La Generalitat no se quedará de brazos cruzados ante la negativa del Gobierno a que el Segre, afluente del Ebro, aporte agua a Barcelona. El PSC, la formación del presidente de la Generalitat, José Montilla, exigió al Gobierno medidas alternativas al trasvase del Segre y, de pasada, recordó que el Ejecutivo debe asumir la sequía en las cuencas internas de Cataluña, competencia de la Generalitat, como un problema propio. "Como su nombre indica, el Gobierno de España es el Gobierno de toda España y, por tanto, ha de garantizar también el derecho universal a disponer de agua para beber" de los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, recordó ayer el portavoz del PSC, Miquel Iceta.

Los socialistas catalanes y sus socios en la Generalitat viven con estupor la negativa del Gobierno central a autorizar un trasvase temporal del Segre a Barcelona. Entienden que el PSOE está preso de un ataque de pánico a lo que diga el PP si autoriza ahora un trasvase tras derogar en 2004 el previsto en el Ebro. Iceta fue el encargado de visualizar este malestar, echando mano de la ironía: "Si la vicepresidenta ha dicho no al trasvase del Segre, será porque tiene reservas de agua que se desconocen y que resolverán el problema".

Antes, habían mantenido una conversación telefónica la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y su homólogo catalán, Francesc Baltasar. Fue fría. Narbona recordó a Baltasar que la negativa al trasvase sea del Segre o del Ebro era definitiva. Baltasar la retó a aportar alguna solución e ironizó con que la negativa procede de un "Gobierno provisional" y anunció que presentará sus planes en cuanto Zapatero nombre un nuevo Ejecutivo. La respuesta del ministerio fue igualmente distante: "El Gobierno será provisional, pero la decisión sobre el Segre es firme".

Pero tras esta rotundidad había una propuesta. Narbona dijo a Baltasar que comprara derechos de agua a los regantes, aunque fuera del Ebro, como hace Murcia con Madrid o Almería con Sevilla. Esta propuesta está vinculada a la creación de un "banco de agua"; es decir, el agua que alguien puede usar por tener una concesión y no se consume podría ser vendida a quien la necesite sin aumentar por ello los consumos.

El trasvase del Segre se haría, según el proyecto de la Generalitat, para extraer 1,5 hectómetros cúbicos diarios, siempre que el caudal fuera de tres o más hectómetros. En marzo, el caudal medio ha sido de 3,03 hectómetros, aunque ayer había subido a 3,3.

La Generalitat está dolida porque no se había limitado a "pedir agua" sino que iba pertrechada con media docena de propuestas. Una de ellas comparte el espíritu del banco de agua: utilizar 40 hectómetros del llamado minitrasvase del Ebro a Tarragona y que no se utilizan. Esto exige una obra menor -ya estaba prevista en el derogado trasvase- y no consume más agua. Ese minitrasvase compra cada año 120 hectómetros, los consuma o no, y el consumo es de 80 hectómetros.