emos la lucha y la esperanza! ¡Globalicemos la solidaridad!

Carta abierta al Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez

Berna, Bruselas, Wuppertal 20 de agosto del 2004.

Señor Presidente:

Desde hace muchos años observamos desde Europa, con gran pena e
indignación, la situación política y social en Colombia. Solamente en
los últimos años ha habido más de 500 asesinatos de sindicalistas. Los
sindicatos suizos y alemanes hemos constatado sobre el terreno, la
sistemática persecución y violencia ejercida contra las organizaciones
sindicales y sociales colombianas.

Hemos tenido conocimiento, a través de la CUT, varias ONG y
organizaciones que se ocupan de los derechos humanos, del asesinato de
tres líderes sindicales el pasado 5 de agosto en el caserío de Caño
Seco municipio de Saravena en Arauca. Se comunica que Héctor Alirio
Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto han perdido la vida, según
nuestras informaciones, a manos del Ejército colombiano. Además nos
informaron de la detención de Samuel Morales, Presidente regional de
la CUT, y Raquel Castro, dirigente sindical de ASEDAR, sindicato del
magisterio.

Con mayor preocupación aún, observamos las declaraciones de mandos
militares y del señor Vicepresidente de la República, Francisco
Santos, que justifican los asesinatos amparándose en la existencia de
procesos judiciales contra las víctimas, obviando de plano que éstas
contaban con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Hemos conocido personalmente a algunas de las víctimas y podemos
constatar los esfuerzos que realizaban en favor de sus organizaciones,
de la defensa de los derechos humanos, y así han sido portavoces de
las comunidades araucanas en las numerosas movilizaciones, marchas y
paros cívicos. Señor Presidente, la urgencia moral y la obligación
constitucional de esclarecer los hechos exigen determinar
responsabilidades y castigar a los culpables. Por esto se necesita una
investigación imparcial con participación internacional que esclarezca
la verdad y cumpla con las demandas de justicia y reparación de este
execrable crimen. Solicitamos adicionalmente, Señor Presidente, que la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Colombia y otras organizaciones humanitarias nacionales e
internacionales, sean invitadas a formar parte de esa comisión.

Luto e ira nos conmueven pensando en estos tres hombres, sindicalistas
valientes, que dejan sus familias y su gente. Estos asesinatos quieren
destruir el tejido de las organizaciones sindicales y sociales, pero
no lo lograrán. Por último rechazamos el evidente complot contra la
CUT que muestra claramente las deficiencias democráticas en su país.
Exigimos la libertad inmediata de Samuel Morales y Raquel Castro y que
no se produzca ni una muerte más.

Vasco Pedrina, Presidente del Sindicato de la Construcción e
Industria, GBI, Suiza

Paul Rechsteiner, Presidente de la Unión Sindical Suiza, SGB

Paul Lootens, Secretario Federal de la Central General Belga FGTB

Ulrich Franz, BaSo-Chemiekreis de Alemania

Bea Sassermann, Dirigente sindical en la Empresa Bayer de Alemania

¡Basta con los asesinatos de sindicalistas en Colombia! VOZ

Esta carta no quiso ser publicada en el diario El Tiempo, a pesar de
que sus autores pagaban la publicidad.



Crisis humanitaria en Mesitas del Colegio

El pasado 20 de agosto se reunió en el municipio de Mesitas del
Colegio, Cundinamarca, la Segunda Mesa Deliberatoria sobre Derechos
Humanos, por convocatoria del alcalde Germán Rincón, el Secretario de
Gobierno, el Concejo Municipal, la Personería y el Movimiento
Cívico-popular de Mesitas. El objetivo era discutir sobre la grave
crisis de derechos humanos que afecta la región.

Estuvieron presentes, además de delegados de la Defensoría del Pueblo
de Cundinamarca, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos, la ONG Reiniciar, los rectores de varios colegios y miembros
de la comunidad de varias veredas y corregimientos del municipio.

El informe presentado por el Secretario de Gobierno expresa que
durante los últimos seis años han sido asesinadas más de 220 personas,
entre ellas varios líderes políticos y sociales de la región, en medio
de una situación de violencia creciente y de la militarización local.
Desde 1.998 las autoridades locales y las organizaciones sociales han
dirigido las quejas a las diversas instancias de la justicia, a las
autoridades departamentales y el Gobierno Nacional sin que hayan
logrado ningún tipo de pronunciamiento oficial. Hasta hoy, todos los
crímenes están en la más absoluta impunidad.

Nadie entiende por qué los grupos paramilitares, procedentes del
Casanare y el Urabá cordobés, han llegado y operan criminalmente en el
municipio de una manera tan libre, en medio de los operativos y
retenes militares en toda la región. Hicieron un llamado al señor
Sergio Caramagna, delegado de la OEA, para que verifique las
atrocidades de estos grupos contra la población civil. Denuncian que
las hostilidades de la Fuerza Pública se han dirigido contra la
población, como ocurrió días después del asesinato de Benedicto
Caballero, ocurrido el 21 de julio, en el que el sargento González
agredió a algunos líderes sociales diciéndoles que "... a todos los
que estuvieran untados les iba a ocurrir lo mismo que a Caballero".

Los representantes de los centros educativos señalan que la situación
de violencia es tan grave que la población escolar se ha reducido
dramáticamente, debido a los desplazamientos de la población a otras
regiones y a que muchos niños tuvieron que presenciar la muerte de sus
padres o de otros adultos de la región. Se ha puesto de presente la
necesidad de un programa de formación en derechos humanos para
estudiantes y la urgencia de asistencia sicológica a niños y adultos
víctimas de la violencia.

La Segunda Mesa Deliberatoria concluyó reorganizando el Comité
Municipal de Derechos Humanos, exigiendo a la fiscalía un informe del
estado de las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y,
finalmente, convocó un Foro Regional de Derechos Humanos para las
próximas semanas, que deberá examinar la situación y definir unas
líneas de acción para superar la crisis de derechos humanos en la
región. VOZ