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El trabajador
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Edicion especial- octubre 2006
Prensa de CONVERGENCIA SOCIALISTA




El 5 marchamos a Plaza San Martín…
A gritar fuerte: ASESINOS:
ENTREGUEN A JULIO LOPEZ!


El 5 de octubre se reunirán en Plaza San Martín los que tienen prisionero o
asesinaron a Julio López por testitificar contra el genocida Etchecolatz (los
“familiares y amigos” de los caídos en la “lucha contra la subversión…”) En esa
"multitud" también estarán los encubridores, los que saben quienes fueron y los
ideólogos; pero también aquellos que están amenazando jueces y luchadores.
Iremos a rescatar a Julio López, obligando a los que lo tienen a entregarlo
con vida y a castigar a los culpables; porque en una sociedad democrática y
civilizada no debe haber cabida para los que se reunen a reivindicar la
Dictadura Genocida, los secuestros, los asesinatos, la venta y entrega ilegal de
niños y la tortura contra los luchadores en los años más tenebrosos de la
historia de nuestro país.
No se puede admitir que se reivindiquen los "caidos" durante los
procedimientos criminales e ilegales de los grupos de tareas, de los
allanamientos sin causa, de los asesinatos a mansalva. No son, ni eran héroes,
son verdaderos asesinos. Un gobierno consecuentemente democrático prohibiría la
realización de estos actos reivindicativos del crimen y el terrorismo de estado,
pero además buscaría entre sus convocantes a los secuestradores de López y a los
que están amenazando a jueces y a los luchadores.
Los militantes y simpatizantes de Convergencia Socialista nos movilizaremos el
jueves 5 a la Plaza San Martin (a partir de las 17 horas en la esquina de Santa
Fe y Florida) para gritar bien fuerte:


Devuelvan a Julio López!
Que se castigue a todos los culpables y responsables del Proceso
Protección popular a los testigos de las 1200 causas
Juicio y castigo a todos los asesinos, no solo algunos
Disolución de las Fuerzas Armadas irreformables
Convocamos a todos las organizaciones que se reclaman de izquierda o al menos
democráticas a unirnos ese día en un poderoso y masivo repudio a los asesinos y
a quienes los defienden y reivindican. Para eso llamamos a todos/as los
compañeros/as dispuestos a reunirnos después del acto que realizará HIJOS y
otras organizaciones el miércoles a las 18.30 horas frente a la Casa de la
Provincia de Buenos Aires (exigiendo la Aparición con Vida del compañero López)
Para más datos e informes sobre el particular, comunicarse con Juan Carlos
Beica: 1554288831







Aparición con vida de Julio López
Jurados Populares para Enjuiciar y Castigar a los Culpables
Disolución de las FF.AA. y Represivas

La desaparición de Julio López pone en evidencia que el aparato represivo de
la dictadura sigue intacto, gracias a la impunidad que le garantizaron a los
represores todos los gobiernos de la democracia, y que Kirchner (a pesar de su
discurso demagógico) mantiene, ya que los necesitan para aplastar la resistencia
de los trabajadores y el pueblo.
Esta mano de obra «ocupada», que realiza el trabajo sucio que aún no pueden
hacer la policía o la gendarmería, viene actuando desde hace tiempo, como lo
demuestran la paliza sufrida por la esposa del abogado de las víctimas de la
“masacre de Budge”, la quema de vehículos en la toma de la Universidad del
Comahue, el ataque a los activistas del Astillero Río Santiago, la agresión a
los estudiantes de la Fuba, el desalojo del piquete docente de Cutral Có, etc.
Hay que ganar las calles para frenar la represión (la oficial y la
parapolicial) reclamando la aparición con vida de Julio López y el Juicio y
Castigo (mediante jurados populares encabezados por los organismos de derechos
humanos) de los responsables de su desaparición, todos los genocidas y
responsables de hechos violentos, intimidatorios y «gatillo fácil» en contra de
los luchadores.
Los dirigentes gremiales, especialmente los combativos y de izquierda, tienen
que convocar a asambleas para que la base asuma este reclamo, votando acciones
de protesta (huelgas, movilizaciones, etc.) Los dirigentes estudiantiles tienen
que hacer lo mismo, poniendo al estudiantado en pie de lucha, coordinando con
los trabajadores y los organismos de derechos humanos, mediante una Coordinadora
Antirrepresiva Nacional.
Para acabar con la represión y las bandas parapoliciales no alcanzará con las
medidas tibias ni la demagogia de Kirchner. ¡La única manera de terminar con el
cáncer es extirpándolo! ¡Hoy, más que nunca, hay que luchar por disolver a las
Fuerzas Armadas, Policiales, Servicios de Inteligencia y Gendarmería del
Régimen.
Estas instituciones son herramientas que solo sirven para cuidar a los grandes
patrones, sus gerentes y propiedades. Solo habrá seguridad para los de abajo
cuando sean los propios trabajadores quienes la tomen en sus manos, organizando
piquetes para defenderse de la represión en los conflictos y enfrentar la
delincuencia en los barrios.



Kirchner, Derechos Humanos y la hipocresía de la “Democracia”
Miles de asesinos del Proceso caminan entre nosotros

Kirchner informó a la ONU que su gobierno tiene confirmación de la
existencia de al menos 488 de Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante la
dictadura militar. La verificación de la existencia de al menos otros 65 CCD
está en su etapa final de investigación. En un aparte del informe se halla la
cifra de imputados por los crímenes cometidos en esos campos de concentración:
poco más de 200. De esos criminales, unas dos docenas se hallan en las cárceles
y el resto cumple arrestos domiciliarios.
A partir de la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia
Debida se abrieron unas 200 causas nuevas contra represores conocidos. Sin
embargo el gobierno, que gusta promover su imagen de defensor de los Derechos
Humanos, no dice que existen alrededor de 30.000 asesinos sueltos, caminando
entre nosotros.
El propio Kirchner reconoce la disparidad entre el
reconocimiento de más de 500 campos de concentración y la existencia de un par
de cientos de acusados. En la edición del 9 de Agosto, el diario Clarín cita al
presidente: “Dicen que hubo más de 500 campos de concentración y no llegamos a
200 o 300 detenidos, parece que hubo campos donde los detenidos estaban solos,
se atendían solos”.
. Se calcula que en los 500 centros de detención se albergaron
entre 30.000 y 70.000 secuestrados (entre desaparecidos y detenidos ilegales,
algunos de los cuales, eventualmente, recuperaron su libertad o fueron
expulsados del país). Se sabe que el promedio de personal de vigilancia de estos
centros (si tomamos los promedios del funcionamiento de los campos más
conocidos) era, como mínimo, de 3 guardias por cada 40 prisioneros, cada uno de
ellos cubriendo un turno de 8 horas. La cifra menor que hoy se maneja, la de
30.000 desaparecidos y detenidos ilegales, daría la existencia de unos 9.000
hombres armados solo para custodiar a las víctimas.
Se supone, no sin cierta base de información objetiva que
surgió de los tribunales donde se ventilaron distintas causas y de las
declaraciones de prisioneros, que esa suma se duplicaría por la rotación de los
oficiales, les y alguna tropa encargada de esas tareas. Así, unos 18.000
efectivos fueron asignados durante seis años a los trabajos de custodia de los
CCD. A ellos se les suman los miembros de los Grupos de Tareas (GT), encargados
de operaciones de inteligencia y secuestro.
Estos GT tenían entre 8 y15 miembros cada uno y solicitaban
refuerzos de acuerdo a las necesidades de las operaciones, contando con el apoyo
logístico de la Policía Federal y las policías provinciales para establecer
“zonas liberadas”. En un CCD como la ESMA, por donde se calcula pasaron unos
5.000 secuestrados, existían unos 10 GT y alrededor de 120 efectivos asignados
en forma permanentemente a esas actividades. También aquí hubo rotaciones por
cambio de destinos, con lo que se calcula que los efectivos encargados de
secuestros y torturas superaban largamente el doble de esa cifra. Otros CCD
contaban con tres o cuatro GT y los más chicos con al menos uno o dos. Un
promedio conservador no da menos de 6 a7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y
policía asignados a esas tareas.
A estos grupos hay que agregar un número indeterminado de
civiles que colaboraban en varias capacidades: más de 200 sacerdotes asignados a
los campos de concentración o las unidades militares/policiales y cientos de
asistentes administrativos, agentes de inteligencia, “negociantes” que se
encargaban de disponer, es decir, vender, las propiedades robadas estableciendo
inmobiliarias, casas de antigüedades, reventa de vehículos y muebles y el
tráfico de niños.
La logística para esta campaña de terror era otro tema que
ocupaba a centenares de cuadros de las Fuerzas Armadas y policiales. Desde la
compra de vehículos (se sabe que Ford entregaba los fatídicos Ford Falcon verdes
con los números de motores borrados o cambiados de fábrica) la provisión de
armas y alimentos, indumentarias, propiedades para ser utilizadas como CCD
(muchas fueron expropiadas a los secuestrados, otras eran comisarías y
cuarteles, pero no pocas eran alquiladas o compradas para dicho funcionamiento,
como Automotores Orletti, pagada por la SIDE.
Demás esta decir que los funcionarios nacionales, desde los
miembros de las Juntas Militares hasta los Comandantes de regiones, jefes
policiales y de Gendarmería, pasando por civiles que desempeñaban funciones
políticas, como el ex Ministro de Economía Martínez de Hoz, estaban al tanto de
la existencia de los CCD, eran periódicamente informados de los GT y mantenían
contactos fluidos con el comando centralizado nacional y los comandos
descentralizados por región militar del país. La prueba de esto
(así como de la colaboración de la jerarquía eclesiástica) se da por el hecho de
que cuando se sucedía un secuestro de algún familiar cercano, de amigos
personales o de gente de influencia económica, estos funcionarios y autoridades
de la Iglesia intercedían ante los mandos, muchas veces sin que sus esfuerzos
dieran frutos, mientras que en algunas ocasiones lograron liberar a las
víctimas.
Con todos estos elementos en la mano, una cifra conservadora
nos daría no menos de 40.000 efectivos militares y policiales, civiles y curas
que, o participaban directamente de las actividades represivas o estaban ligadas
íntimamente a ellas como funcionarios, agentes de inteligencia, “negociantes” o
como apoyo político.

¿Dónde están los asesinos del Proceso?

Se calcula entre 25 y 40 años, la edad promedio de los represores
directamente asignados a las actividades violentas. La edad de los comandantes,
jefes, cuadros y funcionarios políticos de la dictadura oscilaba entre los 40 y
55 años. Es probable que entre el 10-15% del primer grupo hayan fallecido,
porcentaje que aumenta para el segundo en un 30-35%. Podríamos afirmar con pocas
probabilidades de error que alrededor de 30.000 de estos asesinos y cómplices
aun están vivos. De ellos solo sabemos que entre 200 y 300 fueron juzgados y se
hallan en algún tipo de detención. Pero, ¿Dónde están los demás? El gobierno, si
quisiera, podría encontrarlos en forma sencilla. De los militares, miles de
ellos siguen en actividad. Los más jóvenes hoy ocupan los cargos jerárquicos… En
las sedes policiales pueblan las oficinas y muchos de los que hacían
inteligencia entonces, lo siguen haciendo.
Otros miles están recibiendo pensiones y jubilaciones de
relativo privilegio, obras sociales de categoría y otras prebendas. A pesar de
que el gobierno terminó con la autarquía de la Caja de jubilaciones y pensiones
de las Fuerzas Armadas, los jubilados y pensionados militares están varios pasos
delante del resto de los jubilados. Para los militares asesinos hubo movilidad,
y aumentos de sueldos equivalentes o mejores a los de los trabajadores civiles
en mejores circunstancias.
El gobierno podría, si tuviera la voluntad política, romper
con el simple propagandismo que ha caracterizado su política de Derechos Humanos
implementando medidas profundas para encontrar toda la verdad, a todos los
responsables y encarcelar a los asesinos sueltos, como por ejemplo:

• Congelamiento y cesación de pagos a todos los jubilados y pensionados
militares y policiales de rango cuyas jubilaciones hayan comenzado a regir desde
finales de los 70s hasta tanto una investigación, caso por caso, determine su
grado de responsabilidad en los crímenes cometidos en los 70s, así como la
validez de las jubilaciones y pensiones. En caso de constatación de crímenes o
de complicidad, dichas jubilaciones y pensiones cesarían automáticamente.
• Investigación de los libros contables, gastos logísticos, transportes,
cambios de destino, guardias, registros fotográficos y archivos de toda índole,
viajes y todo otro elemento que sirva para ubicar a cada oficial y sub-oficial
de las fuerzas armadas y policiales y cotejar esos datos con los casos conocidos
de existencia de CCD y desaparecidos por región y zona. Esto ayudaría a conocer
el nombre y apellido de todo oficial, por encima del rango de que sirvieron en
cada localidad donde funcionaba un CCD, se cometieron asesinatos y secuestros o
se realizaron operaciones de aniquilamiento. Cada uno de esos individuos
deberían ser en principio sospechado de intervención directa o al menos
complicidad directa o indirecta de los crímenes y por tanto investigado como
presunto miembro de la conspiración que los hizo posibles.
• Intimación con plazo de 10 días para que todo miembro de las Fuerzas
Armadas, Gendarmería, policía Federal y provinciales que sirvieron entre los
años 1974 y 1983 para que presenten una declaración jurada pormenorizando lo que
sabían o no de los CCD, las torturas y asesinatos, operaciones especiales de
represión, declaración de “zonas liberadas” para deslindar, en forma personal,
la responsabilidad de cada uno en los hechos criminales. Todo aquel efectivo que
no realizara la declaración jurada en el plazo estipulado debería ser
inmediatamente puesto a disposición de la justicia como sospechoso de
participación en los hechos. Las declaraciones firmadas que se obtengan se
entraran como declaraciones judiciales sujetas a la potencial investigación de
perjurio.
• Establecimiento de una recompensa millonaria a todo cuadro jerárquico o
subordinado de las Fuerzas Armadas y policiales o a civiles que estén en
condiciones de presentar pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos en los
que esos cuadros o civiles no estuviesen involucrados y la amnistía total y
protección absoluta de la identidad de los que presenten dichas pruebas que
sirvan para enjuiciar y condenar a los responsables de los crímenes.
• Establecimiento de un tribunal especial, civil y criminal para el
juzgamiento de estos crímenes con total independencia de los mandos de las
Fuerzas Armadas y que se dedique en exclusividad, con fondos y personal
adecuados, a la investigación, enjuiciamiento y encarcelamiento de los
responsables. Todas las investigaciones, materiales obtenidos durante las mismas
y los nombres y declaraciones de todos los involucrados serán de dominio público
y de fácil acceso digitalizado para el análisis de todos los ciudadanos del
país.

Estas son solo algunas medidas que permitirían al Presidente
contestar sus propias preguntas e ironías en cuanto a las discrepancias entre el
numero elevado de campos de concentración, los miles de crímenes cometidos
durante el proceso, y el número ridículamente bajo de unos pocos centenares de
enjuiciados, condenados y encarcelados. Todo lo demás no es sino demagogia vacía
de todo contenido.

La hipocresía de la “democracia”

Debemos terminar con la hipocresía de los discursos o informes
impactantes que no estén acompañados de acciones concretas, o de hacer actos
para inaugurar museos de la “memoria”. Es necesario indicar con toda claridad
que, hasta ahora, la democracia de los ricos se ha encargado de frustrar todo
intento por establecer la verdad y condenar a los culpables. Desde Alfonsin que
promulgó el Punto Final y la Obediencia Debida, pasando por Menem que extendió
los perdones a todos los culpables, De La Rua que los instituyó y extendió, a
Kirchner que sigue el curso, aunque con frases demagógicas.
La “democracia” no cumplió con la tarea de defenderse frente a
los atropellos de los militares y las bandas fascistas. Más aun, muchos de los
asesinos han sido reciclados como lo prueba el caso del agente de la SIDE Raúl
Guglielminetti que, de torturador del Olimpo y Orletti, se recicló en
guardaespaldas de Alfonsin. El gobierno de Menem, De La Rua y Duhalde, y hoy
Kirchner, dan tareas de espionaje e inteligencia a centenares de cuadros del
Proceso. Muchos otros están al frente de empresas de seguridad privadas, muy
lucrativas, que contratan los monopolios, bancos y corporaciones a sabiendas que
ayudan a sostener un andamiaje de criminales y asesinos.
La prensa hace su parte también, insistiendo en la falsedad
número uno de que la “guerra sucia” fue de persecución exclusiva o casi
exclusiva de las organizaciones guerrilleras, cuando más del 80% fueron
activistas sindicales, militantes de partidos de izquierda, intelectuales,
profesionales, defensores de los derechos humanos y también miles de miembros de
los partidos “democráticos” cuyos dirigentes hoy los olvidan o traicionan.
La represión y la “guerra sucia” la libró el ejército y un
puñado de empresarios multinacionales con la aprobación de la embajada de EEUU
contra todos los trabajadores y el pueblo. No era el peligro de una guerrilla
(ya derrotada en 1976) lo que trajo el golpe, sino la incapacidad del gobierno
peronista de Isabel, acorralada por el movimiento obrero y sus luchas y
prisionera ya de los designios de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo
que precipitó la tragedia.
Hebe Bonafini, Estella de Carlotto, las organizaciones de
Derechos Humanos y otras organizaciones que adulan al gobierno y compran su
propaganda barata de “política de Derechos Humanos” están haciendo a la causa de
la verdad, memoria y castigo un daño tal vez irreparable. No será promulgando
feriados para recordar el 24 de Marzo como se lograra la justicia, sino
identificando, enjuiciando y castigando a los 30.000 asesinos que caminan entre
nosotros. De lo contrario, el “Nunca mas” podría volverse un “Tal vez, otra vez.
La única manera de lograrlo es poniendo en marcha un amplio
proceso de movilización que imponga la formación de Jurados Populares
(encabezados por las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos)
para llevar adelante todas las tareas de investigación y el juicio y castigo de
los asesinos de la dictadura y de todos sus cómplices militares y civiles.


Disolución de las FF.AA.

Los responsables del Proceso no fueron solo los comandantes, con quienes
colaboró un pequeño grupo de oficiales, sino el conjunto de las Fuerzas Armadas,
cuya estructura política y militar sufrió reveses, pero sigue existiendo, ya que
es una creación y necesidad de la clase dominante. Las Fuerzas Armadas son los
mastines encadenados que mantienen en reserva los poderosos para cuando los
otros métodos de contención social no funcionan. Periódicamente, como en 1976,
soltarán esos perros para derrotar a la clase trabajadora y el pueblo cuando se
salgan de los límites impuestos por los empresarios que dominan la sociedad.
Los dirigentes políticos y empresarios pueden opinar que hubo algunos excesos
y que las FF.AA. fueron un poco mas allá de lo ordenado por otros como ellos. Es
lo que habitualmente sucede cuando uno libera de sus cadenas a los perros
guardianes. A veces hasta muerden la mano de quien los alimenta. Llegado el
momento, sin embargo, esos mismos burgueses no dudarán en convocar a sus perros
guardianes nuevamente. Ahora, esperando esa nueva oportunidad, han decidido
retirar los efectivos a cuarteles de invierno para preservarlos para el futuro.
Por eso Kirchner está aumentando el presupuesto a las FF.AA. y armando hasta los
dientes a Gendarmería y la Policía Federal.
No se puede reformar lo que está podrido por dentro
No se pueden reformar instituciones que han sido carcomidas de adentro hacia
fuera y, como agravante, no sirven ninguna función, mas allá de ser fuerzas de
choque de la clase dominante. Ha llegado el momento, entonces, de disolver estas
fuerzas anacrónicas, manchadas de sangre, que cuestan al estado cientos de
millones de manutención de un aparato de holgazanes, derechistas trasnochados e
incompetentes de la peor calaña. No existe un solo argumento a favor de
preservarlas. A los que objeten que son necesarias para la defensa de las
fronteras: fracasaron en Malvinas y seguramente una Guardia Civil, con oficiales
electos y estructuras democráticas controladas por los trabajadores y el pueblo
(con absoluta prescindencia de intervención en política o el orden interno)
podrían hacerse cargo de esas tareas.
No disolverlas sería un suicidio colectivo retardado, ya que, tarde o temprano
volverán a ser utilizadas para lo único que han sabido hacer: aniquilar
activistas y corromper la sociedad, derrocar gobiernos constitucionales,
sirviendo como lo hicieron en el Proceso a planes económicos reaccionarios de
sus amos. Comencemos desde ya la campaña y el debate nacional. Que se disuelvan
las fuerzas armadas, la Gendarmería, el Ministerio de Defensa y todos los
organismos de seguridad interior!






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