el_mundo





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Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151.
OPINION
EDITORIAL
Diez magistrados que no merecen ninguna piedad

LOS MIEMBROS del jurado que aparecen en la famosa película de Sidney
Lumet, Doce hombres sin piedad, tienen en sus manos la decisión sobre la vida de
un hombre que puede ir a la silla eléctrica. El veredicto es muy difícil porque
los hechos no están claros, pero cumplen con su obligación tras un apasionado
debate. La realidad no imita a la ficción, porque los 10 magistrados del Alto
Tribunal que tienen que fallar sobre el recurso del PP contra el Estatuto de
Cataluña que puede matar a la España constitucional llevan tres años
deliberando, sin llegar a ninguna conclusión.

EL MUNDO publica hoy que la precaria mayoría de seis a cuatro construida
sobre el último borrador de la sentencia se ha roto el pasado lunes. Ese día, la
ponente Elisa Pérez Vera presentó la última versión del tercer borrador, del que
había suprimido más de 100 páginas de fundamentos jurídicos. Varios magistrados
se opusieron a la eliminación de esa parte, que, según su parecer,
desnaturalizaba el fallo al privarle de criterios interpretativos.

Los atónitos letrados del Constitucional se han enterado de que la
presidenta María Emilia Casas no tiene «ninguna prisa» en rehacer ese tercer
borrador que refuerce los fundamentos jurídicos de la sentencia. Ello impedirá
con toda probabilidad que el fallo esté listo a finales de este mes, como estaba
previsto y se había filtrado en algunos medios de comunicación.

¿Habrá sentencia en septiembre? ¿Tal vez en octubre? ¿O antes de las
Navidades? Nadie se atreve a pronosticar una fecha, ya que el retraso del
Constitucional ha superado todas las previsiones. Baste un solo dato: su
presidenta María Emilia Casas y otros tres miembros finalizaron su mandato legal
en enero de 2008, pero ahí siguen. Ni PSOE ni PP se atreven a iniciar los
trámites de renovación del Constitucional para no provocar nuevas demoras en
este asunto.

Estamos sencillamente ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones
institucionales por parte de estos 10 magistrados, que, en lugar de dar ejemplo
de responsabilidad, están demostrando una incapacidad vergonzosa para estar a la
altura de las elevadas funciones que tienen encomendadas.

Mientras ellos siguen ajenos a «la agenda política», como dijo hace unas
semanas María Emilia Casas, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una Ley de
Educación que impide a los padres educar a sus hijos en castellano y el Consejo
de Política Fiscal ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica,
dictado y condicionado por el Estatuto de Cataluña.

Tres años después de su aprobación como ley orgánica por el Parlamento, el
Estatuto se ha plasmado en decenas de leyes y decretos de la Generalitat de
Cataluña en todos los ámbitos: del comercio a la enseñanza, de la justicia a la
organización territorial. Cada día que pasa se hace más difícil deshacer este
corpus legal basado en el Estatuto, que va impregnando progresivamente los
comportamientos de la sociedad catalana.

La información que hoy publica EL MUNDO apunta a que los magistrados del
Tribunal Constitucional llevan muchos meses trabajando en una sentencia
interpretativa, que declararía inconstitucionales unos pocos de los 114
artículos recurridos por el PP, pero establecería unos criterios jurídicos para
interpretar los demás dentro de la Constitución.

En este sentido, la última ponencia consideraba que la utilización del
término «nación» en el preámbulo del Estatuto de Cataluña no es inconstitucional
porque se trata de la expresión de un sentimiento que no surte efectos
jurídicos. Tampoco declaraba inconstitucionales los artículos referentes al uso
obligatorio del catalán en la enseñanza y en la Administración autonómica,
precisando que ello debe ser compatible -menuda tomadura de pelo- con el respeto
al uso del castellano.

Si el fallo del Constitucional se produce en estos términos, estaremos
ante un fraude jurídico en toda regla, ya que no es posible dejar al albur de la
interpretación decenas de artículos del Estatuto que contradicen abiertamente y
de manera expresa lo que dice nuestra Carta Magna. Por ejemplo -para muestra un
botón-, el artículo 110, que señala que las normas de la Generalitat
prevalecerán sobre las del Estado en materia de competencias exclusivas, lo que
supone cuestionar el principio de soberanía nacional que fundamenta la
Constitución española.

Si los jueces del Constitucional no llaman a las cosas por su nombre para
no quedar mal ante el Gobierno de Zapatero y sus aliados nacionalistas, van a
abrir un nuevo periodo de incertidumbre en el que el propio Tribunal tendrá que
dirimir durante años continuos recursos contra las leyes y disposiciones de la
Generalitat.

Más les valdría hacer una sentencia clara y coherente con los principios
que han jurado o prometido defender. Pero no hay razones para ser optimistas.
Los tres años transcuridos ya indican el escaso entusiasmo del Alto Tribunal por
mojarse en un asunto del que depende el modelo de Estado. La falta de prisa de
María Emilia Casas sugiere que sigue apostando por camuflar la inconcreción en
los hechos consumados. Estos magistrados no merecen, pues, ninguna piedad y se
habrán ganado los peores reproches si, además de hacer su trabajo tarde,
terminan haciéndolo así de mal.



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Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151.
ESPAÑA
MODELO DE ESTADO / El futuro del 'Estatut'
Casas quiere una sentencia sin prisas

El último proyecto presentado por la ponente ha provocado las críticas de
la mayoría - Varios de los magistrados que iban a firmar la resolución han
retirado ya su apoyo
VICTORIA PREGO
Madrid


El tapiz se ha deshecho de nuevo. En el Tribunal Constitucional ha vuelto
a romperse la delicada mayoría que había logrado apuntalarse después de meses de
deliberación sobre el Estatut. Pero la presidenta del Tribunal, María Emilia
Casas, ha hecho saber a sus colaboradores que no hay «ninguna prisa» para
elaborar un nuevo proyecto de sentencia que logre el apoyo suficiente de los
magistrados.

Ha sido la tercera propuesta la que ha desatado la caja de los truenos y
al menos dos de los jueces que habían aceptado inicialmente poner su firma en la
resolución de fondo -que, aun declarando inconstitucionales en el fallo pocos
preceptos, ponía a salvo en los fundamentos jurídicos las competencias del
Estado- se han negado a respaldarla.

El magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado
dispuesto a a sumar su voto a los defensores de esta sentencia
interpretativa-manipulativa, fue el primero que se plantó el pasado lunes y se
negó en redondo a apoyar la propuesta que se le había puesto delante de los ojos
y que consideró «intolerable». El voto de Jiménez era precisamente el que iba a
componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a
la resolución.

Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría
quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad
de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido
favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras
cosas porque esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de
primera magnitud.

Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que
también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto si se aceptaban
determinadas reclamaciones por su parte para que se llevara al fallo alguna
cuestión llamativa pero no conflictiva, se ha negado igualmente a votar a favor
del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que
habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal
salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia
mayoría. Incluso dos de los jueces pertenecientes al llamado sector progresista
como son Manuel Aragón y Pascual Sala han transmitido igualmente a sus
compañeros su opinión extremadamente crítica sobre el proyecto.

La razón de este revuelo inesperado está en que en este último borrador
presentado por la ponente Elisa Pérez Vera se ha metido tal cantidad de tijera a
los fundamentos jurídicos y los ha despojado tan rotundamente de citas de
jurisprudencia, que ha dejado el proyecto dramáticamente desguarnecido y carente
de la solidez jurídica exigible. De ese texto casi ha desaparecido la doctrina,
de modo que se ha convertido en una sentencia puramente decisionista, lo que en
el lenguaje de la calle significa más o menos «esto es así porque lo digo yo» y
por ninguna otra cosa.

En esas condiciones los consensos han saltado por los aires. Incluso
podría decirse que ha habido casi un conato de sublevación. Cuando todo parecía
estar ya pactado en lo esencial.

El resultado es que esta tercera propuesta de sentencia ha resultado
definitivamente inadmisible para una mayoría de magistrados que, a finales de la
semana pasada, estaban dispuestos a estampar su firma en una sentencia que,
aunque llevando muy pocos preceptos al fallo declarándolos inconstitucionales,
se apoyaba ampliamente en los fundamentos jurídicos para dar la vuelta a una
parte importante del articulado salvaguardando así la competencia del Estado.

El procedimiento ya ha sido descrito por EL MUNDO: en los fundamentos
jurídicos se interpretaba que algunos de los preceptos no dicen en el fondo lo
que en realidad sí dicen; se dejaba sin sentido la letra de otros muchos
añadiéndoles la cláusula de que no vinculan al Estado o la afirmación de que lo
contenido en el artículo se puede admitir pero «sin perjuicio de» la competencia
del Estado en esa materia.

Pero sucede que lo que ha quedado tras «aligerar» la sentencia en más de
100 folios ha resultado un bodrio, dicho esto en román paladino. Es decir, que
no es que se haya «aligerado» el texto, protestan sus señorías, es que se ha
«cortado» y que lo que resulta de ese corte es una pieza jurídicamente
indigerible. Traducido de nuevo al lenguaje de un lego, el texto resultante
podría estar más cerca de una ponencia política que de la sentencia de un
Tribunal Constitucional. Y por eso ni siquiera los inicialmente partidarios de
no tocar demasiado el Estatut estarían ya dispuestos a apoyar este proyecto.

Así que todo se ha ido abajo. Para empezar, tras el revuelo organizado a
la vista del texto del tercer borrador, el pleno convocado para el lunes pasado
fue suspendido. Hubo, eso sí, varias reuniones de magistrados pero la reunión
plenaria, que habría durado varios días para examinar la sentencia completa
sobre el Estatuto entero, no tuvo lugar.

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido con gran
incomodidad esta rebelión de los magistrados, algunos de los cuales estarían
incluso dispuestos a aceptar que se designara un nuevo ponente. Eso no ha
ocurrido, pero lo que sí es cierto es que varios letrados del TC están ahora
mismo elaborando nuevas notas sobre los puntos más conflictivos del proyecto.

Y aquí viene lo asombroso: convencidos de que el encargo que recibían de
la presidencia era de la máxima urgencia, y dispuestos ya a trabajar a uña de
caballo, los letrados - profesores universitarios y magistrados, es decir,
auténticos estudiosos y expertos en las materias de las que se ocupan- han
sabido que la presidenta del Alto Tribunal se enfrenta «sin ninguna prisa» a la
resolución de este nuevo obstáculo para la tan esperada sentencia. ¡Sin ninguna
prisa!

Y, sin embargo, no todo está perdido. Los días que quedan de la semana
presente sí que están echados a perder y en las dos semanas que restan para que
termine julio, vista la «ninguna prisa» expresada por la presidenta, no debemos
esperar la fumata blanca antes de agosto. O de septiembre.

Pero no todo está perdido porque el contenido esencial del proyecto de
sentencia se mantiene. Lo que se negoció, negociado está. Y lo que va al fallo
sigue yendo al fallo. Sólo los fundamentos jurídicos han de ser rescatados y
apuntalados con la doctrina jurisprudencial imprescindible. Es verdad que, con
ese corta y pega implacable, la ponente ha destrozado la coartada jurídica de
los reticentes y, en consecuencia, ha destruido también el consenso. Pero si se
pretende recuperar el pacto y facilitar la coartada de quienes, siendo muy
críticos con la fórmula con la que se iba a envolver el varapalo al Estatut,
estaban dispuestos a respaldarla, hay que desandar lo andado.

Este es el trabajo que ahora tienen por delante los letrados del alto
tribunal que probablemente se vean en la necesidad de regresar al segundo
borrador y empezar de nuevo a perfilar desde ahí la redacción definitiva de esta
sentencia de nunca acabar.


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Viernes, 17 de julio de 2009. Año XXI. Número:7.151.
ESPAÑA
EL REVÉS DE LA TRAMA
Una chapuza
JUSTINO SINOVA
En tres semanas se cumplirán tres años de la vigencia del nuevo Estatuto
de Cataluña y aún el Tribunal Constitucional no ha logrado pronunciarse sobre
los siete recursos presentados contra él, sino que además parece que habrá que
seguir esperando un tiempo a que sus señorías los magistrados elaboren su
sentencia. Lo menos que se puede decir -y se dice- de este retraso en la
fijación de la legalidad de una norma que se está aplicando es que resulta una
chapuza que desacredita a una alta institución y que mantiene sobre la eficacia
de la Constitución una sombra de inquietud. Con tal dilación inconcebible,
quiebra la misión confiada al Tribunal de asegurar la adecuación de toda norma a
la letra constitucional y se malgasta un instrumento defensivo de la legalidad.

Un efecto de la incertidumbre que provoca ese entumecimiento operativo lo
sufre España estos días: de acuerdo con la ley recurrida, el presidente del
Gobierno ha negociado bilateralmente con la Generalitat catalana la financiación
autonómica y ha elaborado un nuevo modelo que parte de la cuota previamente
pactada y que condiciona los fondos adicionales que las demás comunidades
recibirán del Estado. ¿Qué pasaría si el Tribunal sancionara inconstitucional
esta precedencia de la Generalitat? Habría que empezar otra vez, con la tensión
y la inseguridad que el nuevo proceso generaría. Aunque la pregunta que muchos
se formulan es esta otra: ¿Se atreverá el Tribunal a poner patas arriba el
proceso ya consumado o cederá ante la desigualdad introducida en la España
autonómica por el Estatuto catalán y ultimada por el jefe del Gobierno? Es
evidente que esta pregunta contiene la sospecha de que el Tribunal se achicará,
o sea, la falta de confianza en su firmeza. Pero el Tribunal se la está ganando.

Claro que, en estas circunstancias, Rodríguez Zapatero podría haber optado
por encauzar con normalidad democrática el proceso y por demostrar que sus
promesas de diálogo y de transparencia iban en serio. En vez de pactar con el
principal partido de la oposición, en vez de convocar a todas las comunidades a
estudiar la financiación, en vez de explicar a los ciudadanos lo que va a hacer
con sus dineros, en vez, en fin, de aplicar el principio democrático de la luz y
los taquígrafos, ha preferido apoyarse en su propio grupo y negociar con
pequeños partidos, como ERC, que creen en el dinero pero no en España, para
asegurar andamios personales a su política. Ha sido un espectáculo indecoroso el
ofrecido por un Gobierno que subasta contingentes de dinero, como si fuera suyo,
mientras los órganos colectivos de la democracia han de limitarse a esperar el
resultado de las maniobras.

Yo me he acordado estos días de una vieja tira del humorista argentino
Quino en la que se ve a Mafalda que consulta en el diccionario la palabra
democracia y cuando lee la definición -«predominio del pueblo en el gobierno
político de un Estado»- estalla en una risotada incontenible. La verdad es que
aquella carcajada quería ser más bien un lamento, como el que provoca este
monumento a la chapuza que han erigido un Tribunal que no logra salir de su
encierro y un político para el que no existen límites.



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absurdarevolucion@...











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