¿A quién le importa la gente?

Por Irene Khan (IHT)

Miércoles 25 de septiembre de 2002

LONDRES: Algunos dirigentes políticos occidentales están invocando la situación
de los derechos humanos en Irak con una frecuencia poco habitual para justificar
la acción militar. Esta atención selectiva hacia los derechos humanos no es más
que una forma fría y calculada de manipular el trabajo de los activistas que
defienden dichos derechos.

Esos mismos gobiernos hicieron caso omiso de los informes de Amnistía
Internacional sobre las violaciones generalizadas de derechos humanos que se
estaban cometiendo en Irak antes de la Guerra del Golfo, y guardaron silencio
cuando miles de civiles kurdos desarmados fueron asesinados en Halabja en 1988.

El pueblo iraquí no sólo ha seguido sufriendo a manos del gobierno (torturas,
ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias y juicios
injustos), sino que también ha soportado los efectos del régimen de sanciones
impuesto por las Naciones Unidas desde 1990. Esas sanciones han puesto en
peligro el derecho al alimento, la salud, la educación y, en muchos casos, la
vida de centenares de miles de personas, muchas de ellas niños.

Se ha dicho que el gobierno iraquí está manipulando deliberadamente el régimen
de sanciones con fines propagandísticos, pero eso no exime al Consejo de
Seguridad de su parte de responsabilidad por no atender las peticiones de que se
levanten todas las sanciones que dan lugar a violaciones graves de los derechos
de la población iraquí. El Consejo de Seguridad, al deliberar sobre el uso de la
fuerza militar, no debe examinar sólo las consecuencias políticas y de seguridad
de sus acciones, sino también el inevitable precio que la guerra se cobrará en
el ámbito humanitario y de derechos humanos: los civiles que morirán en los
bombardeos o en los combates internos, o los niños que perecerán porque las
sanciones les dificultan aún más el acceso a los artículos que necesitan para
satisfacer sus necesidades más básicas o a la ayuda humanitaria.

El debate no contempla en absoluto la preocupación por la vida y la seguridad
del pueblo iraquí, por no mencionar las repercusiones que el conflicto tendrá en
los derechos humanos de la población de los países vecinos. Como guardián
internacional de la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad, en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de buscar en primer lugar
una solución pacífica. Debe recordar a su miembro más poderoso que la fuerza es
el último recurso y que sólo se debe utilizar de forma que sea plenamente
conforme con el derecho internacional.)Hemos llegado realmente a ese punto de
peligro inminente que no deja otra opción?

Las Naciones Unidas se crearon para mantener la paz y promover los derechos
humanos, no para fomentar la guerra.
La autora de este artículo es la secretaria general de Amnistía Internacional,
que ha redactado este comentario para el International Herald Tribune.





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