SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ


AL PUEBLO PERUANO

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A LOS ORGANISMOS DE DD.HH.

A LAS INSTITUCIONES SINDICALES, GREMIALES, ESTUDIANTILES.

PRESENTE.-



"Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía,

hemos peleado como hombres, y algunas veces como gigantes, estamos

atravesando aquél período de reposo turbulento, lleno de gérmenes de

revuelta... tenemos que batallar para conquistar la libertad"

(José Martí)

La conciencia política de una nación no se apaga encarcelando a los cultores
del sueño a una sociedad justa, sin diferencias, donde los gobiernos no
conculquen los derechos a pensar, a elegir a ser solidarios y tener ilusiones a
un mundo sin amos, ni alguacil con prácticas de inquisidor moderno.

Perú: país de eterna resistencia contra la violencia de estado construyó esta
cultura desde tiempos inmemoriales: colonia, virreinato, república y contra las
dictaduras que impusieron la corrupción y abuso del poder como norma legal.

En este contexto, desde que la violencia se intensificó en el Perú, ésta ha
tenido distintas manifestaciones y nos remitimos a las décadas del 60 y 70. El
descontento se expresó en bloqueos de carreteras, toma de fábricas,
movilizaciones estudiantiles, tomas de tierras, paros nacionales y otras formas
de resistencia contra regímenes cada vez más des-legitimados y
anti-populares. Era la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida y por
una real y auténtica democracia.

Siempre la respuesta fue la represión indiscriminada contra los luchadores
sociales, dirigentes gremiales, estudiantiles y militantes de la izquierda que
fueron vinculados directamente con la resistencia a las dictaduras de entonces
que desarticularon las incipientes organizaciones armadas que insurgieron
para exigir soluciones a las justas demandas de las necesidades básicas del
pueblo.

En la década del 80 un grupo más numeroso de peruanos insurgen con un nuevo
referente de insurrección armada para tratar de construir una alternativa de
sociedad diferente. Existió una respuesta integral que implicó iniciativas
de carácter legal.

Penalizando y tipificando las acciones armadas como delitos de terrorismo,
implementando también acciones de carácter asistencial en las zonas donde
actuaban las organizaciones alzadas en armas. La represión se intensificó
declarando vastas zonas del territorio peruano en estado de emergencia,
controlados por las FFAA. Las torturas, las violaciones a los derechos humanos
fueron en aumento: comunidades campesinas arrasadas, matanza de periodistas que
buscaban la verdad de la escalada de violencia de las FFAA. Las torturas, fosas
con los cadáveres de los detenidos desaparecidos, las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones se fueron dando como parte de la estrategia
contra la subversión.

Esta llamada democracia del conservador Fernando Belaúnde Terry (AP. 1980-1985)
salpicado de sangre y demagogia terminó sin resolver las graves denuncias de
abuso de poder y violación a los derechos humanos por parte del comando conjunto
de las FFAA. y FFPP.

Luego dejó el poder al populista socialdemócrata Alan García Pérez (APRA
1985-1990) sanguinario "demócrata" que ordena a las FF.AA. el aniquilamiento
en una emboscada por aire y tierra a una columna guerrillera en Molinos-Jauja
(Junio-1987) y la masacre en los penales de Santa Bárbara, Lurigancho y El
Frontón durante el congreso socialista en Lima (1986). Más de 300 muertos fue
el saldo en este ataque de la "democracia" contra los presos políticos. Las
violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder se dieron en todas las
capas sociales y políticas del país. La corrupción se agudizó y la situación
económica se reflejó en una traumática recesión económica y una inflación del
3000%. Entre el caos y la desesperanza de las mayorías terminó su período el
28 de julio de 1990.

En la década pasada (90) con Alberto Fujimori como presidente, se esperaba un
acercamiento a las organizaciones alzadas en armas para la conformación de una
mesa de diálogo, de acuerdo a lo prometido durante la campaña electoral también
ofreció no aplicar el shock económico por la crisis económica que afecta a la
gran mayoría del país.

Pero ante el estupor del pueblo en agosto de 1990 aplica el shock económico
contra las grandes mayorías, los efectos de esta medida fueron catastróficos. La
economía cayó en un 400% y las pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas
con el consiguiente aumento de la desocupación y pérdida de la capacidad
adquisitiva. La pobreza aumentaba con más dureza contra la gruesa capa social
del pueblo y el descontento se generalizó en todo el país.

Ante la creciente ola de protestas y la aguda crisis política el 5 de abril de
1992 con el respaldo de las FF.AA, toma por asalto el congreso, el ministerio
público. Declara en reorganización el poder judicial y el estado de emergencia
bajo el nombre de gobierno de reconstrucción nacional. Cerrado el congreso de
la república y suspendida la carta magna, sometidos los poderes de estado, a
partir de esa fecha el país sería gobernado por decretos firmados por Fujimori
nuevo dictador y respaldados por el consejo de ministros.

El endurecimiento del sistema carcelario contra los presos políticos,
implementando el régimen especial cerrado de aislamiento y aniquilamiento
sistemático, tanto físico como psicológico y moral provocó una reacción de
rechazo y protestas por parte de los presos políticos del penal Miguel Castro
Castro, la respuesta fue una intervención armada a cargo de la marina y las
fuerzas policiales, que atacaron con artillería pesada los días 7, 8 y 9 de mayo
de 1992; el resultado: 65 muertos y desaparecidos según el propio Fujimori.
Todo esto en el marco global de una estrategia antiterrorista que Fujimori
establecía en alianza con las FF.AA. y los organismos financieros
internacionales, para implementar sus políticas económicas neoliberales, que
requería de un gobierno autoritario y un estado dictatorial que militarizara la
sociedad peruana usando como mecanismo formal el estado de emergencia y la
total suspensión de garantías constitucionales.

Fue así que, la clase dominante no tuvo mayores reparos en que se violentara la
legalidad burguesa, si de esa forma se garantizaban sus intereses y su propia
sobrevivencia como clase. La dictadura cívico-militar que dirigió Fujimori
implementó un conjunto de medidas de carácter político-represivos, en su afán de
acabar con el problema de la violencia política que era un factor importante de
la inestabilidad política-económica. El gobierno dictatorial enquistado en el
poder priorizó la salida y el tratamiento militar a la existencia de la
subversión, dejando de lado los problemas sociales para hacer más grande la
brecha existente entre pobres y ricos.

El argumento de Fujimori para el auto golpe del 5 de abril fue la agudización y
la generalización de la guerra interna, la poca ayuda y comprensión del congreso
para enfrentar la cuasi guerra civil que se vivía en el Perú. La dictadura
decretó un conjunto de leyes y normas (DL. 25475 y 25659) violatorios a los
principios básicos y jurídicos. Amparados bajo el gobierno de reconstrucción
nacional, diseña toda una política para derrotar a las organizaciones alzadas en
armas y quebrar moralmente a los presos políticos. En este marco se constituyen
los tribunales militares sin rostro y la figura jurídica de traición a la patria
penalizada con cadena perpetua. El 28 de julio de 1995 entra en vigencia la
constitución política elaborada por el CCD de (1993). Y se restituye el estado
de derecho. Sin embargo, para los miles de presos políticos no se restituyen
los derechos establecidos en la carta magna convirtiendo las prisiones en zonas
extraterritoriales en donde no se aplica la constitución de la república, ni
tampoco el código de ejecución penal, de esta manera se viola flagrantemente el
artículo 1 de la constitución y los incisos 1.2 y 1.5 del código de ejecución
penal, es letra muerta en sus artículos tres, cuatro, titulo 1, artículo 1.

Las causas reales que provocaron la violencia política se dan por la falta de
soluciones a la miseria y pobreza degradante que sufren millones de peruanos, a
la justicia parcializada sólo para los grupos de poder, la falta de atención a
las necesidades básicas del pueblo, trabajo, salud, educación.

En este marco de análisis político, social y económico, exigimos se nos
restituyan nuestros legítimos derechos conculcados con leyes de venganza,
aislamiento, de exterminio sistemático los presos políticos asumimos nuestra
lucha activa y pasiva, agitaciones, huelgas de hambre coordinadas: nuestros
familiares se constituyeron en pilares de apoyo por nuestra lucha, informando y
denunciando a los organismos internacionales de los DD.HH. a los medios de
información, realizando diferentes manifestaciones en las plazas, locales
públicos. En esta etapa de resistencia a los objetivos de aniquilamiento,
estuvimos solos, los organismos nacionales de DD.HH. fueron casi indiferentes a
nuestros reclamos, mas bien sugirieron acogernos a la ley de arrepentimiento y
buscar así la flexibilización carcelaria, los medios deinformación casi todos
chantajeados y manipulados por el SIN. Nunca recepcionaron la lucha por nuestras
reivindicaciones. Ha sido nuestra lucha, nuestros esfuerzos, la entrega de
nuestros familiares y el debilitamiento creciente de la dictadura, lo que
provocó finalmente la conquista de espacios, podríamos afirmar que fue la
primera gran derrota que tuvo la mafia con su secuela de corrupción que se
apoderó del país.

Hoy en día la situación a cambiado, tenemos un contexto político diferente y se
han formalizado un conjunto de conquistas obtenidas por los presos políticos.
Pero aún quedan otras demandas pendientes de solución, entonces la lucha de los
Presos Políticos, no ha terminado por lo que hoy iniciamos la Huelga de Hambre
como forma de lucha para la conquista de nuestros derechos así como también para
la solución a nuestras demandas, expresadas en nuestra plataforma:

1º. Juicio y sanción a Fujimori, Montesinos y Hermoza por el asesinato de
guerrilleros rendidos en la Embajada de Japón.

El asesinato de los militantes del MRTA. en la residencia japonesa tiene que
ser aclarada y hacerse justicia; en esta acción se denunció ante la prensa
mundial la miseria que provoca el modelo neoliberal, el sistema inhumano de
aislamiento y exterminio al que estaban sometidos los presos políticos y la
corrupción que el narco estado creó en toda la clase política. Durante la
toma de la residencia Japonesa se demostró el respeto irrestricto por la
integridad y la vida de los rehenes, la moral revolucionaria, anteponiéndose la
grandeza espiritual que caracteriza a los revolucionarios.

2º. Exigimos el cese de la represión y los traslados de castigo en los penales,
el retorno de las compañeras Nancy Gilvonio y Lori Berenson a Chorrillos.
Renuncia del Ministro de Justicia Fernando Olivera.

3º. Cierre de los penales de máxima seguridad y de altura: la de la Base Naval,
Challapalca y Yanamayo.

4º. Derogatoria de las leyes terroristas anticonstitucionales de la dictadura.
Nuevos juicios con nuevas leyes. ¡Abajo la cadena perpetua, restitución de
beneficios penitenciarios!

5º. Reubicación de los presos políticos a penales cercanos de sus familiares.

6º. Exigimos se busque realmente la verdad. Los prisioneros políticos no somos
terroristas, somos revolucionarios que luchamos por nuestro pueblo y nuestra
patria. Sanción para todos los criminales de guerra. Que se diga dónde están los
desaparecidos: No habrá reconciliación mientras haya presos políticos,
desaparecidos, perseguidos e impunidad para los crímenes.

7º. Apoyo a las luchas de nuestro pueblo por sus derechos. ¡Abajo la
continuación de la política neoliberal de la dictadura.



FAVOR ESCRIBIR CARTAS, FAXES Y OTRAS ACCIONES URGENTES SOLIDARIZÁNDOSE

CON LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ, SUS DEMANDAS Y

MEDIDAS DE LUCHA.



Sr. Alejandro Toledo M.

Palacio de gobierno

Plaza de Armas Lima - Perú.

Telefax: 0051 - 1 - 4266770

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Asociación Pro Derechos Humanos ( Aprodeh)

Sr: Francisco Soberón

Jr. Pachacútec 980 Lima 11. Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4310477

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...................................................................

Sr. Defensor del Pueblo del Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4264900

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...................................................................

Sres. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Túpac Amaru 2467 Lince

Lima 14 - Perú

Telefax: 0051 - 1 - 4411533

E- Mail: postmast@... <mailto:postmast@...>


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Sr. Ministro de Salud

Av. Salaverry Cdra. 8 s/n

Jesús María - Lima

Perú.






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