El 24 de octubre cuatro jóvenes murieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban contra una grúa supuestamente ilegal en Sant Quirze del Vallès. Los abogados de sus familias reclaman que el caso se juzgue como un homicidio imprudente.

La investigación sobre qué pasó dentro del aparato todavía no ha concluido, pero ayer los tres imputados, el concejal de Urbanismo de Sant Quirze, la constructora Mas Durán y la empresa de grúas Hergús, tuvieron que dar explicaciones ante la titular de instrucción número 1 de Sabadell de por qué había tres grúas invadiendo el espacio de seguridad aérea del aeropuerto. Si Aviación Civil había denegado explícitamente el permiso a una de ellas y las otros dos no lo tenían, ¿por qué se levantaron las grúas y nadie hizo nada para evitar que siguieran trabajando?

Carlos Carretero, abogado de la familia de una de las víctimas, señaló: "Las medidas de seguridad están para algo, y la negligencia existe con independicia de cómo volara la avioneta". A Carretero le desconcertó que el concejal de Urbanismo dijera que desconocía la normativa, "que esto era cosa de los técnicos municipales".

El abogado del Ayuntamiento, Xavier Melero, optó por lanzar los dardos contra el Ministerio de Fomento. Según Melero, "desde el año 2000 el consistorio está pidiendo al ministerio que precise las cotas, la orografía, la expansión del municipio y los requerimientos para la instalación de elementos de este tipo, pero calla y no contesta. Con la cartografía que utiliza el ministerio, que es del año 1972, todo el municipio de Sant Quirze es ilegal, deberían derruir el centro histórico". Ni la constructora ni la empresa de la grúa quisieron hacer declaración. En su comparecencia ante la juez, Mas Durán aseguró que como constructora subcontrata a otras empresas e ignoraba lo del permiso de Aviación Civil. Jesús Hervas, de Hergús, también aseguró que desconocía que era él el que tenía que pedir los permisos.