El dilema que estos días plantean Arenas y otros dirigentes del PP
(o se está por la paz, identificando ésta con la ilegalización, o se está con
Batasuna) es muy peligroso, y, obviamente, profundamente antidemocrático.

El análisis anterior no puede hacer olvidar cuál es el problema principal: toda
la gente que vive sin libertad, y con su vida amenazada. Desde el compromiso y
la solidaridad con estas personas que ello debe implicar, este artículo no puede
finalizar sin aludir al reconocimiento hacia los concejales del PP y del PSOE, y
a todas las personas amenazadas sólo porque no piensan igual que los pistoleros
y sus amigos. Tampoco podemos acabar, como militantes y miembros de órganos de
dirección de Izquierda Unida, sin recordar que hemos manifestado desde hace años
nuestra discrepancia con la política de la organización, y en particular de
Ezker Batua, por no haber hecho lo que nosotros pensamos que era su obligación
como fuerza de izquierdas: haber levantado la bandera antifascista frente a ETA
y Batasuna. Entonces su presente posición sobre la Ley de Partidos gozaría de
mucha mayor legitimidad.



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Javier Merino, Coordinador de Izquierda Unida en Santander
Ernesto Gómez, Candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Santander
Jesús María Puente, Miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida




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