Una aplastante semana de fracasos electorales y políticos obligó al Presidente de Colombia a adoptar un conjunto de medidas impopulares y riesgosas, que contempla rebaja de salarios, pero ayer la Corte Constitucional tachó de ilegal esta resolución.
 
Esta fue una semana negra para el Presidente colombiano Alvaro Uribe, de esas que de seguro querrá sacar de su calendario. Su mala estrella comenzó hace justo una semana, con el fracaso del referéndum consultivo con que pretendía conseguir apoyo popular para sus reformas políticas y económicas para combatir la corrupción y, sobre todo, el alto déficit fiscal.

Pero la consulta más publicitada por el gobierno se transformó en el mayor fiasco de la administración Uribe y provocó la renuncia en masa del gabinete. Y aunque ninguna dimisión ha sido aceptada, vino de inmediato otro golpe electoral.

Al día siguiente de esa derrota en las urnas, se realizaron las elecciones regionales donde resultó electo como nuevo alcalde de Bogotá (el tercer puesto más importante del país) un antiguo enemigo del Presidente, Luis Garzón, un político izquierdista que ha criticado fuertemente las estrategias gubernamentales proclives a la economía neoliberal y el control de los grupos insurgentes.

Uribe guardó silencio varios días para sopesar cómo enfrentaría estos reveses y se decidió entonces a aplicar un complejo plan B: asumir los costos del doloroso ajuste económico con cargo a su gobierno y a su popularidad, hasta ahora una de las más altas de la región (cercana al 70%).

El miércoles anticipó ante sus compatriotas impuestos, despidos, congelamiento de salarios y reducción de pensiones. Un golpe directo a su popularidad. Como era de esperar los gremios empresariales y sindicales prometieron una dura batalla.

Para desgracia del gobierno esta reacción tuvo ecos en el Congreso, que le dio otro duro mensaje al mandatario, al no aprobar un proyecto para permitirle presentarse a la reelección y pedir, además, la renuncia de algunos de sus ministros.

Pero el verdadero golpe de gracia provino ayer de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró ilegal el congelamiento de salarios de los empleados públicos, porque en la práctica constituye una reducción de sueldos.

Uribe tenía listo un decreto de alzas salariales con aumentos iguales a la inflación del 2002, que contemplaba alzas del 7,4% para los trabajadores de menores ingresos, mientras que a quienes devengan altos sueldos les otorgaba un aumento simbólico del 0,1%. Según la Corte, a ellos les corresponde un incremento equivalente al 50% de la inflación.

“Todos tienen el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario'”, dijo el viernes la presidente a la Corte Clara Inés Vargas, al explicar la decisión judicial que impide reducir el déficit fiscal por la vía del menor gasto, como le exige al gobierno el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Respetamos y acatamos la decisión de la Corte”, dijo el viernes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pero advirtió que ante esta sentencia y el fracaso del referendo que congelaba los gastos del Estado, salarios y pensiones de los trabajadores oficiales por dos años, todos los colombianos deberán pagar más impuestos.

Así, Uribe tendrá que reformar este proyecto y deberá hacerlo en una carrera contra reloj, porque su plan de aplicar el ajuste durante el 2004 requiere que sus reformas sean aprobadas antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias del Congreso, el 20 de diciembre. A esto se suma que varios legisladores ya anticiparon su rechazo al ajuste.

Si a eso se le agregan además, los escasos resultados en su estrategia por controlar a los grupos insurgentes del país, queda en evidencia un oscuro panorama para uno de los gobernantes que parecía vivir una dulce luna de miel con el Congreso y con los electores. Los buenos tiempos parecen haber quedado atrás y el gobernante de centroderecha deberá pagar los costos de sus peligrosas e impopulares medidas de ajuste, un túnel con poca luz para ver el final.

Mario Lopez Ibañez
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