quedan atrás el asunto de la religión y otros (además del tropezón de Pluma con
el mensaje), se pueden retomar en cualquier momento cuando alguien se anime,
pero este artículo me pareció interesante y como viene muy a cuento con lo
anterior, pues lo cuelo.

(Antón, gracias a algunos que no han seguido la disciplina de voto, en
Ponteareas ha caído por fin la cabeza del caudillo, un hurra por ellos!!, en qué
quedamos entonces??)
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TRIBUNA: VIRGILIO ZAPATERO

Filtros en la política


Virgilio Zapatero es rector de la Universidad de Alcalá y catedrático de
Filosofía del Derecho.

EL PAÍS | Opinión - 08-07-2003
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Escándalos como el ocurrido en la Asamblea de Madrid abochornan e indignan a la
mayoría de los ciudadanos, actores, de una u otra forma, de la construcción de
nuestra democracia. No menos indignante y preocupante es el efecto que pueden
tener en aquellos jóvenes que han participado por primera vez en una consulta
electoral. Sólo podremos limitar los daños ya producidos si, antes de las
próximas elecciones -que previsiblemente se producirán en plena conmemoración
del veinticinco aniversario de nuestra Constitución-, conocemos en detalle la
identidad de todos los corruptores y corruptos que han atentado contra el
sistema constitucional y han logrado invalidar todo un proceso electoral. Luz y
taquígrafos para poder recuperar la soberanía secuestrada.
Pero escándalos graves como el mencionado replantean en la opinión pública el
problema de la representación. Si hay prácticas que repugnan a la opinión
pública, son las prácticas corruptas conectadas a fenómenos de transfuguismo en
todas sus variantes y que se producen de vez en cuando en nuestras
instituciones. Cuando esto ocurre, no faltan voces que, alentadas por la
indignación general, sugieren cambios profundos, incluso constitucionales, para
erradicar tales comportamientos. La expulsión de las Cámaras o la devolución del
acta del representante infiel suelen ser algunas de las soluciones que se nos
ofrecen alegando que, en realidad, los ciudadanos lo que votamos son unas siglas
y no a unas personas concretas. Al defender como solución que el escaño es
propiedad del partido y no del diputado infiel o traidor, en el fondo lo que se
propone es volver en cierto sentido al mandato imperativo; con la diferencia de
que ahora los mandatarios serían los partidos y no los electores. Pues
bien, antes de dar pasos en esa dirección, convendría pensárselo más de dos
veces, porque tal vez la solución haya que buscarla -y es evidente que hay que
buscar soluciones- por otros derroteros.
No es infrecuente encontrarnos con personas que entienden la representación como
una relación de delegación, donde el delegado o compromisario no puede tomar
decisiones de acuerdo con su criterio y convicción, sino que han de hacerlo
siguiendo pura y simplemente las instrucciones de su principal. Para muchos, los
parlamentarios deben ser simples delegados, como ocurría antes de la Revolución
Francesa. Pero incluso antes de que Edmund Burke pronunciara su famoso Speech to
the electors of Bristol contra el mandato imperativo, los parlamentos no se
concebían como un congreso de compromisarios que negociaban siguiendo
instrucciones de sus mandatarios, sino como asambleas deliberantes de una única
nación, con un único interés que no podía ser otro sino el de la búsqueda de lo
que Burke denominaba la "razón general colectiva". En las democracias
representativas, el parlamentario, pues, representa a la nación soberana y no a
sus personales electores o a un partido. Por eso nuestra
Constitución, como ocurre en los sistemas representativos, ha prohibido el
mandato imperativo.
Junto a estas razones normativas hay otras razones funcionales que explican por
qué los diputados ni son ni pueden ser simples delegados de los ciudadanos. En
nuestras sociedades modernas los ciudadanos carecemos de la información
suficiente como para dirigir con instrucciones a nuestros representantes. Los
problemas de la educación, de la sanidad, de la seguridad, de la defensa, de los
impuestos... son tan complejos que las soluciones concretas las dejamos en manos
de nuestros representantes, a quienes les suponemos más y mejor informados o, al
menos, con más posibilidades de buscar y obtener información relevante. Por eso
se ha entendido que el diputado tiene y debe tener un amplio margen de maniobra
para interpretar lo que en cada caso exige el interés general; por eso el
diputado más que un delegado es un agente. Lo que espera el ciudadano de su
diputado no es que éste siga todas y cada una de sus opiniones, sino que cuide
de sus intereses "como si fueran los suyos propios". Ya
lo decía Hegel: la representación se funda en la confianza... y se tiene
confianza en una persona cuando se la sabe dotada de la preparación y del ánimo
necesario para manejar los asuntos del representado conforme a su mejor saber y
conciencia. Es esa confianza la que fundamenta la relación entre representantes
y representados.
El problema de nuestras democracias es que no es fácil para los ciudadanos
conocer a los representantes que finalmente elegimos. Sólo en comunidades muy
sencillas, como los pequeños pueblos, el elector tiene un conocimiento
aproximado de las cualidades y condiciones de quienes aspiran a gobernarle. Pero
en las grandes ciudades o en las comunidades autónomas o en una nación...,
¿quién puede realmente conocer a sus elegidos? En realidad, elegimos partidos.
En tales circunstancias, la lectura de los nombres que componen cualquier
papeleta electoral no ofrece garantía alguna de que a quienes votamos serán
responsables y gestionarán correctamente los asuntos públicos. Sencillamente, no
los conocemos. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los problemas de
nuestros sistemas representativos; esto es, cómo elegir bien a nuestros
diputados en un sistema de partidos.
Dos son, decía Hamilton, los fines de toda constitución política: en primer
lugar, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para
discernir y más virtud para procurar el bien público; en segundo término, tomar
las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión.
A lo largo de los tiempos la atención se ha puesto en este segundo objetivo,
preocupándonos más de establecer controles a posteriori sobre nuestros
gobernantes que de imaginar los mejores mecanismos para su selección. Algo se ha
hecho en punto a la eliminación de algunas trabas históricas que excluían de la
posibilidad de acceder a los puestos de gobierno a ciertos sectores en función
de la riqueza, el sexo, nacimiento o religión. Pero nada o muy poco se ha
avanzado en punto a establecer las condiciones positivas que deberían reunir
nuestros representantes.
Y es aquí -a la vista de la experiencia ya en exceso reiterada- donde se aprecia
la insoslayable necesidad de los partidos a la vez que su responsabilidad. Si
los partidos, como dice nuestra Constitución, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular, lo hacen no sólo articulando programas de
gobierno, sino también ofreciendo los equipos que, desde los órganos de
representación y gobierno, ejecutarán dicho programa. Tan importante como el
programa son las condiciones, cualidades y estilo de quienes se ofrecen para
administrarlo. Por eso, una de las funciones capitales que desempeñan los
partidos políticos, además de elaborar los programas, es la de asegurar a unos
ciudadanos que no tienen tiempo ni posibilidades para conocer el currículo de
los aspirantes, que "sus" candidatos reúnen las condiciones que les hacen
merecedores de la estima y la confianza ciudadana. El nombre de un partido, el
de su líder, el logo, las siglas... son la imagen de marca que ampara lo que
hay detrás de las mismas. Los partidos políticos cumplen con el mandato
constitucional al certificar la honradez de "sus" candidatos; al ofrecer el aval
de que quienes están bajo sus siglas no sólo comparten un programa, sino que, a
su juicio y tras el oportuno escrutinio, son personas honorables y dignas de
confianza para el ejercicio de la función pública.
Especialmente importante es el desempeño de esta función de seleccionar (bien)
los candidatos cuando se aplica un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Tal
vez otras fórmulas pudieran mejorar, en teoría, nuestro sistema de
representación; pero ello comportaría, en unos casos, una profunda reforma
electoral para la que dudo que haya el necesario acuerdo, y en otros, una
reforma constitucional que, por otras razones, tal vez no sea ni urgente ni
conveniente. Por ello, y en tanto no se modifique el vigente sistema electoral,
cuando se producen fenómenos de corrupción (en activa o en pasiva) o
deslealtades graves al programa en las filas de un partido, una buena parte de
la responsabilidad política es imputable al partido que avaló la honorabilidad y
seriedad de quienes, siguiendo su consejo, elegimos como nuestros agentes. Las
listas cerradas y bloqueadas suponen un enorme poder en manos de los partidos
para determinar el tipo de representación que tenemos; pero también un grado
máximo de responsabilidad de los partidos cuando dicho poder se ejerce mal o
negligentemente.
Escándalos como el de la Asamblea de Madrid no sólo indignan a la mayoría de los
ciudadanos y alejan a los jóvenes de nuestras instituciones, sino que hacen
saltar las alarmas y alientan la imaginación de los legisladores con nuevas
medidas punitivas de corruptores y corruptos. Tómense este tipo de medidas si se
creen necesarias. Pero no son medidas ex post las que más necesitamos. Mejor los
controles a la entrada que a la salida. Lo que precisamos son medidas
preventivas; procedimientos y mecanismos que vigilen la entrada en la política;
buenos guardianes que criben y seleccionen a los aspirantes. Porque la calidad
de nuestra representación depende más del escrutinio que hayan realizado los
partidos al seleccionar a sus candidatos que de la capacidad -más bien limitada-
de los ciudadanos para calibrar la honorabilidad de sus representantes.
Cuenta Aristóteles cómo en la Atenas del siglo IV antes de Cristo funcionaba una
institución denominada la dokimasía. Como los cargos de la Administración eran
elegidos mediante sorteo -salvo los diez estrategos, que lo eran por votación-,
había que proceder previamente al examen de su elegibilidad. Éstos debían
responder a cuestiones como su filiación, el demos del que formaban parte, si
participaban en algún culto y en qué santuarios, si tenían tumbas y dónde
estaban, si pagaban los impuestos o si habían cumplido el servicio militar. No
se trataba de calibrar la aptitud o ineptitud profesional para el cargo, sino si
el candidato reunía las cualificaciones cívicas y morales. En tales procesos,
según explicaba Lisias, el sometido a examen no tenía que defenderse de unas
acusaciones, sino que debía "dar razón de toda la vida". Por supuesto que a la
salida del cargo debía responder de sus actos; pero antes se preocupaban por
todos los medios de controlar la entrada.
No era mala institución esta de la dokimasía, que poco o nada tiene que ver
desgraciadamente con el funcionamiento de los comités de listas electorales de
los partidos. Pero es evidente que aquella función de "filtro" de la que hablaba
Aristóteles corresponde hoy a todos y cada uno de los partidos políticos. Suya
es la función y suya es la responsabilidad. Y estoy convencido de que, si se lo
toman en serio y se hace con rigor la selección de los candidatos, no será
difícil encontrar entre tantos miles de ciudadanos a ese puñado de
representantes que, lejos de abochornarnos a todos, permitan celebrar el
veinticinco aniversario de la Constitución reconciliando a los jóvenes con la
política y recuperando la soberanía hoy secuestrada.

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