Buenos días Doctora Tescari.     La Gaceta Laboral tiene muchos temas interesantes me parece una excelente publicación, si tiene interés en adquirirla incluso en adquirir las publicaciones anteriores le adjunto el correo electrónico del Director de la Revista Profesor. Luis Eduardo Diaz, a través del cual podrá hacer la solicitud y compra de las mismas.   El dato sirve para todos…

Atentamente.

Abg. Juan José Fábrega.

Estimados todos:

Les adjunto la decisión a que hace referencia el Dr. Oquendo.

No obstante, aprovecho la oportunidad para abogar una vez más por la separación que debe haber entre el tratamiento de las relaciones entre trabajadores comunes (en desequilibrio) con su patrono y el trabajador de dirección (de alta gerencia), quien incluso llega a confundirse con el patrono mismo.

Gracias Marta, en tus escrito encuentro comprensión y asidero de mi expresión por cuanto aclare que no es una visión de tecnicismos jurídicos la que planteo sino mas bien la visión de un relacionista industrial que recluta, contrata y mantiene  este tipo de personal y que además asesora a distintas empresas e industrias y que por demás cuida ese aspecto humano tan importante para las partes.

En todo caso estoy de acuerdo en que no es necesario quedarse en el aspecto emocional y descender a ver cómo es la realidad de hoy, tan de acuerdo que así comienzo mi escrito y sito   “ Buenas noches amigos colisteros, en relación al tema y en descargo de un sentimiento producto de una realidad que al menos se vive en este país y es conocida por pocos en relación a este personal Directivo o de dirección como efectivamente se califico en el caso que nos ocupa al empleado de la disquera y sin el animo de pretender complementar las opiniones del Prof. Rotondaro y el Dr. Jesús, Expongo lo siguiente:....” de tal forma que pensando en que se comprende la posición por al menos una persona del foro y que según puedo ver opina documentada en experiencias de otras latitudes como las mías se esta dando un paso adelante en el debate enriquecedor y objetivo  y desprendido del sesgo de la pasión.

Saludos a todos.

W.E.Z

Hola, Jesús, he leído los comentarios del profesor Oquendo, los tuyos y los de Wilfredo sobre la sentencia de Universal.  Se puede apreciar que, dejando de lado los aspectos estrictamente jurídicos, todas las partes tienen parcialmente razón en sus planteamientos.  Cuando digo apartándome de lo jurídico es porque el elemento humano y el social involucrados en la cuestión llevan a tomar posturas que sugieren, justifican o critican medidas legales, normativas y jurisdiccionales.  En España se contempla en el ET en su artículo 1°-3-c) la exclusión de sus disposiciones, de ciertos cargos en los que las personas se desempeñan como consejeros o son miembros de los órganos de administración de las sociedades, siempre que se limiten a "la realización de cometidos inherentes a tal cargo".   Parece una disposición sana, pues estas personas están más identificadas con el patrono que con los trabajadores.  Pero también es verdad que existen en las empresas altos cargos que no pueden ser desempeñados sino por individuos de alta calificación y formación, que no por eso dejan de ser trabajadores para la empresa, con cuyos objetivos se identifican en el sentido de que, si son exitosos en su desempeño, obtendrán reconocimiento, posibilidades mejores en empresas de mayor categoría y, orgullo profesional.  No creo que eso sea un pecado.  Debería quedar claro que quien trabaja, voluntariamente para otro, aunque tenga buen sueldo y prebendas envidiables, que aunque sus decisiones marquen el destino de la empresa muchas veces, no son accionistas de ella, son fácilmente prescindibles si fracasan o si no cumplen las expectativas puestas en ellos y, tienen derecho a ser considerados trabajadores.  Tal vez la solución contenga varias vertientes: 1) que se establezcan límites razonables para las prestaciones sociales y las indemnizaciones, tal vez considerando categorías de trabajadores, o haciendo mención expresa a los de confianza, 2) que el juez laboral, haciendo uso de sus extensas prerrogativas de director del proceso, esté atento a la conducta de las partes, a su colaboración con el proceso, a su posibilidad de exigir nuevas pruebas si las ofrecidas resultan insuficientes, en fín, de indagar la verdad en el caso concreto;  porque en ésta materia la verdad no es universal, ni la solución para un caso es la solución para otro, porque se trata de personas, de ambientes y condiciones de trabajo distintos y TODO EL MUNDO, aunque sea una persona competente, instruida, altamente capacitada, tiene derecho a que su trabajo sea reconocido y protegido, naturalmente, quizá no merezcan la misma protección que los trabajadores manuales, pero el mundo debería (y así ocurre en los países del primer mundo) ir modificando la estructura del campo laboral, dejando cada vez menos participación al trabajador manual y, cada vez más, al trabajador que se desempeña en el área de servicios y, en general, que está más preparado para poder enfrentar un mundo cada vez más competitivo. Perdona la perorata pero me parece necesario no quedarse en el aspecto emocional y descender a ver cómo es la realidad de hoy. Marta de S. 

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From: Delgado, Jesus

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Thursday, March 31, 2005 10:10 AM

Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

 

Estimado Dr. Oquendo, Wilfredo y amig@s del grupo:

 

Entiendo, y más aun comparto, en que los directivos son personas que están sometidas a altos niveles de estrés y de exigencias por parte de accionistas, de juntas directivas y del mercado propiamente, porque a él es que se deben, así como incertidumbre en su futuro laboral. Igualmente, concuerdo con el Dr. Oquendo, en que las reglas deben estar claras desde un principio, que las normas están allí, las queramos o no, y creo en este punto que muchas veces a través de las decisiones del TSJ se legislan nuevos derechos y obligaciones (laborales, tributarias, administrativas y otras) o protecciones no establecidas expresamente por la ley.

 

No obstante, el punto que trato de ilustrar, es que siendo un Alto Empleado una persona con todas las competencias y requerimientos que Wilfredo ha brevemente detallado en su mensaje, no es menos cierto que todas esas aptitudes le hacen estar mucho mas claro respecto a las decisiones que toma en su vida laboral. No hay pues en este tipo de casos un ERROR EXCUSABLE por una falsa representación y/o un falso conocimiento de la realidad, que les sustraiga a estos Directivos de la clarividencia en el querer, que vicie de nulidad su acto de escoger vincularse profesionalmente y no laboralmente.

 

No podemos hacer a un lado, que una persona de este nivel, quien tiene AMPLIOS conocimientos de finanzas, gerencia, recursos humanos, mercadeo y tributos, entre otras competencias (tal y como señala Wilfredo), estaba siendo manipulado o engañado al suscribir un convenio por honorarios profesionales.

 

Este tipo de trabajadores, conocen los RIESGOS del nivel laboral en el que se desenvuelven, hoy son Presidentes de “X” y mañana son Gerentes Generales de “Y”. Si consiguen un mejor trabajo con otra empresa, se van sin mayores resquemores, dejando a las compañías, creando en algunos casos incluso desestabilizaciones, al menos por un tiempo. Para ello, sólo basta ver como las especulaciones en el mercado bursátil hacen desastres cuando hay cambios de CEO, CFO y otros Funcionarios de alto nivel de las empresas, ya sea por nuevo nombramiento, cambio o renuncias de estos empleados.

 

Nuestra legislación es excesivamente proteccionista. En algunos casos prácticos se justifica con mucha razón, pero no podemos negar que en muchos otros no.

 

No obstante, la propuesta que traigo al foro, es que se debe permitir VALIDAMENTE, que un empleado de alto nivel pueda hacer uso de la Autonomía de la Voluntad para poder negociar los términos y condiciones de trabajo, siempre garantizándose a través de la ley el respeto a ciertos mínimos.

 

¿Por qué no puede una persona con estas aptitudes NEGOCIAR VALIDAMENTE sus condiciones de trabajo?

 

¿Por qué si esta capacitado para dirigir a la gran multinacional, pero es un desaventajado en su capacidad de gerenciar mejor sus condiciones de trabajo?

 

Tiene la capacidad, el entendimiento, la intención y la posición ante la empresa, para exigir más de lo que incluso le puede dar la ley. No creo que una empresa multinacional, que son las que en un 99% contratan trabajadores de estas características, se arriesgue a tener a una persona mal pagada dirigiendo el rumbo de las finanzas y gerencia de la empresa. Sencillamente, es impensable que un grupo de accionistas prefiera a un Directivo descontento o frustrado, de quien dependerá el retorno de la inversión en el negocio, dirigiendo la compañía. No creo que la gente invierta con la intención de perder su dinero.

 

De tal manera, que la Autonomía de la Voluntad, que en mi modesta opinión es el centro de este problema, puede tranquilamente jugar un papel preponderante en este tipo de situaciones, ante la normativa laboral común.

 

Para ello, les puedo decir que del 100% de los casos que he trabajado en este tipo de área (Compensación de Ejecutivos), siempre los Directivos han establecido condiciones en el contrato, correcciones y verificaciones, y SOBRE TODO, han preferido hacer uso de mecanismos administrativos no establecidos en la LOT para obtener sus beneficios en corto plazo (Ej. Pago del salario integral mensualmente, adquisición de vehículos de la compañía a precios irrisorios y/o de equipos tecnológicos). Y no nos hemos encontrado con problemas de litigios, quizás porque en estos casos ha habido mucho respeto y honor de los Directivos con los que he tratado en el cumplimiento de lo pactado, independientemente de que tengan la puerta abierta para plantear demandas laborales.

 

Generalmente, al menos en los casos que he conocido, han sido los propios Directivos quienes han decidido tomar la vía de pagos integrales (sin beneficios de ley), ya que ellos parten de la idea de que con sus conocimientos y competencias, pueden hacer un mejor aprovechamiento de su remuneración hoy, que esperar años y/o la terminación para poder recibir las cantidades correspondientes, las cuales estarán depreciadas o con menor valor del que hubieran logrado de haber podido hacer uso del dinero con anterioridad.

 

De las palabras del Dr. Oquendo no se evidencia que el caso de él se corresponda con el comentario anterior, es decir, si su defendido pactó libremente con Universal Music esas nuevas condiciones. No obstante, el punto en el supuesto general que comento arriba me obliga a preguntarme:

 

¿Son los Directivos los engañados?

 

ó

 

¿Son este tipo de Directivos quienes engañan, quienes toman la decisión de vincularse profesionalmente, manipular la situación, y luego pretender romper la piñata al final, diciendo que la relación debía ser regulada por la LOT?

 

¿Hay en éste último caso un fraude de la empresa a la legislación laboral?

 

ó

 

¿Un fraude del Directivo a la empresa y a la Ley? 

 

Es muy fácil pretender el respeto a la Ley al final de la relación, cuando el pasivo que se ha creado es suculento…

 

¿Por qué no quejarse antes?

 

¿Por qué aceptar esas condiciones consensualmente con la empresa y esperar hasta el final?

 

En todo caso, no creo que esta decisión sea extensible a todos los trabajadores, siempre dependerá de las condiciones propias del caso, el evidenciar si el criterio es aplicable o no. Muchos Directivos no están en igualdad de condiciones respecto de este caso, algunos están mucho mejor parados, otros no tanto.

 

Por otro lado, no creo que pueda entenderse que la transacción laboral es posible durante la relación de trabajo (aunque me parece que en ciertos casos muy especiales debería permitirse, pero esa es otra discusión) o que la cuantía de la cantidad de dinero reclamada deba ser un factor para otorgar la decisión del caso. Me parece que se le dio identidad separada a cada una de las relaciones, a la de trabajo que terminó con un “finiquito” (aun no me ha quedado claro si fue una liquidación entre las partes de forma privada o una transacción laboral suscrita entre las partes y homologada) y la profesional que se dio después. Si defendemos que eran ambas una misma relación de trabajo, pues obviamente no podremos estar de acuerdo con valor alguno de cosa juzgada de un acuerdo transaccional durante la vigencia de la relación de trabajo. De lo contrario, será perfectamente posible celebrar un transacción laboral y con posterioridad pactar una relación profesional independiente (preferiblemente con una separación de tiempo prudencial entre la terminación de la relación de trabajo y el comienzo de la profesional).

 

Dr. Oquendo, con mucho gusto me leería el escrito de formalización, si puede hacérmelo llegar a mi correo electrónico se lo agradecería mucho. Espero poder seguir contando con sus comentarios en el futuro.

 

Muchos saludos,

 

Jesús!

 

-----Original Message-----
From: wilfredo [mailto:wilfredoconsultores@...]
Sent: Jueves, 31 de Marzo de 2005 02:12 a.m.
To: laboral_2004@yahoogroups.com
Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

 

Buenas noches amigos colisteros, en relación al tema y en descargo de un sentimiento producto de una realidad que al menos se vive en este país y es conocida por pocos en relación a este personal Directivo o de dirección como efectivamente se califico en el caso que nos ocupa al empleado de la disquera y sin el animo de pretender complementar las opiniones del Prof. Rotondaro y el Dr. Jesús, Expongo lo siguiente:

 

 

- Para calificar en posiciones tan altas como la señalada se deben poseer estudios universitarios del mas alto nivel (especialización y/ o Maestrías)

      - Totalmente Bilingüe y en algunos casos políglota. (Más de tres idiomas)

      - Multicultural (haber trabajado en varios países, por lo menos dos)

- Manejar además de las áreas funcionales de la especialización otras áreas tales como comercialización y mercadeo, finanzas e informática.

- Debe manejar competencias múltiples (manejo de procesos de cambio, negociación y toma de decisiones basadas en indicadores de gestión y costos entre otras)

      - Debe ser al menos no mayor de cuarenta años y

      - Además tener por lo menos diez años de experiencia.

 

Adicionalmente en el desempeño de sus funciones esta sometido a un altísimo nivel de exigencias que terminan con más de doce horas promedio por día por semana efectivamente trabajada de seis días. Esto sin contar los múltiples viajes de negocios y traslados dentro del país donde se establece trayendo en consecuencia una vida muy agitada y llena de muchos malos tratos pues además representa a los accionista o dueños de la industria o corporación para la cual trabaja y los cuales por lo general suelen ser agresivos, prepotentes y despiadados en sus apreciaciones.

 

Es difícil por mas atractivo que sea el paquete pensar en las horas adicionales que debes emplear con el solo hecho de la  remuneración y compensación ejecutiva que de todas todas no retribuye jamás su dedicación  y si bien es cierto que es aberrante que pretenda este nivel de personal reclamar horas extra por ejemplo,  ninguna acción de club o chofer o pago de celular o retiro en dólares compensa su efectiva dedicación, como ejemplo de esto les indico el siguiente:  cuando se viaja por ocasión del trabajo sobre todo a otros países, por lo general se gestionan los informes de la visita en los idiomas que se manejan en la compañía y se abren los cientos de correos electrónicos de importancia en la butaca de un avión, taxi y/u otro medio de transporte, además sufres del consabido cambio de tu reloj biológico dado que te enfrentas los usos horarios de los países que visitas principalmente si son en las zonas de Asia, parte de Europa y Australia, puedes en un viaje de tres días nunca sentir que te toca el sol y todo transcurre durante la noche, en consecuencia demoras hasta tres meses en recuperarte,se ocasiona pesadez, perdida de la atención, falta de sueño etc., etc.,  de cada diez viajes terminas conociendo ningún lugar turístico y todos los restaurantes que a pesar del menú internacional el cual contiene comida estándar nunca terminas acostumbrándote y por ende tu salud sufre y por lo general el recuerdito que le traes a los allegados si es que lo puedas hacer lo terminas comprado en la tienda del aeropuerto.

 

Visto esto,  suele suceder que cuando estas empresas se fusionan o se absorben por otras de capital accionario mayor, el   directivo no resulta de la confianza o conveniencia del nuevo dueño o accionista y/o simplemente su cargo es tan vital que terminan imponiendo a otro individuo con o sin el perfil de este y entonces comienza el martirio para el directivo, es trasladado, aislado a ver si se va o renuncia y su calvario entones termina con el despido o lo que es peor con la gran palmadita de siempre y la frase adecuada para el momento, “ gracias por todo y cualquier cosa puedes contar con nosotros “  tu ya sabes donde esta la puerta.

 

Ese paquete al cual se hace mención en el correo anterior y que es probablemente motivo de orgullo para el directivo y su familia, cuando este aun forma parte de la empresa ( el cual no disfrutan a cabalidad o por lo menos juntos en familia )  y que suele ser de una envidia tremenda para todo aquel que ni siquiera sueña con algo parecido, jamás le devolverá todo y cuanto hizo ganar a la empresa a expensas de su sacrificio tanto para calificar para el cargo como el que impone la relación de trabajo.

 

Dada esta sentencia pues me pregunto yo ahora donde quedo no solo la sana critica sino la máxima de experiencia y además donde vamos a llegar con esta sentencia para futuros casos sobre todo cuando ya este personal que prácticamente es un desecho en el mercado pues probablemente pasa ya de los cuarenta años o quizás mas,  deba seguir laborando para mantenerse el y a su familia y someterse al circulo vicioso y pernicioso de entregar su labor como un honorario profesional o bajo otra modalidad de empleo pero siempre trabajado por cuanta ajena, cumpliendo horario y bajo una remuneración recurrente,  pero como un verdadero directivo a nivel de  ejecución de su labor lo cual hace a este individuo muy conveniente para las corporaciones que no invierten ni un medio en formar  a su personal y mucho menos a sus cuadros de reemplazo de gerentes y ejecutivos para al final del camino decirles okey recuerda que eres un honorario profesional el proyecto en el que te involucramos ya termino y por ende ya terminaste tu trabajo y sabes de sobra que te apreciamos y puedes contar con nosotros , ya sabes donde esta la puerta. Poniéndonos quizás ante una nueva era de la flexibilización del trabajo aunque no creo que sea la intención de la sentencia o quizás ante la validación de lo que puede ser una nueva forma de fraude de ley. A ese personal se les suele hacer un contrato chimbo, pasan los meses, los años y al final se pretende decir que el es un honorario profesional, un asesor, que gana sumas superiores a la media de la empresa y que en consecuencia no es un trabajador y por ende no goza de ninguna estabilidad y lo que es peor se obvia la prevalencía de la realidad de los hechos por encima del contrato convirtiéndose una vez mas en victimas y todo por tener el mas alto nivel académico, experiencial y gerencial que se pueda alcanzar, me parece absurdo, ilógico y además injusto, si es que de justicia estamos hablando, máxime que en la sentencia se violan aspectos de índole constitucional.

 

Suponemos que estos individuos son unos magnates y unos adinerados pero en realidad en mi humilde opinión son tan desamparados como útiles, sin embargo existen y existirán por mucho tiempo y si se cumple el echo de que cuando la relación de trabajo se rompe surgen los reclamos pues esta sentencia en buena parte y medida puso un freno a lo que les es legitimo, el derecho a defender sus derechos.

 

 

Espero quede claro que no es la visión del laboralista y por ende no aludo a los tecnicismos jurídicos  sino mas bien la visión del Relacionista Industrial que vive día a día esta realidad como reclutador, patrono, directivo y asesor de empresas nacionales y multinacionales.

 

Cualquier comentario, duda o aclaratoria será bien recibida.

 

Saludos cordiales,

 

W.E.Z

 

 

     

 

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De: Luis Ouendo [mailto:luisoquendo@...]

Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2005 22:23

Para: laboral_2004@yahoogroups.com

Asunto: Re: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

 

Estimado Jesús

 

Creo que tu criterio siempre es importante ya que considero haz sido uno de los mejores alumnos.

 

No obstante y tratando de dejar a un lado que fui parte en este juicio y que resulté perjudicado, pienso que la gravedad de este precedente se orienta a varios aspectos:

 

1) Modificación jurisprudencial de la ley con la consecuente in seguridad que lo genera. Es posible que yo pueda cokincidir con tigo e que el trabajador de dirección no debe tener la misma protección que el ordinario (de hecho la tiene por ejemplo en materia de estabilidad y jornada) pero resulta inconcebible pensar que ese trabajador no puede ser sometido a presiones por parte del patrono.

 

Por ejemplo en ese caso te podrás percatar de una serie de acciones simulatorias que por cierto no fueron consideradas por el tribunal supremo (lo que debieron hacer aún por la casación de Oficio) ya que el patrono se esmeró en simular que ese contrato había sido suscrito en el extranjero cuando en realidad había sido suscrito en Venezuela.

 

Permitir que una transacción se suscriba durante la ejecución de la relación de trabajo resulta inconstitucional y más inconstitucional resulta que no exista pronunciamiento sobre ello cuando la violación de la constitución por parte de un juez es un error inexcusable y causal de destituci´.

 

Resulta al menos grave que tu vayas a un juicio con unas reglas de juego y en el camino las <mismas te sean cambiadas so pretexto que el trabajador es un ser pensante y que no vive del 15 y del último.

 

Quiero recordarte que esos trabajadores especiales también gastan, pagan impuesto y mantienen  un nivel de vida que conlleva a que las presiones se puedan ejercer sobre ellos, sobre todo cuando la recepción de unacantidad de dinero puede representar el quedarse sin nada con una familia al hombro y con responsabilidades asumidas bajo la expectativa de un cargo que se venía ocupando y que abruptamente fue despedido.

 

Creo que si el trabajador tiene la certeza que carece de derechos adquiridos e irrenunciables desde un principio, es una cosa admisible pero nunca en mi opinión será admisible el cambio caprichoso de reglas de juego.

 

Como puedes ver la sentencia no entra a conocer de todos los aspectos planteados en la formalización y parea los trabajadores pobres deja varias consecuencias a mi modo de ver graves:

 

1) Se le pueden cambiar las reglas de juego por simples sentimientos del sentenciador.

2) Se puede aplicar la equidad contra legen en cualquier circunstancia ya que este es solo un primer caso.

3) Se vulnera el contenido de los artículos 3 y 10 LOT y se abre las puertas a que mañana se decida que por cuanto el trabajador está reclamando una gran cantidad de dinero que nunca se le pagó y que se le causó, este no la puede reclamar.

4) Se abre la puerta a que los requisitos de la transacción sean soslayados por posiciones personales, sentimentales o de otra índole del juez y no por situaciones jurídicas que son las que deben informar el silogismo sentencial.

5) Regresamos con esto a la época de los pretores pero con el agravante que no existen institutas sino situaciones inesperadas.

6) Se deja al arbitrio de cualquier juez el violar la constitución sin que los jueces superiores puedan revisar estas situaciones.

 

Cómo vez, todos estos principios debieron ser violentados para justificar este criterio que te puede sonar sano, pero por la forma como se llega resulta grave y peligroso para la administración de justicia.

 

Ya que tocas la reforma legal como manera de regular un trato diferente para el trabajador de dirección, coincido con tigo en ello, pero creo tu deberás coincidir en que ello debe provenir de reglas que deben estar claras desde un principio, pues ese trabajador gana lo que gana porque lo produce y pone al patrono a producir grandes, muy grandes ganancias y se le dejan de pagar una serie de beneficios so pretexto de sus prestaciones sociales.

 

Como ves, creo que es posible y hasta admisible que legislativamente se establezcan condiciones diferentes para el trabajador de dirección, pero con transparencia, desde el inicio de la relación de trabajo, con respeto del marco legal vigente y no "flexibilizando en perjuicio del trabajador" las condiciones legales establecidas para el trabajador que ha contratado bajo un régimen,en legal desde el principio y bajo la absoluta creencia que está amparo por un régimen legal que de la noche a la mañana no solo le quitó sus derechos sino que lo condenó en costas.

 

Te invito a que leas  la formalización del recurso para que veas lo que se dejó de decidir.

 

En realidad y para finalizar me preocupa esta sistema de interpretación que nos pone a depender de reformas verdaderas de la ley impuestas de manera sorpresiva e inconstitucional pues toda forma de discriminación es inconstitucional.

 

Recibe mi más sentido aprecio y aún cuando no coincidamos en esto mi más profundo respeto. Recuerda que aquí como en el aula de clase lo que a mi me interesa es el criterio sostenido y el razonamiento que lo sostiene.

 

Saludos

 

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

 

 

 

 

----- Original Message -----

From: Delgado, Jesus

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Wednesday, March 30, 2005 9:21 PM

Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

 

Estimados todos:

 

Les adjunto la decisión a que hace referencia el Dr. Oquendo.

 

No obstante, aprovecho la oportunidad para abogar una vez más por la separación que debe haber entre el tratamiento de las relaciones entre trabajadores comunes (en desequilibrio) con su patrono y el trabajador de dirección (de alta gerencia), quien incluso llega a confundirse con el patrono mismo.

 

Quizás concuerdo en que el problema se centra en que la Ley no discrimina del todo a los trabajadores de dirección (No obstante ver que la LOT no le da estabilidad a estos trabajadores), pero si es necesario en que se determine que NO ES LO MISMO que un obrero de construcción o a una secretaria se le ofrezca un trabajo bajo relación independiente bajo la figura de honorarios profesionales, violando sus derechos laborales, que un PRESIDENTE REGIONAL PARA LAS AMERICAS de una compañía “X” quien en seguramente IMPONE a la empresa las condiciones económicas bajo las cuales aceptaría prestar sus servicios para la empresa de que se trate en la región o para las actividades proyectadas.

 

Apoyo TOTALMENTE la iniciativa de la Sala Social de empezar a seccionar QUIENES merecen protección ABSOLUTA de la legislación laboral, y quienes pueden tener la libertad de hacer uso de su AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD para fijar sus condiciones de trabajo. De hecho es una propuesta que expresé durante el curso de Regimenes Especiales II con el Dr. Perdomo, y que sostuve en anterior oportunidad ante el Dr. Alfonzo-Guzmán en su curso de Derecho Individual.

 

Por ello, aprovecho esta ventana para insistir una vez mas en que este tipo de discusiones debe zanjarse de una vez y aprovechar la Reforma de la LOT para permitir que Patronos y Trabajadores de alto nivel puedan hacer uso libre de la autonomía de la voluntad (Ej. Legislación Colombiana), para fijar los términos y condiciones de la relación de trabajo que les unirá (vamos a estar claros, NINGUNA persona que vaya a ser Presidente o Directivo de Banco, Disquera, Petrolera, etc. va aceptar una remuneración de Salario Mínimo, con 15 días de utilidades y 7 de bono vacacional …)

 

Amig@s, no hablamos de un analfabeta, de un ignorante o un empleado con poco conocimiento de la Ley, o con poca ascendencia sobre las decisiones de la Empresa. Estamos hablando de una persona que tiene amplios poderes, que decide que se hace y/o que se deja de hacer en una compañía, quien determina el futuro de los negocios, de quien dependen las decisiones importantes.

 

Esta categoría de trabajadores, no vive de un quince y último, en su mayoría tienen planes de retiro internacionales en dólares y euros que les aseguran una vejez mas que tranquila; tienen acciones de clubes recreativos; pagos de choferes, celulares, asignación de viviendas lujosas; tarjetas corporativas para gastos de representación; acciones en la empresa; viajes todo-pago; y muchas otras cosas mas que no voy a decir, porque me provoca hasta enojo, que una persona de este nivel pretenda plantear a través de una demanda laboral que “lo engañaron”, “que no sabia lo que estaba firmando”, “que esa no era su intención” … POR FAVOR!!!

 

De tal manera, que no podemos extender las interpretaciones y defensas en las que creemos todos los días, en defensa de los derechos del trabajador común … NO CREO QUE SEA LO MISMO … Justicia es tratar a los iguales como iguales, y a los desiguales como desiguales …

 

En todo caso, defiendo este punto con cierta vehemencia, porque no creo justo que se haga uso del Derecho del Trabajo con fines mercenarios o cargados de avaricia. Espero no ofender de manera alguna a quienes disienten de mi opinión, bajo ningún concepto pretendo descalificar una opinión contraria. Sólo espero que llegue mi mensaje tal y como en el fondo lo envío … con muchas ganas de que otros participen y discutamos responsablemente de todos estos puntos de derecho y sociedad.

 

Muchos saludos,

 

Jesús!

 

-----Original Message-----

From: Francisco Iturraspe [mailto:laboral_2004@...]

Sent: Miércoles, 30 de Marzo de 2005 09:53 a.m.

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Subject: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

 

Mandanos la sentencia Luis, hay que debatirla!!!! Saludos! FI

 

Luis Ouendo <luisoquendo@...> wrote:

En lo personal secundo a Pancho. Agregaría además que aun si dejamos a un lado que la norma legal tiene aplicación preferente por su jerarquía, en todo caso debería aplicarse la más favorable al trabajador.

 

Pero creo que a estos criterios debemos acostumbrarnos pues los criterios jurisprudenciales parece que cada día son más caprichosos. Preparense para el criterio más reciente:

 

1) Los derechos de los trabajadores de dirección son renunciables.

2) Se admite la transacción celebrada durante la relación de trabajo.

3) Los finiquitos no tienen  que reunir los requisitos del artículo 3 de la LOT.

4) Parece que los derechos de los trabajadores internacionales contratados en Venezuela son relativos.

5) Se admitre la equidad contra legen

 

Ver sentencia Universal del jueves pasado17 de marzo, sala social.

 

Seria bueno que la leyeran pues creo que es verdaderamente importante.

 

Saludos

 

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

----- Original Message -----

From: Francisco Iturraspe

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Friday, March 25, 2005 11:15 AM

Subject: [laboral_2004] Voto salvado y asombro en la interpretación del Art. 108 de la LOT

 

Mariangel y amigos, deje pasar unos dias para ver las reacciones que se sucedieron a la pregunta de Mariangel. Voy a exprear con todo respeto mi criterio disidente en cuanto a la "interpretacion" de la norma del 108 segundo parrafo. No tengo acentos en mi teclado ni el palito de la "enie" por lo que les ruego me disculpen.

 

En mi modesta opinion la norma del 108 segundo parrafo es sumamente clara (dentro de un articulo largo y muy mal redactado) y no ofrece la mas minima duda interpretativa: dice que los dos dias adicionales hay que pagarlos "Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses" y que es "por cada año".

 

La confusion proviene por que el reglamento dice otra cosa: que no es despues del primer anio sino del segundo.

 

Para mi la situacion es clara tenemos dos normas que dicen cosas diferentes y contradictorias: una que es despues del primer anio (LOT) y la otra despues del segundo (Reglamento).

 

Una es reglamentaria y la otra es legal. Cualquier estudiante de primer anio de Derecho en cualquier parte del mundo, aunque no haya estudiado nunca  Derecho del Trabajo sabe que debe aplicar la norma legal, por aquello de la piramide del senior Kelsen, verdad?

 

Con todo respeto, los la doctrina y la jurisprudencia no pueden, en ninguna hermeneutica medianamente "decente" , ir contra el texto expreso de la Ley, su espiritu, proposito y razon o aplicar una norma sublegal con preferencia a una legal.

 

En en radicalemte negado caso que la interpretacion de esa parte del 108 trajera dudas, ?no deberia la doctrina iuslaboralista, el Reglamento que "establece" los principios y la jurisprudencia aplicar la interpretacion mas favorable al trabajador??? Eso lo podria aducir un estudiante que haya pasado las primeras clases de Derecho del Trabajo para apoyar al razonamiento Kelseniano del estudiante de primer anio.

 

Pero no!, la doctrina "cientifica" en la materia no paso por primer anio ni por cuarto, o se olvidaron de todo. La sentencia que nos aporta Duglas aplica el criterio reglamentario en detrimento del legal SIN LA MAS MINIMA FUNDAMENTACION...por que si!!! Aplica el Reglamento y desecha la Ley sin decir nada respecto porque comete tamanio disparate juridico!!!

 

No deja de asombrarme la capacidad que tenemos los abogados de torcer la recta aplicacion de las normas legales con absoluto desparpajo cuando no convienen a ciertos  intereses, mas aun cuando asumimos el papel de reglamentistas y a veces de juzgadores o simplemente de opinadores...

 

Debo decir que ademas de asombrarme me entristece profundamente ese papel que se desempenia muchas veces con muchas infulas pero con tan poca verguenza. Lamentablemente estamos como estamos en el mundo y en Venezuela por actuar de esta manera...nuestra conducta y "doctrina" genera la idea que todo puede acomodarse a los caprichos o los intereses...y despues nos quejamos si otros obran de esa manera...pero nuestra actitud es la que da pie a esa idea que la Ley... es para acomodarla a los intereses, no para acatarla... Asi no va!!! Muy triste realmente...

 

Como ven esto mucho mas grave que si un trabajador pierde un par de dias en su liquidacion...es el Estado de Derecho y la logica juridica elemental lo que estamos pisoteando impunemente, o no tan impunemente...porque todas estas cosas...a la larga o a la corta...se pagan!!! Se pagan con la desconfianza en las instituciones y en el desprestigio social de quienes las operamos, los abogados.

 

Disculpen la vehemencia, pero no puedo dejar de contarles el estado de animo que me producen estas cosas,

 

Saludos cordiales y buena semana santa!  Pancho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Duglas J. Yanes R." <djyanes@...> wrote:

Hola Mariangel:

 

    Te remito una sentencia de la Sala Social donde el Magistrado Perdomo aclara tu duda realizando los cálculos respectivos de conformidad con el Art. 97 del Reglamento de la LOT.

 

    Espero te sirva.

 

    Saludos,

 

    Duglas J. Yanes R.

    Escritorio Jurídico Yanes & Asociados

 

 

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

            En el juicio por cobro de prestaciones sociales, daño moral y lucro cesante que sigue la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES AGOSTINI DE MATUTE, representada judicialmente por los abogados Arturo Alonso Castillo, María Carolina Trejo Romero, Jesús Pirela Navarro y Edgar Isaac Sánchez, contra la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A., representada judicialmente por los abogados Néstor Álvarez Yépez, Jackson Pérez Montaner y Veda Carelén Cedeño Picón, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conociendo por apelación de la parte demandada, dictó sentencia definitiva en fecha 29 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, el 27 de mayo de 2003.

            Contra dicha decisión de Alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo contestación.

            En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos en forma oral y pública.

            Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales y siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

CASACIÓN DE OFICIO

            En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

            La motivación, ha dicho el Tribunal Supremo, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran; y las segundas, la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

            La inmotivación, por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia, que impone el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

            Igualmente ha establecido este Tribunal, conforme a su doctrina pacífica y reiterada, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación.

            En el caso de autos, la Sala examinó el fallo impugnado y encontró que el sentenciador de Alzada estableció que no existe duda de la existencia de la relación de trabajo y declaró procedente el reclamo de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sin especificar la fecha y la forma de terminación de la relación laboral, indispensables para realizar dichos cálculos.

            El sentenciador de Alzada no expresa en su sentencia materialmente ningún razonamiento de hecho que le permita resolver la controversia planteada, porque no deja establecido los hechos que quedaron demostrados con las pruebas promovidas en el juicio, que soporten los extremos mínimos que le permitirían dictar su decisión, tales como: el tiempo exacto de prestación del servicio, la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la determinación del salario para prestaciones y la forma de terminación del contrato. Todo ello impide a la Sala ejercer el control sobre la legalidad del fallo cuestionado que es la función principal del Tribunal de Casación, razón por la cual la Sala considera que la decisión incurre en el vicio de inmotivación y no cumple con la finalidad de resolver la controversia con suficientes garantías para las partes y por ello casa de oficio la sentencia impugnada.

            La Sala en conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, anula la sentencia recurrida y procede a decidir el fondo de la controversia, con base en las siguientes consideraciones:

SENTENCIA DEFINITIVA

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

            Señala la actora en la demanda interpuesta el 21 de marzo de 2001 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que trabajó para la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A. desde el 16 de febrero de 1996 hasta el 21 de julio de 2000, cuando fue despedida injustificadamente estando protegida por inamovilidad laboral por fuero maternal. El 26 de julio acudió ante la Inspectoría del Trabajo e introdujo una solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, la cual fue declarada con lugar mediante providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000.

            El 4 de octubre de 2000, el inspector del trabajo y la actora se trasladaron a la sede de la demandada a realizar la notificación de la Providencia Nº 103 y constatar que hasta ese momento no se había reenganchado a la trabajadora. Fueron recibidos por la ciudadana Astrid López de Deibis, Directora de la institución educativa, quien informó que el caso estaba en manos del abogado, ante lo cual, el funcionario elaboró un informe dejando constancia de la notificación y que no se realizó el reenganche y pago de los salarios caídos.

            Al no haber sido cumplida la providencia mencionada, la parte actora solicita el pago de la indemnización por antigüedad y bono de transferencia establecidos en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,  antigüedad de conformidad con el artículo 108 eiusdem, vacaciones vencidas, bono vacacional, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, indemnización por despido injustificado de conformidad con el artículo 125 eiusdem, y la corrección monetaria de los montos acordados.

            Adicionalmente señala que ante la falta de pago del salario correspondiente al mes de julio y de los salarios caídos de conformidad con la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo, la actora ha incurrido en atraso en los pagos del préstamo de política habitacional correspondiente a su vivienda y en el pago del condominio de la urbanización donde vive, teniendo que recurrir a préstamos personales por más de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) para solventar los problemas económicos y coadyuvar en la manutención de sus hijos. Por este motivo demandó la indemnización por daño moral por cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) y el lucro cesante por tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00).

            Admitida la solicitud y agotados los trámites de citación, los representantes de la demandada dieron contestación a la demanda negando que la fecha de ingreso haya sido el 16 de febrero de 1996 y afirmando que la actora ingresó a trabajar el 1º de septiembre de 1996; niegan que el tiempo de servicio haya sido 5 años, 1 mes y 21 días porque a partir de la alegada fecha de inicio, aplicando el plazo de servicio señalado, la relación laboral habría culminado el 9 de abril de 2001, fecha posterior a la interposición de la demanda; admiten que en fecha 4 de octubre de 2000, fueron notificados de la Resolución Nº 103 de la Inspectoría del Trabajo que ordena el reenganche y pago de salarios caídos de la actora; afirman que luego de notificada la empresa, la actora nunca compareció a reincorporarse a sus labores habituales, lo cual constituye una pérdida de interés a ser reenganchada, ya que para el año escolar 2000-2001, comenzó a prestar servicios como docente en el Aula Integrada de la Escuela Básica Leopoldo Torres del Estado Yaracuy. Adicionalmente negaron que el salario diario al 31 de diciembre de 1996, haya sido de Bs. 2.666,66, pues para esa fecha devengaba un salario quincenal de Bs. 22.000,00, que mensualmente representa Bs. 44.000 mensuales, los cuales son equivalentes a Bs. 1.466,66 diarios, así como que la actora tuviera derecho al régimen de transición pues al 31 de diciembre de 1996 tenía acumulados sólo cuatro (4) meses de servicio. También negaron que el salario al 19 de junio de 1997 fuera de Bs. 2.666,66 pues su salario mensual era de Bs. 78.200 lo que equivale a Bs. 2.606,66 diario. Calculan que la prestación acumulada de antigüedad desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2000 es de Bs. 1.888.888,88. Niegan que le correspondan vacaciones en febrero de 2000, y en el período 2000-2001, así como vacaciones fraccionadas, pues la relación comenzó en septiembre y sólo tendría pendientes las vacaciones correspondientes al período 1999-2000,  a razón de 15 días más 3 días de salario calculadas con un salario diario de Bs. 10.666,66 ya que el resto del período no fue trabajado.  Niegan en forma simple, los cálculos correspondientes al bono vacacional y a los intereses sobre prestaciones, así como el derecho a indemnización por despido e indemnización sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y a utilidades fraccionadas.

            En cuanto al daño moral, niegan haber incurrido en hecho ilícito alguno capaz de generar responsabilidad contractual, que les sea imputable el no reenganche de la trabajadora, niegan que la trabajadora haya acudido a la empresa a cobrar sus créditos laborales y que no hayan pagado el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni el arreglo que corresponde conforme a la ley. Igualmente niegan que la actora se haya endeudado por Bs. 3.000.000,00 y que ello les sea imputable.

            Admiten que además de la suma por prestaciones sociales, le corresponden  a la actora las vacaciones del período septiembre 1999 a septiembre 2000 y el respectivo bono vacacional, calculados con base en un salario normal de Bs. 10.666,66 diario.

            Afirman haber pagado el 18 de julio de 1997 Bs. 44.000,00 correspondientes a prestaciones según el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Bs. 39.000,00 por bono vacacional el 15 de agosto, 30 de agosto y 16 de septiembre de ese mismo año; Bs. 110.420,00 por vacaciones colectivas (mes de agosto y 15 días mes de septiembre) y restaba la diferencia de Bs. 26.580,00.

            También señalan que el 16 de diciembre se le pagaron a la actora Bs. 120.000,00 correspondientes a 15 días de utilidades, y el 31 de julio de 1998 se abonó a cuenta de prestaciones la cantidad de Bs. 240.000,00.

            Afirman que se le canceló en efectivo a la actora la cantidad de Bs. 235.200,00 y Bs. 154.160,00 por concepto de vacaciones colectivas en 1998, así como Bs. 160.000,00 correspondientes a las utilidades de ese mismo año.

            En 1999, señalan haberle pagado en efectivo Bs. 320.000,00 como abono a prestaciones sociales; Bs. 220.648,00 por intereses sobre prestaciones y Bs. 470.960,00 por concepto de vacaciones colectivas de ese año.

            Por último afirman que el 2 de enero de 2000 se le cancelaron Bs. 115.000,00 y Bs. 45.000,00 por las utilidades del año 1999.

            Respecto a los salarios caídos, afirman haber consignado en ese mismo Juzgado, un cheque de gerencia del Banco de Lara por la cantidad de Bs. 783.700,00 que incluye el salario de la segunda quincena de junio de 2000, mes de agosto y mes de septiembre de ese mismo año.

            En fecha 27 de mayo de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) por daño moral, tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00) por lucro cesante y las prestaciones sociales calculadas mediante experticia complementaria del fallo realizada por un  experto contable.

            En fecha 29 de septiembre de 2003, el Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, declaró parcialmente con lugar la apelación y parcialmente con lugar la demanda, condenando a pagar los siguientes derechos laborales: antigüedad, vacaciones vencidas, vacaciones comprendidas entre el 16 de febrero de 2000 y 15 de febrero 2001, vacaciones y utilidades fraccionadas; y, ordenando calcular la corrección monetaria y el fideicomiso mediante experticia complementaria del fallo, decisión que fue anulada en Capítulo anterior de este fallo.

            De esta manera, evidencia la Sala que los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia, conforme a la pretensión deducida y las defensas opuestas van dirigidos a determinar la existencia y alcance de la obligación de pagar los montos solicitados correspondientes a prestaciones sociales y otros conceptos laborales y a indemnización por daño moral y lucro cesante.

MOTIVACIÓN

            Ahora bien, conteste con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda.

            En tal sentido, se ratifica una vez más el criterio sentado por esta Sala en fecha 15 de marzo de 2000, el cual es del tenor siguiente:

“El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc”.

            En atención a la doctrina reproducida anteriormente, y tal como se verifica en el escrito de contestación de la demanda, en el presente caso fueron admitidos los hechos respecto a la existencia de una relación laboral, la obligación de pagar las prestaciones sociales y las vacaciones y bono vacacional correspondientes al período 1999-2000, y quedaron controvertidos la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la forma de terminación de la relación, el monto de los salarios normales e integrales a efectos de calcular los conceptos debidos, así como los hechos relacionados con la existencia y el monto correspondiente a la indemnización por daño moral y lucro cesante pretendidos.

            La carga de la prueba en lo relativo a la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, forma de terminación de la relación, el monto de los salarios correspondientes y las cantidades pagadas corresponde a la demandada, por cuanto alegó estos hechos en su contestación. Respecto a la procedencia de la indemnización por daño moral y lucro cesante, corresponde a la actora probar el hecho ilícito, la existencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado.

            A continuación se valorarán las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

            La parte actora consignó anexos al libelo de demanda:

            1) Copia fotostática simple del documento constitutivo de la sociedad mercantil “COLEGIO AMANECER, C.A.”. Sobre el particular, las copias fotostáticas simples de documentos públicos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En el caso examinado las referidas documentales no fueron impugnadas por el contrario y por lo tanto se tienen por fidedignas. En consecuencia, esta Sala considera que el documento merece valor probatorio en conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que está demostrado que las ciudadanas Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta son las directoras de la mencionada sociedad mercantil y ejercen conjuntamente su representación.

            2) Copia certificada de la providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara en el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado por la actora en contra de la demandada, que consta a los folios 29 al 31 del expediente. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara declaró con lugar la solicitud y ordenó el reenganche de la trabajadora a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación.

            3) Copia certificada de informe elaborado por el funcionario del trabajo T.S.U. Jimmy A. Rondón Pérez de fecha 4 de octubre de 2000. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que el funcionario del trabajo se trasladó a la sede de la empresa COLEGIO AMANECER, C.A. con la finalidad de notificar a su representante legal de la Providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo y a constatar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES DE MATUTE, dejando constancia de la entrega del oficio contentivo de la providencia anteriormente mencionada y que no se hizo efectivo el reenganche y pago de salarios caídos.

            4)  Copia certificada de cuatro contratos de trabajo suscritos por la actora y la demandada. Los documentos no fueron desconocidos. Dichos documentos son privados, que al no ser negados formalmente se tienen por reconocidos, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merecen valor probatorio. En consecuencia, esta Sala considera que está demostrado que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, con un salario Bs. 22.000,00 quincenales, a partir del 1º de septiembre de 1997 el salario devengado fue de Bs. 120.000,00 quincenales y a partir de 1º de septiembre de 1998 el salario devengado fue de Bs. 160.000,00.

            5) Copia certificada de las partidas de nacimiento de Juan José Sequera Meneses y Bárbara José Matute Meneses. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las partidas de nacimiento merecen valor probatorio y esta Sala considera que de la partida de nacimiento de Bárbara José Matute Meneses se desprende que la actora dio a luz una niña el 13 de abril de 2000. Respecto al otro instrumento, la Sala considera que es impertinente y, en consecuencia, inadmisible.

            6) Original de declaración de las ciudadanas Ailine Beatriz Villegas y Yolanda Altagracia Mora de Mujica ante la Notaría Cuarta de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 2 de enero de 2001. Se trata de una declaración testimonial producida fuera del proceso y que al no haber sido ratificada en juicio, viola el principio de control y contradicción de la prueba y es, por tanto, inadmisible.

             La actora produjo durante el lapso de promoción de pruebas, el mérito favorable que se desprende de las documentales acompañadas a la demanda, consignó otros instrumentos y promovió la declaración de cuatro testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, esta Sala considera que es improcedente valorar tales alegaciones.

            1) Copia fotostática de constancia de trabajo expedida por Astrid López de Deibis, directora de la demandada, que no aporta nada a lo debatido en el proceso pues la relación laboral fue admitida por la demandada y al no ser objeto de prueba, la producida con tal fin es inadmisible.

            2)  Copia fotostática de comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica,  con sede en la ciudad de Yaritagua, Estado Yaracuy, en la cual se le notifica a la actora, la suspensión del servicio de vigilancia y aseo por su mora al 5 de febrero de 2001. Sobre el particular, se trata de un documento privado emanado de terceros que al no ser ratificado mediante prueba testimonial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es inadmisible.

            3) Copia fotostática de Libreta de Ahorro de la entidad de ahorro y préstamo “Valencia”, bajo el Nº 001-2-52187-7, perteneciente a la actora, la misma es impertinente y, por tanto, inadmisible.

            4) Copia certificada de la solicitud de despido Nº 674-2000, interpuesta por Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta, directoras de la demandada  ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara el 23 de noviembre de 2000, en la cual solicitan autorización para despedir a la actora. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo este documento merece valor probatorio. En consecuencia esta Sala considera que quedó demostrado que el 23 de noviembre de 2000, la demandada solicitó autorización a la Inspectoría del trabajo para despedir a la actora.

            5) Copia certificada de auto emanado de la Inspectoría del Trabajo del Estad Lara de fecha 4 de diciembre de 2000, en el cual no se admite la solicitud de autorización de despido hasta tanto no conste la efectiva reincorporación de la trabajadora.  Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que fue negada la solicitud.

             6) Copia certificada de documento de compra-venta de vivienda de la actora, la cual es impertinente y, por tanto, inadmisible.

             En cuanto a las pruebas testimoniales de los ciudadanos Ruth Cristina Márquez, Maritza Valero, Chakra Naylet y Leonardo del Valle Rivas, todos son contestes en conocer a la actora por relación vecinal, que les consta que tiene problemas económicos y que ignoran donde trabaja. La Sala, aplicando el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera que los testigos son hábiles y no incurren en contradicciones y sus deposiciones concuerdan entre sí, razón por la cual se aprecian en todo su valor probatorio y queda demostrado que la actora tiene problemas económicos.

            Por su parte la demandada, produjo en su promoción de pruebas el mérito favorable de los autos, consignó los instrumentos que se describen a continuación, solicitó prueba de informes a la Dirección de la Escuela Básica Leopoldo Torres (Aula Integrada) e inspección judicial a la Escuela Básica Leopoldo Torres y promovió la declaración de seis testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, se ratifica lo decidido anteriormente.

            La prueba de inspección judicial no fue admitida en virtud de que los puntos sobre los cuales versa, están contenidos en la prueba de informes y no realiza nuevos aportes para la solución de la controversia.

            1)  Originales de recibos y vaucher de pago de diferentes conceptos laborales que constan en los folios 103 al 216, los cuales fueron impugnados, desconocidos y tachados por la parte actora, y no habiendo sido probada su autenticidad mediante la prueba de cotejo o la de testigos en su defecto, son inadmisibles.

            2) Hojas de cálculo de prestaciones sociales e intereses sobre las mismas, sin firmas, que constan en los folios 217 al 223. De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que estos documentos son inadmisibles.

            3) Actas levantadas por el Colegio Amanecer suscritas por representantes de la demandada y de la comunidad educativa para demostrar la inasistencia de la actora a su puesto de trabajo desde el mes de octubre de 2000 hasta el mes de enero de 2001, las cuales adquirirán valor probatorio una vez sean ratificados mediante la prueba testimonial en conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual esta Sala las apreciará  al analizar la prueba de testigos.

            4) Copia fotostática de escrito de la demandada dirigido al Juez de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el cual se afirma la consignación de un cheque de gerencia emitido por el Banco de Lara por un monto de Bs. 783.700,00 para pagar los salarios caídos que se adeudan a la actora, sin fecha, ni sello o firma que confirme su recepción.  De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que este escrito es inadmisible.

            Respecto a la prueba de informes, consta en el folio 333 comunicación original de la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres dirigida al Doctor Juan Rodríguez Palacios, con sello húmedo de recepción del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara, la cual merece valor probatorio y esta Sala considera que la actora comenzó a trabajar en esa institución como docente contratada de Aula Integrada desde el 16 de enero de 2001 con un horario de 7:20 a.m a 12:20 p.m.

            Se promovieron las siguientes testimoniales:

            1) La testigo Ingrid Heidenreich, la cual no compareció a rendir declaración.

            2) La testigo Lisbeth Yasmín Rodríguez de Martínez, no merece valor probatoria pues se contradice al señalar fechas distintas de inicio de su relación laboral.

            3) La testigo Patricia Cuellar, no merece valor probatorio pues se contradice sobre su conocimiento respecto al embarazo de la actora.

            4) La testigo Kellys Mildreth Ramírez Paradas, igualmente no merece valor probatorio pues se contradice cuando reconoce las actas levantadas en el colegio y suscritas por ella y luego afirma no haberlas leído.

            5) La testigo Ennovy Teresa Melgarejo Chacón, impugnada por la actora, no se aprecia por constatar en su declaración que es pariente afín de la directora de la demandada Astrid López de Deibis.

            6) La testigo Zulia Esperanza Peroza, no merece valor probatorio por tener interés en el juicio y ser testigo referencial.

            En virtud de haber sido desechadas las testimoniales de los testigos promovidos por la demandada, esta Sala considera que las actas levantadas por la demandada para hacer constar la inasistencia de la actora, mencionadas anteriormente, no tienen valor probatorio.

            Ahora bien, del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido que la relación laboral se inició el 1º de septiembre de 1996 y que el salario devengado por la actora fue de Bs. 22.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1996, Bs. 120.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1997 y Bs. 160.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1998, de conformidad con los contratos de trabajo consignados; que la actora dio a luz el 30 de abril de 2000, de conformidad con la partida de nacimiento de la niña Bárbara José Matute Meneses; que por la Providencia Nº 103, la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara calificó el despido como injustificado y ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación; que por el informe enviado por la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres la actora se desempeña como docente en esa institución desde el 16 de enero de 2001; y, que por la declaración de los testigos de la actora, conjuntamente con la comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica, la actora tenía problemas económicos.

            Además por aplicación de los principios de la carga de la prueba, la demandada no logró probar la terminación de la relación laboral de alguna forma distinta al despido alegado por la actora, ni en fecha distinta a la afirmada por la misma, razón por la cual se establece que la relación laboral terminó mediante despido en fecha 21 de julio de 2000. Tampoco demostró haber pagado a la actora el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni haber efectuado el reenganche o haber ocurrido el desistimiento de la actora de su derecho a la reincorporación al trabajo, ni el pago de los salarios caídos, por lo que no quedó demostrado que se haya liberado de esa obligación.

            Ahora bien, en relación con el régimen legal aplicable, en primer lugar es necesario determinar si el contrato de trabajo es a tiempo determinado o a tiempo indeterminado.

             Dispone el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo que: “el contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. (...).”

            En el caso concreto se consignaron cuatro contratos consecutivos, y al no existir razones que demuestren la intención de no continuar la relación de trabajo, de conformidad con la norma anteriormente trascrita, considera esta Sala que el contrato es a tiempo indeterminado y así se declara.

            En conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado.

            El artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de este Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII. (...).”

            En este caso, habiendo dado a luz la trabajadora en el mes de abril de 2000, gozaba de inamovilidad laboral para el momento del despido de conformidad con el artículo parcialmente trascrito, razón por la cual el despido fue injustificado, tal como fue declarado por la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, y el patrono deberá pagar los salarios dejados de percibir durante el procedimiento y las indemnizaciones adicionales contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

            Dado que el patrono no logró demostrar el reenganche ni el desistimiento de este derecho por parte de la actora, ni tampoco demostró el pago del salario correspondiente al mes de julio, se considera que éste deberá pagar los salarios dejados de percibir correspondientes al mes de julio de 2000, hasta la fecha de interposición de la demanda, es decir, hasta el 22 de enero de 2001. Así se declara.

Salarios dejados de percibir:

202 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 2.154.667,34

Indemnización por Despido y Antigüedad:

Artículo 125 eiusdem, 1er. Aparte

120 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 1.280.000,40

Artículo 125 eiusdem, 2do. Aparte

90 días x Bs. 10.666,67                                                                                                                                                                                                               Bs.    960.000,30

                                                                                                                                                                                                                                                                   TOTAL                       Bs. 4.394.668,04

             

            Para el cálculo de la prestación de antigüedad, como quedó establecido que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, corresponde aplicar lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 108 eiusdem.

            Lo procedente en el caso de autos, es en primer lugar hacer un corte de cuentas hasta la fecha de entrada en vigencia de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para calcular la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y el bono de transferencia; y en segundo lugar, desde ese momento hasta la fecha de término de la relación de trabajo, deberá calcularse la prestación de antigüedad por el primer año de servicio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 665 eiusdem, por cuanto la actora mantenía una relación de trabajo mayor a seis (6) meses cuando entró en vigencia la Ley; y, por último, en el año o los años subsiguientes, deberá calcularse la prestación de antigüedad conforme lo dispone el artículo 108 eiusdem.

            De conformidad con Sentencia Nº  174 de fecha 13 de marzo de 2002, las prestaciones sociales se deben calcular hasta la fecha de terminación de la relación laboral, 21 de julio de 2000, pues de allí en adelante no se reanudó la prestación de servicio y los salarios dejados de percibir tienen carácter indemnizatorio. 

Tiempo de Servicio: Desde el 01-09-96 al 21-07-00:  3 años, 10 meses y 20 días.

Corte de Cuenta:  Desde el 01-09-96 al 19-06-97:  9 meses y 18 días.

Literal “a” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Indemnización de Antigüedad (salario diario al mes de mayo 1996):

30 días x Bs. 1.466,67                                                                 Bs.   44.000,00

Literal “b” del artículo 666 ejusdem (salario al 31-12-96)

No corresponde porque a la fecha de corte, la trabajadora había prestado menos de un año de servicio.

Prestación de Antigüedad: Artículo 665 eiusdem del 19-06-97 al 18-06-98;

19-06-97 al 18-08-97: 10 días x Bs. 2.956,96                             Bs.    29.596,63

19-08-97 al 18-06-98: 50 días x Bs. 8.488,89                             Bs.  424.444,44

Prestación de Antigüedad: Art. 108 eiusdem

19-06-98 al 18-08-98: 10 días x Bs.  8.511,11                            Bs.    85.111,11

19-08-98 al 18-06-99: 50 días x Bs. 11.348,15                           Bs.  567.407,41

19-06-99 al 18-06-00: 60 días x  Bs.11.377,78                           Bs.  682.666,67

19-06-00 al 21-07-00:   5 días x Bs. 11.407,41                           Bs.    57.037,04

6 días adicionales x Bs. 11.407,41                                                Bs.    68.444,44

(2 correspondientes al año 1999 y 4 correspondientes al año 2000)

                                                                 TOTAL          Bs.1.914.680,74

            No habiendo quedado establecido que se hubiesen pagado los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2º) El perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta que la Ley entró en vigencia el 19 de junio de 1997 y la fecha en la cual será pagado este concepto; 3º) El perito hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses.

            Respecto a las vacaciones y el bono vacacional, la actora solicita el pago de las correspondientes a los períodos febrero 1999 a febrero de 2000, febrero 2000 a febrero 2001 y vacaciones fraccionadas.

            El artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles. A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. (...).”

            El artículo 223 eiusdem dispone el derecho del trabajador de percibir una bonificación especial en la oportunidad de sus vacaciones equivalentes a siete (7) días de salario más un (1) día adicional por cada año de servicio a partir de la vigencia de la Ley.

            Por otra parte, el artículo 225 eiusdem establece que cuando la relación de trabajo termine antes de cumplirse el año de servicio, sea en el primer año o en los subsiguientes, el trabajador tendrá derecho al pago equivalente a sus vacaciones y bono vacacional en proporción a los meses completos de servicio durante ese año.

            De conformidad con los artículos anteriormente descritos, para la concesión de los días adicionales se considera que el tiempo de servicio comienza a partir de la entrada en vigencia de la Ley, razón por la cual, esta Sala considera que las vacaciones y bono vacacional adeudados son los correspondientes al período julio de 1999 a julio de 2000. Así se declara.

Vacaciones y Bono vacacional: Art. 219, 223 y 225 eiusdem

Vacaciones de 19-06-99 a 18-06-00

(15 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                              Bs. 181.333,39

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 15 días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                               Bs.   16.000,00

Bono Vacacional de 19-06-99 a 18-06-00

(7 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                                Bs.   96.000,00

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 7días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                                              Bs.     8.888,89

                                                                 TOTAL                       Bs. 302.222,28

             

            Los trabajadores, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente de cuatro (4) meses. Cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados.

Utilidades fraccionadas: Art. 174 eiusdem

Utilidades proporcionales desde 01-01-00 hasta 21-07-00 (6 meses completos)

7, 5 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 80.000,00 

 

            Por otra parte, en relación con la pretendida indemnización por lucro cesante y daño moral, observa la Sala que el lucro cesante es el daño causado por ser privado de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho. En el caso concreto, habiendo sido acordados los salarios dejados de percibir a causa del despido injustificado, los cuales tienen carácter indemnizatorio, considera esta Sala que no procede el lucro cesante pues persigue el mismo fin.

            La obligación de reparar el daño moral causado por acto ilícito establecida en el artículo 1.196 del Código Civil se extiende a la indemnización en caso de atentado al honor y reputación de la víctima y su familia. En el caso concreto, si bien quedó establecido que la actora ha tenido problemas económicos, no fue probado el hecho ilícito de la demandada, y no puede considerarse que el despido injustificado constituya un hecho ilícito, sino por el contrario, un incumplimiento contractual, razón por la cual, se niega la indemnización por concepto de daño moral.

            Se ordena la corrección monetaria de la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 6.691.571,06), para lo cual el Juez de la causa deberá solicitar al Banco Central de Venezuela el índice inflacionario acaecido en la ciudad de Caracas entre la fecha de la admisión de la demanda y la fecha ejecución del presente fallo, a fin de que éste se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar. Deberán excluirse del lapso sobre el cual se aplica la indexación los períodos en los cuales la causa se encuentre suspendida por acuerdo de ambas partes, suspensión en la cual la demandante ha consentido.

DECISIÓN

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CASA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada el 29 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y, 2º PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana María José Meneses Agostini de Matute, contra la sociedad mercantil Colegio Amanecer, C.A..

            En consecuencia, se condena a la empresa Colegio Amanecer, C.A. a pagar a la actora las siguientes cantidades: por el concepto de salarios dejados de percibir y las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 4.394.668,04); por concepto de prestación de antigüedad de conformidad con lo previsto en los artículos 665, 666 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 1.914.680,74); por concepto de vacaciones y bono vacacional, la cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 302.222,28); por concepto de utilidades la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00); cantidades éstas que serán indexadas; y, por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, la cantidad que resulte de la experticia complementaria ordenada.

            No hay condenatoria en costas, por no haber vencimiento total.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que lo envíe al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Transitorio del Trabajo correspondiente, para su ejecución. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero  de dos mil cuatro. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente y Ponente,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

Magistrado,

 

 

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ALFONSO VALBUENA C.

 

 

La Secretaria Accidental,

 

 

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IRIS RUZ DE RODRÍGUEZ

             

R.C N° AA60-S-2003-000829

Nota:         Publicada en su fecha a las

La Secretaria Accidental

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Estimado Dr. Oquendo, Wilfredo y amig@s del grupo:

Entiendo, y más aun comparto, en que los directivos son personas que están sometidas a altos niveles de estrés y de exigencias por parte de accionistas, de juntas directivas y del mercado propiamente, porque a él es que se deben, así como incertidumbre en su futuro laboral. Igualmente, concuerdo con el Dr. Oquendo, en que las reglas deben estar claras desde un principio, que las normas están allí, las queramos o no, y creo en este punto que muchas veces a través de las decisiones del TSJ se legislan nuevos derechos y obligaciones (laborales, tributarias, administrativas y otras) o protecciones no establecidas expresamente por la ley.

No obstante, el punto que trato de ilustrar, es que siendo un Alto Empleado una persona con todas las competencias y requerimientos que Wilfredo ha brevemente detallado en su mensaje, no es menos cierto que todas esas aptitudes le hacen estar mucho mas claro respecto a las decisiones que toma en su vida laboral. No hay pues en este tipo de casos un ERROR EXCUSABLE por una falsa representación y/o un falso conocimiento de la realidad, que les sustraiga a estos Directivos de la clarividencia en el querer, que vicie de nulidad su acto de escoger vincularse profesionalmente y no laboralmente.

No podemos hacer a un lado, que una persona de este nivel, quien tiene AMPLIOS conocimientos de finanzas, gerencia, recursos humanos, mercadeo y tributos, entre otras competencias (tal y como señala Wilfredo), estaba siendo manipulado o engañado al suscribir un convenio por honorarios profesionales.

Este tipo de trabajadores, conocen los RIESGOS del nivel laboral en el que se desenvuelven, hoy son Presidentes de “X” y mañana son Gerentes Generales de “Y”. Si consiguen un mejor trabajo con otra empresa, se van sin mayores resquemores, dejando a las compañías, creando en algunos casos incluso desestabilizaciones, al menos por un tiempo. Para ello, sólo basta ver como las especulaciones en el mercado bursátil hacen desastres cuando hay cambios de CEO, CFO y otros Funcionarios de alto nivel de las empresas, ya sea por nuevo nombramiento, cambio o renuncias de estos empleados.

Nuestra legislación es excesivamente proteccionista. En algunos casos prácticos se justifica con mucha razón, pero no podemos negar que en muchos otros no.

No obstante, la propuesta que traigo al foro, es que se debe permitir VALIDAMENTE, que un empleado de alto nivel pueda hacer uso de la Autonomía de la Voluntad para poder negociar los términos y condiciones de trabajo, siempre garantizándose a través de la ley el respeto a ciertos mínimos.

¿Por qué no puede una persona con estas aptitudes NEGOCIAR VALIDAMENTE sus condiciones de trabajo?

¿Por qué si esta capacitado para dirigir a la gran multinacional, pero es un desaventajado en su capacidad de gerenciar mejor sus condiciones de trabajo?

Tiene la capacidad, el entendimiento, la intención y la posición ante la empresa, para exigir más de lo que incluso le puede dar la ley. No creo que una empresa multinacional, que son las que en un 99% contratan trabajadores de estas características, se arriesgue a tener a una persona mal pagada dirigiendo el rumbo de las finanzas y gerencia de la empresa. Sencillamente, es impensable que un grupo de accionistas prefiera a un Directivo descontento o frustrado, de quien dependerá el retorno de la inversión en el negocio, dirigiendo la compañía. No creo que la gente invierta con la intención de perder su dinero.

De tal manera, que la Autonomía de la Voluntad, que en mi modesta opinión es el centro de este problema, puede tranquilamente jugar un papel preponderante en este tipo de situaciones, ante la normativa laboral común.

Para ello, les puedo decir que del 100% de los casos que he trabajado en este tipo de área (Compensación de Ejecutivos), siempre los Directivos han establecido condiciones en el contrato, correcciones y verificaciones, y SOBRE TODO, han preferido hacer uso de mecanismos administrativos no establecidos en la LOT para obtener sus beneficios en corto plazo (Ej. Pago del salario integral mensualmente, adquisición de vehículos de la compañía a precios irrisorios y/o de equipos tecnológicos). Y no nos hemos encontrado con problemas de litigios, quizás porque en estos casos ha habido mucho respeto y honor de los Directivos con los que he tratado en el cumplimiento de lo pactado, independientemente de que tengan la puerta abierta para plantear demandas laborales.

Generalmente, al menos en los casos que he conocido, han sido los propios Directivos quienes han decidido tomar la vía de pagos integrales (sin beneficios de ley), ya que ellos parten de la idea de que con sus conocimientos y competencias, pueden hacer un mejor aprovechamiento de su remuneración hoy, que esperar años y/o la terminación para poder recibir las cantidades correspondientes, las cuales estarán depreciadas o con menor valor del que hubieran logrado de haber podido hacer uso del dinero con anterioridad.

De las palabras del Dr. Oquendo no se evidencia que el caso de él se corresponda con el comentario anterior, es decir, si su defendido pactó libremente con Universal Music esas nuevas condiciones. No obstante, el punto en el supuesto general que comento arriba me obliga a preguntarme:

¿Son los Directivos los engañados?

ó

¿Son este tipo de Directivos quienes engañan, quienes toman la decisión de vincularse profesionalmente, manipular la situación, y luego pretender romper la piñata al final, diciendo que la relación debía ser regulada por la LOT?

¿Hay en éste último caso un fraude de la empresa a la legislación laboral?

ó

¿Un fraude del Directivo a la empresa y a la Ley? 

Es muy fácil pretender el respeto a la Ley al final de la relación, cuando el pasivo que se ha creado es suculento…

¿Por qué no quejarse antes?

¿Por qué aceptar esas condiciones consensualmente con la empresa y esperar hasta el final?

En todo caso, no creo que esta decisión sea extensible a todos los trabajadores, siempre dependerá de las condiciones propias del caso, el evidenciar si el criterio es aplicable o no. Muchos Directivos no están en igualdad de condiciones respecto de este caso, algunos están mucho mejor parados, otros no tanto.

Por otro lado, no creo que pueda entenderse que la transacción laboral es posible durante la relación de trabajo (aunque me parece que en ciertos casos muy especiales debería permitirse, pero esa es otra discusión) o que la cuantía de la cantidad de dinero reclamada deba ser un factor para otorgar la decisión del caso. Me parece que se le dio identidad separada a cada una de las relaciones, a la de trabajo que terminó con un “finiquito” (aun no me ha quedado claro si fue una liquidación entre las partes de forma privada o una transacción laboral suscrita entre las partes y homologada) y la profesional que se dio después. Si defendemos que eran ambas una misma relación de trabajo, pues obviamente no podremos estar de acuerdo con valor alguno de cosa juzgada de un acuerdo transaccional durante la vigencia de la relación de trabajo. De lo contrario, será perfectamente posible celebrar un transacción laboral y con posterioridad pactar una relación profesional independiente (preferiblemente con una separación de tiempo prudencial entre la terminación de la relación de trabajo y el comienzo de la profesional).

Dr. Oquendo, con mucho gusto me leería el escrito de formalización, si puede hacérmelo llegar a mi correo electrónico se lo agradecería mucho. Espero poder seguir contando con sus comentarios en el futuro.

Muchos saludos,

Jesús!

-----Original Message-----
From: wilfredo [mailto:wilfredoconsultores@...]
Sent: Jueves, 31 de Marzo de 2005 02:12 a.m.
To: laboral_2004@yahoogroups.com
Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Buenas noches amigos colisteros, en relación al tema y en descargo de un sentimiento producto de una realidad que al menos se vive en este país y es conocida por pocos en relación a este personal Directivo o de dirección como efectivamente se califico en el caso que nos ocupa al empleado de la disquera y sin el animo de pretender complementar las opiniones del Prof. Rotondaro y el Dr. Jesús, Expongo lo siguiente:

- Para calificar en posiciones tan altas como la señalada se deben poseer estudios universitarios del mas alto nivel (especialización y/ o Maestrías)

      - Totalmente Bilingüe y en algunos casos políglota. (Más de tres idiomas)

      - Multicultural (haber trabajado en varios países, por lo menos dos)

- Manejar además de las áreas funcionales de la especialización otras áreas tales como comercialización y mercadeo, finanzas e informática.

- Debe manejar competencias múltiples (manejo de procesos de cambio, negociación y toma de decisiones basadas en indicadores de gestión y costos entre otras)

      - Debe ser al menos no mayor de cuarenta años y

      - Además tener por lo menos diez años de experiencia.

Adicionalmente en el desempeño de sus funciones esta sometido a un altísimo nivel de exigencias que terminan con más de doce horas promedio por día por semana efectivamente trabajada de seis días. Esto sin contar los múltiples viajes de negocios y traslados dentro del país donde se establece trayendo en consecuencia una vida muy agitada y llena de muchos malos tratos pues además representa a los accionista o dueños de la industria o corporación para la cual trabaja y los cuales por lo general suelen ser agresivos, prepotentes y despiadados en sus apreciaciones.

Es difícil por mas atractivo que sea el paquete pensar en las horas adicionales que debes emplear con el solo hecho de la  remuneración y compensación ejecutiva que de todas todas no retribuye jamás su dedicación  y si bien es cierto que es aberrante que pretenda este nivel de personal reclamar horas extra por ejemplo,  ninguna acción de club o chofer o pago de celular o retiro en dólares compensa su efectiva dedicación, como ejemplo de esto les indico el siguiente:  cuando se viaja por ocasión del trabajo sobre todo a otros países, por lo general se gestionan los informes de la visita en los idiomas que se manejan en la compañía y se abren los cientos de correos electrónicos de importancia en la butaca de un avión, taxi y/u otro medio de transporte, además sufres del consabido cambio de tu reloj biológico dado que te enfrentas los usos horarios de los países que visitas principalmente si son en las zonas de Asia, parte de Europa y Australia, puedes en un viaje de tres días nunca sentir que te toca el sol y todo transcurre durante la noche, en consecuencia demoras hasta tres meses en recuperarte,se ocasiona pesadez, perdida de la atención, falta de sueño etc., etc.,  de cada diez viajes terminas conociendo ningún lugar turístico y todos los restaurantes que a pesar del menú internacional el cual contiene comida estándar nunca terminas acostumbrándote y por ende tu salud sufre y por lo general el recuerdito que le traes a los allegados si es que lo puedas hacer lo terminas comprado en la tienda del aeropuerto.

Visto esto,  suele suceder que cuando estas empresas se fusionan o se absorben por otras de capital accionario mayor, el   directivo no resulta de la confianza o conveniencia del nuevo dueño o accionista y/o simplemente su cargo es tan vital que terminan imponiendo a otro individuo con o sin el perfil de este y entonces comienza el martirio para el directivo, es trasladado, aislado a ver si se va o renuncia y su calvario entones termina con el despido o lo que es peor con la gran palmadita de siempre y la frase adecuada para el momento, “ gracias por todo y cualquier cosa puedes contar con nosotros “  tu ya sabes donde esta la puerta.

Ese paquete al cual se hace mención en el correo anterior y que es probablemente motivo de orgullo para el directivo y su familia, cuando este aun forma parte de la empresa ( el cual no disfrutan a cabalidad o por lo menos juntos en familia )  y que suele ser de una envidia tremenda para todo aquel que ni siquiera sueña con algo parecido, jamás le devolverá todo y cuanto hizo ganar a la empresa a expensas de su sacrificio tanto para calificar para el cargo como el que impone la relación de trabajo.

Dada esta sentencia pues me pregunto yo ahora donde quedo no solo la sana critica sino la máxima de experiencia y además donde vamos a llegar con esta sentencia para futuros casos sobre todo cuando ya este personal que prácticamente es un desecho en el mercado pues probablemente pasa ya de los cuarenta años o quizás mas,  deba seguir laborando para mantenerse el y a su familia y someterse al circulo vicioso y pernicioso de entregar su labor como un honorario profesional o bajo otra modalidad de empleo pero siempre trabajado por cuanta ajena, cumpliendo horario y bajo una remuneración recurrente,  pero como un verdadero directivo a nivel de  ejecución de su labor lo cual hace a este individuo muy conveniente para las corporaciones que no invierten ni un medio en formar  a su personal y mucho menos a sus cuadros de reemplazo de gerentes y ejecutivos para al final del camino decirles okey recuerda que eres un honorario profesional el proyecto en el que te involucramos ya termino y por ende ya terminaste tu trabajo y sabes de sobra que te apreciamos y puedes contar con nosotros , ya sabes donde esta la puerta. Poniéndonos quizás ante una nueva era de la flexibilización del trabajo aunque no creo que sea la intención de la sentencia o quizás ante la validación de lo que puede ser una nueva forma de fraude de ley. A ese personal se les suele hacer un contrato chimbo, pasan los meses, los años y al final se pretende decir que el es un honorario profesional, un asesor, que gana sumas superiores a la media de la empresa y que en consecuencia no es un trabajador y por ende no goza de ninguna estabilidad y lo que es peor se obvia la prevalencía de la realidad de los hechos por encima del contrato convirtiéndose una vez mas en victimas y todo por tener el mas alto nivel académico, experiencial y gerencial que se pueda alcanzar, me parece absurdo, ilógico y además injusto, si es que de justicia estamos hablando, máxime que en la sentencia se violan aspectos de índole constitucional.

Suponemos que estos individuos son unos magnates y unos adinerados pero en realidad en mi humilde opinión son tan desamparados como útiles, sin embargo existen y existirán por mucho tiempo y si se cumple el echo de que cuando la relación de trabajo se rompe surgen los reclamos pues esta sentencia en buena parte y medida puso un freno a lo que les es legitimo, el derecho a defender sus derechos.

Espero quede claro que no es la visión del laboralista y por ende no aludo a los tecnicismos jurídicos  sino mas bien la visión del Relacionista Industrial que vive día a día esta realidad como reclutador, patrono, directivo y asesor de empresas nacionales y multinacionales.

Cualquier comentario, duda o aclaratoria será bien recibida.

Saludos cordiales,

W.E.Z

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De: Luis Ouendo [mailto:luisoquendo@...]

Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2005 22:23

Para: laboral_2004@yahoogroups.com

Asunto: Re: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Estimado Jesús

Creo que tu criterio siempre es importante ya que considero haz sido uno de los mejores alumnos.

No obstante y tratando de dejar a un lado que fui parte en este juicio y que resulté perjudicado, pienso que la gravedad de este precedente se orienta a varios aspectos:

1) Modificación jurisprudencial de la ley con la consecuente in seguridad que lo genera. Es posible que yo pueda cokincidir con tigo e que el trabajador de dirección no debe tener la misma protección que el ordinario (de hecho la tiene por ejemplo en materia de estabilidad y jornada) pero resulta inconcebible pensar que ese trabajador no puede ser sometido a presiones por parte del patrono.

Por ejemplo en ese caso te podrás percatar de una serie de acciones simulatorias que por cierto no fueron consideradas por el tribunal supremo (lo que debieron hacer aún por la casación de Oficio) ya que el patrono se esmeró en simular que ese contrato había sido suscrito en el extranjero cuando en realidad había sido suscrito en Venezuela.

Permitir que una transacción se suscriba durante la ejecución de la relación de trabajo resulta inconstitucional y más inconstitucional resulta que no exista pronunciamiento sobre ello cuando la violación de la constitución por parte de un juez es un error inexcusable y causal de destituci´.

Resulta al menos grave que tu vayas a un juicio con unas reglas de juego y en el camino las <mismas te sean cambiadas so pretexto que el trabajador es un ser pensante y que no vive del 15 y del último.

Quiero recordarte que esos trabajadores especiales también gastan, pagan impuesto y mantienen  un nivel de vida que conlleva a que las presiones se puedan ejercer sobre ellos, sobre todo cuando la recepción de unacantidad de dinero puede representar el quedarse sin nada con una familia al hombro y con responsabilidades asumidas bajo la expectativa de un cargo que se venía ocupando y que abruptamente fue despedido.

Creo que si el trabajador tiene la certeza que carece de derechos adquiridos e irrenunciables desde un principio, es una cosa admisible pero nunca en mi opinión será admisible el cambio caprichoso de reglas de juego.

Como puedes ver la sentencia no entra a conocer de todos los aspectos planteados en la formalización y parea los trabajadores pobres deja varias consecuencias a mi modo de ver graves:

1) Se le pueden cambiar las reglas de juego por simples sentimientos del sentenciador.

2) Se puede aplicar la equidad contra legen en cualquier circunstancia ya que este es solo un primer caso.

3) Se vulnera el contenido de los artículos 3 y 10 LOT y se abre las puertas a que mañana se decida que por cuanto el trabajador está reclamando una gran cantidad de dinero que nunca se le pagó y que se le causó, este no la puede reclamar.

4) Se abre la puerta a que los requisitos de la transacción sean soslayados por posiciones personales, sentimentales o de otra índole del juez y no por situaciones jurídicas que son las que deben informar el silogismo sentencial.

5) Regresamos con esto a la época de los pretores pero con el agravante que no existen institutas sino situaciones inesperadas.

6) Se deja al arbitrio de cualquier juez el violar la constitución sin que los jueces superiores puedan revisar estas situaciones.

Cómo vez, todos estos principios debieron ser violentados para justificar este criterio que te puede sonar sano, pero por la forma como se llega resulta grave y peligroso para la administración de justicia.

Ya que tocas la reforma legal como manera de regular un trato diferente para el trabajador de dirección, coincido con tigo en ello, pero creo tu deberás coincidir en que ello debe provenir de reglas que deben estar claras desde un principio, pues ese trabajador gana lo que gana porque lo produce y pone al patrono a producir grandes, muy grandes ganancias y se le dejan de pagar una serie de beneficios so pretexto de sus prestaciones sociales.

Como ves, creo que es posible y hasta admisible que legislativamente se establezcan condiciones diferentes para el trabajador de dirección, pero con transparencia, desde el inicio de la relación de trabajo, con respeto del marco legal vigente y no "flexibilizando en perjuicio del trabajador" las condiciones legales establecidas para el trabajador que ha contratado bajo un régimen,en legal desde el principio y bajo la absoluta creencia que está amparo por un régimen legal que de la noche a la mañana no solo le quitó sus derechos sino que lo condenó en costas.

Te invito a que leas  la formalización del recurso para que veas lo que se dejó de decidir.

En realidad y para finalizar me preocupa esta sistema de interpretación que nos pone a depender de reformas verdaderas de la ley impuestas de manera sorpresiva e inconstitucional pues toda forma de discriminación es inconstitucional.

Recibe mi más sentido aprecio y aún cuando no coincidamos en esto mi más profundo respeto. Recuerda que aquí como en el aula de clase lo que a mi me interesa es el criterio sostenido y el razonamiento que lo sostiene.

Saludos

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

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From: Delgado, Jesus

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Wednesday, March 30, 2005 9:21 PM

Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Estimados todos:

Les adjunto la decisión a que hace referencia el Dr. Oquendo.

No obstante, aprovecho la oportunidad para abogar una vez más por la separación que debe haber entre el tratamiento de las relaciones entre trabajadores comunes (en desequilibrio) con su patrono y el trabajador de dirección (de alta gerencia), quien incluso llega a confundirse con el patrono mismo.

Quizás concuerdo en que el problema se centra en que la Ley no discrimina del todo a los trabajadores de dirección (No obstante ver que la LOT no le da estabilidad a estos trabajadores), pero si es necesario en que se determine que NO ES LO MISMO que un obrero de construcción o a una secretaria se le ofrezca un trabajo bajo relación independiente bajo la figura de honorarios profesionales, violando sus derechos laborales, que un PRESIDENTE REGIONAL PARA LAS AMERICAS de una compañía “X” quien en seguramente IMPONE a la empresa las condiciones económicas bajo las cuales aceptaría prestar sus servicios para la empresa de que se trate en la región o para las actividades proyectadas.

Apoyo TOTALMENTE la iniciativa de la Sala Social de empezar a seccionar QUIENES merecen protección ABSOLUTA de la legislación laboral, y quienes pueden tener la libertad de hacer uso de su AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD para fijar sus condiciones de trabajo. De hecho es una propuesta que expresé durante el curso de Regimenes Especiales II con el Dr. Perdomo, y que sostuve en anterior oportunidad ante el Dr. Alfonzo-Guzmán en su curso de Derecho Individual.

Por ello, aprovecho esta ventana para insistir una vez mas en que este tipo de discusiones debe zanjarse de una vez y aprovechar la Reforma de la LOT para permitir que Patronos y Trabajadores de alto nivel puedan hacer uso libre de la autonomía de la voluntad (Ej. Legislación Colombiana), para fijar los términos y condiciones de la relación de trabajo que les unirá (vamos a estar claros, NINGUNA persona que vaya a ser Presidente o Directivo de Banco, Disquera, Petrolera, etc. va aceptar una remuneración de Salario Mínimo, con 15 días de utilidades y 7 de bono vacacional …)

Amig@s, no hablamos de un analfabeta, de un ignorante o un empleado con poco conocimiento de la Ley, o con poca ascendencia sobre las decisiones de la Empresa. Estamos hablando de una persona que tiene amplios poderes, que decide que se hace y/o que se deja de hacer en una compañía, quien determina el futuro de los negocios, de quien dependen las decisiones importantes.

Esta categoría de trabajadores, no vive de un quince y último, en su mayoría tienen planes de retiro internacionales en dólares y euros que les aseguran una vejez mas que tranquila; tienen acciones de clubes recreativos; pagos de choferes, celulares, asignación de viviendas lujosas; tarjetas corporativas para gastos de representación; acciones en la empresa; viajes todo-pago; y muchas otras cosas mas que no voy a decir, porque me provoca hasta enojo, que una persona de este nivel pretenda plantear a través de una demanda laboral que “lo engañaron”, “que no sabia lo que estaba firmando”, “que esa no era su intención” … POR FAVOR!!!

De tal manera, que no podemos extender las interpretaciones y defensas en las que creemos todos los días, en defensa de los derechos del trabajador común … NO CREO QUE SEA LO MISMO … Justicia es tratar a los iguales como iguales, y a los desiguales como desiguales …

En todo caso, defiendo este punto con cierta vehemencia, porque no creo justo que se haga uso del Derecho del Trabajo con fines mercenarios o cargados de avaricia. Espero no ofender de manera alguna a quienes disienten de mi opinión, bajo ningún concepto pretendo descalificar una opinión contraria. Sólo espero que llegue mi mensaje tal y como en el fondo lo envío … con muchas ganas de que otros participen y discutamos responsablemente de todos estos puntos de derecho y sociedad.

Muchos saludos,

Jesús!

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From: Francisco Iturraspe [mailto:laboral_2004@...]

Sent: Miércoles, 30 de Marzo de 2005 09:53 a.m.

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Subject: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Mandanos la sentencia Luis, hay que debatirla!!!! Saludos! FI

Luis Ouendo <luisoquendo@...> wrote:

En lo personal secundo a Pancho. Agregaría además que aun si dejamos a un lado que la norma legal tiene aplicación preferente por su jerarquía, en todo caso debería aplicarse la más favorable al trabajador.

Pero creo que a estos criterios debemos acostumbrarnos pues los criterios jurisprudenciales parece que cada día son más caprichosos. Preparense para el criterio más reciente:

1) Los derechos de los trabajadores de dirección son renunciables.

2) Se admite la transacción celebrada durante la relación de trabajo.

3) Los finiquitos no tienen  que reunir los requisitos del artículo 3 de la LOT.

4) Parece que los derechos de los trabajadores internacionales contratados en Venezuela son relativos.

5) Se admitre la equidad contra legen

Ver sentencia Universal del jueves pasado17 de marzo, sala social.

Seria bueno que la leyeran pues creo que es verdaderamente importante.

Saludos

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

----- Original Message -----

From: Francisco Iturraspe

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Friday, March 25, 2005 11:15 AM

Subject: [laboral_2004] Voto salvado y asombro en la interpretación del Art. 108 de la LOT

Mariangel y amigos, deje pasar unos dias para ver las reacciones que se sucedieron a la pregunta de Mariangel. Voy a exprear con todo respeto mi criterio disidente en cuanto a la "interpretacion" de la norma del 108 segundo parrafo. No tengo acentos en mi teclado ni el palito de la "enie" por lo que les ruego me disculpen.

En mi modesta opinion la norma del 108 segundo parrafo es sumamente clara (dentro de un articulo largo y muy mal redactado) y no ofrece la mas minima duda interpretativa: dice que los dos dias adicionales hay que pagarlos "Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses" y que es "por cada año".

La confusion proviene por que el reglamento dice otra cosa: que no es despues del primer anio sino del segundo.

Para mi la situacion es clara tenemos dos normas que dicen cosas diferentes y contradictorias: una que es despues del primer anio (LOT) y la otra despues del segundo (Reglamento).

Una es reglamentaria y la otra es legal. Cualquier estudiante de primer anio de Derecho en cualquier parte del mundo, aunque no haya estudiado nunca  Derecho del Trabajo sabe que debe aplicar la norma legal, por aquello de la piramide del senior Kelsen, verdad?

Con todo respeto, los la doctrina y la jurisprudencia no pueden, en ninguna hermeneutica medianamente "decente" , ir contra el texto expreso de la Ley, su espiritu, proposito y razon o aplicar una norma sublegal con preferencia a una legal.

En en radicalemte negado caso que la interpretacion de esa parte del 108 trajera dudas, ?no deberia la doctrina iuslaboralista, el Reglamento que "establece" los principios y la jurisprudencia aplicar la interpretacion mas favorable al trabajador??? Eso lo podria aducir un estudiante que haya pasado las primeras clases de Derecho del Trabajo para apoyar al razonamiento Kelseniano del estudiante de primer anio.

Pero no!, la doctrina "cientifica" en la materia no paso por primer anio ni por cuarto, o se olvidaron de todo. La sentencia que nos aporta Duglas aplica el criterio reglamentario en detrimento del legal SIN LA MAS MINIMA FUNDAMENTACION...por que si!!! Aplica el Reglamento y desecha la Ley sin decir nada respecto porque comete tamanio disparate juridico!!!

No deja de asombrarme la capacidad que tenemos los abogados de torcer la recta aplicacion de las normas legales con absoluto desparpajo cuando no convienen a ciertos  intereses, mas aun cuando asumimos el papel de reglamentistas y a veces de juzgadores o simplemente de opinadores...

Debo decir que ademas de asombrarme me entristece profundamente ese papel que se desempenia muchas veces con muchas infulas pero con tan poca verguenza. Lamentablemente estamos como estamos en el mundo y en Venezuela por actuar de esta manera...nuestra conducta y "doctrina" genera la idea que todo puede acomodarse a los caprichos o los intereses...y despues nos quejamos si otros obran de esa manera...pero nuestra actitud es la que da pie a esa idea que la Ley... es para acomodarla a los intereses, no para acatarla... Asi no va!!! Muy triste realmente...

Como ven esto mucho mas grave que si un trabajador pierde un par de dias en su liquidacion...es el Estado de Derecho y la logica juridica elemental lo que estamos pisoteando impunemente, o no tan impunemente...porque todas estas cosas...a la larga o a la corta...se pagan!!! Se pagan con la desconfianza en las instituciones y en el desprestigio social de quienes las operamos, los abogados.

Disculpen la vehemencia, pero no puedo dejar de contarles el estado de animo que me producen estas cosas,

Saludos cordiales y buena semana santa!  Pancho

"Duglas J. Yanes R." <djyanes@...> wrote:

Hola Mariangel:

    Te remito una sentencia de la Sala Social donde el Magistrado Perdomo aclara tu duda realizando los cálculos respectivos de conformidad con el Art. 97 del Reglamento de la LOT.

    Espero te sirva.

    Saludos,

    Duglas J. Yanes R.

    Escritorio Jurídico Yanes & Asociados

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

            En el juicio por cobro de prestaciones sociales, daño moral y lucro cesante que sigue la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES AGOSTINI DE MATUTE, representada judicialmente por los abogados Arturo Alonso Castillo, María Carolina Trejo Romero, Jesús Pirela Navarro y Edgar Isaac Sánchez, contra la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A., representada judicialmente por los abogados Néstor Álvarez Yépez, Jackson Pérez Montaner y Veda Carelén Cedeño Picón, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conociendo por apelación de la parte demandada, dictó sentencia definitiva en fecha 29 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, el 27 de mayo de 2003.

            Contra dicha decisión de Alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo contestación.

            En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos en forma oral y pública.

            Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales y siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

CASACIÓN DE OFICIO

            En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

            La motivación, ha dicho el Tribunal Supremo, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran; y las segundas, la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

            La inmotivación, por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia, que impone el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

            Igualmente ha establecido este Tribunal, conforme a su doctrina pacífica y reiterada, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación.

            En el caso de autos, la Sala examinó el fallo impugnado y encontró que el sentenciador de Alzada estableció que no existe duda de la existencia de la relación de trabajo y declaró procedente el reclamo de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sin especificar la fecha y la forma de terminación de la relación laboral, indispensables para realizar dichos cálculos.

            El sentenciador de Alzada no expresa en su sentencia materialmente ningún razonamiento de hecho que le permita resolver la controversia planteada, porque no deja establecido los hechos que quedaron demostrados con las pruebas promovidas en el juicio, que soporten los extremos mínimos que le permitirían dictar su decisión, tales como: el tiempo exacto de prestación del servicio, la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la determinación del salario para prestaciones y la forma de terminación del contrato. Todo ello impide a la Sala ejercer el control sobre la legalidad del fallo cuestionado que es la función principal del Tribunal de Casación, razón por la cual la Sala considera que la decisión incurre en el vicio de inmotivación y no cumple con la finalidad de resolver la controversia con suficientes garantías para las partes y por ello casa de oficio la sentencia impugnada.

            La Sala en conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, anula la sentencia recurrida y procede a decidir el fondo de la controversia, con base en las siguientes consideraciones:

SENTENCIA DEFINITIVA

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

            Señala la actora en la demanda interpuesta el 21 de marzo de 2001 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que trabajó para la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A. desde el 16 de febrero de 1996 hasta el 21 de julio de 2000, cuando fue despedida injustificadamente estando protegida por inamovilidad laboral por fuero maternal. El 26 de julio acudió ante la Inspectoría del Trabajo e introdujo una solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, la cual fue declarada con lugar mediante providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000.

            El 4 de octubre de 2000, el inspector del trabajo y la actora se trasladaron a la sede de la demandada a realizar la notificación de la Providencia Nº 103 y constatar que hasta ese momento no se había reenganchado a la trabajadora. Fueron recibidos por la ciudadana Astrid López de Deibis, Directora de la institución educativa, quien informó que el caso estaba en manos del abogado, ante lo cual, el funcionario elaboró un informe dejando constancia de la notificación y que no se realizó el reenganche y pago de los salarios caídos.

            Al no haber sido cumplida la providencia mencionada, la parte actora solicita el pago de la indemnización por antigüedad y bono de transferencia establecidos en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,  antigüedad de conformidad con el artículo 108 eiusdem, vacaciones vencidas, bono vacacional, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, indemnización por despido injustificado de conformidad con el artículo 125 eiusdem, y la corrección monetaria de los montos acordados.

            Adicionalmente señala que ante la falta de pago del salario correspondiente al mes de julio y de los salarios caídos de conformidad con la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo, la actora ha incurrido en atraso en los pagos del préstamo de política habitacional correspondiente a su vivienda y en el pago del condominio de la urbanización donde vive, teniendo que recurrir a préstamos personales por más de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) para solventar los problemas económicos y coadyuvar en la manutención de sus hijos. Por este motivo demandó la indemnización por daño moral por cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) y el lucro cesante por tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00).

            Admitida la solicitud y agotados los trámites de citación, los representantes de la demandada dieron contestación a la demanda negando que la fecha de ingreso haya sido el 16 de febrero de 1996 y afirmando que la actora ingresó a trabajar el 1º de septiembre de 1996; niegan que el tiempo de servicio haya sido 5 años, 1 mes y 21 días porque a partir de la alegada fecha de inicio, aplicando el plazo de servicio señalado, la relación laboral habría culminado el 9 de abril de 2001, fecha posterior a la interposición de la demanda; admiten que en fecha 4 de octubre de 2000, fueron notificados de la Resolución Nº 103 de la Inspectoría del Trabajo que ordena el reenganche y pago de salarios caídos de la actora; afirman que luego de notificada la empresa, la actora nunca compareció a reincorporarse a sus labores habituales, lo cual constituye una pérdida de interés a ser reenganchada, ya que para el año escolar 2000-2001, comenzó a prestar servicios como docente en el Aula Integrada de la Escuela Básica Leopoldo Torres del Estado Yaracuy. Adicionalmente negaron que el salario diario al 31 de diciembre de 1996, haya sido de Bs. 2.666,66, pues para esa fecha devengaba un salario quincenal de Bs. 22.000,00, que mensualmente representa Bs. 44.000 mensuales, los cuales son equivalentes a Bs. 1.466,66 diarios, así como que la actora tuviera derecho al régimen de transición pues al 31 de diciembre de 1996 tenía acumulados sólo cuatro (4) meses de servicio. También negaron que el salario al 19 de junio de 1997 fuera de Bs. 2.666,66 pues su salario mensual era de Bs. 78.200 lo que equivale a Bs. 2.606,66 diario. Calculan que la prestación acumulada de antigüedad desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2000 es de Bs. 1.888.888,88. Niegan que le correspondan vacaciones en febrero de 2000, y en el período 2000-2001, así como vacaciones fraccionadas, pues la relación comenzó en septiembre y sólo tendría pendientes las vacaciones correspondientes al período 1999-2000,  a razón de 15 días más 3 días de salario calculadas con un salario diario de Bs. 10.666,66 ya que el resto del período no fue trabajado.  Niegan en forma simple, los cálculos correspondientes al bono vacacional y a los intereses sobre prestaciones, así como el derecho a indemnización por despido e indemnización sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y a utilidades fraccionadas.

            En cuanto al daño moral, niegan haber incurrido en hecho ilícito alguno capaz de generar responsabilidad contractual, que les sea imputable el no reenganche de la trabajadora, niegan que la trabajadora haya acudido a la empresa a cobrar sus créditos laborales y que no hayan pagado el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni el arreglo que corresponde conforme a la ley. Igualmente niegan que la actora se haya endeudado por Bs. 3.000.000,00 y que ello les sea imputable.

            Admiten que además de la suma por prestaciones sociales, le corresponden  a la actora las vacaciones del período septiembre 1999 a septiembre 2000 y el respectivo bono vacacional, calculados con base en un salario normal de Bs. 10.666,66 diario.

            Afirman haber pagado el 18 de julio de 1997 Bs. 44.000,00 correspondientes a prestaciones según el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Bs. 39.000,00 por bono vacacional el 15 de agosto, 30 de agosto y 16 de septiembre de ese mismo año; Bs. 110.420,00 por vacaciones colectivas (mes de agosto y 15 días mes de septiembre) y restaba la diferencia de Bs. 26.580,00.

            También señalan que el 16 de diciembre se le pagaron a la actora Bs. 120.000,00 correspondientes a 15 días de utilidades, y el 31 de julio de 1998 se abonó a cuenta de prestaciones la cantidad de Bs. 240.000,00.

            Afirman que se le canceló en efectivo a la actora la cantidad de Bs. 235.200,00 y Bs. 154.160,00 por concepto de vacaciones colectivas en 1998, así como Bs. 160.000,00 correspondientes a las utilidades de ese mismo año.

            En 1999, señalan haberle pagado en efectivo Bs. 320.000,00 como abono a prestaciones sociales; Bs. 220.648,00 por intereses sobre prestaciones y Bs. 470.960,00 por concepto de vacaciones colectivas de ese año.

            Por último afirman que el 2 de enero de 2000 se le cancelaron Bs. 115.000,00 y Bs. 45.000,00 por las utilidades del año 1999.

            Respecto a los salarios caídos, afirman haber consignado en ese mismo Juzgado, un cheque de gerencia del Banco de Lara por la cantidad de Bs. 783.700,00 que incluye el salario de la segunda quincena de junio de 2000, mes de agosto y mes de septiembre de ese mismo año.

            En fecha 27 de mayo de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) por daño moral, tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00) por lucro cesante y las prestaciones sociales calculadas mediante experticia complementaria del fallo realizada por un  experto contable.

            En fecha 29 de septiembre de 2003, el Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, declaró parcialmente con lugar la apelación y parcialmente con lugar la demanda, condenando a pagar los siguientes derechos laborales: antigüedad, vacaciones vencidas, vacaciones comprendidas entre el 16 de febrero de 2000 y 15 de febrero 2001, vacaciones y utilidades fraccionadas; y, ordenando calcular la corrección monetaria y el fideicomiso mediante experticia complementaria del fallo, decisión que fue anulada en Capítulo anterior de este fallo.

            De esta manera, evidencia la Sala que los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia, conforme a la pretensión deducida y las defensas opuestas van dirigidos a determinar la existencia y alcance de la obligación de pagar los montos solicitados correspondientes a prestaciones sociales y otros conceptos laborales y a indemnización por daño moral y lucro cesante.

MOTIVACIÓN

            Ahora bien, conteste con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda.

            En tal sentido, se ratifica una vez más el criterio sentado por esta Sala en fecha 15 de marzo de 2000, el cual es del tenor siguiente:

“El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc”.

            En atención a la doctrina reproducida anteriormente, y tal como se verifica en el escrito de contestación de la demanda, en el presente caso fueron admitidos los hechos respecto a la existencia de una relación laboral, la obligación de pagar las prestaciones sociales y las vacaciones y bono vacacional correspondientes al período 1999-2000, y quedaron controvertidos la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la forma de terminación de la relación, el monto de los salarios normales e integrales a efectos de calcular los conceptos debidos, así como los hechos relacionados con la existencia y el monto correspondiente a la indemnización por daño moral y lucro cesante pretendidos.

            La carga de la prueba en lo relativo a la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, forma de terminación de la relación, el monto de los salarios correspondientes y las cantidades pagadas corresponde a la demandada, por cuanto alegó estos hechos en su contestación. Respecto a la procedencia de la indemnización por daño moral y lucro cesante, corresponde a la actora probar el hecho ilícito, la existencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado.

            A continuación se valorarán las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

            La parte actora consignó anexos al libelo de demanda:

            1) Copia fotostática simple del documento constitutivo de la sociedad mercantil “COLEGIO AMANECER, C.A.”. Sobre el particular, las copias fotostáticas simples de documentos públicos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En el caso examinado las referidas documentales no fueron impugnadas por el contrario y por lo tanto se tienen por fidedignas. En consecuencia, esta Sala considera que el documento merece valor probatorio en conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que está demostrado que las ciudadanas Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta son las directoras de la mencionada sociedad mercantil y ejercen conjuntamente su representación.

            2) Copia certificada de la providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara en el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado por la actora en contra de la demandada, que consta a los folios 29 al 31 del expediente. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara declaró con lugar la solicitud y ordenó el reenganche de la trabajadora a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación.

            3) Copia certificada de informe elaborado por el funcionario del trabajo T.S.U. Jimmy A. Rondón Pérez de fecha 4 de octubre de 2000. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que el funcionario del trabajo se trasladó a la sede de la empresa COLEGIO AMANECER, C.A. con la finalidad de notificar a su representante legal de la Providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo y a constatar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES DE MATUTE, dejando constancia de la entrega del oficio contentivo de la providencia anteriormente mencionada y que no se hizo efectivo el reenganche y pago de salarios caídos.

            4)  Copia certificada de cuatro contratos de trabajo suscritos por la actora y la demandada. Los documentos no fueron desconocidos. Dichos documentos son privados, que al no ser negados formalmente se tienen por reconocidos, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merecen valor probatorio. En consecuencia, esta Sala considera que está demostrado que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, con un salario Bs. 22.000,00 quincenales, a partir del 1º de septiembre de 1997 el salario devengado fue de Bs. 120.000,00 quincenales y a partir de 1º de septiembre de 1998 el salario devengado fue de Bs. 160.000,00.

            5) Copia certificada de las partidas de nacimiento de Juan José Sequera Meneses y Bárbara José Matute Meneses. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las partidas de nacimiento merecen valor probatorio y esta Sala considera que de la partida de nacimiento de Bárbara José Matute Meneses se desprende que la actora dio a luz una niña el 13 de abril de 2000. Respecto al otro instrumento, la Sala considera que es impertinente y, en consecuencia, inadmisible.

            6) Original de declaración de las ciudadanas Ailine Beatriz Villegas y Yolanda Altagracia Mora de Mujica ante la Notaría Cuarta de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 2 de enero de 2001. Se trata de una declaración testimonial producida fuera del proceso y que al no haber sido ratificada en juicio, viola el principio de control y contradicción de la prueba y es, por tanto, inadmisible.

             La actora produjo durante el lapso de promoción de pruebas, el mérito favorable que se desprende de las documentales acompañadas a la demanda, consignó otros instrumentos y promovió la declaración de cuatro testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, esta Sala considera que es improcedente valorar tales alegaciones.

            1) Copia fotostática de constancia de trabajo expedida por Astrid López de Deibis, directora de la demandada, que no aporta nada a lo debatido en el proceso pues la relación laboral fue admitida por la demandada y al no ser objeto de prueba, la producida con tal fin es inadmisible.

            2)  Copia fotostática de comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica,  con sede en la ciudad de Yaritagua, Estado Yaracuy, en la cual se le notifica a la actora, la suspensión del servicio de vigilancia y aseo por su mora al 5 de febrero de 2001. Sobre el particular, se trata de un documento privado emanado de terceros que al no ser ratificado mediante prueba testimonial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es inadmisible.

            3) Copia fotostática de Libreta de Ahorro de la entidad de ahorro y préstamo “Valencia”, bajo el Nº 001-2-52187-7, perteneciente a la actora, la misma es impertinente y, por tanto, inadmisible.

            4) Copia certificada de la solicitud de despido Nº 674-2000, interpuesta por Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta, directoras de la demandada  ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara el 23 de noviembre de 2000, en la cual solicitan autorización para despedir a la actora. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo este documento merece valor probatorio. En consecuencia esta Sala considera que quedó demostrado que el 23 de noviembre de 2000, la demandada solicitó autorización a la Inspectoría del trabajo para despedir a la actora.

            5) Copia certificada de auto emanado de la Inspectoría del Trabajo del Estad Lara de fecha 4 de diciembre de 2000, en el cual no se admite la solicitud de autorización de despido hasta tanto no conste la efectiva reincorporación de la trabajadora.  Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que fue negada la solicitud.

             6) Copia certificada de documento de compra-venta de vivienda de la actora, la cual es impertinente y, por tanto, inadmisible.

             En cuanto a las pruebas testimoniales de los ciudadanos Ruth Cristina Márquez, Maritza Valero, Chakra Naylet y Leonardo del Valle Rivas, todos son contestes en conocer a la actora por relación vecinal, que les consta que tiene problemas económicos y que ignoran donde trabaja. La Sala, aplicando el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera que los testigos son hábiles y no incurren en contradicciones y sus deposiciones concuerdan entre sí, razón por la cual se aprecian en todo su valor probatorio y queda demostrado que la actora tiene problemas económicos.

            Por su parte la demandada, produjo en su promoción de pruebas el mérito favorable de los autos, consignó los instrumentos que se describen a continuación, solicitó prueba de informes a la Dirección de la Escuela Básica Leopoldo Torres (Aula Integrada) e inspección judicial a la Escuela Básica Leopoldo Torres y promovió la declaración de seis testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, se ratifica lo decidido anteriormente.

            La prueba de inspección judicial no fue admitida en virtud de que los puntos sobre los cuales versa, están contenidos en la prueba de informes y no realiza nuevos aportes para la solución de la controversia.

            1)  Originales de recibos y vaucher de pago de diferentes conceptos laborales que constan en los folios 103 al 216, los cuales fueron impugnados, desconocidos y tachados por la parte actora, y no habiendo sido probada su autenticidad mediante la prueba de cotejo o la de testigos en su defecto, son inadmisibles.

            2) Hojas de cálculo de prestaciones sociales e intereses sobre las mismas, sin firmas, que constan en los folios 217 al 223. De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que estos documentos son inadmisibles.

            3) Actas levantadas por el Colegio Amanecer suscritas por representantes de la demandada y de la comunidad educativa para demostrar la inasistencia de la actora a su puesto de trabajo desde el mes de octubre de 2000 hasta el mes de enero de 2001, las cuales adquirirán valor probatorio una vez sean ratificados mediante la prueba testimonial en conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual esta Sala las apreciará  al analizar la prueba de testigos.

            4) Copia fotostática de escrito de la demandada dirigido al Juez de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el cual se afirma la consignación de un cheque de gerencia emitido por el Banco de Lara por un monto de Bs. 783.700,00 para pagar los salarios caídos que se adeudan a la actora, sin fecha, ni sello o firma que confirme su recepción.  De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que este escrito es inadmisible.

            Respecto a la prueba de informes, consta en el folio 333 comunicación original de la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres dirigida al Doctor Juan Rodríguez Palacios, con sello húmedo de recepción del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara, la cual merece valor probatorio y esta Sala considera que la actora comenzó a trabajar en esa institución como docente contratada de Aula Integrada desde el 16 de enero de 2001 con un horario de 7:20 a.m a 12:20 p.m.

            Se promovieron las siguientes testimoniales:

            1) La testigo Ingrid Heidenreich, la cual no compareció a rendir declaración.

            2) La testigo Lisbeth Yasmín Rodríguez de Martínez, no merece valor probatoria pues se contradice al señalar fechas distintas de inicio de su relación laboral.

            3) La testigo Patricia Cuellar, no merece valor probatorio pues se contradice sobre su conocimiento respecto al embarazo de la actora.

            4) La testigo Kellys Mildreth Ramírez Paradas, igualmente no merece valor probatorio pues se contradice cuando reconoce las actas levantadas en el colegio y suscritas por ella y luego afirma no haberlas leído.

            5) La testigo Ennovy Teresa Melgarejo Chacón, impugnada por la actora, no se aprecia por constatar en su declaración que es pariente afín de la directora de la demandada Astrid López de Deibis.

            6) La testigo Zulia Esperanza Peroza, no merece valor probatorio por tener interés en el juicio y ser testigo referencial.

            En virtud de haber sido desechadas las testimoniales de los testigos promovidos por la demandada, esta Sala considera que las actas levantadas por la demandada para hacer constar la inasistencia de la actora, mencionadas anteriormente, no tienen valor probatorio.

            Ahora bien, del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido que la relación laboral se inició el 1º de septiembre de 1996 y que el salario devengado por la actora fue de Bs. 22.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1996, Bs. 120.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1997 y Bs. 160.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1998, de conformidad con los contratos de trabajo consignados; que la actora dio a luz el 30 de abril de 2000, de conformidad con la partida de nacimiento de la niña Bárbara José Matute Meneses; que por la Providencia Nº 103, la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara calificó el despido como injustificado y ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación; que por el informe enviado por la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres la actora se desempeña como docente en esa institución desde el 16 de enero de 2001; y, que por la declaración de los testigos de la actora, conjuntamente con la comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica, la actora tenía problemas económicos.

            Además por aplicación de los principios de la carga de la prueba, la demandada no logró probar la terminación de la relación laboral de alguna forma distinta al despido alegado por la actora, ni en fecha distinta a la afirmada por la misma, razón por la cual se establece que la relación laboral terminó mediante despido en fecha 21 de julio de 2000. Tampoco demostró haber pagado a la actora el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni haber efectuado el reenganche o haber ocurrido el desistimiento de la actora de su derecho a la reincorporación al trabajo, ni el pago de los salarios caídos, por lo que no quedó demostrado que se haya liberado de esa obligación.

            Ahora bien, en relación con el régimen legal aplicable, en primer lugar es necesario determinar si el contrato de trabajo es a tiempo determinado o a tiempo indeterminado.

             Dispone el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo que: “el contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. (...).”

            En el caso concreto se consignaron cuatro contratos consecutivos, y al no existir razones que demuestren la intención de no continuar la relación de trabajo, de conformidad con la norma anteriormente trascrita, considera esta Sala que el contrato es a tiempo indeterminado y así se declara.

            En conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado.

            El artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de este Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII. (...).”

            En este caso, habiendo dado a luz la trabajadora en el mes de abril de 2000, gozaba de inamovilidad laboral para el momento del despido de conformidad con el artículo parcialmente trascrito, razón por la cual el despido fue injustificado, tal como fue declarado por la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, y el patrono deberá pagar los salarios dejados de percibir durante el procedimiento y las indemnizaciones adicionales contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

            Dado que el patrono no logró demostrar el reenganche ni el desistimiento de este derecho por parte de la actora, ni tampoco demostró el pago del salario correspondiente al mes de julio, se considera que éste deberá pagar los salarios dejados de percibir correspondientes al mes de julio de 2000, hasta la fecha de interposición de la demanda, es decir, hasta el 22 de enero de 2001. Así se declara.

Salarios dejados de percibir:

202 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 2.154.667,34

Indemnización por Despido y Antigüedad:

Artículo 125 eiusdem, 1er. Aparte

120 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 1.280.000,40

Artículo 125 eiusdem, 2do. Aparte

90 días x Bs. 10.666,67                                                                                                                                                                                                               Bs.    960.000,30

                                                                                                                                                                                                                                                                   TOTAL                       Bs. 4.394.668,04

            Para el cálculo de la prestación de antigüedad, como quedó establecido que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, corresponde aplicar lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 108 eiusdem.

            Lo procedente en el caso de autos, es en primer lugar hacer un corte de cuentas hasta la fecha de entrada en vigencia de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para calcular la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y el bono de transferencia; y en segundo lugar, desde ese momento hasta la fecha de término de la relación de trabajo, deberá calcularse la prestación de antigüedad por el primer año de servicio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 665 eiusdem, por cuanto la actora mantenía una relación de trabajo mayor a seis (6) meses cuando entró en vigencia la Ley; y, por último, en el año o los años subsiguientes, deberá calcularse la prestación de antigüedad conforme lo dispone el artículo 108 eiusdem.

            De conformidad con Sentencia Nº  174 de fecha 13 de marzo de 2002, las prestaciones sociales se deben calcular hasta la fecha de terminación de la relación laboral, 21 de julio de 2000, pues de allí en adelante no se reanudó la prestación de servicio y los salarios dejados de percibir tienen carácter indemnizatorio. 

Tiempo de Servicio: Desde el 01-09-96 al 21-07-00:  3 años, 10 meses y 20 días.

Corte de Cuenta:  Desde el 01-09-96 al 19-06-97:  9 meses y 18 días.

Literal “a” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Indemnización de Antigüedad (salario diario al mes de mayo 1996):

30 días x Bs. 1.466,67                                                                 Bs.   44.000,00

Literal “b” del artículo 666 ejusdem (salario al 31-12-96)

No corresponde porque a la fecha de corte, la trabajadora había prestado menos de un año de servicio.

Prestación de Antigüedad: Artículo 665 eiusdem del 19-06-97 al 18-06-98;

19-06-97 al 18-08-97: 10 días x Bs. 2.956,96                             Bs.    29.596,63

19-08-97 al 18-06-98: 50 días x Bs. 8.488,89                             Bs.  424.444,44

Prestación de Antigüedad: Art. 108 eiusdem

19-06-98 al 18-08-98: 10 días x Bs.  8.511,11                            Bs.    85.111,11

19-08-98 al 18-06-99: 50 días x Bs. 11.348,15                           Bs.  567.407,41

19-06-99 al 18-06-00: 60 días x  Bs.11.377,78                           Bs.  682.666,67

19-06-00 al 21-07-00:   5 días x Bs. 11.407,41                           Bs.    57.037,04

6 días adicionales x Bs. 11.407,41                                                Bs.    68.444,44

(2 correspondientes al año 1999 y 4 correspondientes al año 2000)

                                                                 TOTAL          Bs.1.914.680,74

            No habiendo quedado establecido que se hubiesen pagado los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2º) El perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta que la Ley entró en vigencia el 19 de junio de 1997 y la fecha en la cual será pagado este concepto; 3º) El perito hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses.

            Respecto a las vacaciones y el bono vacacional, la actora solicita el pago de las correspondientes a los períodos febrero 1999 a febrero de 2000, febrero 2000 a febrero 2001 y vacaciones fraccionadas.

            El artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles. A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. (...).”

            El artículo 223 eiusdem dispone el derecho del trabajador de percibir una bonificación especial en la oportunidad de sus vacaciones equivalentes a siete (7) días de salario más un (1) día adicional por cada año de servicio a partir de la vigencia de la Ley.

            Por otra parte, el artículo 225 eiusdem establece que cuando la relación de trabajo termine antes de cumplirse el año de servicio, sea en el primer año o en los subsiguientes, el trabajador tendrá derecho al pago equivalente a sus vacaciones y bono vacacional en proporción a los meses completos de servicio durante ese año.

            De conformidad con los artículos anteriormente descritos, para la concesión de los días adicionales se considera que el tiempo de servicio comienza a partir de la entrada en vigencia de la Ley, razón por la cual, esta Sala considera que las vacaciones y bono vacacional adeudados son los correspondientes al período julio de 1999 a julio de 2000. Así se declara.

Vacaciones y Bono vacacional: Art. 219, 223 y 225 eiusdem

Vacaciones de 19-06-99 a 18-06-00

(15 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                              Bs. 181.333,39

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 15 días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                               Bs.   16.000,00

Bono Vacacional de 19-06-99 a 18-06-00

(7 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                                Bs.   96.000,00

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 7días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                                              Bs.     8.888,89

                                                                 TOTAL                       Bs. 302.222,28

            Los trabajadores, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente de cuatro (4) meses. Cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados.

Utilidades fraccionadas: Art. 174 eiusdem

Utilidades proporcionales desde 01-01-00 hasta 21-07-00 (6 meses completos)

7, 5 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 80.000,00 

            Por otra parte, en relación con la pretendida indemnización por lucro cesante y daño moral, observa la Sala que el lucro cesante es el daño causado por ser privado de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho. En el caso concreto, habiendo sido acordados los salarios dejados de percibir a causa del despido injustificado, los cuales tienen carácter indemnizatorio, considera esta Sala que no procede el lucro cesante pues persigue el mismo fin.

            La obligación de reparar el daño moral causado por acto ilícito establecida en el artículo 1.196 del Código Civil se extiende a la indemnización en caso de atentado al honor y reputación de la víctima y su familia. En el caso concreto, si bien quedó establecido que la actora ha tenido problemas económicos, no fue probado el hecho ilícito de la demandada, y no puede considerarse que el despido injustificado constituya un hecho ilícito, sino por el contrario, un incumplimiento contractual, razón por la cual, se niega la indemnización por concepto de daño moral.

            Se ordena la corrección monetaria de la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 6.691.571,06), para lo cual el Juez de la causa deberá solicitar al Banco Central de Venezuela el índice inflacionario acaecido en la ciudad de Caracas entre la fecha de la admisión de la demanda y la fecha ejecución del presente fallo, a fin de que éste se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar. Deberán excluirse del lapso sobre el cual se aplica la indexación los períodos en los cuales la causa se encuentre suspendida por acuerdo de ambas partes, suspensión en la cual la demandante ha consentido.

DECISIÓN

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CASA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada el 29 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y, 2º PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana María José Meneses Agostini de Matute, contra la sociedad mercantil Colegio Amanecer, C.A..

            En consecuencia, se condena a la empresa Colegio Amanecer, C.A. a pagar a la actora las siguientes cantidades: por el concepto de salarios dejados de percibir y las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 4.394.668,04); por concepto de prestación de antigüedad de conformidad con lo previsto en los artículos 665, 666 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 1.914.680,74); por concepto de vacaciones y bono vacacional, la cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 302.222,28); por concepto de utilidades la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00); cantidades éstas que serán indexadas; y, por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, la cantidad que resulte de la experticia complementaria ordenada.

            No hay condenatoria en costas, por no haber vencimiento total.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que lo envíe al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Transitorio del Trabajo correspondiente, para su ejecución. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero  de dos mil cuatro. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

El Vicepresidente y Ponente,

________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

________________________

ALFONSO VALBUENA C.

La Secretaria Accidental,

___________________________

IRIS RUZ DE RODRÍGUEZ

R.C N° AA60-S-2003-000829

Nota:         Publicada en su fecha a las

La Secretaria Accidental

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Buenas noches amigos colisteros, en relación al tema y en descargo de un sentimiento producto de una realidad que al menos se vive en este país y es conocida por pocos en relación a este personal Directivo o de dirección como efectivamente se califico en el caso que nos ocupa al empleado de la disquera y sin el animo de pretender complementar las opiniones del Prof. Rotondaro y el Dr. Jesús, Expongo lo siguiente:

- Para calificar en posiciones tan altas como la señalada se deben poseer estudios universitarios del mas alto nivel (especialización y/ o Maestrías)

      - Totalmente Bilingüe y en algunos casos políglota. (Más de tres idiomas)

      - Multicultural (haber trabajado en varios países, por lo menos dos)

- Manejar además de las áreas funcionales de la especialización otras áreas tales como comercialización y mercadeo, finanzas e informática.

- Debe manejar competencias múltiples (manejo de procesos de cambio, negociación y toma de decisiones basadas en indicadores de gestión y costos entre otras)

      - Debe ser al menos no mayor de cuarenta años y

      - Además tener por lo menos diez años de experiencia.

Adicionalmente en el desempeño de sus funciones esta sometido a un altísimo nivel de exigencias que terminan con más de doce horas promedio por día por semana efectivamente trabajada de seis días. Esto sin contar los múltiples viajes de negocios y traslados dentro del país donde se establece trayendo en consecuencia una vida muy agitada y llena de muchos malos tratos pues además representa a los accionista o dueños de la industria o corporación para la cual trabaja y los cuales por lo general suelen ser agresivos, prepotentes y despiadados en sus apreciaciones.

Es difícil por mas atractivo que sea el paquete pensar en las horas adicionales que debes emplear con el solo hecho de la  remuneración y compensación ejecutiva que de todas todas no retribuye jamás su dedicación  y si bien es cierto que es aberrante que pretenda este nivel de personal reclamar horas extra por ejemplo,  ninguna acción de club o chofer o pago de celular o retiro en dólares compensa su efectiva dedicación, como ejemplo de esto les indico el siguiente:  cuando se viaja por ocasión del trabajo sobre todo a otros países, por lo general se gestionan los informes de la visita en los idiomas que se manejan en la compañía y se abren los cientos de correos electrónicos de importancia en la butaca de un avión, taxi y/u otro medio de transporte, además sufres del consabido cambio de tu reloj biológico dado que te enfrentas los usos horarios de los países que visitas principalmente si son en las zonas de Asia, parte de Europa y Australia, puedes en un viaje de tres días nunca sentir que te toca el sol y todo transcurre durante la noche, en consecuencia demoras hasta tres meses en recuperarte,se ocasiona pesadez, perdida de la atención, falta de sueño etc., etc.,  de cada diez viajes terminas conociendo ningún lugar turístico y todos los restaurantes que a pesar del menú internacional el cual contiene comida estándar nunca terminas acostumbrándote y por ende tu salud sufre y por lo general el recuerdito que le traes a los allegados si es que lo puedas hacer lo terminas comprado en la tienda del aeropuerto.

Visto esto,  suele suceder que cuando estas empresas se fusionan o se absorben por otras de capital accionario mayor, el   directivo no resulta de la confianza o conveniencia del nuevo dueño o accionista y/o simplemente su cargo es tan vital que terminan imponiendo a otro individuo con o sin el perfil de este y entonces comienza el martirio para el directivo, es trasladado, aislado a ver si se va o renuncia y su calvario entones termina con el despido o lo que es peor con la gran palmadita de siempre y la frase adecuada para el momento, “ gracias por todo y cualquier cosa puedes contar con nosotros “  tu ya sabes donde esta la puerta.

Ese paquete al cual se hace mención en el correo anterior y que es probablemente motivo de orgullo para el directivo y su familia, cuando este aun forma parte de la empresa ( el cual no disfrutan a cabalidad o por lo menos juntos en familia )  y que suele ser de una envidia tremenda para todo aquel que ni siquiera sueña con algo parecido, jamás le devolverá todo y cuanto hizo ganar a la empresa a expensas de su sacrificio tanto para calificar para el cargo como el que impone la relación de trabajo.

Dada esta sentencia pues me pregunto yo ahora donde quedo no solo la sana critica sino la máxima de experiencia y además donde vamos a llegar con esta sentencia para futuros casos sobre todo cuando ya este personal que prácticamente es un desecho en el mercado pues probablemente pasa ya de los cuarenta años o quizás mas,  deba seguir laborando para mantenerse el y a su familia y someterse al circulo vicioso y pernicioso de entregar su labor como un honorario profesional o bajo otra modalidad de empleo pero siempre trabajado por cuanta ajena, cumpliendo horario y bajo una remuneración recurrente,  pero como un verdadero directivo a nivel de  ejecución de su labor lo cual hace a este individuo muy conveniente para las corporaciones que no invierten ni un medio en formar  a su personal y mucho menos a sus cuadros de reemplazo de gerentes y ejecutivos para al final del camino decirles okey recuerda que eres un honorario profesional el proyecto en el que te involucramos ya termino y por ende ya terminaste tu trabajo y sabes de sobra que te apreciamos y puedes contar con nosotros , ya sabes donde esta la puerta. Poniéndonos quizás ante una nueva era de la flexibilización del trabajo aunque no creo que sea la intención de la sentencia o quizás ante la validación de lo que puede ser una nueva forma de fraude de ley. A ese personal se les suele hacer un contrato chimbo, pasan los meses, los años y al final se pretende decir que el es un honorario profesional, un asesor, que gana sumas superiores a la media de la empresa y que en consecuencia no es un trabajador y por ende no goza de ninguna estabilidad y lo que es peor se obvia la prevalencía de la realidad de los hechos por encima del contrato convirtiéndose una vez mas en victimas y todo por tener el mas alto nivel académico, experiencial y gerencial que se pueda alcanzar, me parece absurdo, ilógico y además injusto, si es que de justicia estamos hablando, máxime que en la sentencia se violan aspectos de índole constitucional.

Suponemos que estos individuos son unos magnates y unos adinerados pero en realidad en mi humilde opinión son tan desamparados como útiles, sin embargo existen y existirán por mucho tiempo y si se cumple el echo de que cuando la relación de trabajo se rompe surgen los reclamos pues esta sentencia en buena parte y medida puso un freno a lo que les es legitimo, el derecho a defender sus derechos.

Espero quede claro que no es la visión del laboralista y por ende no aludo a los tecnicismos jurídicos  sino mas bien la visión del Relacionista Industrial que vive día a día esta realidad como reclutador, patrono, directivo y asesor de empresas nacionales y multinacionales.

Cualquier comentario, duda o aclaratoria será bien recibida.

Saludos cordiales,

W.E.Z

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De: Luis Ouendo [mailto:luisoquendo@...]

Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2005 22:23

Para: laboral_2004@yahoogroups.com

Asunto: Re: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Estimado Jesús

Creo que tu criterio siempre es importante ya que considero haz sido uno de los mejores alumnos.

No obstante y tratando de dejar a un lado que fui parte en este juicio y que resulté perjudicado, pienso que la gravedad de este precedente se orienta a varios aspectos:

1) Modificación jurisprudencial de la ley con la consecuente in seguridad que lo genera. Es posible que yo pueda cokincidir con tigo e que el trabajador de dirección no debe tener la misma protección que el ordinario (de hecho la tiene por ejemplo en materia de estabilidad y jornada) pero resulta inconcebible pensar que ese trabajador no puede ser sometido a presiones por parte del patrono.

Por ejemplo en ese caso te podrás percatar de una serie de acciones simulatorias que por cierto no fueron consideradas por el tribunal supremo (lo que debieron hacer aún por la casación de Oficio) ya que el patrono se esmeró en simular que ese contrato había sido suscrito en el extranjero cuando en realidad había sido suscrito en Venezuela.

Permitir que una transacción se suscriba durante la ejecución de la relación de trabajo resulta inconstitucional y más inconstitucional resulta que no exista pronunciamiento sobre ello cuando la violación de la constitución por parte de un juez es un error inexcusable y causal de destituci´.

Resulta al menos grave que tu vayas a un juicio con unas reglas de juego y en el camino las <mismas te sean cambiadas so pretexto que el trabajador es un ser pensante y que no vive del 15 y del último.

Quiero recordarte que esos trabajadores especiales también gastan, pagan impuesto y mantienen  un nivel de vida que conlleva a que las presiones se puedan ejercer sobre ellos, sobre todo cuando la recepción de unacantidad de dinero puede representar el quedarse sin nada con una familia al hombro y con responsabilidades asumidas bajo la expectativa de un cargo que se venía ocupando y que abruptamente fue despedido.

Creo que si el trabajador tiene la certeza que carece de derechos adquiridos e irrenunciables desde un principio, es una cosa admisible pero nunca en mi opinión será admisible el cambio caprichoso de reglas de juego.

Como puedes ver la sentencia no entra a conocer de todos los aspectos planteados en la formalización y parea los trabajadores pobres deja varias consecuencias a mi modo de ver graves:

1) Se le pueden cambiar las reglas de juego por simples sentimientos del sentenciador.

2) Se puede aplicar la equidad contra legen en cualquier circunstancia ya que este es solo un primer caso.

3) Se vulnera el contenido de los artículos 3 y 10 LOT y se abre las puertas a que mañana se decida que por cuanto el trabajador está reclamando una gran cantidad de dinero que nunca se le pagó y que se le causó, este no la puede reclamar.

4) Se abre la puerta a que los requisitos de la transacción sean soslayados por posiciones personales, sentimentales o de otra índole del juez y no por situaciones jurídicas que son las que deben informar el silogismo sentencial.

5) Regresamos con esto a la época de los pretores pero con el agravante que no existen institutas sino situaciones inesperadas.

6) Se deja al arbitrio de cualquier juez el violar la constitución sin que los jueces superiores puedan revisar estas situaciones.

Cómo vez, todos estos principios debieron ser violentados para justificar este criterio que te puede sonar sano, pero por la forma como se llega resulta grave y peligroso para la administración de justicia.

Ya que tocas la reforma legal como manera de regular un trato diferente para el trabajador de dirección, coincido con tigo en ello, pero creo tu deberás coincidir en que ello debe provenir de reglas que deben estar claras desde un principio, pues ese trabajador gana lo que gana porque lo produce y pone al patrono a producir grandes, muy grandes ganancias y se le dejan de pagar una serie de beneficios so pretexto de sus prestaciones sociales.

Como ves, creo que es posible y hasta admisible que legislativamente se establezcan condiciones diferentes para el trabajador de dirección, pero con transparencia, desde el inicio de la relación de trabajo, con respeto del marco legal vigente y no "flexibilizando en perjuicio del trabajador" las condiciones legales establecidas para el trabajador que ha contratado bajo un régimen,en legal desde el principio y bajo la absoluta creencia que está amparo por un régimen legal que de la noche a la mañana no solo le quitó sus derechos sino que lo condenó en costas.

Te invito a que leas  la formalización del recurso para que veas lo que se dejó de decidir.

En realidad y para finalizar me preocupa esta sistema de interpretación que nos pone a depender de reformas verdaderas de la ley impuestas de manera sorpresiva e inconstitucional pues toda forma de discriminación es inconstitucional.

Recibe mi más sentido aprecio y aún cuando no coincidamos en esto mi más profundo respeto. Recuerda que aquí como en el aula de clase lo que a mi me interesa es el criterio sostenido y el razonamiento que lo sostiene.

Saludos

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

----- Original Message -----

From: Delgado, Jesus

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Wednesday, March 30, 2005 9:21 PM

Subject: RE: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Estimados todos:

Les adjunto la decisión a que hace referencia el Dr. Oquendo.

No obstante, aprovecho la oportunidad para abogar una vez más por la separación que debe haber entre el tratamiento de las relaciones entre trabajadores comunes (en desequilibrio) con su patrono y el trabajador de dirección (de alta gerencia), quien incluso llega a confundirse con el patrono mismo.

Quizás concuerdo en que el problema se centra en que la Ley no discrimina del todo a los trabajadores de dirección (No obstante ver que la LOT no le da estabilidad a estos trabajadores), pero si es necesario en que se determine que NO ES LO MISMO que un obrero de construcción o a una secretaria se le ofrezca un trabajo bajo relación independiente bajo la figura de honorarios profesionales, violando sus derechos laborales, que un PRESIDENTE REGIONAL PARA LAS AMERICAS de una compañía “X” quien en seguramente IMPONE a la empresa las condiciones económicas bajo las cuales aceptaría prestar sus servicios para la empresa de que se trate en la región o para las actividades proyectadas.

Apoyo TOTALMENTE la iniciativa de la Sala Social de empezar a seccionar QUIENES merecen protección ABSOLUTA de la legislación laboral, y quienes pueden tener la libertad de hacer uso de su AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD para fijar sus condiciones de trabajo. De hecho es una propuesta que expresé durante el curso de Regimenes Especiales II con el Dr. Perdomo, y que sostuve en anterior oportunidad ante el Dr. Alfonzo-Guzmán en su curso de Derecho Individual.

Por ello, aprovecho esta ventana para insistir una vez mas en que este tipo de discusiones debe zanjarse de una vez y aprovechar la Reforma de la LOT para permitir que Patronos y Trabajadores de alto nivel puedan hacer uso libre de la autonomía de la voluntad (Ej. Legislación Colombiana), para fijar los términos y condiciones de la relación de trabajo que les unirá (vamos a estar claros, NINGUNA persona que vaya a ser Presidente o Directivo de Banco, Disquera, Petrolera, etc. va aceptar una remuneración de Salario Mínimo, con 15 días de utilidades y 7 de bono vacacional …)

Amig@s, no hablamos de un analfabeta, de un ignorante o un empleado con poco conocimiento de la Ley, o con poca ascendencia sobre las decisiones de la Empresa. Estamos hablando de una persona que tiene amplios poderes, que decide que se hace y/o que se deja de hacer en una compañía, quien determina el futuro de los negocios, de quien dependen las decisiones importantes.

Esta categoría de trabajadores, no vive de un quince y último, en su mayoría tienen planes de retiro internacionales en dólares y euros que les aseguran una vejez mas que tranquila; tienen acciones de clubes recreativos; pagos de choferes, celulares, asignación de viviendas lujosas; tarjetas corporativas para gastos de representación; acciones en la empresa; viajes todo-pago; y muchas otras cosas mas que no voy a decir, porque me provoca hasta enojo, que una persona de este nivel pretenda plantear a través de una demanda laboral que “lo engañaron”, “que no sabia lo que estaba firmando”, “que esa no era su intención” … POR FAVOR!!!

De tal manera, que no podemos extender las interpretaciones y defensas en las que creemos todos los días, en defensa de los derechos del trabajador común … NO CREO QUE SEA LO MISMO … Justicia es tratar a los iguales como iguales, y a los desiguales como desiguales …

En todo caso, defiendo este punto con cierta vehemencia, porque no creo justo que se haga uso del Derecho del Trabajo con fines mercenarios o cargados de avaricia. Espero no ofender de manera alguna a quienes disienten de mi opinión, bajo ningún concepto pretendo descalificar una opinión contraria. Sólo espero que llegue mi mensaje tal y como en el fondo lo envío … con muchas ganas de que otros participen y discutamos responsablemente de todos estos puntos de derecho y sociedad.

Muchos saludos,

Jesús!

-----Original Message-----

From: Francisco Iturraspe [mailto:laboral_2004@...]

Sent: Miércoles, 30 de Marzo de 2005 09:53 a.m.

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Subject: [laboral_2004] Guauuuu!!!! Mandanos las sentencia

Mandanos la sentencia Luis, hay que debatirla!!!! Saludos! FI

Luis Ouendo <luisoquendo@...> wrote:

En lo personal secundo a Pancho. Agregaría además que aun si dejamos a un lado que la norma legal tiene aplicación preferente por su jerarquía, en todo caso debería aplicarse la más favorable al trabajador.

Pero creo que a estos criterios debemos acostumbrarnos pues los criterios jurisprudenciales parece que cada día son más caprichosos. Preparense para el criterio más reciente:

1) Los derechos de los trabajadores de dirección son renunciables.

2) Se admite la transacción celebrada durante la relación de trabajo.

3) Los finiquitos no tienen  que reunir los requisitos del artículo 3 de la LOT.

4) Parece que los derechos de los trabajadores internacionales contratados en Venezuela son relativos.

5) Se admitre la equidad contra legen

Ver sentencia Universal del jueves pasado17 de marzo, sala social.

Seria bueno que la leyeran pues creo que es verdaderamente importante.

Saludos

Luis Rafael Oquendo Rotondaro

----- Original Message -----

From: Francisco Iturraspe

To: laboral_2004@yahoogroups.com

Sent: Friday, March 25, 2005 11:15 AM

Subject: [laboral_2004] Voto salvado y asombro en la interpretación del Art. 108 de la LOT

Mariangel y amigos, deje pasar unos dias para ver las reacciones que se sucedieron a la pregunta de Mariangel. Voy a exprear con todo respeto mi criterio disidente en cuanto a la "interpretacion" de la norma del 108 segundo parrafo. No tengo acentos en mi teclado ni el palito de la "enie" por lo que les ruego me disculpen.

En mi modesta opinion la norma del 108 segundo parrafo es sumamente clara (dentro de un articulo largo y muy mal redactado) y no ofrece la mas minima duda interpretativa: dice que los dos dias adicionales hay que pagarlos "Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses" y que es "por cada año".

La confusion proviene por que el reglamento dice otra cosa: que no es despues del primer anio sino del segundo.

Para mi la situacion es clara tenemos dos normas que dicen cosas diferentes y contradictorias: una que es despues del primer anio (LOT) y la otra despues del segundo (Reglamento).

Una es reglamentaria y la otra es legal. Cualquier estudiante de primer anio de Derecho en cualquier parte del mundo, aunque no haya estudiado nunca  Derecho del Trabajo sabe que debe aplicar la norma legal, por aquello de la piramide del senior Kelsen, verdad?

Con todo respeto, los la doctrina y la jurisprudencia no pueden, en ninguna hermeneutica medianamente "decente" , ir contra el texto expreso de la Ley, su espiritu, proposito y razon o aplicar una norma sublegal con preferencia a una legal.

En en radicalemte negado caso que la interpretacion de esa parte del 108 trajera dudas, ?no deberia la doctrina iuslaboralista, el Reglamento que "establece" los principios y la jurisprudencia aplicar la interpretacion mas favorable al trabajador??? Eso lo podria aducir un estudiante que haya pasado las primeras clases de Derecho del Trabajo para apoyar al razonamiento Kelseniano del estudiante de primer anio.

Pero no!, la doctrina "cientifica" en la materia no paso por primer anio ni por cuarto, o se olvidaron de todo. La sentencia que nos aporta Duglas aplica el criterio reglamentario en detrimento del legal SIN LA MAS MINIMA FUNDAMENTACION...por que si!!! Aplica el Reglamento y desecha la Ley sin decir nada respecto porque comete tamanio disparate juridico!!!

No deja de asombrarme la capacidad que tenemos los abogados de torcer la recta aplicacion de las normas legales con absoluto desparpajo cuando no convienen a ciertos  intereses, mas aun cuando asumimos el papel de reglamentistas y a veces de juzgadores o simplemente de opinadores...

Debo decir que ademas de asombrarme me entristece profundamente ese papel que se desempenia muchas veces con muchas infulas pero con tan poca verguenza. Lamentablemente estamos como estamos en el mundo y en Venezuela por actuar de esta manera...nuestra conducta y "doctrina" genera la idea que todo puede acomodarse a los caprichos o los intereses...y despues nos quejamos si otros obran de esa manera...pero nuestra actitud es la que da pie a esa idea que la Ley... es para acomodarla a los intereses, no para acatarla... Asi no va!!! Muy triste realmente...

Como ven esto mucho mas grave que si un trabajador pierde un par de dias en su liquidacion...es el Estado de Derecho y la logica juridica elemental lo que estamos pisoteando impunemente, o no tan impunemente...porque todas estas cosas...a la larga o a la corta...se pagan!!! Se pagan con la desconfianza en las instituciones y en el desprestigio social de quienes las operamos, los abogados.

Disculpen la vehemencia, pero no puedo dejar de contarles el estado de animo que me producen estas cosas,

Saludos cordiales y buena semana santa!  Pancho

"Duglas J. Yanes R." <djyanes@...> wrote:

Hola Mariangel:

    Te remito una sentencia de la Sala Social donde el Magistrado Perdomo aclara tu duda realizando los cálculos respectivos de conformidad con el Art. 97 del Reglamento de la LOT.

    Espero te sirva.

    Saludos,

    Duglas J. Yanes R.

    Escritorio Jurídico Yanes & Asociados

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

            En el juicio por cobro de prestaciones sociales, daño moral y lucro cesante que sigue la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES AGOSTINI DE MATUTE, representada judicialmente por los abogados Arturo Alonso Castillo, María Carolina Trejo Romero, Jesús Pirela Navarro y Edgar Isaac Sánchez, contra la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A., representada judicialmente por los abogados Néstor Álvarez Yépez, Jackson Pérez Montaner y Veda Carelén Cedeño Picón, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conociendo por apelación de la parte demandada, dictó sentencia definitiva en fecha 29 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, el 27 de mayo de 2003.

            Contra dicha decisión de Alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo contestación.

            En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos en forma oral y pública.

            Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales y siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

CASACIÓN DE OFICIO

            En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

            La motivación, ha dicho el Tribunal Supremo, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran; y las segundas, la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

            La inmotivación, por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia, que impone el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

            Igualmente ha establecido este Tribunal, conforme a su doctrina pacífica y reiterada, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación.

            En el caso de autos, la Sala examinó el fallo impugnado y encontró que el sentenciador de Alzada estableció que no existe duda de la existencia de la relación de trabajo y declaró procedente el reclamo de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sin especificar la fecha y la forma de terminación de la relación laboral, indispensables para realizar dichos cálculos.

            El sentenciador de Alzada no expresa en su sentencia materialmente ningún razonamiento de hecho que le permita resolver la controversia planteada, porque no deja establecido los hechos que quedaron demostrados con las pruebas promovidas en el juicio, que soporten los extremos mínimos que le permitirían dictar su decisión, tales como: el tiempo exacto de prestación del servicio, la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la determinación del salario para prestaciones y la forma de terminación del contrato. Todo ello impide a la Sala ejercer el control sobre la legalidad del fallo cuestionado que es la función principal del Tribunal de Casación, razón por la cual la Sala considera que la decisión incurre en el vicio de inmotivación y no cumple con la finalidad de resolver la controversia con suficientes garantías para las partes y por ello casa de oficio la sentencia impugnada.

            La Sala en conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, anula la sentencia recurrida y procede a decidir el fondo de la controversia, con base en las siguientes consideraciones:

SENTENCIA DEFINITIVA

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

            Señala la actora en la demanda interpuesta el 21 de marzo de 2001 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que trabajó para la sociedad mercantil COLEGIO AMANECER, C.A. desde el 16 de febrero de 1996 hasta el 21 de julio de 2000, cuando fue despedida injustificadamente estando protegida por inamovilidad laboral por fuero maternal. El 26 de julio acudió ante la Inspectoría del Trabajo e introdujo una solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, la cual fue declarada con lugar mediante providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000.

            El 4 de octubre de 2000, el inspector del trabajo y la actora se trasladaron a la sede de la demandada a realizar la notificación de la Providencia Nº 103 y constatar que hasta ese momento no se había reenganchado a la trabajadora. Fueron recibidos por la ciudadana Astrid López de Deibis, Directora de la institución educativa, quien informó que el caso estaba en manos del abogado, ante lo cual, el funcionario elaboró un informe dejando constancia de la notificación y que no se realizó el reenganche y pago de los salarios caídos.

            Al no haber sido cumplida la providencia mencionada, la parte actora solicita el pago de la indemnización por antigüedad y bono de transferencia establecidos en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,  antigüedad de conformidad con el artículo 108 eiusdem, vacaciones vencidas, bono vacacional, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, indemnización por despido injustificado de conformidad con el artículo 125 eiusdem, y la corrección monetaria de los montos acordados.

            Adicionalmente señala que ante la falta de pago del salario correspondiente al mes de julio y de los salarios caídos de conformidad con la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo, la actora ha incurrido en atraso en los pagos del préstamo de política habitacional correspondiente a su vivienda y en el pago del condominio de la urbanización donde vive, teniendo que recurrir a préstamos personales por más de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) para solventar los problemas económicos y coadyuvar en la manutención de sus hijos. Por este motivo demandó la indemnización por daño moral por cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) y el lucro cesante por tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00).

            Admitida la solicitud y agotados los trámites de citación, los representantes de la demandada dieron contestación a la demanda negando que la fecha de ingreso haya sido el 16 de febrero de 1996 y afirmando que la actora ingresó a trabajar el 1º de septiembre de 1996; niegan que el tiempo de servicio haya sido 5 años, 1 mes y 21 días porque a partir de la alegada fecha de inicio, aplicando el plazo de servicio señalado, la relación laboral habría culminado el 9 de abril de 2001, fecha posterior a la interposición de la demanda; admiten que en fecha 4 de octubre de 2000, fueron notificados de la Resolución Nº 103 de la Inspectoría del Trabajo que ordena el reenganche y pago de salarios caídos de la actora; afirman que luego de notificada la empresa, la actora nunca compareció a reincorporarse a sus labores habituales, lo cual constituye una pérdida de interés a ser reenganchada, ya que para el año escolar 2000-2001, comenzó a prestar servicios como docente en el Aula Integrada de la Escuela Básica Leopoldo Torres del Estado Yaracuy. Adicionalmente negaron que el salario diario al 31 de diciembre de 1996, haya sido de Bs. 2.666,66, pues para esa fecha devengaba un salario quincenal de Bs. 22.000,00, que mensualmente representa Bs. 44.000 mensuales, los cuales son equivalentes a Bs. 1.466,66 diarios, así como que la actora tuviera derecho al régimen de transición pues al 31 de diciembre de 1996 tenía acumulados sólo cuatro (4) meses de servicio. También negaron que el salario al 19 de junio de 1997 fuera de Bs. 2.666,66 pues su salario mensual era de Bs. 78.200 lo que equivale a Bs. 2.606,66 diario. Calculan que la prestación acumulada de antigüedad desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2000 es de Bs. 1.888.888,88. Niegan que le correspondan vacaciones en febrero de 2000, y en el período 2000-2001, así como vacaciones fraccionadas, pues la relación comenzó en septiembre y sólo tendría pendientes las vacaciones correspondientes al período 1999-2000,  a razón de 15 días más 3 días de salario calculadas con un salario diario de Bs. 10.666,66 ya que el resto del período no fue trabajado.  Niegan en forma simple, los cálculos correspondientes al bono vacacional y a los intereses sobre prestaciones, así como el derecho a indemnización por despido e indemnización sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y a utilidades fraccionadas.

            En cuanto al daño moral, niegan haber incurrido en hecho ilícito alguno capaz de generar responsabilidad contractual, que les sea imputable el no reenganche de la trabajadora, niegan que la trabajadora haya acudido a la empresa a cobrar sus créditos laborales y que no hayan pagado el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni el arreglo que corresponde conforme a la ley. Igualmente niegan que la actora se haya endeudado por Bs. 3.000.000,00 y que ello les sea imputable.

            Admiten que además de la suma por prestaciones sociales, le corresponden  a la actora las vacaciones del período septiembre 1999 a septiembre 2000 y el respectivo bono vacacional, calculados con base en un salario normal de Bs. 10.666,66 diario.

            Afirman haber pagado el 18 de julio de 1997 Bs. 44.000,00 correspondientes a prestaciones según el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Bs. 39.000,00 por bono vacacional el 15 de agosto, 30 de agosto y 16 de septiembre de ese mismo año; Bs. 110.420,00 por vacaciones colectivas (mes de agosto y 15 días mes de septiembre) y restaba la diferencia de Bs. 26.580,00.

            También señalan que el 16 de diciembre se le pagaron a la actora Bs. 120.000,00 correspondientes a 15 días de utilidades, y el 31 de julio de 1998 se abonó a cuenta de prestaciones la cantidad de Bs. 240.000,00.

            Afirman que se le canceló en efectivo a la actora la cantidad de Bs. 235.200,00 y Bs. 154.160,00 por concepto de vacaciones colectivas en 1998, así como Bs. 160.000,00 correspondientes a las utilidades de ese mismo año.

            En 1999, señalan haberle pagado en efectivo Bs. 320.000,00 como abono a prestaciones sociales; Bs. 220.648,00 por intereses sobre prestaciones y Bs. 470.960,00 por concepto de vacaciones colectivas de ese año.

            Por último afirman que el 2 de enero de 2000 se le cancelaron Bs. 115.000,00 y Bs. 45.000,00 por las utilidades del año 1999.

            Respecto a los salarios caídos, afirman haber consignado en ese mismo Juzgado, un cheque de gerencia del Banco de Lara por la cantidad de Bs. 783.700,00 que incluye el salario de la segunda quincena de junio de 2000, mes de agosto y mes de septiembre de ese mismo año.

            En fecha 27 de mayo de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) por daño moral, tres millones ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 3.840.000,00) por lucro cesante y las prestaciones sociales calculadas mediante experticia complementaria del fallo realizada por un  experto contable.

            En fecha 29 de septiembre de 2003, el Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, declaró parcialmente con lugar la apelación y parcialmente con lugar la demanda, condenando a pagar los siguientes derechos laborales: antigüedad, vacaciones vencidas, vacaciones comprendidas entre el 16 de febrero de 2000 y 15 de febrero 2001, vacaciones y utilidades fraccionadas; y, ordenando calcular la corrección monetaria y el fideicomiso mediante experticia complementaria del fallo, decisión que fue anulada en Capítulo anterior de este fallo.

            De esta manera, evidencia la Sala que los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia, conforme a la pretensión deducida y las defensas opuestas van dirigidos a determinar la existencia y alcance de la obligación de pagar los montos solicitados correspondientes a prestaciones sociales y otros conceptos laborales y a indemnización por daño moral y lucro cesante.

MOTIVACIÓN

            Ahora bien, conteste con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda.

            En tal sentido, se ratifica una vez más el criterio sentado por esta Sala en fecha 15 de marzo de 2000, el cual es del tenor siguiente:

“El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc”.

            En atención a la doctrina reproducida anteriormente, y tal como se verifica en el escrito de contestación de la demanda, en el presente caso fueron admitidos los hechos respecto a la existencia de una relación laboral, la obligación de pagar las prestaciones sociales y las vacaciones y bono vacacional correspondientes al período 1999-2000, y quedaron controvertidos la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, la forma de terminación de la relación, el monto de los salarios normales e integrales a efectos de calcular los conceptos debidos, así como los hechos relacionados con la existencia y el monto correspondiente a la indemnización por daño moral y lucro cesante pretendidos.

            La carga de la prueba en lo relativo a la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, forma de terminación de la relación, el monto de los salarios correspondientes y las cantidades pagadas corresponde a la demandada, por cuanto alegó estos hechos en su contestación. Respecto a la procedencia de la indemnización por daño moral y lucro cesante, corresponde a la actora probar el hecho ilícito, la existencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado.

            A continuación se valorarán las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

            La parte actora consignó anexos al libelo de demanda:

            1) Copia fotostática simple del documento constitutivo de la sociedad mercantil “COLEGIO AMANECER, C.A.”. Sobre el particular, las copias fotostáticas simples de documentos públicos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En el caso examinado las referidas documentales no fueron impugnadas por el contrario y por lo tanto se tienen por fidedignas. En consecuencia, esta Sala considera que el documento merece valor probatorio en conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que está demostrado que las ciudadanas Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta son las directoras de la mencionada sociedad mercantil y ejercen conjuntamente su representación.

            2) Copia certificada de la providencia Nº 103 de fecha 20 de septiembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara en el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado por la actora en contra de la demandada, que consta a los folios 29 al 31 del expediente. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara declaró con lugar la solicitud y ordenó el reenganche de la trabajadora a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación.

            3) Copia certificada de informe elaborado por el funcionario del trabajo T.S.U. Jimmy A. Rondón Pérez de fecha 4 de octubre de 2000. El documento no fue impugnado. Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que el funcionario del trabajo se trasladó a la sede de la empresa COLEGIO AMANECER, C.A. con la finalidad de notificar a su representante legal de la Providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo y a constatar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana MARÍA JOSÉ MENESES DE MATUTE, dejando constancia de la entrega del oficio contentivo de la providencia anteriormente mencionada y que no se hizo efectivo el reenganche y pago de salarios caídos.

            4)  Copia certificada de cuatro contratos de trabajo suscritos por la actora y la demandada. Los documentos no fueron desconocidos. Dichos documentos son privados, que al no ser negados formalmente se tienen por reconocidos, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merecen valor probatorio. En consecuencia, esta Sala considera que está demostrado que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, con un salario Bs. 22.000,00 quincenales, a partir del 1º de septiembre de 1997 el salario devengado fue de Bs. 120.000,00 quincenales y a partir de 1º de septiembre de 1998 el salario devengado fue de Bs. 160.000,00.

            5) Copia certificada de las partidas de nacimiento de Juan José Sequera Meneses y Bárbara José Matute Meneses. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las partidas de nacimiento merecen valor probatorio y esta Sala considera que de la partida de nacimiento de Bárbara José Matute Meneses se desprende que la actora dio a luz una niña el 13 de abril de 2000. Respecto al otro instrumento, la Sala considera que es impertinente y, en consecuencia, inadmisible.

            6) Original de declaración de las ciudadanas Ailine Beatriz Villegas y Yolanda Altagracia Mora de Mujica ante la Notaría Cuarta de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 2 de enero de 2001. Se trata de una declaración testimonial producida fuera del proceso y que al no haber sido ratificada en juicio, viola el principio de control y contradicción de la prueba y es, por tanto, inadmisible.

             La actora produjo durante el lapso de promoción de pruebas, el mérito favorable que se desprende de las documentales acompañadas a la demanda, consignó otros instrumentos y promovió la declaración de cuatro testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, esta Sala considera que es improcedente valorar tales alegaciones.

            1) Copia fotostática de constancia de trabajo expedida por Astrid López de Deibis, directora de la demandada, que no aporta nada a lo debatido en el proceso pues la relación laboral fue admitida por la demandada y al no ser objeto de prueba, la producida con tal fin es inadmisible.

            2)  Copia fotostática de comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica,  con sede en la ciudad de Yaritagua, Estado Yaracuy, en la cual se le notifica a la actora, la suspensión del servicio de vigilancia y aseo por su mora al 5 de febrero de 2001. Sobre el particular, se trata de un documento privado emanado de terceros que al no ser ratificado mediante prueba testimonial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es inadmisible.

            3) Copia fotostática de Libreta de Ahorro de la entidad de ahorro y préstamo “Valencia”, bajo el Nº 001-2-52187-7, perteneciente a la actora, la misma es impertinente y, por tanto, inadmisible.

            4) Copia certificada de la solicitud de despido Nº 674-2000, interpuesta por Astrid López de Deibis y Luz del Valle Acosta, directoras de la demandada  ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara el 23 de noviembre de 2000, en la cual solicitan autorización para despedir a la actora. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo este documento merece valor probatorio. En consecuencia esta Sala considera que quedó demostrado que el 23 de noviembre de 2000, la demandada solicitó autorización a la Inspectoría del trabajo para despedir a la actora.

            5) Copia certificada de auto emanado de la Inspectoría del Trabajo del Estad Lara de fecha 4 de diciembre de 2000, en el cual no se admite la solicitud de autorización de despido hasta tanto no conste la efectiva reincorporación de la trabajadora.  Sobre el particular dicho documento es administrativo y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo merece valor probatorio y esta Sala considera que está demostrado que fue negada la solicitud.

             6) Copia certificada de documento de compra-venta de vivienda de la actora, la cual es impertinente y, por tanto, inadmisible.

             En cuanto a las pruebas testimoniales de los ciudadanos Ruth Cristina Márquez, Maritza Valero, Chakra Naylet y Leonardo del Valle Rivas, todos son contestes en conocer a la actora por relación vecinal, que les consta que tiene problemas económicos y que ignoran donde trabaja. La Sala, aplicando el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera que los testigos son hábiles y no incurren en contradicciones y sus deposiciones concuerdan entre sí, razón por la cual se aprecian en todo su valor probatorio y queda demostrado que la actora tiene problemas económicos.

            Por su parte la demandada, produjo en su promoción de pruebas el mérito favorable de los autos, consignó los instrumentos que se describen a continuación, solicitó prueba de informes a la Dirección de la Escuela Básica Leopoldo Torres (Aula Integrada) e inspección judicial a la Escuela Básica Leopoldo Torres y promovió la declaración de seis testigos.

            En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, se ratifica lo decidido anteriormente.

            La prueba de inspección judicial no fue admitida en virtud de que los puntos sobre los cuales versa, están contenidos en la prueba de informes y no realiza nuevos aportes para la solución de la controversia.

            1)  Originales de recibos y vaucher de pago de diferentes conceptos laborales que constan en los folios 103 al 216, los cuales fueron impugnados, desconocidos y tachados por la parte actora, y no habiendo sido probada su autenticidad mediante la prueba de cotejo o la de testigos en su defecto, son inadmisibles.

            2) Hojas de cálculo de prestaciones sociales e intereses sobre las mismas, sin firmas, que constan en los folios 217 al 223. De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que estos documentos son inadmisibles.

            3) Actas levantadas por el Colegio Amanecer suscritas por representantes de la demandada y de la comunidad educativa para demostrar la inasistencia de la actora a su puesto de trabajo desde el mes de octubre de 2000 hasta el mes de enero de 2001, las cuales adquirirán valor probatorio una vez sean ratificados mediante la prueba testimonial en conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual esta Sala las apreciará  al analizar la prueba de testigos.

            4) Copia fotostática de escrito de la demandada dirigido al Juez de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el cual se afirma la consignación de un cheque de gerencia emitido por el Banco de Lara por un monto de Bs. 783.700,00 para pagar los salarios caídos que se adeudan a la actora, sin fecha, ni sello o firma que confirme su recepción.  De conformidad con el principio probatorio de que las partes no pueden valerse de pruebas elaboradas por ellas para su solo beneficio, la Sala considera que este escrito es inadmisible.

            Respecto a la prueba de informes, consta en el folio 333 comunicación original de la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres dirigida al Doctor Juan Rodríguez Palacios, con sello húmedo de recepción del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara, la cual merece valor probatorio y esta Sala considera que la actora comenzó a trabajar en esa institución como docente contratada de Aula Integrada desde el 16 de enero de 2001 con un horario de 7:20 a.m a 12:20 p.m.

            Se promovieron las siguientes testimoniales:

            1) La testigo Ingrid Heidenreich, la cual no compareció a rendir declaración.

            2) La testigo Lisbeth Yasmín Rodríguez de Martínez, no merece valor probatoria pues se contradice al señalar fechas distintas de inicio de su relación laboral.

            3) La testigo Patricia Cuellar, no merece valor probatorio pues se contradice sobre su conocimiento respecto al embarazo de la actora.

            4) La testigo Kellys Mildreth Ramírez Paradas, igualmente no merece valor probatorio pues se contradice cuando reconoce las actas levantadas en el colegio y suscritas por ella y luego afirma no haberlas leído.

            5) La testigo Ennovy Teresa Melgarejo Chacón, impugnada por la actora, no se aprecia por constatar en su declaración que es pariente afín de la directora de la demandada Astrid López de Deibis.

            6) La testigo Zulia Esperanza Peroza, no merece valor probatorio por tener interés en el juicio y ser testigo referencial.

            En virtud de haber sido desechadas las testimoniales de los testigos promovidos por la demandada, esta Sala considera que las actas levantadas por la demandada para hacer constar la inasistencia de la actora, mencionadas anteriormente, no tienen valor probatorio.

            Ahora bien, del examen conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, en aplicación del principio de unidad de la prueba, ha quedado plenamente establecido que la relación laboral se inició el 1º de septiembre de 1996 y que el salario devengado por la actora fue de Bs. 22.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1996, Bs. 120.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1997 y Bs. 160.000,00 quincenales desde el 1º de septiembre de 1998, de conformidad con los contratos de trabajo consignados; que la actora dio a luz el 30 de abril de 2000, de conformidad con la partida de nacimiento de la niña Bárbara José Matute Meneses; que por la Providencia Nº 103, la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara calificó el despido como injustificado y ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación; que por el informe enviado por la Escuela Integral Bolivariana Leopoldo Torres la actora se desempeña como docente en esa institución desde el 16 de enero de 2001; y, que por la declaración de los testigos de la actora, conjuntamente con la comunicación de la Junta de Condominio de la Asociación Civil Villa Olímpica, la actora tenía problemas económicos.

            Además por aplicación de los principios de la carga de la prueba, la demandada no logró probar la terminación de la relación laboral de alguna forma distinta al despido alegado por la actora, ni en fecha distinta a la afirmada por la misma, razón por la cual se establece que la relación laboral terminó mediante despido en fecha 21 de julio de 2000. Tampoco demostró haber pagado a la actora el salario correspondiente al mes de julio de 2000, ni haber efectuado el reenganche o haber ocurrido el desistimiento de la actora de su derecho a la reincorporación al trabajo, ni el pago de los salarios caídos, por lo que no quedó demostrado que se haya liberado de esa obligación.

            Ahora bien, en relación con el régimen legal aplicable, en primer lugar es necesario determinar si el contrato de trabajo es a tiempo determinado o a tiempo indeterminado.

             Dispone el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo que: “el contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de dos o más prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación. (...).”

            En el caso concreto se consignaron cuatro contratos consecutivos, y al no existir razones que demuestren la intención de no continuar la relación de trabajo, de conformidad con la norma anteriormente trascrita, considera esta Sala que el contrato es a tiempo indeterminado y así se declara.

            En conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado.

            El artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto. Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de este Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII. (...).”

            En este caso, habiendo dado a luz la trabajadora en el mes de abril de 2000, gozaba de inamovilidad laboral para el momento del despido de conformidad con el artículo parcialmente trascrito, razón por la cual el despido fue injustificado, tal como fue declarado por la providencia Nº 103 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, y el patrono deberá pagar los salarios dejados de percibir durante el procedimiento y las indemnizaciones adicionales contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

            Dado que el patrono no logró demostrar el reenganche ni el desistimiento de este derecho por parte de la actora, ni tampoco demostró el pago del salario correspondiente al mes de julio, se considera que éste deberá pagar los salarios dejados de percibir correspondientes al mes de julio de 2000, hasta la fecha de interposición de la demanda, es decir, hasta el 22 de enero de 2001. Así se declara.

Salarios dejados de percibir:

202 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 2.154.667,34

Indemnización por Despido y Antigüedad:

Artículo 125 eiusdem, 1er. Aparte

120 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 1.280.000,40

Artículo 125 eiusdem, 2do. Aparte

90 días x Bs. 10.666,67                                                                                                                                                                                                               Bs.    960.000,30

                                                                                                                                                                                                                                                                   TOTAL                       Bs. 4.394.668,04

            Para el cálculo de la prestación de antigüedad, como quedó establecido que la relación laboral comenzó el 1º de septiembre de 1996, corresponde aplicar lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 108 eiusdem.

            Lo procedente en el caso de autos, es en primer lugar hacer un corte de cuentas hasta la fecha de entrada en vigencia de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para calcular la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 y el bono de transferencia; y en segundo lugar, desde ese momento hasta la fecha de término de la relación de trabajo, deberá calcularse la prestación de antigüedad por el primer año de servicio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 665 eiusdem, por cuanto la actora mantenía una relación de trabajo mayor a seis (6) meses cuando entró en vigencia la Ley; y, por último, en el año o los años subsiguientes, deberá calcularse la prestación de antigüedad conforme lo dispone el artículo 108 eiusdem.

            De conformidad con Sentencia Nº  174 de fecha 13 de marzo de 2002, las prestaciones sociales se deben calcular hasta la fecha de terminación de la relación laboral, 21 de julio de 2000, pues de allí en adelante no se reanudó la prestación de servicio y los salarios dejados de percibir tienen carácter indemnizatorio. 

Tiempo de Servicio: Desde el 01-09-96 al 21-07-00:  3 años, 10 meses y 20 días.

Corte de Cuenta:  Desde el 01-09-96 al 19-06-97:  9 meses y 18 días.

Literal “a” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Indemnización de Antigüedad (salario diario al mes de mayo 1996):

30 días x Bs. 1.466,67                                                                 Bs.   44.000,00

Literal “b” del artículo 666 ejusdem (salario al 31-12-96)

No corresponde porque a la fecha de corte, la trabajadora había prestado menos de un año de servicio.

Prestación de Antigüedad: Artículo 665 eiusdem del 19-06-97 al 18-06-98;

19-06-97 al 18-08-97: 10 días x Bs. 2.956,96                             Bs.    29.596,63

19-08-97 al 18-06-98: 50 días x Bs. 8.488,89                             Bs.  424.444,44

Prestación de Antigüedad: Art. 108 eiusdem

19-06-98 al 18-08-98: 10 días x Bs.  8.511,11                            Bs.    85.111,11

19-08-98 al 18-06-99: 50 días x Bs. 11.348,15                           Bs.  567.407,41

19-06-99 al 18-06-00: 60 días x  Bs.11.377,78                           Bs.  682.666,67

19-06-00 al 21-07-00:   5 días x Bs. 11.407,41                           Bs.    57.037,04

6 días adicionales x Bs. 11.407,41                                                Bs.    68.444,44

(2 correspondientes al año 1999 y 4 correspondientes al año 2000)

                                                                 TOTAL          Bs.1.914.680,74

            No habiendo quedado establecido que se hubiesen pagado los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2º) El perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta que la Ley entró en vigencia el 19 de junio de 1997 y la fecha en la cual será pagado este concepto; 3º) El perito hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses.

            Respecto a las vacaciones y el bono vacacional, la actora solicita el pago de las correspondientes a los períodos febrero 1999 a febrero de 2000, febrero 2000 a febrero 2001 y vacaciones fraccionadas.

            El artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles. A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. (...).”

            El artículo 223 eiusdem dispone el derecho del trabajador de percibir una bonificación especial en la oportunidad de sus vacaciones equivalentes a siete (7) días de salario más un (1) día adicional por cada año de servicio a partir de la vigencia de la Ley.

            Por otra parte, el artículo 225 eiusdem establece que cuando la relación de trabajo termine antes de cumplirse el año de servicio, sea en el primer año o en los subsiguientes, el trabajador tendrá derecho al pago equivalente a sus vacaciones y bono vacacional en proporción a los meses completos de servicio durante ese año.

            De conformidad con los artículos anteriormente descritos, para la concesión de los días adicionales se considera que el tiempo de servicio comienza a partir de la entrada en vigencia de la Ley, razón por la cual, esta Sala considera que las vacaciones y bono vacacional adeudados son los correspondientes al período julio de 1999 a julio de 2000. Así se declara.

Vacaciones y Bono vacacional: Art. 219, 223 y 225 eiusdem

Vacaciones de 19-06-99 a 18-06-00

(15 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                              Bs. 181.333,39

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 15 días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                               Bs.   16.000,00

Bono Vacacional de 19-06-99 a 18-06-00

(7 días + 2 días adicionales) x Bs. 10.666,67                                Bs.   96.000,00

Vacaciones proporcionales de 19-06-00 a 21-07-00

( 7días +3 adicionales/12 ) x Bs. 10.666,67                                              Bs.     8.888,89

                                                                 TOTAL                       Bs. 302.222,28

            Los trabajadores, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente de cuatro (4) meses. Cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados.

Utilidades fraccionadas: Art. 174 eiusdem

Utilidades proporcionales desde 01-01-00 hasta 21-07-00 (6 meses completos)

7, 5 días x Bs. 10.666,67                                                             Bs. 80.000,00 

            Por otra parte, en relación con la pretendida indemnización por lucro cesante y daño moral, observa la Sala que el lucro cesante es el daño causado por ser privado de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho. En el caso concreto, habiendo sido acordados los salarios dejados de percibir a causa del despido injustificado, los cuales tienen carácter indemnizatorio, considera esta Sala que no procede el lucro cesante pues persigue el mismo fin.

            La obligación de reparar el daño moral causado por acto ilícito establecida en el artículo 1.196 del Código Civil se extiende a la indemnización en caso de atentado al honor y reputación de la víctima y su familia. En el caso concreto, si bien quedó establecido que la actora ha tenido problemas económicos, no fue probado el hecho ilícito de la demandada, y no puede considerarse que el despido injustificado constituya un hecho ilícito, sino por el contrario, un incumplimiento contractual, razón por la cual, se niega la indemnización por concepto de daño moral.

            Se ordena la corrección monetaria de la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 6.691.571,06), para lo cual el Juez de la causa deberá solicitar al Banco Central de Venezuela el índice inflacionario acaecido en la ciudad de Caracas entre la fecha de la admisión de la demanda y la fecha ejecución del presente fallo, a fin de que éste se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar. Deberán excluirse del lapso sobre el cual se aplica la indexación los períodos en los cuales la causa se encuentre suspendida por acuerdo de ambas partes, suspensión en la cual la demandante ha consentido.

DECISIÓN

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CASA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada el 29 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y, 2º PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana María José Meneses Agostini de Matute, contra la sociedad mercantil Colegio Amanecer, C.A..

            En consecuencia, se condena a la empresa Colegio Amanecer, C.A. a pagar a la actora las siguientes cantidades: por el concepto de salarios dejados de percibir y las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 4.394.668,04); por concepto de prestación de antigüedad de conformidad con lo previsto en los artículos 665, 666 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 1.914.680,74); por concepto de vacaciones y bono vacacional, la cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 302.222,28); por concepto de utilidades la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00); cantidades éstas que serán indexadas; y, por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, la cantidad que resulte de la experticia complementaria ordenada.

            No hay condenatoria en costas, por no haber vencimiento total.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de que lo envíe al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Transitorio del Trabajo correspondiente, para su ejecución. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero  de dos mil cuatro. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ