En Madrid, a 13 de junio de 2003.

    El Gobierno estatal, y los sucesivos equipos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT), no han conseguido articular una buena política científica en los años de su gobierno. La creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha servido más que para aumentar los problemas burocráticos, a la vista de los resultados. Hemos conocido dos ministros, y hemos asistido a varias dimisiones de cargos importantes aparentemente motivadas por la inmovilidad a la que estaban sometidos. Ha habido retrasos intolerables en la adjudicación y en los pagos de proyectos y becas. Además, una cuantiosa parte del presupuesto que no se ha llegado a gastar, en un departamento muy necesitado de inversiones. El porcentaje del PIB destinado a Investigación y Desarrollo civil y militar en nuestro país (0,96 %) es el más bajo de los países de la OCDE, está por debajo de la media de la UE (1,94 %), y aún muy lejos del 3 % como media común que la UE, en la cumbre de Lisboa, se marcó como objetivo para el 2010.

    Declaramos que esta falta de atención por la ciencia en España afecta de manera muy importante al capital humano dedicado a investigación. Dentro de éste, se encuentra especialmente perjudicado el llamado Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento (PIFP) o, atendiendo a la denominación de la  UE, los Investigadores en Fase Inicial (IIFI= Early Stage Researchers, ERSs). Los IIFI son un colectivo heterogéneo, en el que se incluyen titulados universitarios que realizan una tesis doctoral bajo situaciones muy variadas (becados, con contratos que no reflejan su dedicación ni titulación, o sin remuneración regulada), investigadores ya doctores, y otras figuras no muy bien delimitadas. Este colectivo representa en muchos centros de investigación más de la mitad del personal investigador total. Además, aproximadamente en la mitad de los artículos científicos españoles publicados en revistas de prestigio, el primer firmante es un IFI¹. Por tanto, llevan a cabo una labor básica en el sistema científico de este país. A pesar de ello, las autoridades estatales y también la generalidad de las autonómicas persisten en mantener a estos profesionales en una situación que les niega cualquier relación jurídico-laboral con el organismo en el que trabajan, sin la mayoría de los derechos sociolaborales que tiene cualquier trabajador de este país, camuflando una relación laboral de hecho mediante becas de formación. Desgraciadamente esta situación se prolonga en la mayoría de los casos durante 6 y hasta 10 años, alternando frecuentemente con períodos más o menos largos en los que no se recibe ningún tipo de remuneración. Si  además se analiza la situación de los IIFI en los países de nuestro entorno, queda patente que España se encuentra a la cola del resto de Europa (The situation of the Early Stage Researchers in Europe, FJI-Precarios y Eurodoc).

    Queremos señalar también que las propuestas del Gobierno a este respecto han sido concebidas con poco acierto y ninguna seriedad, y todavía no han sido ejecutadas. Desde hace tres años, la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI-Precarios), organización que representa y defiende a los IIFI, así como otros grupos preocupados por este mismo colectivo, han realizado continuas reivindicaciones y aportación de datos sobre la situación y producción científica de este colectivo. Como respuesta, y de manera unilateral, el Gobierno central anunció en la prensa en noviembre de 2001 la elaboración de un Estatuto que regularía la figura del becario de investigación, concediéndole sólo algunos de los derechos laborales que un contrato laboral contempla per se. A pesar de que el gobierno no ha perdido ocasión de anunciar públicamente la inmenente aprobación del documento^{2, 3, 4, 5}, este Estatuto, que aunque mejoraría la situación no convence a los afectados, sigue circulando entre los Ministerios sin aprobarse. Teniendo en cuenta que este documento ha sido calificado de solución rápida provisional, consideramos esta demora absolutamente intolerable. La explicación, por parte del Gobierno, de que el retraso se debe a la necesidad de aunar voluntades entre los distintos Ministerios integrantes de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICyT), es claramente una mala excusa, habida cuenta de que según responsables de algunos de estos Ministerios, en un asunto como éste la CICyT sigue la pauta del MCyT. Incluso algunas Administraciones Autonómicas han expresado su deseo de adherirse a este Estatuto aun sin obligación legal, no sin criticar previamente la no inclusión de todos los derechos laborales en el borrador elaborado por el MCyT.

    Creemos importante destacar además la escasa disposición para el diálogo de los responsables del MCyT: a pesar de que el colectivo de los IIFI es el más afectado por la posible puesta en vigor de este documento, en ningún momento se ha contado con la FJI-Precarios para la elaboración y modificaciones del documento por parte del MCyT, y la información proporcionada ha sido muy deficiente. De hecho, tras reiteradas peticiones del texto del documento, sólo hemos tenido acceso a él a partir de terceros, y las detalladas sugerencias que se hicieron sobre el mismo al MCyT y a petición de éste, no han sido consideradas. Todo ello a pesar de que el contenido del Estatuto tiene claras y graves deficiencias, puesto que no reconoce derechos tan básicos como la cotización para el desempleo o las vacaciones, y deja a los IIFI fuera del amparo del Estatuto de los Trabajadores (y lo que esto conlleva a efectos de representación sindical, participación en los órganos de gobierno de los centros de trabajo, etc.).

    Por último, queremos denunciar la situación aún más grave en la que se encuentra un grupo de IIFI: los investigadores postdoctorales, que tras alcanzar el mayor grado de formación reconocido por la universidad española, desarrollan su actividad a veces sin cobrar y en la mayoría de los casos con becas. Dado que existe unanimidad clamorosa en la toda la comunidad científica española en que todos los investigadores postdoctorales deben estar contratados y cuando, además, todos los partidos políticos (incluido el Partido Popular) y los sindicatos han manifestado la necesidad de transformar las becas postdoctorales en contratos laborales, no se explica que el Gobierno apenas haya hecho nada por impulsar medidas que cambien el panorama actual. En este sentido, la única contribución del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido la presentación del programa Ramón y Cajal para que un reducido número de investigadores (de 35 años de media y una larga experiencia postdoctoral) opten al "privilegio" de tener un contrato similar a un contrato en prácticas durante los siguientes cinco años y sin prever su posterior incorporación al sistema laboral de investigación. Conviene recordar que este programa, si bien en el crudo panorama actual no puede calificarse más que como un avance, ha publicado ya su última convocatoria sin que la comunidad científica española sepa qué va a ocurrir en el futuro con la reincorporación de doctores al sistema científico español.

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Por todo ello, y tras recibir constantemente promesas que no se cumplen y constatar la desidia de las autoridades en esta área, la FJI-Precarios convoca una manifestación de protesta, (lugar y hora),  para que:

- Se regule de una vez la figura del IIFI a través de la sustitución del actual sistema de becas por uno de contratos laborales con todos los derechos sociales, y sin que ello repercuta en una disminución del personal dedicado a la investigación.

- Se promulgue una legislación de mínimos mediante un documento que sea aplicable en organismos públicos y privados, para acabar con la innecesaria e injusta heterogeneidad laboral de este colectivo.

- Se aumente el presupuesto dedicado a investigación científica en España, tanto en recursos humanos como en dotaciones para infraestructuras y proyectos, que permita articular una red de investigación y desarrollo a la altura de los países más avanzados.

¹ Estudio bibliométrico de la producción científica del Personal Investigador en Formación y Perfeccionamiento en España. Comisión de Documentación de la Federación de Jóvenes Investigadores – Precarios.
² Intervención de la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, en el Pleno del Senado el 22 de mayo de 2002. Diario de Sesiones del Senado, año 2002, VII Legislatura, Núm. 91.
³ Intervención del diputado Tomás Burgos en el Pleno del Congreso de lo Diputados el 10 de diciembre de 2002. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, año 2002, VII Legislatura, Núm. 212.
⁴ Intervención del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en el Pleno del Senado el 7 de mayo de 2003. Diario de Sesiones del Senado, año 2003, VII Legislatura, Núm. 135.
⁵ Intervención del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de mayo de 2003. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, año 2003, VII Legislatura, Núm. 245.