El Eria y el Duerna: El destino de seguir siendo ríos.

La zona occidental de la provincia de León guarda dos grandes ejemplos del paisaje peninsular, los ríos Eria y Duerna, muestra de lo que se considera un ecosistema fluvial en buen estado de conservación y motivo de orgullo para sus habitantes y las personas que se acercan a estos valles.

Asimismo, su valor se realza al saber que España conserva apenas un 5% de la riqueza fluvial que mantenía hasta hace pocas décadas y que han dado renombre a la provincia. Estos ríos ahora son noticia por una cuestión muy bien distinta, dado que hay propuestas que se dirigen simplemente a su represamiento y, por tanto, a su eliminación como lugares llenos de vida.

Las razones que esgrimen los promotores de las presas del Sardonal (Duerna) y de Cobanalllo (Eria) se basan el aumento del regadío como vía única e indiscutible para asegurar el trabajo de los ribereños. Una vez más, se esgrime el regadío redentor de tierras y pueblos como si estuviéramos en tiempos de Joaquín Costa, hace un siglo.

De todos es sabido que los cultivos no dependen de las necesidades del mercado, sino del proteccionismo y de las subvenciones que comporta la Política Agraria Común de la UE, donde el problema no es la falta de alimentos, sino más bien un adecuado desarrollo rural que sepa adaptarse a la liberalización internacional del sector, eliminando progresivamente los excedentes, y a nuevas fuentes de riqueza como el turismo rural.

Sin embargo, esto es lo que proponen los partidarios de las nuevas presas en el Duerna y el Eria: con agua pública superficial pagada por todos los contribuyentes, aumentar los excedentes cuya producción, almacenamiento y eliminación correrá cargo de la Hacienda Pública; todo a cambio de destruir irreversiblemente dos zonas protegidas por el Derecho Comunitario Europeo gracias a sus excepcionales valores naturales. Además, su innecesariedad viene subrayada por el Plan Nacional de Regadíos, el cual no incluye las 12.600 hectáreas que se quieren poner en riego. Sólo en la construcción de las presas, el gasto estimado es de 11.000 millones de pesetas (66 millones de euros), que fácilmente se doblaría, como suele suceder en toda obra pública que carece del más mínimo análisis coste-beneficio, lo que es la norma en nuestra obsoleta política hidráulica.

En la actualidad, son los propios regantes quienes emplean una de las alternativas al derroche de agua pública superficial gratuita: las aguas subterráneas. Su uso es a demanda, sólo cuando se necesitan, no tienen pérdidas por evaporación y por distribución, no les afectan las sequías, y, lo más importante, el agricultor paga al menos su coste de extracción (vid. Proyecto Aguas Subterráneas de la Fundación Marcelino Botín, dirigido por Ramón Llamas: www.fundacionmbotin.org). Así, su eficiencia cuadriplica a la de las aguas superficiales y hay una relación directa entre su uso y el rendimiento, cuestión que el agricultor sabe perfectamente Como ha estudiado un destacado economista del agua LIBRO VERGES regadíos a desaparecer como muestra de despilfarro. Esta y otras alternativas reales son las que tienen que considerar las evaluaciones de impacto ambiental y no una u otra localización de un mismo proyecto de obra.

Son los mismos agricultores quienes nos dan la respuesta a sus peticiones de represar los ríos: si en la actualidad los agricultores pagan de su bolsillo al menos el coste de extracción del agua subterránea, es que sólo están dispuestos a pagar ese volumen que actualmente extraen, por lo que no hay razón alguna de que se les subsidie el derroche para aumentar una producción que se sumaría a los excedentes agrícolas. Esto es precisamente lo que como principio jurídico reconoce la vigente Directiva Marco del Agua al hablar de la recuperación de costes. Esta Directiva gira, por otro lado, sobre dos ejes fundamentales: el principio de no deterioro de la calidad ecológica de los ecosistemas fluviales y la consecución de un buen estado ecológico, principios jurídicos que se incumplirían de construir esas ruinosas presas.

Ya es hora de abandonar la idea de que presa es igual a desarrollo, que quizás tuvo su justificación hace cien años. El motor del desarrollo rural es la conservación del territorio, cuyas columnas vertebrales son los ríos bien conservados. Asturias, Lugo o Huesca son un ejemplo de ello, con comarcas cuya actividad económica gira en torno a empresas de gente joven dedicadas a actividades en los ríos. La moderna gestión del agua ha de estar al cuidado de unas Confederaciones Hidrográficas reformadas en profundidad y que trabajen con transparencia, dedicadas a la buena gestión del territorio a su cargo, olvidando planteamientos de una España que hace décadas que no existe y mitos como el de la obra pública hidráulica salvadora de penurias.

Es el momento, pues, de apostar por la conservación de los ríos y de que el Ministerio de Medio Ambiente incluya el Eria y el Duerna en la necesaria figura de las reservas ambientales hidráulicas, a semejanza de los wild & scenic rivers (www.riosconvida.org). La Confederación Hidrográfica del Duero tiene aquí mucho que hacer, junto con otras zonas de Castilla y León como Irueña (Salamanca), Castrovido (Burgos) y Santibáñez y Castrejón de la Peña (Palencia).

Como dice la Nueva Cultura del Agua, un río no es un simple canal: es vida, vinculación de la persona con su paisaje, con su cultura y calidad de vida. Echen un vistazo a un mapa de la provincia y recuerden, como dijo un escritor leonés, lo que se ha perdido bajo los “cementerios de agua”.

Minicentrales o maxiproblemas en Salamanca

La abusiva e irracional instalación de centrales hidroeléctricas está causando graves daños a la vida de los ríos de Salamanca, siendo los proyectos del Tormes la amenaza actual. Su proliferación se debe en gran parte al apoyo financiero y técnico de la Administración, ya que erróneamente considera que es un buen método para reducir la emisión de gases nocivos producidos por las centrales térmicas.

Creemos que su apoyo público es un error de base por que en modo alguno se puede comparar dos problemas muy distintos: el que se quiera reducir la emisión de gases de centrales térmicas para proteger la calidad del aire, no implica que sea ambientalmente saludable la destrucción de nuestros ríos. En concreto, para su construcción se tala el bosque de ribera, se canaliza y draga el cauce, se destruye el hábitat  truchero y el flujo natural de las aguas pasa a depender de la apertura de las compuertas. Esto último causa no solo un grave perjuicio a nuestra Naturaleza, sino a nosotros mismos, no siendo infrecuente en que un tramo completamente desecado se inunde en pocos segundos, con lo que el riesgo de daños personales es evidente. 

Vistos sus efectos perjudiciales, pasamos ahora a preguntarnos si son necesarias. España tiene una potencia eléctrica instalada de 59.866 megawatios, mientras que el récord de consumo, alcanzado en febrero de 2003, fue de 37.212. Es decir, hay un evidente exceso de capacidad productora, por lo que cae por su propio peso el falaz argumento de que es necesario levantar más presas de este tipo. Es más, el río Tormes es adolece ya de una grave sobreexplotación, con lo que tampoco satisface un mínimo de racionalidad el que se defienda la construcción de más presas. 

Entonces, ¿por qué estamos inmersos en un proceso de destrucción tal de nuestros ríos?. Esto se debe a que los titulares de minicentrales gozan de grandes  subvenciones. Reciben de modo directo un subsidio por tener una fuente calificada, erróneamente, como limpia o alternativa. De manera indirecta, estos titulares gozan de tener toda su energía vendida, puesto que las grandes compañías que se reparten el mercado eléctrico están obligadas a comprar todo lo que se produzca a un precio muy superior (el kilowatio-hora normal cuesta unos cinco céntimos, mientras que el de las minicentrales se vende a nueve céntimos). Además, hay que tener en cuenta que se instalan en dominio público hidráulico y utilizan una agua que es de todos en beneficio privado. Por último, cuando acaba su construcción, un pequeño cambio o una pequeña obra hacen que se considere nueva toda la instalación y se les conceda otra vez el permiso para turbinar.

El resultado es que el desarrollo rural de nuestros valles se ve frenado por la competencia desleal de estas empresas. En una sociedad donde un medio natural aporta mucho más en cuanto a renta y empleo que unas minicentrales automáticas, las cuales se llevan el beneficio fuera de los valles, el mantenimiento de unos ríos vivos resulta básico para actividades de futuro como el turismo rural o la pesca deportiva, respetuosa con la naturaleza. Ahora sí se puede decir que un río con vida vale mucho más que una exigua cantidad de kilowatios subvencionados ruinosamente con nuestro trabajo y dinero. Como se ha dicho, la playa de La Concha en San Sebastián es más valiosa como playa que como arenera para hacer hormigón. De la misma manera, el Tormes es más valioso como río con vida que como máquina de producir watios excedentarios.

En otros países la situación es muy distinta. En los Estados Unidos, lleva años con éxito el desmantelamiento de presas, grandes y pequeñas, las cuales, tras la retirada de las subvenciones, han demostrado los perjuicios que causan al mundo rural. Francia ha librado al Loira de dos minicentrales de menos de cinco metros de altura, que habían provocado, que, de una población de miles de salmones solo retornasen una decena escasa al año. En Alemania, el Estado de Hesse ha retirado también estas subvenciones, a la vez que en todo el país se están renaturalizando ríos anteriormente canalizados. El elemento común a todos ellos es la clara ineficacia de las medidas correctoras del impacto ambiental de las presas. Miles de millones se han gastado en escalas, pasos, repoblaciones e incluso ascensores para que ahora especies de gran valor se encuentren al borde de la extinción o hayan desaparecido para siempre en muchos cursos fluviales. Cuenca bien que tendría que tomar nota de esto y proceder a la recuperación de sus ecosistemas fluviales.

En este contexto, sorprende que en Salamanca se quieran aprobar un rosario concatenado de proyectos de, entre otras empresas, Iberdrola o Hidrovetonia, cuyas solicitudes sufren graves deficiencias, como la falta de verdaderos caudales de mantenimiento y la ausencia de especies protegidas dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Europea de la  subcuenca del Tormes, lo que se contrapone con la abrumadora solicitud de caudales ( en algunos casos hasta 30.000 litros por segundo). Todo ello hace que los proyectos supongan diversos impactos calificados como “críticos” en las alegaciones presentadas. Hay que subrayar que Iberdrola y la propia Confederación del Duero protagonizan diversos casos del informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua “Aguas Limpias, Manos Limpias: Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España" (www.unizar.es/fnca).

Frente a esto, con el fin para favorecer la calidad de vida de los habitantes de la ribera, ha de recabarse la ayuda de particulares y empresarios, del desarrollo y del turismo rural, y el compromiso de instituciones públicas como la Junta, los Ayuntamientos de y la Diputación, que tienen mucho que decir ante el otorgamiento de las concesiones. La Confederación Hidrográfica posee desde hace mucho tiempo herramientas como la caducidad de las concesiones que incumplan sus requisitos y la reserva de dominio, cuyo novedoso fin conservacionistas puede dar muchos beneficios a los ciudadanos y evitar que las referencias al medio ambiente de la legislación de aguas se queden en papel mojado. ¿A qué esperamos entonces? No consintamos que destruyan, como dijo Unamuno, el “alma del paisaje”.

Minicentrales hidroeléctricas o maxiproblemas

LA ABUSIVA e irracional instalación de centrales hidroeléctricas está causando graves daños a la vida de los ríos de León. Su proliferación se debe al apoyo financiero y técnico de la Administración, ya que erróneamente considera que es un buen método para reducir la emisión de gases nocivos producidos por las centrales térmicas. Creemos que su apoyo público es un error de base, porque en modo alguno se puede comparar dos problemas muy distintos: el que se quiera reducir la emisión de gases de centrales térmicas para proteger la calidad del aire no implica que sea ambientalmente saludable la destrucción de nuestros ríos. En concreto, para su construcción se tala el bosque de ribera, se canaliza y draga el cauce, se destruye el hábitat fluvial y el flujo natural de las aguas pasa a depender de las turbinas.

Vistos sus efectos perjudiciales, pasamos ahora a preguntarnos si son necesarias. España tiene una potencia eléctrica instalada de unos 59.000 megawatios, mientras que el récord de consumo, alcanzado en marzo de 2004, fue de 37.724 MW, según datos de Red Eléctrica Española. Es decir, hay un evidente exceso de capacidad productora, por lo que cae por su propio peso el falaz argumento de que es necesario levantar más presas de este tipo para aumentar en una ínfima fracción tal capacidad de producción de energía. Es más, los ríos leoneses adolecen ya de una grave sobreexplotación, con lo que tampoco satisface un mínimo de racionalidad el que se defienda la construcción de más presas, como lo demuestra el caso del Torío y la loable defensa del patrimonio natural que realizan sus habitantes. Entonces, ¿por qué estamos inmersos en un proceso de destrucción tal de nuestros ríos? Esto se debe a que los titulares de hidroeléctricas gozan de grandes subvenciones: Reciben de modo directo un subsidio por tener una fuente calificada, erróneamente, como limpia o alternativa. Además, estos titulares gozan de tener toda su energía vendida, puesto que las grandes compañías que se reparten el mercado eléctrico están obligadas a comprar todo lo que se produzca a un precio muy superior. Asimismo, hay que tener en cuenta que se instalan en dominio público hidráulico y utilizan en beneficio privado un ecosistema que es de todos.

Frente a este «asalto hidroeléctrico» proponemos la aplicación decidida de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, la cual gira en torno al eje del buen estado ecológico de las aguas y que supone el rechazo normativo a la consideración de los ríos como canales. En todo caso, como alternativa instamos a los promotores de estas obras a que las realicen en canales de riego, salidas de depuradoras y conducciones de agua, pero no en los esquilmados ríos leoneses, víctimas de todo un siglo del irracional estructuralismo hidráulico que ha desfigurado la provincia. Junto a las hidroeléctricas, se suman los dolorosos casos de vandalismo institucional de Riaño o el Porma y las propuestas sin sentido, ni siquiera el económico de coste-beneficio, del Eria y el Duerna. De cualquier modo, ¿no ha llegado ya el momento de ahorrar energía y agua?

El resultado es que el desarrollo rural de nuestros valles se ve frenado por la competencia desleal de estas empresas. En una sociedad donde un medio natural aporta mucho más en cuanto a renta y empleo que unas minicentrales automáticas, el mantenimiento de unos ríos con vida resulta básico para actividades con futuro, como nos muestran los casos de Huesca, Asturias o Granada.

En otros países la situación es muy distinta. En los Estados Unidos se desmantelan presas, grandes y pequeñas, por ahora 650. Francia ha librado al Loira de varias minicentrales que habían provocado que, de una población de miles de salmones, sólo retornasen una decena escasa al año. En Alemania, el Estado de Hesse ha retirado también esas subvenciones. El elemento común a todos ellos es la clara ineficacia de las medidas correctoras del impacto ambiental de las presas. En España, junto con incipientes ejemplos de devolución al medio natural de parte de lo expoliado, AEMS-Ríos con Vida ha logrado la primera sentencia firme del Tribunal Supremo en la materia tras 14 años de pleitos, la cual afirma que «los caudales ecológicos actuales no se basan en ningún criterio científico o técnico» y que además se incumplen sistemáticamente. Otros ejemplos son los de Galicia, que acaba de suspender tras una larga movilización ciudadana 71 proyectos y su Plan Hidroeléctrico, y el rechazo unánime del Parlamento de Asturias a 54 nuevas presas en sus ríos (www.riosconvida.org). Más recientemente, la Unión Europea ha criticado severamente el sistema de concesiones español, pues incumple las normas de defensa de la competencia y la debida imparcialidad en la adjudicación de contratos, origen de corruptelas, como se ha constatado en numerosas ocasiones (Fundación Nueva Cultura del Agua: «Aguas Limpias, Manos Limpias: Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España», disponible en: www.unizar.es/fnca).

Con estos antecedentes, denunciamos que en León se quieran aprobar más proyectos, cuyas solicitudes suelen adolecer de graves deficiencias, como la falta de verdaderos caudales de mantenimiento y la ausencia deliberada de los efectos sociales adversos y la relación de especies y hábitats protegidos. Todo ello hace que los proyectos oculten diversos impactos calificados como «críticos» en las alegaciones presentadas por AEMS-Ríos con Vida y otras entidades, de acuerdo con la metodología de nuestro «Manual Práctico sobre Minicentrales Hidroeléctricas», realizado por científicos expertos en la materia.
Frente a esto, con el fin de favorecer la calidad de vida de los habitantes de la ribera, ha de recabarse la ayuda de particulares y empresarios, del desarrollo y del turismo rural, y el compromiso de instituciones públicas. La Confederación Hidrográfica, los Entes Locales y la Junta poseen herramientas para evitar que las referencias al medio ambiente de la legislación de aguas se queden en papel mojado. A ver si nos damos cuenta de que si una playa no es un arenal para hacer cemento, un río tampoco es una cañería por donde circula el agua, dispuesta a su saqueo. ¿A qué esperamos entonces? No consintamos que destruyan, como dijo Unamuno, el «alma del paisaje» que son nuestros ríos.