Memorándum sindical a la Presidencia Española de la Unión Europea
Confederación Europea de Sindicatos (CES)
Comisiones Obreras (CC.OO.)
Unión General de Trabajadores (UGT)
Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV)
noviembre de 2001


Introducción

1.Proceso de reforma sobre el futuro de Europa

2. Aplicación de la estrategia de sostenibilidad de Lisboa para la
modernización económica, el pleno empleo y la inclusión social

3. Los derechos de los trabajadores y la política social

4. Una política de inmigración común en la UE

5. La unificación de Europa

6. La UE y el Mundo



Introducción
En la agenda que se desarrollará durante la Presidencia española de
la Unión Europea, en la primera mitad de 2002, figuran importantes
temas y acontecimientos políticos; la situación internacional a nivel
económico y político y la lucha contra el terrorismo hacen que cada
vez sea más importante para la UE cumplir con su papel mundial y
ponen de relieve la necesidad de un gobierno económico europeo. El
establecimiento de prioridades, en la Cumbre de Primavera de
Barcelona, en relación a las políticas económicas, de empleo y
sociales que configuren una política sostenible global y el proceso
de reforma sobre el futuro de Europa, estarán entre los temas
principales que se van a tratar. En su memorándum, la CES, CC.OO.,
UGT y ELA-STV quisieran destacar y comentar los temas prioritarios
del sindicalismo europeo para la Presidencia española de la UE.
1. Proceso de reforma sobre el futuro de Europa
Como se expone en su resolución de octubre de 2001, la CES apoya la
propuesta que se decidirá en la Cumbre de Laeken de encomendar a una
Convención la elaboración de las propuestas de reforma concretas que
serán sometidas a la decisión final de la CIG en 2004. El futuro
Tratado de Europa debería adoptar la forma de un "Pacto
Constitucional" que refleje al conjunto de la sociedad europea y a
todos sus ciudadanos. También será una prioridad máxima para los
sindicatos europeos garantizar que la Constitución y el Tratado
político reconozcan y refuercen la autonomía y el papel, también co-
regulador, de los interlocutores sociales a todos los niveles. La
CES, UGT, CC.OO. y ELA-STV recomiendan, por tanto, firmemente que la
Cumbre de Laeken decida designar a los interlocutores sociales
europeos observadores de la Convención, y pedimos a la Presidencia
española de la UE que garantice el apoyo necesario para que los
interlocutores sociales europeos estén asociados de manera permanente
a los trabajos de la Convención.
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE es uno de los temas clave
en la agenda del futuro de Europa y la CES pide al Consejo Europeo de
Laeken que decida dar valor jurídico vinculante a la misma, así como
el establecimiento de un procedimiento de seguimiento orientado a la
integración de la Carta en el Tratado, y que establezca asimismo un
procedimiento de supervisión de cara a su futura evolución. Dicho
procedimiento sería también una oportunidad para revisar la Carta de
la UE ante futuras mejoras. La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV esperan que
la Presidencia española inicie la puesta en marcha de dicho
procedimiento de seguimiento.


2. Aplicación de la estrategia de sostenibilidad de Lisboa para la
modernización económica, el pleno empleo y la inclusión social
El Consejo Europeo de Primavera de Barcelona, en marzo de 2002, será
un acontecimiento importante durante la Presidencia española de la
UE, para verificar el progreso europeo y nacional respecto a la
aplicación de los objetivos fijados en Lisboa, Estocolmo y Goteborg,
y para establecer las prioridades y principios generales de gobierno
para el próximo año, en los tres principales procesos que están
actualmente en marcha (las grandes orientaciones económicas, las
directrices de empleo y la reforma estructural). Esto significa que
las disposiciones del Tratado sobre orientaciones económicas y de
empleo, se respetan plenamente y son complementarias. Ante la
reducción del crecimiento en Europa e incluso el peligro de recesión
con un nuevo aumento del desempleo, será crucial que la Cumbre de
Primavera de Barcelona ofrezca un alto perfil y refuerce las
políticas que estimulen el crecimiento económico y la creación de
empleo para poder contrarrestar la amenaza del desempleo y seguir
avanzando respecto a los objetivos de pleno empleo y cohesión social
y respecto al contexto en el que han de perseguirse los objetivos de
competitividad. La creación de empleo y la lucha contra el aumento
del desempleo no pueden plantearse como objetivos diferenciados del
empleo de calidad. Especialmente en una situación económica crítica,
que está fuertemente influida por la situación económica y política
general, la UE tiene que demostrar su capacidad para aportar el valor
añadido de "una UE que marca la diferencia", garantizando las
condiciones laborales y de vida de los trabajadores y los ciudadanos.
Para hacer esto posible, es necesario un gobierno económico fuerte y
eficaz que, cuando menos, aplique al máximo los instrumentos y los
procesos existentes para coordinar las políticas e iniciativas
nacionales y de la Unión, en la lucha por el pleno empleo. El marco
del "Pacto de Crecimiento y Estabilidad" debería utilizarse para
agrupar un paquete europeo de medidas económicas y de empleo,
dirigidas a aumentar el poder adquisitivo y a incrementar la
inversión. Debería incluir también acciones para contrarrestar la
competencia fiscal negativa que reduce los medios de los que disponen
los Estados miembros para realizar políticas activas, y también para
impulsar un avance significativo en el paquete fiscal de la UE acerca
de los impuestos sobre el ahorro y en la aplicación eficaz de un
código de conducta en el ámbito de la fiscalidad de la empresa; el
progreso en la cooperación fiscal debería tener lugar también en el
campo de la energía y el medio ambiente, y debe conseguirse
igualmente algún avance en la sentido de introducir una figura del
tipo "tasa Tobin" para frenar la especulación financiera.
Para lograr la necesaria política coordinada, es fundamental que
todos los agentes económicos y sociales estén activamente implicados.
La CES, UGT, CC.OO. y ELA-STV siguen, por tanto, otorgando una
elevada prioridad al proceso de diálogo macroeconómico de Colonia,
que reúne a los interlocutores sociales, al BCE, los Estados miembros
y la Comisión. Debe garantizarse la cohesión y la coherencia entre
todos los responsables de la política global. Esto incluye al BCE
que, ante la actual situación económica, puede y debe tener
iniciativa para llevar a cabo futuras reducciones de los tipos de
interés para restaurar y mantener la confianza.
El éxito de la Cumbre de Primavera de Barcelona tendría una
importante significación política ante el hecho de que esta cumbre
será la primera que se celebre tras la introducción del euro como
moneda única para una amplia mayoría de Estados miembros. Debería
adoptarse una iniciativa política, de cara también a la ampliación de
la UE, para fortalecer aún más las posibilidades del gobierno
económico; en este contexto, el aumento de los recursos de los fondos
estructurales y de cohesión y la ampliación del límite máximo del
presupuesto global de la UE, así como el establecimiento de un fondo
de salvaguarda coyuntural, jugarían un papel importante.
Los servicios de interés económico general desempeñan un papel
fundamental para el éxito de la estrategia de sostenibilidad de
Lisboa. La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV celebran el nuevo informe de la
Comisión y su propuesta para consolidar y especificar los principios
sobre los servicios de interés general recogidos en el Artículo 16
del Tratado en una directiva marco, y espera que la cumbre de Laeken
y, como seguimiento, la Presidencia, manifiesten y den su apoyo a
dicha iniciativa de la Comisión. Además, como el proceso de reforma
estructural de Cardiff incluye importantes servicios de interés
económico general con gran impacto social, la CES, UGT, CC.OO. y ELA-
STV proponen que el proceso de Cardiff, especialmente en lo que se
refiere a posibles nuevas iniciativas, sea incluido en la
concertación social con los interlocutores sociales sobre la
estrategia de Lisboa y por tanto enfocado específicamente de cara a
los objetivos generales de esta estrategia.


3. Los derechos de los trabajadores y la política social
La postura constructiva y activa de la CES, CC.OO., UGT y ELA-STV
sobre la aplicación de la estrategia de sostenibilidad de Lisboa es
bien conocida y los sindicatos europeos han demostrado asimismo su
disposición a asumir su responsabilidad como interlocutores sociales
para aplicar las citadas estrategias, incluso mediante acuerdos de
ámbito europeo.
La CES, UGT, CCOO y ELA-STV destacan la importancia crucial de la
información, consulta y participación, junto con el derecho al acceso
a la formación profesional a lo largo de toda la vida, para lograr
los objetivos de la estrategia de modernización de Lisboa y cumplir
los objetivos de competitividad, calidad del empleo e inclusión
social, en especial de cara a la nueva sociedad de la información. La
CES, CCOO, UGT y ELA-STV ven con satisfacción que en la reunión del
Consejo del 8 de octubre de 2001 se adoptase finalmente la Directiva
sobre la participación de los trabajadores en la Sociedad Europea y
destacamos la necesidad de implementarla plenamente en todos los
Estados miembros.
La CES, CCOO, UGT y ELA-STV esperan que se les consulte formalmente
en asuntos relacionados con la reestructuración industrial y sobre el
informe final del Grupo de Alto Nivel para las futuras relaciones
industriales de la Comisión Europea.
En lo que se refiere a la responsabilidad social de las empresas
(RSE), la CES, CC.OO., UGT, y ELA-STV subrayamos el hecho de que la
RSE es un objetivo, no un instrumento, y como tal debe ser ubicado en
un marco regulador más amplio basado en la legislación y la
negociación colectiva.
Dependiendo de los resultados que todavía han de lograrse bajo la
Presidencia belga, la CES, UGT, CCOO y ELA-STV piden a la Presidencia
española que apoye y dé prioridad a las siguientes medidas que son de
especial importancia en un periodo de reestructuración industrial a
gran escala que está teniendo un gran impacto en las condiciones de
empleo y trabajo:
 La adopción final por parte del Consejo de la "Propuesta para una =

Directiva del Consejo que establezca un marco general para la
información y consulta a los trabajadores de la Comunidad Europea"
(en su versión mejorada por acuerdo con el PE).
 El inicio de la revisión de la Directiva sobre Comités de Empresa =

Europeos y sobre despidos colectivos.
 La aprobación de una Directiva sobre empresas de trabajo temporal,=

con una clara obligación de igualdad de derechos para los
trabajadores de ETT
 La adopción de la Directiva sobre la jornada laboral para los
trabajadores del transporte por carretera y transportistas autónomos.
También debe darse prioridad a iniciativas para mejorar la seguridad,
tales como la revisión de la legislación del transporte por carretera
y la obligatoriedad de cualificación profesional para sus
trabajadores.
 Más allá de la negociación actual entre los interlocutores sociale=
s
europeos sobre teletrabajo, la CES, CCOO, UGT y ELA-STV proponemos la
apertura de negociaciones entre los interlocutores sociales sobre las
condiciones necesarias para fomentar la formación y aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
Más aún, la CES tiene previsto celebrar una conferencia sobre
formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida en Valencia, a
principios de 2002, dedicada al desarrollo de estrategias en este
área en la que se analizará la Estrategia Europea de Empleo y la
puesta en marcha de un organismo europeo dedicado específicamente a
este tema.
La CES, UGT, CCOO y ELA-STV demandan a la Presidencia española que
siga manteniendo en la agenda la aprobación de la revisión de la
Directiva 76/207 sobre la aplicación del principio de igualdad de
trato para mujeres y hombres en lo que respecta al acceso al empleo,
la formación y la promoción profesional y las condiciones laborales.
Esta revisión incluye medidas preventivas contra el acoso sexual,
información a los representantes de los trabajadores sobre igualdad
en el ámbito de la empresa, lo que supone una innovación sobre este
tema. La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV consideramos que un avance en
este asunto sería de gran importancia.
En el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, los estudios
demuestran que la situación en Europa ha mejorado ligeramente en los
últimos diez años. Los riesgos relacionados con el uso de maquinaria,
la exposición a productos químicos y/o agentes biológicos, riesgos de
índole física (vibraciones, radiación, ruido, etc.) se traducen
anualmente en miles de muertes y decenas de miles de casos de
incapacidad permanente en los Estados miembros de la UE. Otros
problemas de salud relacionados con la organización del trabajo, como
las afecciones músculoesqueléticas, constituyen también un problema
grave y creciente. Al mismo tiempo, los recursos humanos y
financieros que Europa destina a la seguridad y la salud en el
trabajo están decreciendo.
La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV piden a la Presidencia española que
conceda prioridad a la largamente esperada "Nueva estrategia europea
sobre salud y seguridad en el trabajo" que debe completarse sin más
demora y dotarse de un programa de acción concreto. También debería
incluir dos iniciativas importantes: extender su ámbito a los
trabajadores autónomos y desarrollar instrumentos de la UE para los
nuevos tipos de riesgos laborales vinculados en particular con los
cambios operados en la organización del trabajo.
La CES, UGT, CCOO y ELA-STV piden asimismo a la Presidencia española,
dependiendo de los resultados que todavía se pudieran conseguir bajo
la Presidencia belga, que apoye la adopción en el Consejo de la
modificación propuesta de la Directiva sobre protección de los
trabajadores frente al amianto.


4. Una política de inmigración común en la UE
Ante la comunitarización de los ámbitos políticos de inmigración,
asilo y cruce de fronteras exteriores en virtud del Tratado de
Amsterdam, pedimos que se aproveche esta oportunidad, y se abandone
la tendencia seguida hasta el momento, consistente en establecer
medidas únicamente basadas en el control policial y la gestión de
flujos, y que se combinen al mismo tiempo con soluciones
constructivas para el fenómeno migratorio que fomenten la buena
integración, el respeto de los derechos humanos y la mejora de la
situación de los inmigrantes que se encuentran legalmente en la UE
garantizándoles derechos y obligaciones comparables a los de los
ciudadanos comunitarios
Estamos de acuerdo en la necesidad de que, durante el periodo
transitorio establecido por el Tratado de Amsterdam para esta
comunitarización, se concluya la aprobación de las normas actualmente
en estudio por parte del Parlamento Europeo. En especial la propuesta
de Directiva del Consejo relativa al Estatuto de los nacionales de
terceros países residentes de larga duración. Asimismo que se llegue
cuanto antes a un consenso en el Consejo respecto a la proposición de
Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar.
Asimismo, los sindicatos entienden que, durante la Presidencia
española, debe avanzarse en el objetivo de la extensión de la libre
circulación de personas a los nacionales de terceros países
residentes en la UE, tal como señalaba ya el informe final del Grupo
de Alto Nivel sobre libre circulación. En este sentido, instamos al
Gobierno español a que, durante su Presidencia, se hagan todos los
esfuerzos posibles para desbloquear la propuesta de modificación del
Reglamento 1408/71, que incluye a los nacionales de terceros países
en la coordinación de los regímenes de Seguridad Social.
Reclamamos también una mayor participación de los interlocutores
sociales en los asuntos de inmigración y, muy especialmente, en lo
que se refiere a la inmigración laboral donde nuestra presencia es
necesaria para promover y controlar la aplicación del principio de no
discriminación, consagrado por el art. 13 del Tratado de Amsterdam y
por la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de este
principio en el marco del empleo y la ocupación, para evitar el
deterioro de las condiciones laborales en los sectores económicos
hacia los que se encamina la mano de obra extranjera, así como para
la lucha contra la inmigración clandestina, mediante el efectivo
control de las ofertas y de los contratos de trabajo.
Y respecto a la inmigración clandestina, condenamos la delincuencia a
ella vinculada y solicitamos una gestión conjunta entre la U.E. y los
terceros países, rechazando que se subordine la ayuda económica a
estos países a su aceptación de acuerdos en materia de inmigración,
como por ejemplo la inclusión de cláusulas que establecen la
obligación de readmisión de sus nacionales. El fenómeno de la
inmigración se debe entre otras causas a las adversas condiciones
socioeconómicas en los países de origen y los inmigrantes irregulares
son víctimas de organizaciones delictivas. Si bien la inmigración
irregular puede agravar el problema del trabajo clandestino no es ni
mucho menos su causa. La lucha contra el trabajo clandestino también
debe centrarse en los empresarios que se benefician del mismo.


5. La unificación de Europa
La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV resaltan la importancia de los aspectos
sociales de la ampliación, en especial la adopción del acervo (corpus
completo de legislación social de la UE) social comunitario y la
promoción de iniciativas para desarrollar y garantizar las bases del
modelo social europeo en los países candidatos, así como la necesidad
de incluir la dimensión social mediante medidas de apoyo a la
estrategia de preadhesión. Debe haber un objetivo añadido en relación
con las regiones transfronterizas, especialmente sobre
infraestructura, políticas estructurales para el desarrollo regional
y pactos territoriales para la promoción del empleo.
La CES, UGT, CCOO y ELA-STV subrayan la importancia –y saludan los
primeros pasos en esta dirección- de asociar a los países candidatos
y a sus interlocutores sociales en los procesos existentes en la UE
en las áreas de mercado laboral y política social, especialmente si
van dirigidos a la participación en la estrategia de empleo común
europea y a la nueva estrategia de protección social.
La CES también reitera su propuesta para que los representantes de
los países candidatos se impliquen como observadores en los Comités
asesores/consultivos de la UE donde están representados los
interlocutores sociales. El progreso en el diálogo social a este
respecto es bienvenido.



6. La UE y el Mundo
Después de los ataques terroristas en Estados Unidos, el mundo ha
entrado en una nueva etapa en la que Europa debe asumir nuevas
responsabilidades como un actor global.
Los sindicatos europeos condenan y rechazan enérgicamente el
terrorismo en todas sus formas. Sin embargo las acciones militares no
serán suficientes para vencerlo.
Se necesitan soluciones políticas, sociales y económicas para
eliminar sus orígenes (conflictos, miseria, desesperación), en los
que el terrorismo encuentra su caldo de cultivo aunque nunca
constituya esto motivo de justificación para sus actos criminales.
Para tener una participación significativa en el mundo, la UE debe
asegurar una política externa común coherente, especialmente en lo
relacionado con el comercio, relaciones económicas y ayuda al
desarrollo.
La Unión Europea debe promover un nuevo orden mundial social y
económico, que rompa la división Norte-Sur a través de una reducción
sustancial de las deudas externas de las naciones del Sur, del
aumento de la ayuda al desarrollo y de políticas que faciliten el
acceso de los países menos desarrollados y en vías de desarrollo a
los mercados europeos.
Al mismo tiempo, Europa debe tomar la iniciativa para establecer
formas más democráticas e integradoras de "control social y
económico" a nivel mundial, teniendo como primer objetivo la
necesidad de promover el desarrollo sostenible en todas sus
dimensiones (social y medioambiental inclusive).
Esta línea de acción debe reflejarse en cualquier relación bilateral
con cualquier comunidad, especialmente en lo que se refiere al
respeto de las libertades y los derechos fundamentales, incluidos los
sindicales.
Los gravísimos hechos criminales del 11 de septiembre han puesto de
manifiesto una vez más la necesidad de desarrollar en toda su
extensión el "segundo pilar" de la construcción europea, la Política
Exterior y de Seguridad Común.
El movimiento sindical europeo considera necesario que la comunidad
internacional dé una respuesta al terrorismo basada en el imperio de
la ley y el respeto a los derechos humanos. La Unión Europea debe
tener un activo protagonismo en la lucha contra el terrorismo,
aumentando la coordinación de los Estados miembros. Es imprescindible
dotar a la Unión de instrumentos policiales y jurídicos para combatir
el terrorismo y toda forma de crimen organizado. El movimiento
sindical europeo apoya las medidas que contribuyan a crear un espacio
judicial común, como las dirigidas a combatir las fuentes de
financiación de las organizaciones criminales, Eurojust y la orden de
busca y captura internacional, entre otras.
En el caso del Estado español, que sufre de manera especial esta
violencia, los sindicatos expresan una vez más su rotunda condena al
terrorismo de ETA así como su apoyo a las instituciones democráticas.
La Presidencia española debe propiciar que la UE utilice todo su peso
político para que se establezcan medidas efectivas que pongan fin a
una situación que era escandalosa mucho tiempo antes del 11 de
septiembre: la existencia de los "paraísos fiscales" y de redes
internacionales de blanqueo de dinero de diverso origen delictivo.
Hay que ser conscientes que una parte de estas redes se asientan en
Europa.
Uno de los elementos necesarios para la definición de un nuevo orden
jurídico internacional basado en el respeto a la democracia y los
derechos humanos es el Tribunal Penal Internacional, cuya puesta en
funcionamiento no debe demorarse, por lo que debe urgirse la
ratificación de su protocolo por todos los Estados miembros.
La política exterior de la UE tiene que jugar un papel activo y
autónomo en la resolución de los conflictos existentes en la región
euro-mediterránea. De manera destacable, en la búsqueda de una paz
justa en Oriente Medio, velando por la aplicación de las resoluciones
de Naciones Unidas, apoyando con determinación el establecimiento de
un Estado palestino viable y la protección internacional de la
población palestina. Para ello debe utilizar, si es necesario, los
recursos de presión previstos en los acuerdos bilaterales de
Asociación.
Igualmente, las resoluciones de Naciones Unidas deberían
implementarse en el caso del pueblo saharaui.
El movimiento sindical considera, asimismo, que la Asociación Euro-
mediterránea está todavía muy lejos de haber alcanzado los objetivos
definidos en la Declaración de Barcelona (1995). Hoy más que nunca es
necesario volver a dar un sentido a la asociación, definir un
proyecto político, económico, social y cultural, así como organizar
la transferencia de los recursos necesarios para la construcción de
un espacio de prosperidad y desarrollo compartido y favorecer el
diálogo entre los pueblos y las culturas.
Es preciso reequilibrar en la práctica los tres capítulos de la
Asociación, y dar la importancia necesaria al capítulo social,
cultural y humano. La Asociación debe hacerse más equilibrada, eficaz
y participativa. Para ello es indispensable el reconocimiento
efectivo del papel de los agentes económicos y sociales y de la
sociedad civil en el proceso, institucionalizándose marcos de
concertación y mecanismos de consulta.
Hay que trabajar para reforzar en las dos orillas las libertades
fundamentales, asegurar la democracia y la posibilidad de
organización autónoma de la sociedad. Los Estados deben tomar en
cuenta el papel que juegan los agentes económicos y sociales en los
procesos de desarrollo y democratización.
En lo económico, la Asociación no puede reducirse al apoyo de las
políticas de ajuste y la creación de una zona de libre comercio. Se
requiere promover políticas coherentes de integración regional,
revisión de la deuda externa y sostenibilidad medioambiental.
Los aspectos sociales no pueden separarse de los económicos. La
dimensión social exige políticas específicas: promoción del empleo,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de protección social, etc.
También es urgente una redefinición de las políticas migratorias y de
circulación de las personas, garantizándose los derechos y las
libertades fundamentales. Por ello, los acuerdos bilaterales de
asociación entre la UE y los países socios requieren de una gestión
tripartita. Es necesario establecer mecanismos de consulta con los
interlocutores sociales, fortaleciendo el diálogo social a nivel
nacional y regional, lo que en un entorno democrático contribuye a la
estabilidad y al desarrollo. Es urgente definir un marco de
participación estructurada del movimiento sindical.
Las organizaciones sindicales piden a la Presidencia española que la
Conferencia Euro-mediterránea que se celebrará en Valencia (abril de
2002) impulse esta orientación y establezca los mecanismos adecuados
para que las propuestas elaboradas por los agentes sociales sean
tenidas en cuenta en la reunión intergubernamental.
La celebración de la Cumbre UE-América Latina-Caribe (Madrid, mayo de
2002) tiene que ser la ocasión para impulsar el acercamiento entre
ambas regiones. Los sindicatos pedimos a la Presidencia española que
facilite la toma en consideración por la Cumbre de las propuestas que
formulará el foro sindical que reunirá a los sindicatos de ambas
orillas del Atlántico.
El movimiento sindical europeo apoya el establecimiento de Acuerdos
de cooperación y asociación entre la UE y los países de esta región,
de modo que sus estructuras políticas y económicas favorezcan los
procesos de integración regional y sub-regional. La reciprocidad y el
carácter integral de los acuerdos debe incluir, además de los
económicos, los vínculos sociales, políticos y culturales, como
dimensiones constitutivas fundamentales.
En este sentido, seguimos con especial atención las negociaciones
para un Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR. La
existencia de relaciones económicas dinámicas y equilibradas es una
condición básica para la cooperación entre las dos regiones. La
apertura recíproca de los mercados basada en la eliminación de los
mecanismos de protección contribuirá a reducir los desequilibrios
comerciales existentes.
Dicho Acuerdo tiene que incluir también los aspectos sociales,
culturales y laborales y establecer como objetivos la promoción del
empleo digno, el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo
de la OIT y la significativa mejora de la distribución de la renta en
los países del Cono Sur. Debe procurarse la inclusión en el texto del
Acuerdo de Asociación, tan pronto como sea posible, de la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR.
La CES, CC.OO., UGT y ELA-STV, valoran positivamente la creación del
Comité Consultivo, integrado por representantes del Foro Consultivo
Económico-Social del MERCOSUR y del Comité Económico y Social de la
UE y confían en que sus propuestas sean tenidas en cuenta en el
proceso de negociación. En el transcurso de las negociaciones
institucionales, en los plazos fijados, la CES y las organizaciones
representativas de los trabajadores de ambas regiones deben ser
incorporadas a las mismas directamente, y sus propuestas sobre las
cuestiones económicas y sociales incluidas en el Acuerdo.
Sobre la OMC, la CES deplora profundamente el fracaso de las
negociaciones de Doha para conseguir un progreso real sobre las
Normas Fundamentales del Trabajo, a pesar de los esfuerzos de la
delegación de la UE.
Tomando nota de la resolución del Consejo de Ministros de la UE que
expresa claramente su determinación de continuar promoviendo la
aplicación de estas normas internacionales, la CES, UGT, CC.OO. y ELA-
STV demandan a la Presidencia española que tome la iniciativa para
asegurar que, al menos, la cooperación entre la OMC y la OIT se
inicia (como fijó la Declaración de Doha) y se brinda apoyo político
y financiero para desarrollar una campaña a favor de la puesta en
práctica de la Declaración sobre las Normas Fundamentales del Trabajo
de 1998 en todo el mundo.
En lo que concierne a las relaciones bilaterales de la UE con otros
países, la CES, CC.OO., UGT y ELA-STV piden que el respeto a las
normas de la OIT y a los derechos sindicales sean referencia
insoslayable en todos los acuerdos de cooperación y asociación.