Abundando un poco más sobre el tema, del cual fui testigo en el centro de Santiago, reproduzco lo que aparece en el libro "Chile en el Siglo XX". No agrega mucho a lo expuesto por José del Pozo, pero demuestra que la fecha no está completamente olvidada. Pienso, sí, que fue un hecho aislado, reprimido en forma violenta y que, en definitiva, no tuvo consecuencias políticas.

     A raíz de una de las políticas recomendadas por la misión
  Klein-Saks consistente en una ley de estabilización, apoyada
  liberales y conservadores, se generó un gran descontento
 popular. Esto se vio agravado por un alza en las tarifas de la
  locomoción, frente a lo cual los trabajadores y estudiantes
  reaccionaron con movimientos de protesta encabezados por
  la Central Unica de Trabajadores (CUT) y por la Federación
  de Estudiantes de Chile (FECH). Pero el movimiento de protesta
  comenzó a tomar un ritmo cada vez más violento hasta que el 2 de abril
  de 1957 -como relata R.A. Gumucio, uno de los testigos- “comenzaron a
  actuar bandas de asaltantes cuya extracción social no era posible
  identificar... Se produjeron asaltos a parques y jardines, comisarías, etc.,
  y ya en la tarde  se destruyó el alumbrado público y se intentaron asaltos
  al  Congreso, La Moneda y Tribunales".  Como reacción el Gobierno
  decretó estado de sitio y convocó a  los jefes de los partidos a una
  reunión en la cual el Ministro del Interior, Benjamín Videla, solicitó el
  apoyo para un proyecto de ley que le concediera al poder ejecutivo
  facultades extraordinarias.
  El proyecto fue aprobado por los parlamentarios oficialistas, la Derecha
  y la Falange Nacional, en tanto que se opusieron los parlamentarios
  radicales y del FRAP.
  Concedidas las Facultades Extraordinarias, el Presidente de la
  República podía hacer arrestos sin orden judicial, suspender reuniones 
  públicas, censurar la prensa y allanar casas sin autorización judicial.
  Lo sorprendente fue, sin embargo, que antes de diez días de concedidas
  las facultades extraordinarias y mientras se debatía en la Cámara de Diputados
  la forma en que se estaban aplicando, el Ministro del Interior, que asistía a la sesión,
  informó que el Gobierno estimaba a esas alturas que la ley era innecesaria ya que
  la paz y la tranquilidad habían vuelto al país y que el Gobierno tenía controlada la situación.  
  La declaración ministerial fue considerada una burla por los parlamentarios opositores
  que habían apoyado la aprobación de la ley, y en pocas horas se tramitó el proyecto de derogación.
  Era otro de los acontecimientos inexplicables de la política ibañista que contribuía a su deterioro.

Marcos Beiger