Articulo escrito tras la presentación inicial en 2002 de la Propuesta Ibarretxe
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¿Qué es y qué quiere la Propuesta Ibarretxe?
Andalucía Libre

Si se nos plantearan las preguntas esenciales ¿Qué es formalmente y qué quiere
políticamente la Propuesta Ibarretxe?, exigiéndonos concisión, habríamos de
contestar, sucesivamente: 1º. Es una propuesta política de reforma estatutaria
de la Comunidad Autónoma Vascongada, que pretende alcanzar para ella un status
singular y aún más privilegiado en el Estado español. 2º. Aspira a consolidar
durante un largo periodo la hegemonía política y social del PNV en la CAV, para
desde nuevas posiciones de fuerza, forjar un nuevo pacto con el nacionalismo
español; previa eliminación de su histórico competidor, la izquierda abertzale.

Dicho esto, e inmediatamente a continuación, habría que afirmar que esas solas
respuestas serian claramente insuficientes para hacerse cargo, no ya sólo de una
situación tan extremadamente compleja como la vasca (con su repercusión española
y andaluza) con tantos intereses y proyectos en juego; sino incluso si nos
limitáramos estrictamente a los sustentos, motivaciones y objetivos de la misma
Propuesta. No cabe arredrarse ante esta aparente contradicción, cuando la misma
Propuesta se formula por sus impulsores sabiendo perfectamente que esta es, en
el mismo momento de su proposición, políticamente inviable y aún así, su mera
puesta en escena ya se incardina en el mismo hilo conductor que hemos intentando
describir anteriormente de forma sintética. Son paradojas vascas. Y quien se
acerque a la situación de Euskadi ha de hacerse a la idea de que las encontrará
sobradas y sabrosas, por las cuatro esquinas de ese endiablado escenario.

El contexto y la coyuntura.

El contexto vasco está marcado de forma estable e interrelacionada por un doble
conflicto. De una parte, el que enfrenta entre si al proyecto nacional vasco y
al proyecto nacional español (o al nacionalismo vasco y al nacionalismo español,
si se prefiere usar esta otra terminología). El proyecto español cuenta con el
crucial amparo y respaldo del Estado español y también con una base social
minoritaria en Euskadi -o hoy, al menos, en la CAV, aunque mayoritaria en
Navarra- integrada por españoles inmigrados y especialmente vascos renegados o
alienados. De otra parte, en el seno del proyecto nacional vasco se desarrolla a
su vez el segundo conflicto: el que opone al nacionalismo moderado (o burgués)
que lidera el PNV frente al nacionalismo radical, socialista (o popular) que se
encarna en la izquierda abertzale. Los planos de esa confrontación se establecen
simultáneamente tanto en cuanto al modelo político y social de Euskadi que cada
uno propugna como -dado que Euskadi se encuentra sin libertad nacional
reconocida dentro del Estado español para abandonarlo- en relación a la forma y
métodos en que plantear la confrontación con el proyecto español. Como además,
históricamente, la configuración del segundo proyecto vasco ha ido de la mano de
la actuación de ETA, los efectos políticos y sociales de su acción y su
agotamiento notorio para los objetivos que dieron lugar a su nacimiento, afectan
destacadamente a la relación de uno con otro y de ambos con el proyecto español
y su Estado.

La coyuntura inmediata que precede a la presentación de la Propuesta Ibarretxe
está marcada -dentro de una estable aspiración del nacionalismo español liderado
por el PP por desalojar al vasco del Gobierno autónomo de la CAV- primero, por
la consecución -pese a toda la crispación que lo rodeaba- del acuerdo,
unánimemente reclamado por la patronal vasca, de renovación del Concierto
Económico que regula las relaciones entre las haciendas vasca y española y le
confiere a la Comunidad autónoma vascongada -entre otros aspectos- una situación
fiscal y presupuestariamente privilegiada en el contexto español. Está
singularidad -amen de sus apolillados antecedentes- nace de la Transición
española y fue una de las compensaciones políticas con las que desde Madrid se
pretendió comprar la fidelidad estable del nacionalismo vasco moderado al Estado
español (en Navarra, por su lado, el homologo Convenio sirvió, entre otros
objetivos, para sustentar una españolidad privilegiada y como soborno desde el
que basar la escisión del resto de Euskadi). Segundo, por la constatación de que
el Estado español no estaba dispuesto, no ya a ofrecer una ampliación de
competencias (y la perspectiva política justificativa que ello conllevaba cara
al discurso del PNV) sino siquiera a cumplir todos los preceptos de delegación
competencial pendientes, presentes en el vigente texto estatutario, lo que
conllevaba un reconocimiento de fin, no sólo de su techo sino también de su
mecanismo político implicito. Tercero, por la decisión antidemocrática del
Estado español -tomada en comandita por sus tres presuntos poderes- de proceder
a la ilegalización de hecho de Batasuna -asimilada a ETA- y por la opción
política del Gobierno vasco de ejecutar las ilegitimas acciones represivas
consecuentes. Aun cuando el Gobierno vasco tripartito (PNV-EA-EB/IU) declarara
su desacuerdo o su voluntad de recurrir e incluso, durante un tiempo, su
intención de querellarse al respecto, los efectos simbólicos de la imagen de la
policía autónoma vasca reprimiendo a una manifestación masiva convocada en
Bilbao en protesta por la ilegalización fueron socialmente demoledores y el
riesgo de aparecer como una especie de Gobierno Quisling al servicio de España,
evidentes.

Con una izquierda abertzale doblemente maniatada -por la persecución española y
por su autismo político en relación a los múltiples efectos negativos de la
actuación de ETA- la presentación de la propuesta Ibarretxe pretende recuperar
la iniciativa política para el PNV -tomando prestados en buena parte elementos
doctrinales de sus socios EA y EB/IU- permitiéndole escapar, al menos de
momento, del emparedamiento a que era sometido entre el españolismo y la
izquierda abertzale.

Para evitar simplificaciones y sólo a modo de botón de muestra, como simple
ejemplo de la versatilidad peneuvista, conviene citar algo de lo que el mismo
Lehendakari introducía en la parte que hacia funciones políticas de preámbulo al
núcleo de su propuesta: "Frente a la estrategia del neo-liberalismo económico
basado en el modelo competitivo individual, nuestro autogobierno nos ha
permitido desarrollar en Euskadi un modelo propio de construcción social
edificado sobre el desarrollo sostenible y la solidaridad"; frases dichas
-recordémoslo- por un presidente de matriz originaria democristiana pero que hoy
suenan más a una izquierda socialdemócrata, amparadas además por una buena parte
de su acción de gobierno y que sirven como recordatorio de la complejidad de su
actuación política.

La propuesta, sus caminos y sus contenidos.

La Propuesta abandona en su eje menor la previamente pactada línea de asunción
unilateral de competencias -que llevaba inexorablemente al conflicto-
sustituyéndola por una selección selectiva y medida y carga la fuerza en la
oferta de un nuevo marco político para Euskadi, convertido en su eje mayor. La
administración hasta entonces de competencias estatutarias retenidas -con el
método expuesto en la propuesta- aunque pueda venderse como actuación
soberanista, también puede explicarse y leerse como conflicto competencial, con
el mismo fondo y entidad que, por ejemplo, el que pueda enfrentar a Virginia o
Montana sobre tal o cual adscripción de funciones, con la administración federal
de los EEUU. Que PP-PSOE hayan acordado ya al respecto no recurrir de momento al
Art. 155 (la suspensión de las instituciones autónomas) de la Constitución
española y usar en su caso otros recursos a su alcance es políticamente lógico,
inteligente y proporcionado a lo que efectivamente se les plantea, visto en su
núcleo duro y desprovisto de justificaciones. También, por cierto, es política y
socialmente muy significativa la opción por qué competencias se asumen (las
pendientes del estatuto) y la postergación a la conclusión de la otra pata del
discurso de otras (laborales, etc).

Aún cuando se eludiera insistentemente explicitarlo en su presentación y aún hoy
y aún cuando fuera insistentemente manipulado por la prensa españolista, de lo
que se trata básicamente en toda la Propuesta es de abrir un proceso de reforma
del estatuto de Guernica, dentro de las normas y de los procedimientos
establecidos por la legislación española. Es dentro de este marco, basado y
construido sobre la soberanía española, que implica someterse de antemano a las
amplísimas mayorías necesarias en el Parlamento español para una modificación
estatutaria y que políticamente confiere derecho de veto practico al respecto a
PP-PSOE (sea en conjunto o por separado), donde la propuesta habla de si misma
como basada en la libre asociación, en la soberanía compartida y en el derecho
vasco a la autodeterminación; aunque este ultimo estuviera restringido a
desarrollarse solo en el sentido de lo que la misma propuesta plantea,
excluyendo de antemano -por mucho que le sirviera de fundamento legitimador- la
elección de otras opciones, lo que no deja de ser también una lectura muy
particular de la autodeterminación. La Propuesta, mientras afirma con solemnidad
y reiteradamente que se sustenta en esa aspiración al reconocimiento de una
soberanía vasca -argumentación ideológica- de hecho se plantea jurídica,
efectiva y políticamente, de forma aparentemente paradójica, transitando en todo
su recorrido procedimental dentro de los estrictos limites de la soberanía y la
legalidad españolas. Según su secuencia prevista debe culminar dando lugar a una
formulación articulada, a negociar con el Estado español, que podría asemejarse
más o menos a lo inicialmente propuesto. Finalmente, según el grado de
satisfacción alcanzado, el Gobierno Ibarretxe se reserva la opción de someter a
consulta o referéndum popular bien el texto negociado, bien el texto inicial.
Según los términos expuestos, este sería el único momento de opción y posible
conflicto real entre una y otra soberanías y sólo en el caso de que si las
instituciones españolas rechazaran la propuesta del parlamento de la CAV, el
Gobierno vasco la sometiera entonces a referéndum en la CAV (doce meses a contar
desde ahora, según dijo Ibarretxe); sin atenerse a los limites constitucionales
que reservan esa potestad para el Gobierno español. Para prevenir toda
contingencia y también en contradicción con uno de los fundamentos de su
iniciativa -actuar a pesar de la existencia y la acción de ETA- Ibarretxe
condiciona la realización del referéndum o consulta al cese de las acciones de
ETA.

Cuestión que no han parecido valorar quienes, por otra parte, se han mostrado
tan atentos a los procedimientos establecidos es que los términos de la reforma
estatutaria vasca planteada, de mantenerse y aceptarse, forzarían a una reforma
de varios títulos de la Constitución española (Poder Judicial, Tribunal
Constitucional, Titulo VIII; quizá, el Preliminar...) que deberían preceder o
simultanearse a la reforma estatutaria (salvo de darse interpretaciones
"creativas", del tipo de la que sirvió para desbloquear la autonomía andaluza
tras el 28-f ...)

Aunque por razones de conveniencia propagandística, el Gobierno Ibarretxe ha
hecho especial hincapié en el concepto de co-soberania, para lo que en otras
parte de su mismo documento reconoce que no es más que una propuesta federalista
asimétrica (es decir, especial) lo cierto es que la soberanía es una y no puede
haber "co-soberanía" o "soberanía compartida" (si la distinguimos del condominio
sobre un tercer territorio, tipo el franco-británico sobre la colonia de Nuevas
Hebridas hasta su independencia o la propuesta que ahora corre sobre la colonia
de Gibraltar, etc). Salvo que nos metamos a llamar soberanía a otras cosas,
claro. Lo que sí puede haber es una soberanía nacional que delega (como ha hecho
el Estado español en la UE...) pero eso es diferente. De lo que se lee en la
propuesta Ibarretxe, lo que más aparentemente suena a una afirmación de
soberanía es la reclamación del derecho vasco a convocar referéndums, pero
Québec ya lo tiene y lo ha usado precisamente para reclamar la soberanía; luego
tenerlo no es exactamente lo mismo que disponer de soberanía, salvo si se
explicita el derecho de secesión o independencia unilateral. Por lo que respecta
al sistema de garantías de competencias, nuevamente, también Québec, como el
resto de las provincias canadienses, dispone de el. Incluso el asunto de la
nacionalidad -si lo asimilamos a la ciudadanía- no va más allá, leyéndolo
fuerte, de lo que ya ocurre hoy en Suiza entre cantones y federación. Por no
haber, ni siquiera hay la reclamación del derecho a elaborar códigos civiles,
penales etc vascos y el resto de concreciones (selecciones deportivas propias a
la manera británica; colaboraciones transfronterizas; aplicación de los
procedimientos belgas o alemanes para la presencia de entidades subestatales en
la UE, etc) son cuestiones menores. Lo que si aparece claro es la reclamación de
la gestión del "sistema tributario y fiscal, los sistemas de relaciones
laborales, así como los de previsión, bienestar y seguridad social".

El modelo final que se propone, en resumen, es el de un federalismo asimétrico,
es decir algo políticamente parecido a lo que lleva años propugnando Herrero de
Miñón (una España a cuatro: Euskadi, Cataluña, Galicia y el Resto); a una de las
posibilidades que pueden derivarse del modelo federal de IU o a los sueños
inconfesables de Maragall y algunos otros en el PSOE: una CAV dentro de España,
pero con estatus especial, singular o privilegiado, particularmente si se
atiende a la fiscalidad y a la seguridad social, según quiera o prefiera
describirse. Un federalismo fuerte con el que sustituir al federalismo blando
existente del Estado de las autonomias. Ese modelo no lleva a la independencia
ni a la soberanía nacional, antes al contrario lo bloquea, salvo precisamente si
se niega y entonces da lugar a otro escenario político y consecuentemente
formal. De momento, si recuerda a algo es a la reproducción ampliada e
intensificada del esquema de la Transición española: comprar la aceptación de la
españolidad -aunque ahora con mayores satisfacciones identitarias propias- por
la garantía de mayores recursos economicos.

Consecuencias y reacciones

La Propuesta Ibarretxe ha implicado, de entrada, blindar el mantenimiento de la
coalición PNV-EA. Además. sirve de momento para intentar legitimar "por razones
nacionales" y no "partidistas y/o egoístas", la disputa por la herencia
electoral de Batasuna. El proyecto-propuesta sirve para justificar porque PNV-EA
se presentan y se presentarán, aunque el Estado español impida hacerlo a
Batasuna (convirtiendo a las elecciones en directamente fraudulentas, al mismo
nivel conceptual que las marroquíes). Con su iniciativa, el PNV gana, al menos,
doce meses en los que maniobrar y ver como evoluciona la situación. Ha
introducido en la agenda política un tema suyo, recuperando el protagonismo que
necesita como fuerza que se postula como pilar central de la sociedad vasca.

La propuesta ha recibido el apoyo de PNV, EA y EB-IU y una primera posición
receptiva desde Aralar; también ha sido defendida por Herrero de Miñon, Espacio
Alternativo y puede sintonizar con mucho de lo que ha venido divulgando Elkarri.
ELA, por su lado, se ha mantenido en silencio tras su primer comunicado y
Confebask -la patronal vasca- le ha propinado un duro golpe, dejando al PNV con
el culo al aire en ese flanco, al pronunciarse por el mantenimiento estricto del
actual marco estatutario sin asumir otras aventuras.

La reacción españolista ha sido histérica y visceral; hasta tal nivel que ha
forzado al PCE-IU, contra toda evidencia empírica, a declarar que la Propuesta
Ibarretxe no tiene nada que ver con la que el mismo PCE-IU tenia ya publicada (y
archivada) pese a que tanto su postulador como la misma federación vasca de IU
reconocen o reivindican que se han inspirado en ella para formular su versión.
Los españolistas, sean de PP o PSOE, ante una Propuesta que se articula
limitando sus aspiraciones precisamente con la excusa de contar con sus posibles
vetos, han vuelto a reafirmarlos; sin detenerse ante la utilización de imágenes
de limpieza étnica; requerimientos al uso del Art. 155 o recordatorios de la
famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá contra Québec -en sus
expresiones más cultas y sofisticadas- concretadas en requerir mayorías de 2/3
para sugerir cualquier cambio. La deformación de la Propuesta Ibarretxe,
convirtiéndola en soberanista o incluso independentista, explica quizá que
algunos sectores hayan caído en el error de verla no tal cual es sino como la
presenta la propaganda española, hasta el punto de darle su simpatia.

La izquierda abertzale, por su lado, ha denunciado las incoherencias,
debilidades y oportunismos de la Propuesta. Fuerte en este plano, ha estado
mucho más débil a la hora de plantear desde una posición de izquierda
independentista consecuente, alternativas propias creibles. La izquierda
abertzale sigue atenazada por la cuestión de la territorialidad, es decir, el
planteamiento de un proceso político único y simultaneo para toda Euskadi (o al
menos Euskadi Sur) y por ello sigue perdiéndose en ensoñaciones que convierten,
por ejemplo, a Udaltbiltza -la asamblea de municipios vascos- en vértice de una
estrategia de doble poder nacional que no tiene agarre alguno en la realidad.
Realmente no se entiende porque les resulta tan difícil distinguir entre los
datos objetivos que ofrece la actual realidad política, social e institucional
de Euskadi, su nivel de movilización y conflicto y los artilugios ideológicos
sobre el respeto a las dobles identidades, los diálogos como fines y demás
mercancías averiadas. Asumir pragmáticamente que la masa critica existente hoy
ya en la CAV para auspiciar un proceso de ruptura con España no existe aún en
todo Euskadi, no tiene porque implicar más que una simple constatación de cuales
son las correlaciones de fuerzas al día de hoy; sin convertirlas por ello, no ya
en hechos estáticos sino mucho menos en cuestiones de doctrina o de principio.
Parece, permítasenos la referencia histórica, como si se hubiera olvidado que
para poder disolver legítimamente la Asamblea Constituyente rusa en 1918, el
Congreso de los Soviets tuvo que tomar antes el poder en Petrogrado.

Es precisamente Ramón Zallo quien, para defender la Propuesta Ibarretxe, vuelve
a hacer enfasis en la baza fundamental de la Propuesta: que parte de lo que hay,
una mayoría nacionalista vasca en la CAV; aunque lo haga para apoyar una
estrategia que no incomode demasiado a quienes dicen querer llegar a la
soberanía vasca pero vestidos con el frac, sin costes ni enfrentamientos. Ese
partir de lo que hay, puede usarse -como hace Ibarretxe- para intentar eliminar
el conflicto, manteniendo Euskadi en España -aunque sea de otra manera- o para
utilizarlo como plataforma política y social en la que el conflicto se articule
de forma más favorable para las aspiraciones independentistas vascas. Salvo que
se diera una hoy poco previsible alteración significativa de la escena social
vasca, evitar el arrinconamiento de la izquierda abertzale en un escenario
dominado a un lado por el PNV y a otro por el españolismo, exige -entre otros
muchos elementos, como una tregua de ETA- tomar nota de esta circunstancia y
planificar una estrategia a partir de ella, desde la cual posteriormente pudiera
plantearse la reunificación nacional.

Anexo: Andalucía y la propuesta Ibarrtexe.

La literalidad de la Propuesta no excluye su extensión similar a otras naciones
del Estado, aunque presumiblemente, a la hora de escribirlo no se estaba
pensando precisamente en Andalucía.

En cualquier caso, en el terreno de los principios, hay que distinguir siempre
entre el derecho a la autodeterminación y a la independencia incondicionada de
otra nación -que hay que apoyar- y una concreta propuesta que, en tanto mantenga
la relación con el Estado español y Andalucía se halle todavía dentro de el, es
forzoso valorar estrictamente en términos de sí favorece o perjudica a nuestros
intereses nacionales. La izquierda nacionalista andaluza ha de actuar y
posicionarse entonces como si estuviera bajo su responsabilidad el futuro
nacional.

Al margen de que la Propuesta Ibarretxe buscase desactivar el conflicto vasco
-lo que revertiría, de tener éxito, en mayor estabilidad española y
consecuentemente en mayor dificultad para las aspiraciones independentistas de
la izquierda nacionalista andaluza- es evidente que conlleva una mayor
detracción de recursos económicos utilizables por Andalucía, a los que tenemos
derecho por el curso histórico compartido que nos ha situado a cada una de las
naciones del Estado donde actualmente estamos. Ciertamente, hemos de huir como
de la peste del agravio comparativo y recordar siempre donde se ubica nuestro
enemigo -en Madrid- pero también es verdad que no es previsible que, incluso
como una situación transitoria, la aceptación del nuevo marco resultante de esa
propuesta, conllevara la extensión a Andalucía del nivel de ventajas que
implica. Más aún, no parece demasiado aventurado predecir que una parte de su
hipotético éxito estaría vinculado a reproducir una situación de singularidad,
similar aunque bajo otros parámetros, a la que pergueñara inicialmente la
Constitución española de 1978, que muy probablemente requeriría explícitamente
de la exclusión de Andalucía. A Andalucía, -la evidencia histórica lo avala- en
tanto siga forzada a coexistir con otras naciones en el Estado español, no le
conviene ciertamente ninguna situación jacobina uniformista a escala de Estado
pero tampoco una situación de desigualdad en la que no sea expresamente
compensada y favorecida.

Por ello -y por supuesto por razones antitéticas a las de los españolistas- cabe
concluir que la Propuesta Ibarretxe es contraria a los intereses nacionales
andaluces y que procede, en la medida de nuestras posibilidades, actuar en
consecuencia no dándole ningún apoyo. Ahora bien, hay que tener también claro
que si como resultado de que, hipotéticamente, las instituciones vascas
perseveraran en su defensa y desarrollo de forma unilateral y que como
consecuencia de ello, recibieran el acoso o la agresión del Estado español, la
izquierda nacionalista andaluza debería mostrar entonces su plena solidaridad
con Euskadi.


Andalucia Libre nº 144 - La Crisis en IU y CUT/BAI - Euskadi, Propuesta
Ibarretxe -
martes, 05 de noviembre de 2002 4:43


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