HAN transcurrido más de veinticinco años desde que se inició el
tránsito
de la dictadura franquista, unos pocos menos desde que se configuró un
nuevo marco jurídico-político con la Constitución de 1978 y, para
Navarra, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de 1982, transición dirigida a abrir un nuevo camino hacia la
consolidación de unas libertades y derechos individuales y colectivos
que habían sido desterrados en el régimen anterior.

Pasado este tiempo puede ser momento de mirar hacia atrás para
examinar
si vamos o no por buena senda para la integración de todos los
navarros
en un marco de convivencia, plural por necesidad, respetuoso con la
voluntad mayoritaria y democráticamente expresada del pueblo navarro
sobre su presente y futuro al tiempo que garantizador del más
exquisito
respeto a las minorías de modo que se sientan suficientemente cómodas
y
facultadas para desarrollar, expresar y reivindicar sus sentimientos,
actividades y proyectos en igualdad de condiciones.

La aprobación del Amejoramiento con la exclusión en su proceso de
negociación de determinados sectores políticos que tenían
representación
en la Diputación y en el Parlamento Foral, entre ellos los
nacionalistas
vascos, y sin pasar por refrendo popular, para algunos no fue el mejor
principio para asegurar la inclusión de todos los navarros en el marco
común de unas instituciones aceptadas y compartidas. Pero a partir de
esa realidad se debiera haber trabajado más en reforzar la
legitimación
del marco político potenciando la integración política, cultural,
lingüística y social de los diversos sectores que forman nuestra
comunidad; quienes más tenían que aportar en esa línea por detentar
las
mayores cuotas de responsabilidad institucional no siempre han seguido
esa línea y han llevado una situación de penosa disgregación y
enfrentamiento en algunos temas básicos para la convivencia que
requieren una urgente e importante reconsideración y revisión de
comportamientos.

Partiendo de la concepción elemental de que el juego limpio,
respetuoso
y trasparente de las mayorías y minorías debe ser la base sustancial
del
sistema democrático, debemos decir que siguen existiendo múltiples
mecanismos legales y fácticos que protegen a quienes defienden con
rigidez el marco político actual y se oponen a cualquier cambio, lo
cual
no sería objetable si no fuera porque se hace en perjuicio de otros
que
perciben que han de afrontar y superar gravísimos obstáculos para
simplemente defender sus no menos legítimos proyectos de
interpretación,
reforma o sustitución de ese marco político.

Para mejorar sustancialmente la igualdad de oportunidades y potenciar
el
pluralismo político y la participación, que son elementos esenciales
del
sistema democrático, debiera admitirse por todos la misma legitimidad
de
las posiciones que se oponen a cualquier modificación del marco
político
como de las que defienden interpretaciones más flexibles de la
Constitución y del Amejoramiento y de las que defienden incluso
reformas
de estas normas por métodos democráticos.

E

L debate sobre medidas como la posibilidad de convocar referéndum o
consultas populares en Navarra; la posibilidad de la iniciativa
parlamentaria, y no sólo gubernamental, en la propia reforma del
Amejoramiento; la mayor flexibilidad en las relaciones y en la
celebración de acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas,
incluso cuestionando la prohibición de federación entre ellas; una
equiparación de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos
navarros, al margen de la zona en la que habiten; el reconocimiento a
Navarra de la facultad a decidir en exclusiva la forma de elección del
Presidente del Gobierno y de convocatoria de elecciones; la defensa de
los propios intereses y competencias en el seno de las instituciones
europeas, potenciando la participación de las Comunidades Autónomas en
ellas, así como el incremento de la representación autonómica en los
comités y grupos de trabajo de la Comisión Europea; el desarrollo del
Estado autonómico con perspectiva federalizante; etc., debiera
admitirse
con normalidad como oportunidad de profundizar en nuestro sistema de
autogobierno.

Por desgracia, más de una vez la simple formulación de éstas y otras
propuestas que se hallan en la agenda de diversas fuerzas políticas es
contestada desde el Gobierno de Navarra y otras instancias como un
ataque antidemocrático contra un marco político que se predica
permanente e inalterable, cuando no contra la propia identidad de
Navarra, que se atribuye a enemigos exteriores o interiores de los
intereses de los navarros y navarras.

La defensa de las distintas concepciones de los navarros para el
presente y el futuro de nuestra comunidad se ve coartada
cotidianamente
por una política desde instancias oficiales que ha ido evolucionando,
salvo algunas excepciones, hacia la imposición de una concepción
exclusivista de la identidad de Navarra, que rechaza y demoniza otras
opciones como antinavarras, y en particular atacando descaradamente
uno
de los pilares del sentimiento de identidad de muchos navarros, la
lengua vasca. Especialmente grave para conseguir la mínima integración
política y social en este último tema han sido las reiteradas
actuaciones del Gobierno de Navarra que, yendo más allá de la falta de
sensibilidad que ha demostrado la mayoría de miembros del partido que
lo
sustenta, inciden en la provocación y el desprecio hacia lo que
piensan,
desean y defienden legítimamente miles de navarros. No puede darse
otra
calificación a la eliminación de rótulos, carteles o membretes
bilingües
de las dependencias del Gobierno y sus organismos, y a tratar de
imponer
esos criterios a todas las entidades en las que se puede influir, como
la Administración de Justicia; o la increíble desaparición del euskera
de las máquinas automáticas de cobro en la zona azul de Pamplona,
mientras se mantiene el inglés y el francés. ¿Qué sentido tiene el
desalojo policial y la detención de unos estudiantes, trabajadores y
profesores de la UPNA que protestaban pacíficamente contra la
discriminación en las enseñanzas en euskera?

QUE la política del ejecutivo foral no se limita a proteger de una
supuesta discriminación a quienes no hablan euskera sino que se
dirige a
dificultar el uso y la extensión de esta lengua queda de manifiesto en
la dimisión de los responsables de la Dirección General de Política
Lingüística y de los miembros del Consejo del Euskera, nombrados por
el
propio Gobierno de Navarra, que se unieron a la permanente
contestación
en los sectores sociales más sensibilizados con la normalización y el
reconocimiento de los derechos de quienes quieren comunicarse en
euskera
o simplemente defenderlo de su recesión.

La disponibilidad de mayorías absolutas parlamentarias, en unos
casos, o
de mayoría simple sin amenaza de pérdida del gobierno en otros, genera
la tentación permanente de imponer políticas basadas en el interés
partidario y no en la búsqueda de consenso político y social. Los
intentos de mayor participación ciudadana en las decisiones políticas
se
cortan de raíz y se descalifican con argumentos poco sostenibles. Los
ciudadanos perciben que por parte de quienes dirigen la Administración
foral se ayuda al amigo, se potencia al correligionario, se castiga al
discrepante, se abusa de las influencias y se potencian núcleos de
poder
partidistas y sectarios.

Navarra, después de un cuarto de siglo desde la muerte de Franco, pasa
por uno de los peores periodos en lo que se refiere a su integración
política y lo que es más grave, se siguen poniendo las bases para que
cada vez sea más difícil el entendimiento en temas que debieran ser
resueltos con la simple aplicación de los principios elementales de la
democracia. Esto es, no con la imposición de las mayorías sobre
minorías
que ven cerradas todas las puertas para hacer posibles sus proyectos
políticos o el desarrollo de su propia identidad, sino estableciendo
cauces de diálogo y consenso, no sólo político sino también y
principalmente social. El reto democrático para Navarra está en
avanzar
en un marco jurídico y político que sea capaz de integrar a todos los
navarros desde el respeto de todas las ideologías, proyectos
políticos y
sentimientos de identidad en pie de igualdad, en el reconocimiento
real
de los derechos y aspiraciones de las minorías y en una cultura de
tolerancia y comprensión de las diferencias, siempre con respeto a las
normas democráticas.

Mientras tanto la violencia que sigue practicando ETA, además de la
valoración ética o política que merezca, es la mejor coartada para
justificar políticas de confrontación, imposición e intolerancia.
Acabar
con esta situación es uno de los objetivos prioritarios que debieran
plantearse todas las organizaciones políticas navarras sin distinción.

(*) Firman este escrito: Mikel Armendáriz, Víctor Ayerdi, Iñaki
Cabasés,
José Luis Campo, Ginés Cervantes, Fermín Ciáurriz, Reyes Cortaire,
Jokin
Elarre, Miguel Izu, Manuel Ledesma, Iosu Ostériz, Ramón Peñagaricano,
José Ángel Pérez-Nievas, Víctor Rodríguez, Pedro Romeo, Javier Sánchez
Turrillas, Andoni Santamaría, José Luis Úriz y Patxi Zabaleta