El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) como normativa reguladora de los Investigadores

en Fase Inicial (IFI) (1) supuso un pequeño pero importante paso en la dignificación de la situación de estos

investigadores. Pero como de leyes se trata, quien hace la ley hace la trampa, y el Gobierno dejó

conscientemente a numerosos investigadores fuera de la cobertura protectora de esta ley, traicionando el pacto

firmado con la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI) en Junio de 2005 (2). En concreto, se

excluyó a los IFI que obtienen su salario directamente de un proyecto de investigación. En estos casos, el

Investigador Principal de un proyecto de investigación dispone de una cantidad de dinero para desarrollarlo,

con el que beca a un IFI para trabajar para el proyecto. Este trabajo - que también puede conducir a una tesis

doctoral - es claramente productivo ya que repercutirá en un beneficio directo para el proyecto de

investigación.

Mientras que en el pacto FJI/Gobierno se indicaba que todos los investigadores becados deberían cotizar a la

Seguridad Social, en la versión aprobada por el Gobierno se limitó su aplicación a las ayudas conducentes

explícitamente a obtener el doctorado. De esta manera se traicionaba no sólo el pacto con la FJI, sino también

el programa electoral del PSOE, que prometía la "incorporación inmediata de todos los becarios de

investigación a la SS". El PSOE permitió así que perviviera el limbo legal en el que encuentran cobijo estas

fórmulas de contratación laboral encubierta, que ofrecen unas condiciones vergonzosas, sin ningún tipo de

derecho laboral, y con todas las obligaciones de un trabajador.

Estos investigadores, actualmente, no tienen derecho a la prestación por desempleo, lo cual se agrava por la

inestabilidad laboral inherente a estas ayudas, que hace que muchos investigadores encadenen varias ayudas de

unos pocos meses de duración, con interrupciones entre ellas. En el caso de que alguna investigadora en esta

situación decidiera formar una familia, al no tener baja por maternidad, durante los meses en que no pudiera

trabajar debería vivir de sus ahorros, conseguidos con un salario que en la mayoría de los casos no llega al de

un mileurista. Estos investigadores no tienen ni siquiera derecho a una baja por enfermedad, y, en el caso

desgraciado de que alguno sufriera un accidente laboral que lo incapacitara, quedaría totalmente desprotegido.

Sin embargo, sí tienen que cumplir con las obligaciones de un trabajador, como pagar el IRPF, y los resultados

de su trabajo se computan a la hora de estudiar la productividad de sus centros de trabajo.

Desde nuestra Federación consideramos inadmisible esta situación por la fuerte discriminación que ha creado

entre investigadores que realizan el mismo trabajo (y en su mayoría realizan el doctorado) independientemente

del origen de su financiación. Esta situación, además, es contraria a las recomendaciones de la Unión Europea,

concretadas en su Carta Europea del Investigador y Código de conducta para la Contratación de Investigadores

(3). En dichos documentos se estipula que todos los investigadores deben ser considerados profesionales y, por

tanto, estar dotados de una adecuada cobertura social.

Mientras que algunas Universidades, como la Pública de Navarra, y centros de investigación, como el CSIC,

han adoptado normativas internas que obligan a que estas ayudas se conviertan en contratos laborales, en la

mayoría de los casos estas ayudas siguen en el limbo legal. Por este motivo, la FJI ha iniciado una campaña

para intentar que todas las Universidades y centros de investigación adopten normativas similares. Al mismo

tiempo, la FJI denuncia esta situación en la que se encuentran numerosos investigadores, que lejos de

beneficiarse de los escasos avances conseguidos en la mejora de la situación laboral del personal investigador,

se encuentran en una situación absoluta de desprotección social.