Democracia participativa
http://www.deia.com/28-6-2003/DeiaOpin.htm


Rafael Ajangiz


Hablar de democracia participativa es una visible contradicción.

Democracia significa poder o gobierno del pueblo, es decir,
participación política de todos los ciudadanos y ciudadanas de un
país. Y, sin embargo, llevamos años poniendo adjetivos a la
democracia y oponiendo formas distintas de democracia: formal,
representativa, directa, participativa... Eso quiere decir que las
cosas no están tan claras como parece, que la democracia puede tener
distintos modos, estilos y prácticas cotidianas. Dicho esto, es
legítimo preguntarse si, además, algunas de esas formas son más
deseables que otras. La democracia participativa. Si la democracia
consiste en asegurar el bien común, parece obvio que cuantas más
personas participen, y cuanto más a menudo lo hagan, mejor
concretaremos lo que queremos, menor sesgo habrá en favor de
intereses particulares. Es una idea que no niega la legitimidad de la
democracia representativa; por el contrario, la complementa y mejora
al proveer más espacios y gentes realmente concernidas por el bien
común.


En los últimos años hemos oído hablar del avance de ciertas prácticas
y mecanismos de participación ciudadana, sobre todo en los
ayuntamientos, que quieren romper con esa lacra de delegación, y
también pasotismo, que afecta a quienes algún día fueron, sin duda,
virtuosos ciudadanos, y también a otros muchos que ven los asuntos
públicos como algo lejano y ajeno. Foros y consejos ciudadanos,
consultas ciudadanas, métodos deliberativos, planes comunitarios,
presupuestos participativos, codecisión, cogestión, gobernanza y
partenariado, son términos que nos empiezan a sonar pero aún no
sabemos muy bien qué son.


Deberíamos, porque esas prácticas han venido para quedarse, porque
son una aventajada oportunidad para sanear esta democracia
enfáticamente representativa que tantos quebraderos de cabeza nos
está dando, y porque son un buen camino para empezar a resolver esa
fragilidad y desasosiego democrático que, según los entendidos, están
creciendo en democracias avanzadas como la nuestra. Además es una
pena, y una sangrante paradoja, que andemos tan atrasados en este
asunto, que nos lleven la delantera Andalucía, Catalunya y muchos
países de Europa, Francia incluida, cuando el País Vasco anticipa
muchas mejores condiciones para ello: una larga tradición de
prácticas consociativas y solidarias, una visible conciencia
colectiva y de la comunidad, un tejido social denso y articulado, una
demostrada voluntad de participar y comprometerse por el bien común,
un menor avance del individualismo, etc. Con estos mimbres, ¿a qué
esperamos? Implementar prácticas de participación ciudadana no
debería asustar a nadie. Ciertamente, tienen sus pegas, las que
derivan de tener que llegar a consensos y decisiones con una mayor
afluencia y diversidad de opiniones, propuestas y compromisos: más
tiempo, más paciencia, más diálogo, más comprensión, más
entendimiento mutuo. Pero también sus ventajas: un aumento de la
competencia, la creatividad y la conciencia ciudadana, una mayor
movilización y corresponsabilidad en los asuntos y las políticas
públicas, una mejor información y visibilidad de los deseos y
aspiraciones sociales, una mayor legitimación de las instituciones
porque saben responder mejor a esas aspiraciones, una mejor
eficiencia y eficacia de las políticas públicas porque van al grano y
tienen más controles externos, una menor conflictividad social e
institucional porque estamos todos en el mismo barco, una mayor
satisfacción y empatía social en general.


¿Y por qué no hablar también del conflicto, el desencuentro y la
polarización que atenazan a nuestro país? ¿Qué sería de todo ello si
los actores políticos se vieran obligados a hacer de la proximidad
con los intereses vitales de los ciudadanos el principio rector de su
acción política? ¿No ganaríamos en sentido común y se desarraigarían
muchos de los discursos y ficciones que construyen hoy nuestros
electos sobre la base de una legitimidad electoral que es en sí misma
abstracta, genérica y circunstancial? ¿No sería más racional y justo
compulsar esas propuestas con un voto específico? Ahora bien, no
confundamos los términos. Sería un error ver los mecanismos de
democracia participativa que queremos impulsar en Euskal Herria como
la puerta de entrada a la participación política que los jueces y el
gobierno de Madrid han negado a la izquierda abertzale. Sería una
pena y un terrible error subordinar las tremendas posibilidades
regeneradoras de la democracia participativa a una coyuntura política
determinada, por muy sangrante que sea. Como lo sería también que una
opción política concreta se apropiara de este proyecto para mejorar
su credibilidad ante el electorado. La democracia participativa es un
programa a largo plazo que sólo será posible si las fuerzas
políticas, cuantas más, mejor, acuerdan darle una oportunidad y
asumen sin reservas que esta democracia sólo será realmente
participativa si su puerta se abre a todos y todas las ciudadanas,
sin criterio de edad, género, sentimiento nacional e ideología
política, por poner algunos. A fin de cuentas, la democracia
participativa es el gobierno del pueblo, y pueblo somos todos. Ha
llegado el tiempo de los ciudadanos y ciudadanas, de construir entre
todos una verdadera participación que regenere y profundice el marco
democrático existente y, de paso, ponga medios para resolver el
conflicto que nos aqueja.