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BOLETÍN DEL 30 DE ABRIL DE 2007 |
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España y vivienda |
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TEXTO COMPLETO |
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5 DE MAYO: S.O.S EMERGENCIA NACIONAL
CCDT - 20 de abril de 2007 |
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Asociaciones y plataformas de las diversas comunidades autónomas constatamos con extrema preocupación el impacto negativo que la desaforada actividad urbanística tiene en nuestro territorio, en nuestro clima y en nuestra sociedad.
Desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, Transparencia Internacional o la propia Unión Europea vienen advirtiendo a las diferentes administraciones públicas de nuestro país sobre los graves riesgos que esta actividad descontrolada e irracional acarrea.
La destrucción de territorios de extraordinario valor, la acentuación del efecto invernadero en un país amenazado por la desertización, la apropiación de la renta colectiva a través del suelo, la imparable escalada del precio de la vivienda, la especulación urbanística y el deterioro moral del poder local bajo sospecha de corrupción son motivos para considerar el conflicto urbanístico como una amenaza grave para la democracia, el futuro bienestar social, económico y medioambiental de nuestra sociedad:
La especulación urbanística es el problema social, medioambiental, cultural, económico y político más grave del estado español.
Desde nuestras respectivas asociaciones y plataformas hemos acordado un compromiso para levantar una gran movilización social, en vísperas de la contienda electoral, el sábado 5 de mayo,
Con manifestaciones en todas las capitales autonómicas y provinciales del Estado español, con los siguientes lemas:
POR LA APLICACIÓN REAL DEL ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:
CONTRA LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN URBANISTICA
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
POR OTRO MODELO DE DESARROLLO
Para aumentar el impacto de esta convocatoria, animamos a todos los colectivos ciudadanos, vecinales, ecologistas, culturales, etc., que comparten intereses afines a adherirse a la convocatoria y a organizar, por su cuenta o conjuntamente, actividades en la misma fecha.
Ponerse en contacto con:
Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio- www.nosevende.org Contacto: Tel: 687 558 436 prensa@...
ROGAMOS MÁXIMA DIFUSIÓN
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE EL TERRITORIO NO SE VENDE
TODOS JUNTOS PODEMOS PARARLOS
Listado de convocatorias:
MADRID 19:00h. De Atocha a Puerta del Sol.
ZARAGOZA 20.00 h. Glorieta de Sasera.
MURCIA 18:00h. Plaza de Santo Domingo.
ALMERÍA 12:00h. Puerta de Purchena.
LEÓN 12:00h. Plaza de los Botines.
SALAMANCA 13:00h. Plaza mayor.
enlace a la web del nosevende |
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PARLAMENTO EUROPEO DETECTA ABUSOS URBANÍSTICOS GENERALIZADOS
El Mundo - 28 de marzo de 2007 |
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El informe destaca la actitud 'arrogante' que tuvo el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Se pregunta 'a cuántos dueños de constructoras españolas podemos encontrar en la lista Forbes'. Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar 'posibles infracciones' de la ley de la UE.
Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.
Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.
Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.
El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
Negación de derechos
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".
También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
Directivas incumplidas
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
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UN LÍDER VECINAL VENDE PISOS A PRECIO DE COSTE
El Mundo - 26 de marzo de 2007 |
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El 'Pocero'... de Fuenlabrada. Sus viviendas cuestan hasta cinco veces menos que en el mercado.'Me parecía indigno cobrar... mi familia me llama gilipollas', dice. Las casas, de tres dormitorios, valen unos 82.000 euros y tienen piscina. Varios partidos se interesan por él, pero prefiere cambiar el sistema desde dentro.
El pocero de Fuenlabrada en realidad es conocido como 'El pelucas'. No tiene yate grande ni pequeño y lo más cercano es un todoterreno con no pocos años. También lleva a cabo ambiciosas promociones inmobiliarias pero, a diferencia del otro 'Pocero', el de Seseña, vende sus pisos a precio de coste.
José Moreno, que así se llama este vecino de Fuenlabrada de aire campechano y oronda figura, acaba de entregar una promoción de 402 viviendas en una de las zonas más cotizadas de este municipio, junto al hospital y frente a la universidad, a unos precios absolutamente fuera del mercado. Fuera pero por debajo, ya que sus pisos han costado hasta cinco veces menos que los que los rodean.
José Moreno, frente a la construcción que ha edificado en Fuenlabrada. (Foto: José Moreno)
Las viviendas, de tres y cuatro dormitorios, incluidos 28 dúplex, han valido a cada joven entre 82.000 y 88.000 euros. "Ni más ni menos que lo que cuestan", explica él. "Y si yo lo hago, ¿por qué no lo pueden hacer los demás?", se cuestiona.
Se trata de una edificación en la que no se ha escatimado en nada. Las calidades son las mejores —la construcción la ha llevado a cabo Fomento de Construcciones y Contratas, una de las empresas más potentes del sector—, cada vivienda cuenta con una plaza de garaje y un trastero y las zonas comunes cuentan con pistas polideportivas, parques y una zona de baño con una piscina de 35 metros de largo.
Los edificios que rodean esta promoción no soportan comparación alguna. Los de tres habitaciones se venden por 405.000 euros, mientras que los unifamiliares sobrepasan holgadamente los 700.000 euros.
Imagen del interior del baño y una habitación de uno de los pisos. (Foto: J. Palomar)
Se trata de una urbanización alzada sobre suelo de protección oficial, pero es que tampoco los edificios de esta modalidad aguantan la comparativa. "Yo veo feo que si yo puedo hacerlos por 14 millones, otras cooperativas los hagan por más y que otras empresas los vendan todavía mucho más caros", expone.
Ha habido quien le ha acusado en el pueblo de enriquecerse con estas operaciones, pero lo cierto es que jamás se le ha imputado por nada y que más de 400 jóvenes han cumplido su sueño de tener una vivienda propia. "Yo en todas las cooperativas que he gestionado jamás había cobrado un duro. El constructor me pagaba los gastos de teléfono porque ya me parecía abusivo que me costara dinero a mí", comenta Moreno.
'Me parecía indigno cobrar'
"Me parecía indigno cobrar, pero eso no se lo creía nadie nada más que mi familia, que encima me llamaba gilipollas", continúa. "Muchos decían que me estaba haciendo millonario así que se decidió que en esta promoción tuviera un sueldo".
Como consecuencia, dejó durante el tiempo que han durado las obras la dedicación exclusiva como encargado de la pocería de Fuenlabrada. "Los últimos tres meses casi dormía en la obra para poder entregarlos a tiempo", recuerda.
Aunque regularmente es tentado por los distintos grupos políticos de Fuenlabrada, este revolucionario del ladrillo (curiosamente, su edificio se ubica en la calle Che Guevara) no tiene ninguna aspiración política. "Mi vida está dedicada a esto", dice él.
Imagen del interior de la piscina del bloque de viviendas. (Julio Palomar)
Sí que participó en los comicios de 1979 dentro de un partido minoritario (PT, Partido de los Trabajadores) con el que salió elegido, ejerciendo durante cuatro años como Concejal de Deportes. Sin embargo, entendió que podía aportar más trabajando a pie de calle y se implicó a fondo en el movimiento obrero y asociativo.
Su maniobra más conocida en este ámbito sucedió cuando desahuciaron a 12 familias de su barrio, La Avanzada. "Los había estafado un abogado", repasa. Convocó a los vecinos y consiguió reunir a 2.000 personas, la mayoría mujeres y niños, ya que era por la mañana de un día laborable. Su imagen esposado a una ventana es ya parte de la historia de esta localidad.
Poco después abanderó la primera cooperativa en un aparcamiento subterráneo al entender que sería más productivo unirse al sistema y cambiarlo desde dentro. Que la mejor prevención para este tipo de dramas sería sortear la plusvalía de los promotores consiguiendo que los propios ciudadanos promovieran sus casas.
A esta primera siguió otra en unos bloques que llevaban años abandonados. Esta segunda se desarrolló hace nueve años y las viviendas se entregaron a un precio de seis millones de las antiguas pesetas. Dos años más tarde, desarrolló otra promoción de 170 viviendas que oscilaron entre los ocho y los nueve millones de pesetas.
No contento con esta situación, ya está pensando en su nueva aventura: exportar el modelo a las localidades colindantes. Los jóvenes de Humanes y Moraleja de Enmedio ya se frotan las manos ante la posibilidad de que esta ONG del ladrillo empiece a trabajar en sus pueblos.
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Información relacionada (entrevista y debate en Telecinco):
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LA VIÑETA: EL FIN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA
TV3 - 22 de marzo de 2007 |
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LLAMAZARES PIDE AL GOBIERNO QUE 'RECTIFIQUE' SU POLÍTICA
Terra - 27 de marzo de 2007 |
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Por considerarla 'muy deficiente'. El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, reclamó hoy al Gobierno que adopte 'medidas claras para rectificar a fondo' su política de vivienda en esta legislatura, a la que calificó de 'muy deficiente y fracasada'. Así, le pidió que se centre en la promoción pública del alquiler, así como una modificación de la política fiscal, que favorece fundamentalmente, en su opinión, a los promotores 'y que baja la inversión directa en vivienda'.
En rueda de prensa, emplazó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que 'al igual que hizo con la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad', reconozca el derecho universal a la vivienda, el cual, según subrayó, tiene que ver 'no sólo con la Ley del Suelo, sino también con la política fiscal, con la 'penalización de las viviendas vacías y con la prima del alquiler para lograr que sean asequibles'.
Para Llamazares, la movilización de los jóvenes se debe a un sistema económico 'perverso' que pone en cuestión la democracia, 'la local en particular', y niega el derecho de los jóvenes a la vivienda. Lamentó que en el Congreso sólo se debata sobre el 'monotema' del terrorismo, frente a lo que IU quiere que se hable de los problemas de los ciudadanos, para lo cual promoverán iniciativas en materia social.
Así, adelantó que le preguntarán a Zapatero en el Congreso si va a tomar alguna medida en su 'asignatura pendiente, la vivienda', al tiempo que manifestó su intención de convertirse en 'portavoz' de la dinámica social y las movilizaciones de los jóvenes, frente a la 'agenda preestablecida del PP, que preguntará esta semana por quinta vez consecutiva sobre la cuestión antiterrorista'.
PROPUESTAS
Por su parte, el coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, coincidió con Llamazares en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas de 'izquierdas', y aprovechó su comparecencia para 'poner en valor' un conjunto de elementos que han sido iniciativas parlamentarias en los últimos meses de la organización.
En primer lugar, apostó por de penalizar a través del desarrollo normativo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para que se 'penalice la vivienda deshabitada entre un cincuenta y un 150 por ciento del actual recibo'. También abogó por la subsidiación ante el crecimiento del precio del dinero y de los intereses.
A su juicio, sería preciso subsidiar a los jóvenes y trabajadores con una renta no superior al doble del salario mínimo un punto de interés sobre el precio de su hipoteca, 'generando una partida extraordinaria para familias cuya única propiedad sea la vivienda'.
'Para evitar el fraude en torno a la especulación de la vivienda, creemos necesario crear un censo de tenedores de billetes de 500 euros, nuestro país es el que más billetes tiene en circulación, 110 millones de unidades, 55.000 millones de euros. Para controlar ese fraude que genera el precio al alza del precio', explicó.
Alcázar destacó que IU va a 'reformular, replantear e insistir' en estas medidas de caracter social, para 'estrechar' el diferencial que existe entre gasto social en España y la media europea, que 'todavía se mantiene en 8 puntos del PIB'. Además, señaló que en pensiones España 'gasta 1.200 euros menos al año por ciudadano, y en vivienda, 300 euros menos por habitante al año que la media europea'.
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CATALUÑA Y PAÍS VASCO SON LAS MÁS EUROPEAS EN VIVIENDA
El Mundo (Su Vivienda) - 30 de marzo de 2007 |
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Algunos Estados de la UE aplican medidas para combatir la desocupación de los pisos.
País Vasco y Cataluña están un paso más cerca de Europa que el resto de las comunidades autónomas españolas. Los gobiernos de estas dos regiones han planteado medidas para combatir la 'plaga' de los pisos vacíos (aplicar un canon y la expropiación temporal, respectivamente) similares a las que ya están operativas en algunos países del Viejo Continente.
«Son soluciones muy variadas con una característica común: la intervención del Estado para buscar vías que favorezcan la salida al alquiler de las casas desocupadas o bien la aplicación de disposiciones punitivas», apunta Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco. Y se pregunta: «Si España ha conseguido europeizarse en otras cosas, ¿por qué no lo hace también en esto?».
Francia. Los vecinos galos han elaborado al detalle su legislación sobre inmuebles que permanecen desiertos. Según explican en su Ministerio de Vivienda, la medida consiste en el pago de una tasa y afecta a las propiedades de municipios situados en las inmediaciones de las ciudades de París, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, Niza y Cannes.
Los dueños de estos pisos tienen que abonar en concepto de multa un 10% de su valor catastral durante el primer año de desocupación, un 12% el segundo y un 15% el tercero y posteriores.
Reino Unido. La Agencia de Viviendas Vacías británica nació en 1992 con el objetivo de mediar entre las autoridades locales de unos 200 ayuntamientos y los propietarios privados. Los responsables de la asociación aseguran que como resultado de esta acción cada año entran en el mercado de alquiler «decenas de miles de casas vacías».
Asimismo, las autoridades de Reino Unido pueden forzar el arrendamiento o la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas durante un periodo de tiempo superior a seis meses salvo que tengan la categoría de segunda residencia, su titular se encuentre enfermo o haya fallecido y se esté tramitando la herencia o bien trabaje en otra ciudad, de acuerdo con la información de la página web 'www.vpo.info'.
Suecia. Este portal apunta también que el Gobierno de Estocolmo contempla la posibilidad de demoler los pisos deshabitados.
Alemania. La misma opción está vigente en suelo germano en aquellos municipios en los que más del 10% del parque de viviendas permanece desocupado. Los propietarios, además, pueden ser obligados a rehabilitar sus propiedades y, en caso de incumplimiento, la sanción se mueve en una amplia horquilla que va desde la multa hasta la expropiación, una realidad de la que se hacen eco en sus 'blogs' Javier Burón y Pablo Aretxabala, director general de Visesa (la empresa promotora de vivienda protegida del Gobierno Vasco).
Italia. En cuanto a la situación legal de esta península mediterránea, argumentan que las casas sin habitantes tienen allí una penalización fiscal del nueve por mil de su valor.
Dinamarca. En el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social exponen el caso danés, cuya ley data de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial: los dueños de inmuebles desocupados durante más de seis semanas pueden ser multados si no informan a las autoridades municipales pertinentes. Eso sí, la medida sólo es efectiva en las localidades más importantes.
Luxemburgo. Aunque todavía no existe penalización para los pisos vacíos de este país, en breve podría ser efectiva. El Ejecutivo luxemburgués ha elaborado un proyecto de ley que recoge sanciones para los inmuebles desocupados durante más de 18 meses, apuntan desde su Ministerio de Vivienda.
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UGT propone gravar viviendas deshabitadas sin justificación
ElEconomista.es - 23 de abril de 2007 |
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UGT propuso hoy el establecimiento de una tributación especial para aquellas viviendas que se compruebe "fehacientemente" que permanecen deshabitadas de manera permanente y sin causa justificada, dentro de un conjunto de medidas encaminadas a aumentar el atractivo del arrendamiento frente a la propiedad.
En la presentación de esa propuesta, el secretario confederal de Empleo y Protección Social de UGT, Jesús Pérez, explicó que la situación actual -en la que los ciudadanos suscriben hipotecas por plazos de tiempo muy prolongados- es fruto de una "cultura de la propiedad" que ha sido fomentada por las Administraciones Públicas.
Una situación, dijo, que se complica por las numerosas barreras que frenan la expansión del mercado del alquiler, como la inseguridad jurídica de los arrendadores o los altos precios que tienen que pagar los inquilinos.
Por esta razón, Pérez defendió que el 50 por ciento de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) se destine a alquiler, así como el incremento de las ayudas directas al arrendamiento y la eliminación gradual del tratamiento fiscal preferente a favor de la propiedad.
UGT cree que habría que establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30 por ciento de sus ingresos, sobre todo para personas que estén por debajo de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El vigente Plan Estatal de la Vivienda (PEV) 2005-2008 establece una ayuda directa al inquilino de 240 euros mensuales durante dos años, una subvención que es tramitada por las Comunidades Autónomas.
UGT pretende que esta ayuda sea mayor y que los mayores de 65 años o personas con discapacidad puedan seguir disfrutándola mientras la necesiten.
Asimismo, el sindicato propone la deducción del 10 por ciento del alquiler pagado en la cuota del IRPF, con un tope máximo de 1.000 euros anuales, para los hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM.
Pérez también propuso incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, siempre que el arrendamiento se haga a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
Desde su creación en octubre de 2005, la SPA ha intermediado poco más de 4.000 contratos de arrendamiento, mientras que iniciativas privadas como el Programa de Fomento de Alquiler Garantizado (PFAG), ha firmado más de 20.000 en sus seis primeros meses de funcionamiento.
En este sentido, UGT reclama un refuerzo de las garantías del arrendador, entre las que señala la introducción en los contratos de arrendamiento de una cláusula de sumisión de las partes al arbitraje para la resolución de conflictos, así como el establecimiento de un seguro por impago de la renta.
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IU propone un cargo en el IBI de hasta el 200% para vacías
El Confidencial - 04 de abril de 2007 |
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Izquierda Unida propone en su programa marco de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo, un recargo de hasta el 200% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas y solares vacíos, en función del tiempo de retención del bien. El programa marco de IU para estos comicios que servirá de base para los programas electorales de la formación en cada uno de los municipios y CCAA, dedica una especial atención al problema de la vivienda con el objetivo de unas ciudades "ambientalmente sostenibles, habitables, transitables y seguras".
Además del recargo del IBI y la elaboración de un censo de viviendas y solares vacíos, IU propone penalizar la especulación a través de un incremento en el impuesto de plusvalías para aquellas ventas de viviendas que se produzcan en los primeros años de tenencia de la propiedad.
Por contra, IU promete también bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las familias numerosas y también para las constructoras que incorporen a sus edificaciones sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para consumo propio.
Entre las medidas de fomento de la vivienda accesible, IU establecerá la obligación de que al menos el 50% de las viviendas de nueva construcción tengan algún grado de protección pública y la puesta en marcha de un plan de vivienda de alquiler, a precios asequibles, dirigido sobre todo a los jóvenes.
Junto a ello, se establecerá una bolsa de vivienda en alquiler, en la que el propietario disfrutará de un seguro multirriesgo y garantía del pago de la renta.
Por su parte, el inquilino tendrá un contrato supervisado por el ayuntamiento y las mejores condiciones económicas, y se le facilitará además la tramitación de ayudas y subvenciones.
Atención permanente en las corporaciones locales
De forma paralela, las corporaciones locales crearán un servicio de atención permanente en materia de vivienda, al que podrán acudir los ciudadanos para informarse sobre promociones de vivienda protegida o precio tasado, ayudas, subvenciones o constitución de cooperativas.
En su programa marco para las elecciones del 27-M, IU también apuesta por la recuperación de los centros urbanos, mediante planes de reforma de viviendas antiguas, para hacer posible que cuenten con ascensores y unas condiciones de habitabilidad adecuadas.
El objetivo de IU de una ciudad más "saludable" y "sostenible" en materia de vivienda se complementa con la obligación de que las nuevas construcciones cuenten con las condiciones adecuadas de confort y ahorro energético, por medio de un mejor aprovechamiento de la luz solar, energías limpias y aislamiento térmico.
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Los técnicos de Hacienda alertan de la creciente tensión
El Mundo - 27 de marzo de 2007 |
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En el sector inmobiliario. Proponen que se limite el periodo de concesión de hipotecas a vida laboral del solicitante. Política fiscal e iniciativas legislativas, la solución para moderar los precios
El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alerta de los «riesgos macroeconómicos y financieros» derivados de las tensiones existentes en el mercado inmobiliario español, caracterizado por los sobreprecios de la vivienda, la estimulación de una demanda ficticia, el endeudamiento histórico de los hogares y el aumento del riesgo crediticio con la excesiva ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios, superiores a los treinta años en algunos casos.
Además, Gestha señaló que el incremento de la participación cruzada entre los sectores inmobiliario y bancario, así como la salida a Bolsa de las grandes empresas inmobiliarias ha supuesto una «acumulación de riesgos» para el sistema financiero español vinculado a este tipo de operaciones. En los últimos años las inmobiliarias han protagonizado revalorizaciones por encima del 300%.
Los Técnicos de Hacienda aconsejan prudencia ante la «afluencia» de Ofertas Públicas de Venta (OPVs) en un momento en el que algunos analistas pronostican un posible «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria, aunque entienden que se trata de una vía de financiación y de encarar un futuro incierto, marcado por nuevas subidas de tipos –desde el 3,5% hasta el 4,25% estimado para este año-, la moderación del precio de la vivienda (+9,1%) y el anunciado próximo final del ciclo alcista del sector constructor.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda avisan que los altos precios de los inmuebles han provocado una caída progresiva de la inversión extranjera en la adquisición de inmuebles en España.
Este colectivo advierte que la «boyante» actividad que del sector constructor español ha generado «riesgos financieros» que hay que corregir con una «política fiscal más ajustada» e «iniciativas legislativas» que moderen las presiones sobre la demanda interna, ralenticen la escalada de precios y favorezcan el mercado de alquiler.
La vivienda: ¿un bien recaudatorio o un derecho constitucional?
Los Técnicos de Hacienda denuncian que en los últimos diez años se han promovido determinadas políticas fiscales que han favorecido en exceso el desarrollo del sector constructor, obviando el principio recogido en la Constitución de facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna. Este fin de semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron 'Por una vivienda digna' en distintas ciudades españolas para exigir medidas que les permitan acceder a una vivienda y protestar por los altos precios.
En la actualidad, alrededor del 14% del PIB español tiene su origen en la construcción pero, según los Técnicos, esta riqueza no tiene su respuesta inmediata en la sociedad ya que el 61% de las familias no puede afrontar la compra de su vivienda.
Gestha considera que Hacienda ha impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en lugar de tratar, por un lado, de equilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra y, por otro, de dotar de «plena seguridad jurídica» a la relación entre los propietarios e inquilinos con el fin de favorecer la ocupación de los pisos vacíos y estimular el mercado de alquiler.
Cinco millones de personas se acogen anualmente a la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena, de los cuales cerca de un 82% dispone de una renta inferior a 30.000 euros al año.
Por el contrario, la cifra de viviendas vacías ha aumentado hasta el 13,9% del total de las viviendas principales y secundarias. Gestha considera que la aplicación de una reducción fiscal del 50% para los arrendamientos de vivienda no ha servido para que una parte sustancial de los cerca de tres millones de viviendas vacías salgan al mercado de alquiler.
A pesar de estos indicadores, los Técnicos de Hacienda entienden que cualquier «control fiscal o legal» tendente a obtener un efecto beneficioso en la reducción de los precios de la vivienda, debe ser tratado con la máxima prudencia y consenso con los operadores, porque puede causar también efectos negativos desde el punto de vista económico, como frenar el motor de la bonanza de la economía española. Según Gestha, una caída en el precio de la vivienda de un 10% implicaría un descenso de ocho décimas en el ritmo de crecimiento del PIB, por lo que es aconsejable un aterrizaje del sector de la construcción suave y no traumático.
Iniciativas para mejorar la calidad de vida
Ante esta situación, Gestha emplaza a la Administración a desarrollar una «batería de iniciativas legislativas» que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Proponen modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas desocupadas en los Ayuntamientos, e invitan a definir de forma objetiva el concepto de vivienda desocupada sujeta a recargo.
Asimismo, Gestha aboga por limitar los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios no más allá del final de la vida laboral de las personas. El plazo medio aumentó de 26 a 27 años.
También aboga por reanudar el debate social sobre la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, que traslada este beneficio fiscal principalmente a los promotores y constructores de viviendas en forma de mayor precio de las mismas, respetando la situación de quienes ya compraron.
Asimismo, propone promover un parque de viviendas públicas a desarrollar en terrenos públicos de manera que actúe como elemento regulador de la demanda y de los precios, tal y como existe en algunos países de nuestro entorno como Suiza o Francia.
Seis medidas para frenar las operaciones especulativas
Por otro lado, Gestha sugiere un paquete de medidas con el fin de frenar las operaciones especulativas en el sector inmobiliario. Entre ellas destaca, considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo mínimo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los «pases».
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el «valor único de referencia a precios de mercado» para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Gestha estima que las agencias inmobiliarias, que tanto han proliferado al calor del crecimiento de la actividad inmobiliaria, deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como «inversión del sujeto pasivo», es decir, que sea el comprador quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.
Finalmente, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.
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ELA advierte hipotecas a 50 años son 'trampa muy peligrosa'
FuerteventuraDigital.com - 07 de abril de 2007 |
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El sindicato ELA advierte de que las hipotecas a 50 años se convierten en una "trampa muy peligrosa" porque "hipotecan el futuro" y añade que la subida de los tipos de interés afecta en mayor medida a quienes han formalizado créditos a mayor plazo.
En su Análisis de Coyuntura, correspondiente al mes de marzo, ELA indica que, como como consecuencia de la carestía y evolución creciente del precio de las viviendas, cada vez hay más personas que tienen "dificultad" para que se les conceda un crédito.
En su informe, al que tuvo acceso Europa Press, la central afirma que esta situación afecta en especial a las personas que tienen unos salarios "más bajos" y trabajan "con contratos temporales y/o a tiempo parcial, o incluso sin contrato".
"Hablamos, por tanto, de la parte más precaria de la clase trabajadora, es decir, de jóvenes, mujeres o personas inmigrantes". añade.
El sindicato precisa que, ante esta situación, las entidades financieras han ido alargando progresivamente la duración de los préstamos hipotecarios, llegando a alcanzar los 50 años. En este sentido, afirma que una persona de 30 años que pida un crédito a 50 años "va a estar pagando el resto de sus días, si atendemos a la esperanza media de vida".
ELA destaca que la gente se endeuda hasta "el máximo de sus posibilidades", y ello conlleva "que quienes se hipotecan son muy vulnerables ante la subida de los tipos".
En este sentido, analiza cómo afecta a una hipoteca media de 168.000 euros con el Euribor + 0,5, la subida del tipo de interés. En concreto, apunta que quienes pidieron un crédito a 25 años van a pasar de una cuota mensual de 818 euros, a otra de 934 y los que lo solicitaron a 35 años, verán aumentada su cuota en 125 euros, de 670 a 795 euros.
En el caso de los que han optado por un crédito a 50 años, ELA indica que su abono mensual pasará de 566 a 704, aumentándole la cuota un 24%, siendo "la mayor subida tanto en euros (138 euros) como en porcentaje)".
Por ello, afirma que la subida experimentada en el último año afecta de manera importante a quienes tienen un crédito hipotecario, pero lo hace "en mayor medida" a quienes han formalizado el mismo a mayor plazo.
"Los créditos a más largo plazo tienen cuotas menores, pero los incrementos de tipos de interés conllevan mayores aumentos de la cuota mensual, tanto en euros como en porcentaje. Quienes se han endeudado a más largo plazo, y lo han hecho al límite de sus posibilidades, son las personas más afectadas por una subida de los tipos", añade.
ELA asegura que, teniendo en cuenta las expectativas de subida de tipos para el futuro, los créditos a 50 años se convierten "en una trampa muy peligrosa, que realmente van a hipotecar la vida de muchas personas".
El sindicato advierte de que una subida adicional de medio punto supondría que las personas endeudadas a 50 años tendrían que pagar un 34,7% más que hace doce meses. En concreto, para un crédito de 168.000, la cuota pasaría de los mencionados 566 euros a 763, casi 200 euros más, "con el mencionado incremento del 34,7%".
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Admitida a trámite la ILP “Por una vivienda digna'
UGT - 11 de abril de 2007 |
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Avalot-Jóvenes de UGT-Catalunya se muestran plenamente satisfechos por el anuncio de la Mesa del Parlamento de Catalunya de admitir a trámite su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Por una vivienda digna, firma”.
Mediante esta ILP, Avalot presentará en el Parlamento de Catalunya una Ley de medidas urgentes para la vivienda, en la que se propondrá que el 65% del suelo que se cualifique para uso residencial de nueva implantación se reserve para vivienda de protección pública, y de este 65%, que el 70% se reserve para vivienda de protección pública en régimen de alquiler y el 30% en régimen de compra.
La propuesta de Avalot también incluye que la Generalitat de Catalunya destine una partida no inferior al 7% de su presupuesto a las políticas públicas de vivienda. Una vez que el Parlamento entregue a Avalot los pliegos sellados y numerados, el sindicato tendrá 120 días hábiles para reunir las 50.000 firmas necesarias para acreditar el apoyo ciudadano a esta Iniciativa Legislativa Popular.
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Expertos creen que el Estado es el culpable de la corrupción
El Confidencial - 18 de abril de 2007 |
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Por tratar el suelo como una mercancía
La Administración Pública tiene una responsabilidad importante en la corrupción urbanística y la destrucción del medio ambiente, por haber considerado el suelo como una mercancía más, según una de las conclusiones de las jornadas sobre urbanismo que acogió este miércoles Unicaja. El fiscal de Sevilla coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, mantuvo en su intervención que "los legisladores no han tenido el valor para hacer lo que se debe en el ámbito urbanístico por razones políticas, sociales y económicas".
En este sentido, el experto en derecho urbanístico y secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez, arguyó que "la administración tiene una parte importante en los factores de corrupción porque ha considerado el suelo como una mercancía más".
Gutiérrez achacó esta situación al principio de "liberalización del suelo", por el cual un ayuntamiento es el que demuestra si un terreno es edificable.
Sin embargo, sostuvo que con la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor en julio, se incluye el concepto "inadecuado" para clasificar el suelo y "se puede limitar el crecimiento por la utilización de los recursos naturales".
Por su parte, el director general de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, abogó por la puesta en marcha de planes territoriales en las comunidades para limitar el crecimiento urbanístico, para lo que puso de ejemplo el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA).
Uralde sostuvo que este plan en Andalucía "es un primer paso, aunque las limitaciones son aún insuficientes" para preservar un espacio que "está especialmente maltratado".
Particularmente se refirió a la situación de la Costa del Sol, donde "casi el sesenta por ciento de los quinientos metros de litoral están urbanizados" y "hay municipios con el cien por cien del suelo urbanizado".
"No hay agua para todo lo que se quiere construir"
En cuanto al urbanismo de Marbella, Uralde indicó que "debe servir de ejemplo para que no se produzcan casos así" y, por otro lado, alertó de "la amenaza del tráfico petrolero en la bahía de Cádiz por el riesgo de mareas negras".
Sobre la situación hídrica en el litoral andaluz, insistió en que "no hay agua para todo lo que se quiere construir" y advirtió de que "no se puede seguir planificando los recursos sin tener en cuenta la demanda".
A este respecto, explicó que "no se trata de traer el agua de otro sitio, porque es insostenible", sino de "sostener los consumos" y los proyectos de campos de golf y complejos residenciales.
Por otra parte el fiscal coordinador de Medio Ambiente andaluz reconoció que "la parcelación" -dividir una finca grande para venderla o arrendarla en porciones más pequeñas- "ha sido origen de todos los males urbanísticos".
Las jornadas jurídicas 'Por el diálogo' que patrocina Unicaja tratarán los próximos días temas como el terrorismo, los derechos fundamentales o los nuevos delitos informáticos.
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M.A. advierte de que no hay agua para 300.000 viviendas
Ambientum.com (El País) - 16 de abril de 2007 |
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El Plan General de Águilas (Murcia), que prevé 80.000 nuevas viviendas, no tiene agua garantizada; el Gobierno no asegura el abastecimiento de las 8.100 viviendas del SAU-21 de El Molar, en Madrid; la urbanización en el embalse de Valdecañas, en Badajoz, se construirá con informe negativo de la confederación hidrográfica; y en Valencia hay 90 planes urbanísticos sin el visto bueno de la confederación, pero siguen adelante.
Como éstos, hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.
En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse ‘expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente’ para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.
Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
El secretario general para la Diversidad y el Territorio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, explica que los informes no son vinculantes y admite que el efecto depende mucho del lugar: ‘En la práctica se hacían urbanizaciones sin garantía de agua y queríamos racionalizarlo con estos informes’. Los informes no son vinculantes porque las competencias de urbanismo están en manos de las comunidades y los ayuntamientos.
Un dictamen jurídico del ministerio de 2006 afirma que ese informe, ‘si bien en sentido estricto no es vinculante, puede serlo en la práctica en caso de que en el mismo se manifieste que no existen recursos suficientes para satisfacer las demandas’.
Aunque ese dictamen considere que los informes son vinculantes ‘de hecho’, no están teniendo efecto en la mayor parte de España. El secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, sentencia: ‘No estamos notando ningún problema ni un freno en la construcción por falta de agua, es un suministro básico que el Gobierno debe garantizar’. Los promotores destacan que el abastecimiento humano es prioritario y piden al Gobierno que, si falta agua, retiren dotaciones del regadío. ‘En España no falta agua, sino que se malgasta y otra se pierde por las tuberías. Sólo con cobrar el precio real ya habría agua de sobra para las urbanizaciones’, añade Martí.
Serrano replica que el abastecimiento es prioritario sobre la agricultura en los casos ya existentes, pero los nuevos desarrollos no están por delante de los agricultores. Para reforzar el control, la nueva Ley de Suelo convierte estos dictámenes en ‘determinantes’ y sólo se podrá ‘discrepar de ellos de forma razonada’. El Gobierno intenta evitar que las comunidades garanticen el abastecimiento en contra de las confederaciones.
El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, que ha pedido los informes negativos a las confederaciones, advierte a los alcaldes que aprueben planes urbanísticos sin agua: ‘Denunciaremos a quienes aprueben urbanizaciones con el informe contrario de las confederaciones’. Martín Barajas augura problemas enormes en unos años -los planes urbanísticos en trámite tardan años en desarrollarse- y advierte: ‘Los promotores pueden estar cometiendo una estafa si venden casas sin agua garantizada’.
La comunidad que prepara más viviendas sin garantía de suministro es la valenciana. A los ayuntamientos llegan planes urbanísticos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le amontonan las solicitudes. El organismo calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento y unas 100.000 de 90 planes urbanísticos ya han recibido una resolución negativa.
El Gobierno de Francisco Camps, del PP, ha dado el visto bueno a planes sin el informe de la confederación o incluso con uno negativo al admitir que sean empresas privadas o municipales las que demuestren que habrá agua. Los populares acusan a la CHJ de pretender bloquear el desarrollo.
La Delegación del Gobierno en Valencia ha impugnado ya con desigual suerte una docena de proyectos que suman 15.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha advertido de que no deben aprobarse planes urbanísticos sin agua, pero ha rechazado paralizar el Manhattan de Cullera, 35 rascacielos y 5.000 pisos, pendiente de aprobación definitiva.
En Murcia, la situación es similar y la Confederación del Segura ha informado negativamente 34 planes urbanísticos de 18 municipios. El presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas, admite que se mantienen los planes de construir 800.000 viviendas en 30 años pese a la falta de agua. En Murcia, la mitad del agua de consumo procede del Tajo. Medio Ambiente afirma que las desaladoras permitirán un desarrollo inmobiliario ‘dentro de una lógica’.
La tercera cuenca con viviendas afectadas es la del Tajo, que ha emitido 48 dictámenes contrarios por falta de agua o porque los ayuntamientos no han explicado de dónde obtendrán el caudal necesario. Los 21 informes que afectan a la Comunidad de Madrid son suplidos por un informe positivo del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad. Serrano advierte de que recurrirán los planes que no tienen agua cuando estén aprobados definitivamente, como ya ha hecho el Gobierno en Valencia. Además, hay informes negativos en 20 municipios de La Sagra (Toledo), una comarca en la que la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, planea 80.000 viviendas.
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Los españoles necesitan 47 años para pagar su vivienda
El Confidencial - 27 de marzo de 2007 |
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24 si la compran en pareja
Una persona con un sueldo medio necesitaría casi 47 años en pagar una vivienda en España, una cifra que baja hasta los 24 años cuando se trata de una compra en pareja, la fórmula más habitual. Es la principal conclusión del estudio Salario medio y precio de la vivienda elaborado por el portal inmobiliario Facilísimo.com.
El estudio toma como referencia dos personas que tienen contratada una hipoteca, con un sueldo medio de 18.182 euros, y que destinan un máximo del 35% de sus rentas brutas al pago de una vivienda de 100 metros cuadrados al precio de casi 300.000 euros.
Esta cifra está sacada de los precios medios de venta de las viviendas que se anuncian en los portales del grupo Facilísimo.com y que crecieron el 6,7% en 2006, hasta 298.628 euros. El salario medio bruto anual está sacado del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Tributaria, que creció un 2,7%, hasta los 18.182 euros.
El incremento en el tiempo necesario para pagar una casa es generalizado en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, La Rioja y Castilla La Mancha, beneficiados por el descenso en el precio de la vivienda y la subida de los salarios en estas comunidades.
Las parejas catalanas son las que más tiempo invierten en pagar un piso, con una media de 32,74 años, frente a los 18 años que dedica una pareja en Extremadura, que continúan siendo los que menos tiempo necesitan para pagar un piso.
El País Vasco repite en segunda posición, con una media de 30 años, seguida de Aragón que alcanza los 28,76 años. Cantabria asciende del décimo al cuarto lugar, y sitúa en 26,34 años el tiempo invertido por una pareja para pagar la hipoteca.
Por encima de la media de 23,46 años se sitúan Baleares, donde se necesitan 25,49 años, seguida de Madrid con 25,25 años, Comunidad Valenciana con 24,95 años, Andalucía con 24,94 años y Murcia con 23,57 años.
Por debajo de la media se encuentran Navarra con 23,12 años, Asturias con 22,82 años, Canarias con 22,87 años, La Rioja con 22,35 años, Galicia con 21,27 años, Castilla La Mancha con 21,26 años y Castilla y León con 19,76 años.
El estudio además estima que si un ciudadano destinara el cien por cien de su sueldo al pago de la hipoteca, necesitaría casi 17 años para adquirir una casa, que serían 21 años si residiera en el País Vasco y 23 años si lo hiciese en Cataluña.
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Ayudas fiscales a la compra o 'balas perdidas' por el camino
El Mundo (Su Vivienda) - 23 de marzo de 2007 |
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Las desgravaciones sobre el IRPF continúan creando debate.
Recientemente, la Plataforma por una Vivienda Digna hizo público un comunicado en el que pedía «la retirada de las ayudas directas a la compra de vivienda por ser 'ayudas a la burbuja'». Aunque la plataforma reaccionó ante la presentación de una Hipoteca Joven por parte del Ayuntamiento de Madrid, aprovechó para hacer extensible su solicitud de retirada de todas las ayudas a la compra. En su opinión, «a pesar del aparente corte social con el que son presentadas ante los ciudadanos, este tipo de medidas sólo contribuyen a sostener y aumentar los ya de por sí desorbitados precios» y, en consecuencia, «a que la vivienda -un bien de primera necesidad- siga siendo un objeto asequible para el conjunto de la sociedad».
Retirar las ayudas
A comienzos de año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluyó en un informe que España debía retirar las ayudas fiscales a la compra de vivienda para favorecer con ello el mercado del alquiler. Cabe pues preguntarse si este tipo de medidas resulta efectivo en una coyuntura como la actual en la que el número de demandantes frustrados de vivienda es bastante alto, sobre todo entre los menores de 35 años.
Juan Antonio Gimeno, rector de la UNED y catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, lleva tiempo apoyando la idea de hacer desaparecer este tipo de beneficios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sus argumentos son múltiples, pero podrían resumirse en una máxima: cuanto más simple y ecuánime sea este impuesto, menos capacidad de fraude se generará. Pero en lo que respecta a la esencia de los beneficios por compra, va más allá y explica: «Al plantearse las ayudas a partir del IRPF se ignora a un grupo importante de población», en referencia a aquellos que nunca podrán beneficiarse al no alcanzar el mínimo de renta gravado.
Además, «las ayudas se trasladan al precio». Gimeno utiliza un símil del mercado automovilístico para explicarlo: «Es algo parecido a lo que ocurre con los coches; en los anuncios se explica el precio con la muletilla 'plan prever incluido.' En consecuencia, la ayuda finalmente es mucho menor de lo que parece».
«Todo el mundo dice que hay que defender el derecho a una vivienda, pero lo que no se dice es que tenga que ser en propiedad», considera Gimeno. En su opinión, «es más eficaz crear un sistema a través de políticas de gasto, como la Sociedad Pública de Alquiler cuando se consolide». El experto lo tiene claro: «Aplicar el beneficio sobre el IRPF, además de complicar el impuesto, impide que llegue a los más necesitados. Estamos disparando y no damos en el blanco, aunque gastamos balas».
Desde el Consejo de la Juventud de España (CJE) están de acuerdo en que «la política fiscal debe beneficiar a los que menos recursos tienen». Son palabras de José Luis Arroyo, su vicepresidente, quien considera que «los beneficios a la compra no han ayudado a los jóvenes». Arroyo considera que «ahora las administraciones deben primar el alquiler». Lo cierto es que en la última reforma del IRPF se han dado pasos a favor del arrendador y del inquilino.
Sin embargo, no todos son partidarios de la desaparición de los beneficios fiscales a la compra de vivienda. Rubén Gimeno Frechel, director del Departamento de Información del Registro de Economistas Asesores Fiscales, lo tiene claro: «Esta deducción es, junto con la reducción por los planes de pensiones, la más popular y, quizás, la que más incide para que a buena parte de los contribuyentes les salgan sus declaraciones con el IRPF a devolver».
No son decisorias
Gimeno Frechel considera que «la decisión entre comprar o no un piso para vivir no depende de esta ventaja fiscal sino de otros muchos factores como la situación personal del comprador o las facilidades de acceso a la financiación externa». Argumento este compartido por María Ángeles García, asesora del Gabinete Jurídico de Facua, quien cree que «el valor de la deducción no es suficiente como para animar a comprar una vivienda».
Algunos van todavía más allá. Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho Urbanístico de la UNED, lo tiene claro: «Mi propuesta sería focalizar todo el tema de la ayuda a la vivienda en la ayuda fiscal, suprimiendo incluso la vivienda protegida». En su opinión, «hay menos fraude ahí [en el terreno fiscal] que en el campo de la vivienda protegida. Además -continúa- las ayudas fiscales son modulares (en función de los ingresos), sin embargo la VPO es fija, aunque cinco años después el beneficiario de la ayuda supere los requisitos que se solicitaban inicialmente para adquirirla».
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El Consejo de la Juventud toma la calle con una 'berruga'
Discapnet.es - 12 de abril de 2007 |
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El Consejo de la Juventud lanzó hoy una campaña que tiene como protagonista a la verruga Warren y que pretende "tomar la calle" y movilizar a la juventud para que denuncie sus problemas y plantee demandas en materia de empleo y viviendas, entre otras cuestiones.
El presidente del Consejo de la Juventud, Mario Esteban Ruíz, dijo en rueda de prensa que el objetivo de esta iniciativa "es salir de los despachos y dejar de pisar tantas alfombras y reivindicar" los derechos de los jóvenes "con la toma de la calle".
Se trata, explicó, "de salir de los espacios institucionales" y llegar "con nuestro trabajo y nuestras propuestas de movimiento juvenil a los distintos puntos donde están los jóvenes".
La campaña denunciará cada mes un problema distinto que afecta a los jóvenes. Así, este mes de abril estará dedicado a las políticas de juventud y empleo digno.
En este sentido, Ruiz destacó que "la mayor preocupación que tenemos los jóvenes en este país es el empleo. Según los datos de nuestro Observartorio Joven de Vivienda, la juventud española posee más de la mitad de los contratos temporales y el 60% de los de duración inferior al año".
"Estas altas tasas de temporalidad", añadió, "están generando problemas en el mercado de trabajo, con una alta siniestrabilidad de la juventud y que el año pasado costó la vida a una media de un trabajador joven al día".
PARTICIPACIÓN En los meses de mayo y junio, la campaña se dedicará a la participación cívica de los jóvenes, coincidiendo con la celebración de elecciones autonómicas y municipales, y a la interculturalidad y diversidad, respectivamente.
El resto de meses estarán dedicados a temáticas como ciudadanía global, cooperación y paz; ocio y tiempo libre, medio ambiente y desarrollo sostenible; vivienda digna y derecho a la emancipación; educación formal y no formal; igualdad de género y hábitos de vida saludable.
Por su parte, Juan Nonzioli, director creativo de Shackleton, encargada de la campaña publicitaria, explicó que el personaje creado, la verruga Warren, 'ataca' a quienes sufren de problemáticas sociales y no se implican para subsanarlos.
La campaña consta de un anuncio para televisión de un minuto, un portal en Internet, el envío de carta a los líderes de opinión, la difusión de manifiestos y la distribución de materiales divulgativos en las entidades miembros de este Consejo.
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Vivienda: vindicación y límite
Diario de Leon (Opinion) - 18 de abril de 2007 |
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VALOR Y PRECIO
LA CRECIENTE mineralización que en el territorio español va imponiendo la mancha constructiva ha desatado la alarma en la opinión pública, sobre todo ante las noticias sobre irregularidades que con demasiada frecuencia la acompañan. Debido a la desmesura de todo ese proceso -850.000 viviendas iniciadas en 2006-, a veces se olvida que en España sigue habiendo importantes razones para ampliar el parque residencial, en cantidades y proporciones en todo caso más modestas. Y por cierto, también para mejorar su calidad, pues es de lamentar que el reconocido esplendor actual de la arquitectura española tenga un débil reflejo sobre la calidad de los espacios residenciales construidos.
El primer y más evidente motivo para vindicar el aumento de viviendas es el difícil acceso que a ese bien tienen, en razón de su precio, muchos individuos y familias, sobre todo jóvenes. Sin embargo, el argumento que parecería más contundente, de «auméntese la oferta de pisos para que disminuya su precio» debe ser puesto en cuarentena en función de la experiencia de los últimos años, en los que ambas variables, oferta y precios, han caminado de la mano: es obvio que algo perverso ocurre en estos mercados, asociable a la condición de la vivienda como bien de inversión, en no pocas ocasiones meramente especulativa. Para romper esa anomalía sería capital que la proporción de viviendas protegidas, que apenas han superado el 10 % de las construidas desde 2001, aumentase significativamente.
Con la presión de la demanda tienen que ver dos fenómenos sociales de amplio alcance: el cambio que se viene produciendo en la estructura de las familias, con un creciente número de personas que viven solas, y la importante inmigración. En relación con esta última, cabe destacar como nota positiva que, a diferencia del pasado, la expansión constructiva ha permitido absorberla aceptablemente, sin apenas problemas de chabolismo. ¿Cuál es la cifra máxima deseable de viviendas?. Aceptando que la demanda va a seguir pujante -¿debiera fijarse un límite cuantitativo para un crecimiento tolerable, sostenible, del parque residencial?. Algunos urbanistas hablan de tasas que nunca debieran superar las 10 viviendas nuevas anuales por mil habitantes (en un extremo casi inverosímil, el 15 por mil), para horizontes temporales razonables de, digamos, 12 años. Échense las cuentas para cada ciudad, para cada territorio, contrástese con las previsiones de cada plan de urbanismo: puesto que, después de todo, hablamos de impactos irreversibles sobre el territorio, lo que traspase esos límites no será sino simple barbarie.
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¿Baja la vivienda?
Kiss FM (Sabias que) - 18 de abril de 2007 |
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La vivienda siempre ocupa alguno de los primeros puestos de las preocupaciones de los españoles y sin embargo no parece que los partidos políticos den pasos muy firmes hacia una solución: es lo que lamentan desde la Plataforma
| | (El mensaje tiene más de 64K y ha sido truncado.)
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Mié, 2 de Mayo, 2007 7:26 am
"HERRERO CANELA,Maria" <herrerocm@...>
herrerocm@...
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