CERTIFICADOS
Los certificados existen, los hemos visto, siquiera a través de las pantallas de TV. Fueron emitidos por la Casa de la Moneda de Venezuela, impresos en papel de seguridad, según funcionarios del gobierno "para darles credibilidad". Su valor facial es de cincuenta millones de bolívares. Son distribuidos con el objeto de garantizar la adquisición de una nueva vivienda a damnificados o personas en situación de "riesgo" de perder la que tengan. Los títulos están circulando, sin que nadie tenga una idea clara de lo que son y de las consecuencias económicas que puedan tener. No se oyen opiniones, ni críticas de los orientadores de la opinión pública.
La razón del silencio podría ser que ningún político quiere aparecer como que se opone a que se le entreguen estos instrumentos a damnificados; razón menos aplicable a los técnicos o expertos, que tampoco se han dado por enterados. Sin embargo, el hecho sigue allí, sin levantar ninguna alarma; pero sin embargo, es alarmante.
Cuando se emite un título valorado se abre un mercado. Alguien lo recibe del Estado, luego lo entrega a un oferente de un bien (en este caso, de una vivienda), quien en principio, debería hacerlo efectivo, a menos de que, a su vez, lo utilice como garantía o forma de pago. Un primer problema que salta a la vista es que esto es emisión de dinero, sin contrapartida alguna. Los títulos se regalan, sin ninguna contraprestación ni la obligación subsiguiente de pago por parte del beneficiario. Es una gracia o dádiva, que sin subestimar el problema moral de la compra de conciencias, plantea un problema económico concreto.
Cuando se paga un salario, se supone que la persona que lo recibe realizó alguna actividad que echó al mercado bienes y servicios por lo menos equivalentes al pago que recibe por ella. Esto le da racionalidad a la economía, establece un equilibrio entre producción y demanda de bienes y servicios. Pero cuando el dinero se regala, sólo se está generando presión en la demanda de bienes, sin que haya ninguna producción correlativa. Esto debería, sin que medie un átomo de mala fe, incrementar los precios. Lo que ocurre, efectivamente. En Caracas, un apartamento en los bloques del 23 de Enero se vende en 80 MM y más. Cualquier rancho se ubica súbitamente por encima de los 50 MM. En consecuencia, muchas personas se han desplazado hacia áreas periféricas, como Guarenas, Guatire, y otras menos periféricas como La Victoria, Maracay e incluso Valencia, encareciendo los inmuebles también en esas entidades.
Esto también implica hacer política monetaria, que debería ser una atribución exclusiva del BCV y que ahora parece ser iniciativa de otros organismos. Cuando el BCV emitía bonos lo hacía con el argumento de absorber liquidez del mercado. Los papeles no se regalaban, sino que se colocaban mediante el pago de un precio a cambio de un rendimiento futuro. Argumento discutible porque, al fin y al cabo, al vencimiento se enviaba otra vez al mercado una masa monetaria aumentada por los rendimientos de los bonos. Esta práctica se criticaba porque era una manera de crear mecanismos de inversión especulativos para la banca y "enriquecer a unos cuantos". Pero se podía defender con el argumento de que se conseguía el efecto anti inflacionario inmediato y cuando se vencieran los bonos, la realidad económica ya sería otra. Nada de esto se le puede aplicar a los nuevos papeles, que se entregan sin pago alguno, de manera que no absorben liquidez, sino que la aumentan. Otro elemento inflacionario que a la larga, pagaremos todos, como es característico de la inflación.
Pero otro elemento que debe tomarse en cuenta es la corrupción que esto genera. ¿Quién será el impoluto funcionario que administra estos papeles y decide a quien asignárselos y a quien no? ¿Cuántos de estos papeles irán a parar a qué manos y por qué?
Estas no son preguntas triviales. Parte del problema es que nadie las responde porque ni siquiera están planteadas. Lo que dicen los denunciantes es que la Contraloría nunca responde a las peticiones que se le hacen, de manera que parece inútil denunciar por este caso a Fundabarrio o a la Alcaldía de Libertador. Lo de los damnificados es una fachada detrás de la cual unos cuantos traficantes ganan mucho dinero a costa de todos, no solo de los defraudados directos, que se usan como mampara, sino de los que tendremos que pagar los precios inflados.
Los efectos en la economía se producen inevitablemente, así como la responsabilidad de los organismos que instrumentaron estas operaciones es indiscutible, sobre todo la del organismo emisor, sea por claudicar de su monopolio en la ejecución de la política monetaria, sea por asociarse a otros organismos en la ejecución de un plan que seguro no resolverá ningún problema de vivienda, pero sí generará otros problemas de mercado (y de moral pública) que no por ignorados están menos presentes.
03-04-2006
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