CIUDAD LISTIN DIARIO
***SANTO DOMINGO***13 DE MAYO, 2005

Más de un millón de habitantes en Santo Domingo residen en terrenos
reclamados por particulares





Pedro Franco, muestra el anteproyecto de ley sobre tenencia de suelo
urbano.

YANET FELIZ
SANTO DOMINGO.- Más de un millón 400 mil habitantes de la provincia
Santo Domingo viven en terrenos reclamados por particul res, mientras
que en el Distrito Nacional el 70 ciento de la población, concentrada
especialmente en la parte norte, se encuentra en igual condición.
Ese fenómeno forma parte de la grave situación existente en el país en
relación a la tenencia de tierra que, con frecuencia, genera desalojos
impulsivos e intranquilidad a las familias, dice Pedro Franco, asesor
del Espacio Urbano Popular y miembro del Consejo de Habitat
Internacional Coalition, que junto a Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y entidades comunitarias presentarán en la próxima semana un
anteproyecto de ley, que busca dar seguridad sobre la propiedad y
corregir ese malestar.
La iniciativa busca además, que se declaren de utilidad pública las
zonas ocupadas ilegalmente y la creación de un fondo nacional de
viviendas, al tiempo que las gentes puedan pagar las propiedades que
ocupan.
Según Franco, los desalojos forzozos mantienen a la República
Dominicana, como un país muy cuestionado en el ámbito internacional,
porque su desarrollo no ha ido a la par con el derecho a la vivienda,
consagrado en muchos tratados, y porque las personas viven de espalda a
esa realidad.
‘‘En primer lugar hay que buscar la solución para que más del 70 por
ciento de la población de la provincia Santo Domingo, que no tiene
título de propiedad, tenga seguridad del suelo’’, indicó Franco.
Sostiene que la ley procura el consenso entre distintos sectores, ya que
en otras ocasiones se han aprobado otras leyes, pero no han sido
promulgadas. Manifestó que sus planteamientos buscan crear un fondo
nacional con el apoyo del Gobierno; que se cree una comisión
institucional que incluya a funcionarios del Estado, la sociedad civil,
las iglesias y otros grupos para que dirijan y velen por la diafanidad
del proceso.
Dijo que hay terrenos que deberán ser declarados de utilidad pública,
mientras otros que sí lo fueron ahora, antiguos propietarios pretenden
aprovechar la fragilidad para cobrar nuevamente.
Citó entre las partes más afectadas con el malestar, la zona norte de la
Capital, específicamente los ensanches Luperón, Espaillat, Capotillo y
Simón Bolívar, donde la familia Vicini reclama la propiedad de su suelo.
En la provincia Santo Domingo, figuran Boca Chica y el ensanche
Isabelita, donde el año pasado se produjo el desalojo de 19 familias por
parte de una guardia privada que destruyó propiedades de personas que
habían pagado por ellas a reclamantes hasta cinco millones de pesos,
explicó Franco.
El fenómeno es tan complejo que hay lugares donde aparecen hasta cinco
personas reclamando un mismo espacio.
Una misión de Conciliación de Expertos de la ONU sobre desalojos,
entidad encabezada por su coordinador mundial Yves Cabanes, visitó
recientemente el país con miras a impulsar el anteproyecto de ley.
Existen sectores involucrados e interesados en que se enfrente ese
malestar, como son la Comisión Nacional para la Reforma del Estado
(CONARE), el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) y otras. Franco
criticó la actitud que mantiene el abogado del Estado, Nelson González,
quien ordenó el desalojo masivo de algunos lugares.

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