Andalucía Libre nº 199 - Euskadi: Plan Ibarretxe - Escocia - Bolivia
miércoles, 1 de octubre de 2003 3:11


¿Donde está y adonde va la Propuesta Ibarretxe?,
Andalucía Libre

La reciente presentación actualizada de la Propuesta Ibarretxe reafirma la
condición central del PNV en la política vasca. El PNV mantiene la iniciativa,
ganada hace un año al plantear inicialmente la propuesta, haciendo un ejercicio
espléndido de convertir a la necesidad en virtud. Ha conseguido con ello, ser
quien marque la agenda política en Euskadi, situándose a la ofensiva frente a
las fuerzas españolistas (PP, PSOE, IU); subrayando tanto su preeminencia sobre
sus socios de Gobierno (EA, EB-IU) como su ventaja sobre la izquierda abertzale.

La coyuntura

El PNV comparece capitalizando no sólo su capacidad de propuesta y
condicionamiento político sino también la propia situación de Euskadi, que así
resume el Lehendakari: "Según los últimos datos del propio INE español,
referidos al año 2000, la Comunidad Vasca se ha situado a la cabeza del nivel de
vida de todo el Estado, en términos de renta disponible por habitante, y
también, según el INE, en el año 2002, Euskadi ya había alcanzado el 105% de la
renta media europea. Según el Banco de España, Euskadi es la Comunidad menos
endeudada de todo el Estado, con un 2,2% del PIB, cuando la media estatal se
sitúa en el 6% del PIB, es decir, es tres veces mayor. Nuestro nivel de paro se
sitúa en el 9%, según la Encuesta de Población Activa Española, dos puntos por
debajo de la media estatal. Nos hemos situado a la cabeza de Europa en la
creación de empleo desde 1995 y hemos alcanzado los niveles de ocupación más
altos de toda nuestra historia, 895.000 personas en el segundo trimestre de este
año, es decir 183.000 ocupados más que en 1995. Seis de cada diez familias
vascas tienen a todos sus integrantes trabajando, según un informe elaborado por
La Caixa, tomando como referencia datos del INE. Los sueldos medios de los
trabajadores vascos están entre los más altos del Estado y la pensión de
jubilación en Euskadi supera en un 30% a la española, según los datos publicados
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El INE confirma que Euskadi ha
figurado entre las Comunidades con menos empresas en quiebra en el primer
semestre de este año y que la Comunidad Vasca es la sexta del Estado por número
de empresas, con un total de 154.703 compañías. La tasa de delincuencia de la
Comunidad Vasca se sitúa 45 puntos por debajo de la media española, según la
última memoria del Fiscal General del Estado. Bien, esta es la realidad. Y no he
utilizado para describirla los datos de las Instituciones Vascas.". La entidad e
implicaciones de este cuadro aparece más nítida si cabe si lo comparamos con
algunos indicadores andaluces, sin entrar siquiera en el balance en cuanto a
cantidad y calidad de infraestructuras y servicios públicos: Andalucía tiene un
paro estimado según la EPA del 19,93% (7,2 puntos más que la media estatal y 11
puntos más que Euskadi). El 60% de los andaluces menores de 30 años están en
paro o en precario y 2.078.000 andaluces viven por debajo del umbral de pobreza.
El Coste salarial medio mensual en Andalucía es de 1.290 euros mientras el
estatal asciende a 1.413 euros (123 euros más) y el de Euskadi sube hasta 1.603
(313 euros más). En tanto la renta media vasca supera la de la UE, el PIB per
capita en paridad de poder adquisitivo de Andalucía sólo llega al 64% de la
media de la UE, siendo el estatal del 84%. Si el Gobierno andaluz ha sido
ininterrumpidamente del PSOE desde 1982, el PNV por lo que le toca, ha actuado
como eje permanente del Gobierno vasco, amen de ser parte principalísima en la
recuperación y gestión del Concierto Económico que tanto ha contribuido a
sostener el desarrollo vasco.

En esta coyuntura y con los antecedentes conocidos, la izquierda abertzale
puede reivindicar -como ya hace- que el debate que encarna y al que pretende
responder la propuesta Ibarretxe es suyo; pero a renglón seguido debería admitir
que sus garrafales errores y los efectos de la represión española (singularmente
su ilegalización y la relativamente débil respuesta que este hecho ha provocado)
han transferido en esta etapa el protagonismo y la primacía de decisión al PNV.

El PNV controla, al menos de momento, el tiempo político, asegurándose la
hegemonía y capacidad de maniobra durante toda esta legislatura. Acaba de
anunciar que el próximo 25 de Octubre remitirá el texto articulado del nuevo
Estatuto al Parlamento vasco y que este no será sometido allí a voto hasta
septiembre de 2004, abriéndose a partir de entonces y hasta marzo-abril de 2005
su debate para ratificación en las Cortes españolas, para luego ser sometido a
referéndum en la Comunidad Vasca (CAV). Sigue manteniendo que en ese momento se
reserva plantear la consulta bien sobre el texto proveniente de Madrid, bien
sobre el originalmente remitido en caso de que no les satisfagan las
modificaciones introducidas en el Parlamento español. Además, para mayor margen
de maniobra, dice condicionar la votación popular a que se realice "en un
escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones". El calendario le permite
contar con los cambios de correlación que pudieran producirse a consecuencia de
las elecciones catalanas y especialmente de las españolas e incluso, en caso de
necesidad, recurrir a intercalar unas nuevas elecciones vascas para alcanzar las
mayorías necesarias, sea para aprobar el texto, sea para administrar su
secuencia política.

El modelo Ibarretxe

Los contenidos de la Propuesta van en continuidad con lo anunciado hace un año
y en sintonía con lo recogido en el Borrador articulado filtrado en julio.

La novedad de este ultimo debate ha sido la inclusión de una referencia a un
compromiso de asunción entre las potestades de la proyectada Comunidad Libre
Asociada vasca de la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá en su sentencia
limitativa de 1998 contra el derecho a la autodeterminación de Québec. Ibarretxe
adelanta que, de instaurarse el nuevo modelo, Euskadi renunciaría a su derecho a
la autodeterminación unilateral, aceptando la necesidad en su caso de someterse
a una posterior negociación bilateral. Esta restricción -que se suma a la previa
de rechazar la misma posibilidad de opción por la independencia en este momento-
pretende conferir al Plan una imagen de mayor estabilidad y renovada moderación,
cara al sector más tibio y temeroso de su propia audiencia. De otra parte, es
notorio que ofertas de este tipo resultan hoy claramente inutiles para influir
políticamente entre las fuerzas españolistas dada su visceralidad.

Por lo demás, la Propuesta afirma una delimitación competencial
sustancialmente más clara y definida entre Euskadi y España (restringiendo
fuertemente, aunque no totalmente, la capacidad de condicionamiento exterior a
través de Leyes de Bases y Códigos y eliminando las vías de leyes ordinarias,
ordenes, reglamentos etc) y amplia los campos de legislación, regulación y
ejecución estricta o predominantemente vascos. Le reconoce al Estado español
-con alguna salvaguardia- la potestad sobre la Legislación básica penal,
penitenciaria y procesal; mercantil, civil, de propiedad industrial e
intelectual, farmacéutica, de tráfico y de telecomunicaciones, es decir,
aquellas parcelas esenciales que se corresponden con el interés por no romper
previos lazos sociales y sobre todo mantener vínculos económicos preferentes con
España. Consolida sus ventajas fiscales y presupuestarias y las amplia a la
Seguridad Social. Le confiere a Euskadi más amparo sobre los derechos y
libertades democráticas (para evitar episodios como los derivados de la Ley de
partidos) y coloca bajo su control a la administración de Justicia, aún
admitiéndole al Tribunal Supremo español un resto en forma de supervisión y
homogeneización de doctrina. Instaura también una formula de garantía bilateral
singularizada para evitar intromisiones futuras en los ámbitos legislativos,
decisorios y competenciales vascos, protegiéndose de hipotéticos embates
emanados desde el Gobierno, Parlamento o Tribunal Constitucional español.
Tambien le reconoce a Euskadi una capacidad de proyección exterior y de
representación especifica en la UE a través del Estado español y una
satisfacción identitaria interna en forma de presencia internacional a partir de
selecciones deportivas propias.

Resumiéndolo, el proyecto Ibarretxe podría definirse como una propuesta fuerte
de federalismo ejecutivo, entre competitivo y dual, sobre base asimétrica. Es
decir, una articulación federal especifica y singular reservada a Euskadi que
pretende doctrinalmente conciliar y asociar bilateralmente dos soberanías
originarias: la vasca y la española, partiendo de una autolimitación formal de
la vasca que deviene de su inexistencia como potestad real aunque no como
aspiración y derecho nacional. El modelo se estructura de forma que sus
competencias sean primariamente sólo suyas, de manera que pudiera desarrollar en
la practica políticas propias en su ámbito territorial -dentro del contexto
capitalista general de la UE y el Estado español- en defensa de su
competitividad económica frente a sus vecinos y de la consolidación de un modelo
de cohesión y bienestar social específico; vinculando las responsabilidades
ejecutivas y administrativas a los campos de competencia legislativa asumidos.
Un modelo que choca frontalmente y contrasta con el federalismo cooperativo de
ejecución, propio del Estado español derivado del modelo constitucional de 1978,
definido por la tutela, la mezcla competencial y la compartimentación con
disociación entre importantes competencias legislativas reservadas al centro que
se desarrollan o aplican ejecutivamente por las comunidades autónomas.

Reacciones, implicaciones y riesgos.

El proyecto se presentará en el Parlamento vasco como remitido por el
Gobierno para cumplir así las condiciones que establece el art. 46 del vigente
estatuto y poder así cubrirse a su amparo. A la vez, sin embargo, los dos socios
de Gobierno (EA y EB-IU) ya avisan que registraran también sus propias
propuestas y aportaciones. EA hace énfasis en dejar expedito el camino hacia la
independencia en una inconcreta etapa posterior. EB-IU se felicita de que el PNV
renuncie a un Estado nacional independiente y advierte que considera necesario
que cualquier modificación esencial cuente con un respaldo superior al que
obtuvo el estatuto (¿quizá los 2/3 canadienses?) lo que es otra forma pospuesta
de condicionarse al apoyo de PP-PSOE (y por cierto, aclara la visión de transito
hacia el socialismo por unanimidad, es decir nunca, que deben sostener quienes
propugnan estos corses). Ambos se disponen a defender y desarrollar
articuladamente ambas posturas estratégicas, dejando nuevamente al PNV en el
centro.

El Gobierno ultraespañolista de Aznar ha remachado su rechazo total y sin
atenuantes, advirtiendo entre insultos que se dispone a someter al proyecto a
los tribunales ordinarios, al Tribunal Constitucional y a lo que encarte, de
manera que no llegue siquiera a votarse, en cuyo caso votaría en contra
bloqueando su aprobación. Tambien ha amenazado, más o menos soterradamente, con
proponer la separación de Álava de la CAV y con utilizar, de ser necesario, el
Art. 155 de la Constitución española y suspender las instituciones vascas como
penúltimo recurso.

Salvo que de antemano el PNV ya este dispuesto a proceder a muy sustanciales
rebajas, es difícil que no haya tenido en cuenta las implicaciones estatales de
su proyecto. Institucional y jurídicamente, su asunción conllevaría
necesariamente una importante y amplia reforma constitucional ya que parece
contener demasiados y llamativos asuntos que afectan a varios títulos de la
Constitución como para salvar el escollo a través de interpretaciones creativas,
del estilo de la que permitió el desbloqueo retroactivo de la autonomía andaluza
en 1981. Políticamente, su implantación supondría acabar con la aun vigente
imagen y realidad de que, en todo y para todo al final de los finales, las
cuestiones se deciden en Madrid; estableciendo parcelas en donde esto dejaría de
ocurrir. El efecto general de este cambio para la continuidad y legitimación del
Estado español sería importante e inmediato. De hecho el tridente español
(PP-PSOE e IU) son incapaces de momento de siquiera contemplar un escenario en
que lo estatal no sea escalón final predominante y no simplemente parcela
paralela (por importante y determinante que sea). Además, aunque el PNV parte de
aceptar que en sus tratos o acuerdos con España, esta englobe y represente
indistintamente a todas las otras naciones que aún se hallan bajo su
jurisdicción no es creíble que no haya tenido en cuenta en algún momento las
automáticas consecuencias políticas vía efecto demostración en Cataluña y la
cascada consecuente que lleva implícita su propuesta de cambio desde lo
nacional, aun cuando no implique una autodeterminación irrestricta.

Se ha especulado reiteradamente con que el pilar de viabilidad de la propuesta
-dentro de una concepción reformista y no rupturista- radicaba en la posibilidad
de contar con un acuerdo con el PSOE. A trabajar por facilitar esa vía, desde el
apoyo a la propuesta peneuvista, se orientaban elementos de la antigua izquierda
vasca como algunos destacados militantes del sector postLKI de Zutik-Batzarre(1)
interactuando con algún sector de EB-IU. Respondiendo a la misma cuestión, desde
el sector postMCE del mismo Zutik-Batzarre -situándose ahora en un terreno
político intermedio entre la franja más derechista y españolista de EB-IU y el
autodenominado sector vasquista del PSOE vasco- se dedicaban por su parte a
argumentar condiciones que opinaban deberían exigirse para entrar incluso a
negociar el Plan Ibarretxe, valorado de entrada no como mínimo democrático sino
como el máximo nacionalista admisible. Ubicados en unos parámetros en
confluencia ideológica con Basta Ya, sus análisis no dejaban de incluir,
utilizando a ETA como percha, la asimilación entre la izquierda abertzale y Le
Pen; la vinculación política de cualquier cambio al previo fin de ETA; la
reivindicación de la identidad española como opción vasca; la defensa del papel
central y condicionante del PSOE y en general del derecho de veto español sobre
el futuro vasco; la admisión de la legitimidad de la democracia española y el
rechazo a la independencia nacional leida como obligada antesala de la
exclusión, sin olvidar la oposición a la autodeterminación como ejercicio de
pronunciamiento y ruptura nacional, política y social unilateral(2).

En cualquier caso, las desfavorables expectativas electorales españolas del
PSOE para marzo de 2004; la reacción y reafirmación españolista de rotundo y
cerrado rechazo al Plan desde la dirección española del PSOE y especialmente el
alto grado de cohesión y elaboración de su argumentario descalificador de la
propuesta por el PSOE vasco (expresado primero en el documento 34 Razones y
luego en el Más Estatuto) reducen la virtualidad y viabilidad de este soporte;
por mucho que la sustitución de Redondo por López haya introducido cierto
distanciamiento estético en relación con el PP, cambiando por instinto de
autoconservación partidaria la imagen de hermanos siameses PP-PSOE por una
versión españolista vasca del "marchar separados, golpear juntos" en defensa de
España y de la legitimidad del Estado español. No se atisban elementos que
induzcan a pensar en cambios sustantivos en el PSOE y tampoco, desde luego,
puede confiar el PNV en IU al respecto como elemento de presión(3). Más allá de
intentar desdramatizar el enfrentamiento para así atenuar y administrar el
conflicto de imagen que le provoca a IU Federal el empeño sostenido de EB-IU por
preservar sus propios intereses de representación y continuidad institucional en
Euskadi, no se puede esperar con verosimilitud que desde IU -en plenas rebajas
para facilitar el acoplamiento con el PSOE- se defienda siquiera la legitimidad
procedimental de la propuesta Ibarretxe. Valga como barómetro que por partir de
afirmar su derecho a la soberanía y formularse desde abajo y no desde Madrid ha
sido tachada erróneamente por Llamazares como confederal (cual si buscara la
reedición de la Confederación Germánica), buscando disociarla así de los
pretendidamente respetables federalismos centralistas y españolistas de IU o
Maragall.

A partir de esta configuración, el PNV puede aspirar razonablemente a ejercer
de paraguas e imán posibilista sobre EA y el electorado de la izquierda
abertzale e incluso a negociar pactos mutuamente ventajosos con EB-IU pero con
ello, por mucho que pueda afianzar su hegemonía institucional en Euskadi sigue
sin resolver y asegurar la salida al proceso, una vez que desde un principio
asumió ubicarlo en los raíles de la legalidad española.

Este puede dilatarse por multitud de imponderables u operaciones propias o
ajenas. Pero no hay que desconsiderar la influencia del factor de inercia
acumulativa o incluso la influencia de actuaciones -como, por ejemplo, la
búsqueda o proclamación de motu propio por parte de ETA de una tregua- por las
que precisamente los éxitos obtenidos por el PNV le lleven paradójicamente a un
momento de conflicto ineludible e irreversible, que tradicionalmente siempre se
ha preocupado por evitar. Un episodio premonitorio al respecto ocurrió en el
reciente debate cuando el portavoz peneuvista Egibar, ante las advertencias a
gritos desde las bancas españolistas de que nunca conseguirían pasar bajo la
legalidad española su proyecto, respondió que en ese caso sólo les restaría
proceder a su "proclamación unilateral", abriendo paso así a una dinámica de
confrontación abierta (y eso, sólo horas después de escucharle a Ibarretxe la
inclusión de la referencia a la sentencia sobre Québec).

En cualquier caso, el PNV tiene complicado un hipotético retorno cómodo a la
gestión de la vía estatutaria. Ha justificado su cambio y su propuesta
precisamente por considerar no sólo incumplido sino también agotado
políticamente el estatuto de Guernica. La izquierda abertzale siempre le ha
negado al Estatuto no sólo legitimidad sino también utilidad. Pero PNV, EA,
EB-IU... se han conducido durante años negando esas criticas y reivindicandolo.
El PSOE aduce ahora que el PNV quiere cambiarlo no porque no se haya respetado
(lo que es falso) sino precisamente porque atisba su culminación y se niega a
admitir la necesidad de considerar cerradas y terminadas las demandas vascas.
Desde luego, el PNV responde denunciando las trampas (vía aplazamientos, leyes
de bases, sentencias, reglamentos...) y le suma además denuncias duras sobre la
dependencia y manipulación del aparato judicial, pero con ello no puede
desprenderse de la evidencia de que esas mismas incoherencias y fisuras iban
incluidas desde el principio -siendo de ello plenamente consciente el PNV- en el
pacto político que formalizó con Madrid durante la Transición, dejando caer la
autodeterminación y abandonando Navarra a cambio del Estatuto en la CAV y el
Concierto económico. De ahí la importancia dada ahora por el PNV a desvelar la
necesidad crucial de contar con nuevos poderes competenciales y seguridades para
afrontar los nuevos desafíos europeos y mundiales, de manera que pueda
preservarse la prosperidad vasca en el futuro. Esta es una vía argumentativa de
muy difícil reversión. Especialmente si sindicatos como ELA y LAB -como ya han
hecho- y otras asociaciones y movimientos sociales le hincan el diente,
perseveran y la desarrollan. Sin despreciar además, en caso de marcha atrás, el
riesgo de reconvertir a EA de socio menor a serio competidor.

La izquierda aberzale

La izquierda independentista vasca lo tiene complicado. Su componente que
persiste aún legal, Aralar, aparte de sus criticas históricas a la estrategia
mayoritaria y del reconocimiento debido por los espacios conservados tiene
notorios limites de determinación social y sobre todo evidentes carencias de
formulación estratégica como para plantearse como alternativa sustitutiva;
aparte de que en su transición particular debe hacer difíciles equilibrios y
sostenidos esfuerzos para inmunizarse frente a adherencias ideológicas que le
acechan naturalmente en su complejo proceso tras la separación, para evitar en
multitud de campos echar al niño con el agua sucia.

El componente mayoritario arrastra políticamente el lastre de ETA. ETA es una
organización ideológicamente agotada, militarmente impotente y políticamente
ineficaz y nefasta hasta la inoperancia. De instrumento y medio ha degenerado en
fin y símbolo, pervirtiendo todo aquello que le dio origen hace cuarenta años.
De hecho, desde hace muchísimos años -como se demostró palmariamente antes y
después de la tregua y durante el periodo de Lizarra-Garazi- la continuidad de
su actuación sólo sirve como argumento justificativo del Estado español,
elemento cohesionador del españolismo y baza al servicio del mantenimiento de la
esfera de influencia popular en manos del PNV. Ciertamente, su origen y
persistencia es consecuencia de la preexistencia de un conflicto político
nacional en cuyo desarrollo también ha jugado un papel, pero su continuidad no
es consecuencia mecánica de la no resolución del conflicto sino fruto de la
ausencia de valentía política para considerarla periclitada y tomar la decisión
de suspender su actividad. Con la ilegalización de la izquierda abertzale civil
-pese a su meritoria capacidad de resistencia electoral mediante el recurso al
voto nulo- todos estos efectos se han revalidado con singular nitidez y
contundencia. La continuidad agónica de la acción de ETA en la Euskadi
contemporánea no da ninguna fuerza adicional al independentismo vasco; justo al
contrario, le resta audiencia, capacidad de maniobra, legitimidad y apoyos y le
impide seriamente plantearse el disputarle la hegemonía al PNV (como nuevamente,
mostró potencialmente el periodo de tregua).

A esta rémora hay que sumarle la confusión que persiste en la izquierda
abertzale entre objetivos estratégicos, principios ideológicos y vías
estratégicas que la lleva a la parálisis y a la subsidiariedad al convertir la
unidad territorial vasca no en objeto de llegada sino en base de partida. Se
comprende el impacto profundo y el desgarro de la escisión nacional
(especialmente en lo que concierne a Navarra) pero supeditar a la negación de
derrotas pasadas el avance hacia victorias futuras no es sensato ni razonable.
Mientras la izquierda abertzale se encierra en un circulo retroalimentado
estéril, se concede espacio de realidad al PNV (y también al españolismo)
volviendo una y otra vez a encerrarse en recorrer senderos trillados y acotados
que no conducen a ninguna parte. Mientras deja espacio libre sin explorar ni
explotar, no es lógico ni proporcionado que además priorice la polémica
ideológica en relación a corrientes que han parasitado a la izquierda abertzale,
viva sobre una fijación mimética irlandesa restringida a evitar 1921 o se someta
a la interminable confrontación doctrinaria con el españolismo para eludir la
apreciación realista de las relaciones de fuerza, el estudio de los puntos
débiles del adversario y la utilización de las palancas asequibles para alterar
sustancialmente la situación.

Tras tanto vivido y realizado, sorprende la persistencia de ataduras a
esquemas: 1. Negociación o bien construcción nacional; 2º. Referéndum de
autodeterminación; 3º. Proceso constituyente nacional y negociación con los
estados; 4º. Arcadia feliz... Gris es la teoría, más cuan verde es el árbol de
la vida. ¡Tanto culto al empirismo para terminar aherrojados por el mantra o la
retórica triunfalista!. La autodeterminación como proceso y etapa política no
puede reducirse ni limitarse ni centrarse en un ejercicio refrendatario; más aún
cuando el Estado que lo niega mantiene su cohesión, operatividad y no tiene
atisbos siquiera de fractura. La autodeterminación se gana y se impone y
previsiblemente se valida a posteriori. La autodeterminación puede ejercerse en
unas elecciones o proclamarse desde un Gobierno validado incluso en sólo una
parte del territorio nacional. En la escena vasca actual es suicida que un
proyecto de Liberación Nacional tome la apariencia de una cátedra de derecho
constitucional y se limite a enfatizar sobre cuestiones metodológicas sin
disputar la hegemonía y la dirección a partir de la confrontación de
reivindicaciones, proyectos, iniciativas y movilizaciones que respondan a
intereses reales, articulándolas en forma que realimenten la dinámica de
emancipación hasta conducir a la ruptura y la independencia nacional. Y en este
caso, esto requiere también entrar en la formulación de modelos propios -no
necesariamente constitucionales- que contraponer a los ajenos.

¿Donde va la propuesta Ibarretxe?

Quizá el mismo Ibarretxe, Imaz, Arzalluz, Egibar... sepan hoy adonde quieren
ir y hasta donde están dispuestos a llegar, quizá no. Aquí al respecto estamos
en tinieblas. Tampoco sabemos qué circunstancias pueden impulsarles en un
sentido u otro. Podemos presumir que un ascenso de la izquierda independentista
catalana, un aumento sustancial de ERC acompañado de un retroceso de CiU y una
bajada españolista (por no engolfarnos en ensoñaciones de sorpassos) o alguna
otra combinatoria pueden ayudar. Parece claro que un cambio político profundo en
la izquierda abertzale contribuiría fuertemente a desarrollar las
potencialidades de la escena e incluso a alterar guiones preestablecidos, pero
esto es sólo un deseo. Está claro que lo que nos gustaría, es ver a Euskadi
conquistar, no el nuevo estatuto de Ibarretxe sino un Estado nacional propio
independiente; esencialmente porque, por el debilitamiento que conllevaría de
España, sería un buen signo para Andalucía de que su momento de emancipación
nacional se acercaba; pero esto es sólo una aspiración. No vamos a ejercer de
pitonisa.

En cualquier caso, desde la solidaridad con el derecho a decidir que no con la
concreta propuesta presentada hasta el momento, seguiremos a la escucha.
a.. 1. Ver, José Ramón Castaños, El Nacionalismo español y la Soberanía
vasca, Revista Desde los Cuatro Puntos, nº 43, México, Febrero 2003
b.. 2. Ver, como ejemplos, de Eugenio del Rio, Autoritarismos
antipluralistas; de Javier Villanueva, Crítica al plan de Ibarretxe; Proyectos
para un país demediado
c.. 3. Ver, Izquierda Unida celebra el 25 Aniversario de la Constitución
española
Nota: Para no superar nuestro máximo, dejamos para un proximo boletin el
tratamiento del apartado Andalucía ante la Propuesta Ibarretxe


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