El mito de la seguridad
http://www.deia.com/28-5-2004/DeiaOpin.htm

Andrés Krakenberger


La seguridad, entendida como la entienden muchos gobiernos, es un
concepto sesgado que no trae consigo otra cosa que mayor inseguridad.


Algunos lectores ­o lectoras­ ya me habrán descalificado como ``progre
trasnochado'' al leer esta primera frase, y puede que no me sigan
leyendo. Si pudiera hablar con ellos les pediría un mínimo de
paciencia para explicarme. Hace algún tiempo que yo y otros muchos
andamos recelosos por la forma en que los gobiernos interpretan y
aplican sus programas de seguridad nacional e internacional. Con
demasiada frecuencia, no se limitan a buscar el daño del culpable, y
arremeten contra inocentes que consideraban próximos al culpable. Los
líderes políticos acostumbran a azuzar el fuego del caldero de los
miedos y prejuicios de la población para evitar tener que rendir
cuentas y promover sus propios intereses.


Por supuesto que los derechos humanos se violan desde que fueron
concebidos como tales, pero no es menos cierto que en los últimos
tiempos ha alcanzado mayor ímpetu en todo el mundo una especialísima
idea de la seguridad. Concepto que no es novedoso, pero que desde el
fatídico 11 de septiembre se manifiesta con una intensidad sin
precedentes y al socaire de dicha fecha y del ``antiterrorismo'' se
han producido toda una suerte de intentos de reducir los logros
obtenidos en el terreno de los derechos humanos durante los cincuenta
últimos años.


Muchos habrán pensado que ante este terrible clima de inseguridad que
nos acecha, poco nos cuesta ceder en libertades. Pero ya llevamos
varios años así, y no se puede afirmar que hayamos realmente ganado
en seguridad con el trueque. Lo cierto es que seguimos expuestos a
toda serie de peligros, aquí, en Moscú, en Burundi y en cualquier
rincón del globo. Hacer más hincapié en determinados aspectos de la
seguridad no ha convertido al mundo en un lugar más seguro, lo ha
hecho más peligroso porque se han recortado derechos humanos y se ha
socavado el imperio del derecho internacional. Los gobiernos se
protegen contra todo escrutinio, aumentando las brechas entre pueblos
de distinta fe y origen, y desviando la atención de enconados
conflictos y otras fuentes de riesgo.


En momentos de mayor inseguridad, los gobiernos optan por hacer caso
omiso del sistema colectivo de seguridad que representa el derecho
internacional y lo socavan. Gobiernos democráticos y autocráticos
aplican medidas draconianas de intromisión e interceptación, de
detención y reclusión sin juicio de sospechosos, y de expulsión de
personas sin consideración alguna por la suerte que pudieran correr.
Estas medidas han debilitado la protección de los derechos humanos de
las personas individuales y el respeto por las normas del derecho
internacional. Estados Unidos mantiene privados de libertad a
prisioneros de la guerra de Afganistán desafiando el derecho
internacional humanitario, ha mirado para otro lado ante la tortura y
malos tratos practicados contra sospechosos por sus agentes y aliados
y ha intentado minar la Corte Penal Internacional mediante acuerdos
bilaterales. De paso, ha debilitado también su propia autoridad moral
para alzar la voz contra las violaciones de derechos humanos que se
cometen en otras partes del mundo.


No cuestionamos el derecho de todo gobierno a actuar contra la
violencia criminal y política de individuos y grupos armados. Al
contrario, les pedimos que protejan a las personas conforme a lo que
la ley dispone. Permanentemente y con firmeza, hay que condenar los
ataques que se cometen contra civiles por tratarse de un abuso grave
contra sus derechos humanos. Recordamos a los grupos armados y a
quienes los respaldan la obligación que tienen de no dirigir sus
acciones contra los civiles, sean cuales sean las circunstancias.
Cuando estos delitos se cometen en el contexto de un conflicto
armado, son crímenes de guerra. Algunos equivalen a crímenes contra
la humanidad.


Los abusos que cometen los grupos armados contra los derechos
humanos, no obstante, no son una eximente por la que los gobiernos
pueden dejar de cumplir sus propias obligaciones.


Los gobiernos no tienen derecho a responder con terror al terror.
Tienen la obligación, en todo momento, de actuar en el marco del
derecho internacional humanitario y del derecho internacional en
materia de derechos humanos. Quienes organizan y perpetran atentados
con bombas contra autobuses en Tel Aviv o contra una discoteca en
Bali, quienes en Burundi tienden emboscadas contra civiles, y los
matan, o quienes toman rehenes en un teatro en Moscú, deben ser
puestos a disposición de la Justicia de conformidad con las normas
internacionales sobre justicia procesal. Como también hay que llevar
ante los tribunales a los soldados israelíes que cometen homicidios
ilegítimos en los territorios ocupados, a los policías indonesios que
practican la tortura en Aceh y Papúa, a los miembros de las fuerzas
de seguridad rusas que violan mujeres en Chechenia. Al negar la
justicia y perpetuar la impunidad, muchos gobiernos socavan sus
propias obligaciones en materia de derechos humanos en el ámbito
internacional y contribuyen a la continuidad del ciclo de la
inseguridad, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.


Que la mayoría de los gobiernos se hayan centrado en estrictos
programas de seguridad nacional ha desviado la atención de algunas
amenazas muy reales que afectan a la vida de millones de personas.
Las verdaderas fuentes de inseguridad para muchas personas son que no
se ponga fin al desatado flujo de armas pequeñas, que no se
erradiquen ni la pobreza extrema ni las enfermedades evitables, que
no se ponga freno ni tratamiento a la propagación del VIH/SIDA, ni se
aborden los aspectos sociales de la globalización. La seguridad real
no dejará de ser una quimera, especialmente para los pobres, mientras
la policía, los tribunales y las instituciones del Estado de muchos
países sigan siendo ineptas o corruptas. Muchas mujeres seguirán
sintiéndose inseguras mientras no se las proteja contra la violencia
en su propia casa, en su comunidad. En la campaña que Amnistía
Internacional emprendió sobre Rusia se ha destacado el hecho de que
el Parlamento no haya sido capaz de adoptar la legislación precisa
para tipificar corno delito la violencia doméstica, a pesar de
haberse presentado 50 proyectos en un país en el que cada año mueren
unas 14.000 mujeres a manos de esposos o familiares.


Atajar estas fuentes diversas de inseguridad exige que gobiernos y
comunidad internacional inviertan en derechos humanos, se comprometan
con todos ellos: los económicos, los sociales, los culturales, los
civiles y los políticos. Exige el establecimiento de instituciones, o
el fortalecimiento de las ya existentes, que protejan los derechos
humanos. ¿Dónde está el dinero que hace falta para fortalecer la
maquinaria de la ONU dedicada a la defensa de los derechos humanos,
que lleva ya años gravemente infra-financiada?


La inseguridad global, lejos de devaluar los derechos humanos, lo que
en realidad ha hecho es aumentar la necesidad de que sean respetados.
Un mundo más seguro exige un cambio conceptual en la idea de
seguridad, un cambio en el que se reconozca que la existencia de
Estados eficaces y que respeten los derechos humanos, no que los
violen, es el mejor modo de atajar la inseguridad y la violencia.


A lo largo del pasado año, Amnistía Internacional no ha dejado en
ningún momento de poner en duda la estrecha perspectiva de los
actuales programas de seguridad. Nuestros miembros han ejercido
presión sobre gobiernos, grupos armados, empresas transnacionales y
otros agentes para que se promuevan y protejan los derechos humanos
en todo el mundo. Conseguir cambios reales en la vida de las personas
es la medida de nuestro éxito. Nuestros informes anuales documentan
los logros y reveses. En ellos quedan registrados los esfuerzos de
nuestros miembros en pro del cambio, para exigir justicia, para
denunciar la farsa de la retórica política, para hacer que los
gobiernos rindan cuentas. En suma, y sobre todo, para relatar la
historia que hay tras cada estadística, para dar voz a los que no la
tienen.


Los derechos humanos no son un lujo de tiempos de bonanza. Hay que
cumplirlos en todo momento y, especialmente, en momentos de peligro e
inseguridad. Con ellos se consigue que los gobiernos se abstengan de
tomar medidas que hacen daño. Ellos proporcionan la vara de medir en
la rendición de cuentas. Facultan, dan mayor responsabilidad a las
personas y les dan la libertad de elegir, moldear y determinar sus
destinos. Los derechos humanos aportan el marco para un diálogo
constructivo entre gobiernos y pueblos. Si ha de tener éxito la
búsqueda de un mundo más seguro, los derechos humanos han de ser el
norte de la brújula que oriente ese empeño.




Andrés Krakenberger es coordinador de Amnistía Internacional de
Euskadi y Navarra