No hay época del año mejor para comprobar nuestro poder adquisitivo que los días que atravesamos. A los habituales gastos que implica el sobrevivir, han de añadirse los extras de estas fiestas en cenas y comidas, los regalos a parientes y amigos, y en algunos casos los desplazamientos para estar con los tuyos. Lo cierto es que la pequeña encuesta que cada uno hace en su entorno más cercano nos dice que es unánime la sensación de encarecimiento generalizado de la vida. A pesar de todo, las estadísticas globales nos dicen que vamos relativamente bien. La versión oficial es la siguiente: la economía del país va bien. Crecemos por encima de los países de la zona euro, el país es más rico y, a pesar de que ha aumentado la inflación hasta rozar el 4%, estamos lejos de cifras preocupantes. Esto contrasta con la sensación generalizada de que la vida está mucho más cara que antes, y que los salarios alcanzan para menos. La economía del país es un concepto ambiguo y abstracto como pocos. Detrás de esas cifras agregadas encontramos realidades, productos, personas y situaciones totalmente distintas.

Aquí en EL PAÍS podíamos leer estos días pasados noticias que reflejaban lo contradictorio de la realidad que nos rodea. Leíamos que uno de los establecimientos de más solera de Barcelona, el Colmado Quílez, había vendido en los últimos 20 días más de 20 kilos de caviar a 2.000 euros el kilo. Pero se insistía, en un reportaje sobre la pobreza en Cataluña, en que más de un millón de personas viven con menos de 7.500 euros al año. En el suplemento Ciberpaís, un lector atento puede ir observando cómo se ha producido una drástica reducción del precio de los televisores planos, de los ordenadores portátiles, de los móviles de última generación y de los artilugios MP3. Pero, en contraste, leemos que entre los años 2001 y 2006, los precios de los alimentos básicos se han encarecido en cerca del 25%. Personas tan expertas en el asunto como el ministro Pedro Solbes nos aleccionaba sobre la necesidad de interiorizar el coste real de un euro, para evitar así gastos excesivos o poco conscientes. Pero, con el riesgo de que mi comentario sea poco mesurado, lo cierto es que en el último informe sobre el mercado laboral de la Unión Europea, publicado en el mes de noviembre, se afirma que el peso de los salarios en relación con el producto interior bruto (es decir, lo que representan los costes salariales en el conjunto de ese medidor de la riqueza de un país que es el PIB), en España, ha pasado de representar casi el 68% en el año 1996, a caer al 54,5% en 2006. En el mismo informe se constata que España tiene el discutible mérito de situarse a la cabeza de la Unión Europea en precariedad laboral. Más del 45% de los jóvenes entre 25 y 29 años trabajan en condiciones de temporalidad, más del doble que la media europea para esa misma franja de edad.

Las cosas parecen claras, es un chollo comprarse un televisor plano de 40 pulgadas o un portátil con un montón de gigas si uno lo compara con lo que costaba el año pasado, y es una ruina comprar un litro de leche que en un solo año se ha encarecido más del 30%, o una barra de pan, cuya alza se sitúa en el 15%. Lo fastidioso del asunto es que uno se compra un cachivache electrónico cada bastantes meses, y no hay quien resista sin ir a comprar la estructura básica de alimentos cada día. Y en ese asunto no hay "percepción psicológica desviada" de lo que vale realmente un euro. La creciente distancia entre la leche y el ordenador refleja adecuadamente lo complicado de la nueva realidad económica para mucha gente. El pan, la leche, el pollo o, evidentemente, la vivienda son un tipo de gasto obligatorio, y por tanto definible en términos económicos como inelástico. Es decir, que por mucho que aumenten los precios, su consumo no bajará. Si la barra de pan sigue aumentando, resulta difícil imaginar muchas alternativas viables. Empieza a pasar que la factura de una simple visita a una tienda de alimentación es notablemente superior al precio de una impresora de inyección de tinta de última generación, con lector de tarjetas y calidad fotográfica de impresión.

He ahí una de las más evidentes paradojas de la nueva época que vivimos: tenemos acceso de manera más fácil que nunca a productos de alta sofisticación técnica procedentes de Asia, y la misma emergencia de esos países en términos de capacidad de consumo está incrementando notablemente los costes de las materias primas. Es tremendo constatar como el enfoque y la dirección que está teniendo el progreso técnico en el mundo no le hace más fácil la vida a la mayoría de la gente, sino que le genera nuevas necesidades, nuevos deseos, sin que existan medios para alcanzarlos de manera inmediata. El día a día, en cambio, sigue estando atenazado por problemas de supervivencia, en la lucha constante por llegar a final de mes. Pero esa nueva realidad, en vez de hacernos caer en la impotencia, debería empujarnos a buscar nuevas formas más cercanas y locales de producción y de consumo de los bienes básicos. Y presionar para conseguir que la vivienda (la componente principal del gasto en muchísimos hogares de salarios medios-bajos) sea realmente accesible y concebida como un derecho esencial de las personas. A nuestros gobernantes les deberíamos exigir más vigilancia y compromiso con la defensa de los que menos recursos tiene para afrontar esa nueva realidad, y no una mera posición de espectadores críticos con la inconsciencia ciudadana. Y también una menor complacencia con las grandes cadenas de distribución que controlan el mercado de alimentación o con las inmobiliarias, que deciden de manera oligopólica sobre nuestros destinos.

Los vecinos del Camp Nou tienen la intención de presentar batalla al FC Barcelona. La directiva azulgrana quiere costear la reforma del estadio, estimada en 250 millones de euros, con la recalificación del solar del Miniestadi, pero se va a topar con un problema. Ese cambio de uso comporta, por ley, que una parte del suelo afectado sirva para erigir pisos de protección oficial (un mínimo del 30% de los que se construyan), zona verde y equipamientos. El Barça está conforme, pero los vecinos no. La incógnita es, de momento, de qué superficie se trata y cuántos edificios se podrían levantar.

Alfonso Huéscar, uno de los portavoces de la coordinadora vecinal, advierte que no quieren ningún piso más, aunque sea público. "Que quede claro: No estamos en contra del Barça ni nos vamos regocijar con lo que pase; pero no queremos más gente. Aquí no cabemos", sostiene Huéscar. La coordinadora decidirá en enero qué hará.

No es exactamente cierto porque Les Corts, con 85.000 habitantes, es el distrito menos poblado de Barcelona, y sólo tiene 49 pisos de protección oficial. El caso es que la coordinadora ha tomado un giro más radical que cuando se opuso al proyecto del Barça 2000, impulsado por el ex presidente Josep Lluís Núñez, quien ideó un parque temático potenciando el uso comercial y lúdico. El Ayuntamiento quiere que la recalificación esté sujeta a los mismos criterios que en otros puntos de la ciudad para evitar que se le acuse de favorecer un pelotazo como sucedió en Sarrià, en los terrenos donde estaba el campo del RCD Espanyol. Pero el Consistorio asume que el proyecto actual del Barça es más contenido que el de Núñez. "Nos opusimos a aquel plan y por coherencia no podíamos hacer lo mismo", afirma el directivo Joan Franquesa, ex concejal de Urbanismo en Sant Cugat por Convergència i Unió (CiU): "No queremos privilegios. Esto no es un traje a medida y habrá compensaciones para los vecinos. No puede ser de otra manera".

El Barça aún no ha presentado formalmente su propuesta en el Consistorio, aunque ha mantenido frecuentes contactos con los vecinos, la Universidad y los grupos municipales. No quiere edificar tiendas ni cines y su intención es suprimir la valla que rodea al estadio para integrarlo en el tejido urbano de Les Corts -"ahora esto parece Guantánamo", dijo Franquesa- y abrirse a la ciudad. El viejo Palau será sustituido por otro pabellón con mayor aforo, la pista de hielo será subterránea y desaparecerán las pasarelas que lo unían al Camp Nou, que acogerá las oficinas y la tienda.

Hace tres semanas, el club presentó en el Distrito de Les Corts, ante la concejal Montse Sánchez y los vecinos, la propuesta del arquitecto Norman Foster. No hizo mención alguna a la recalificación del Miniestadi y los pisos. "Franquesa es muy listo. Habla de reordenación urbanística y no de recalificación", subraya Huéscar. "Nos parece bien que nos hagan una piscina o lo que quieran. Pero el barrio, más allá de los días de partidos, tiene un gran problema de movilidad".

El club planea presentar su propuesta el primer trimestre del año, seguramente después de las elecciones. "Sería un fracaso que la reforma se convirtiera en motivo de controversia política", considera Franquesa, y espera alcanzar el máximo consenso para evitar que la tramitación, que puede durar un año, se entorpezca con alegaciones. Su previsión es que Foster acabe el proyecto en septiembre y que las obras empiecen en 2009.

"Lo cierto es que el Camp Nou tiene 50 años y necesita una renovación porque tiene problemas de seguridad y de accesos", sostiene la concejal en sintonía con el presidente del club, Joan Laporta, que siempre ha hablado más del confort del estadio que de su ampliación porque sólo ganará 6.000 localidades. Pese a ello, el club está realizando un estudio sobre la movilidad. El Ayuntamiento coincide con el Barça en que la zona del Camp Nou necesita una reordenación urbanística conjuntamente con el campus universitario, algo que tampoco gusta a los vecinos. Sánchez cree que el barrio necesita guarderías y colegios, pero Huéscar quiere que se deslinde de la reforma. "Los vecinos no protestaron hace 50 años cuando se reformó el viejo campo de Les Corts y ahora lo haremos", señaló el portavoz. Curiosamente, Les Corts es el distrito que más socios aporta al Barça.

¿Creen ustedes que los accidentes de tráfico aumentan la riqueza de un país? Seguramente no y es lógico que así sea. Pero las estadísticas económicas consideran positivos estos accidentes puesto que reflejan las transacciones monetarias y, por lo tanto, los costes de las ambulancias y de los medicamentos, las reparaciones y los seguros, etcétera, servirán para aumentar nuestro PIB (producto interior bruto). En sentido contrario: ¿disponemos de algún indicador que nos permita evaluar e integrar en el cómputo de nuestra riqueza social el trabajo doméstico? Tampoco sabemos calcular la aportación a la riqueza del país de los miles de personas que se reúnen, se informan y debaten, y piensan y organizan acciones con relación a las situaciones que se dan en sus entornos, por lo que consideran sus derechos sobre el territorio en el que viven.

Se acaba de presentar el Anuari territorial de Catalunya que elabora la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio (SCOT). Es una obra inmensa en la que se analizan rigurosamente, mediante fichas informativas y analíticas complementadas por artículos de opinión, 200 casos de conflicto territorial. En todos ellos aparecen los actores confrontados, instituciones políticas y organizaciones sociales, agentes económicos privados y colectivos culturales o profesionales. Esta cuarta edición del anuario se complementa con una página web que permitirá a partir de ahora consultar la evolución a través de los años de las temáticas y de las situaciones analizadas, que van desde el forat de la vergonya al debate sobre la ley de la vivienda, desde la línea de muy alta tensión (Sentmenat-Bescanó-Baixàs) al debate sobre la gestión del aeropuerto de El Prat. El anuario muestra una sociedad viva, implicada en su territorio.

A pesar de su imagen muy institucional, el anuario muestra las reacciones ciudadanas contrarias a muchas iniciativas (y omisiones) públicas y da la palabra a opiniones críticas. Este proyecto es posible por el apoyo que recibe mediante un convenio entre el Institut d'Estudis Catalans, del cual es miembro la SCOT, cuatro consejerías de la Generalitat (Relaciones Institucionales, Política Territorial, Medio Ambiente y Vivienda y Gobernación) y la Diputación de Barcelona. Esperemos que la SCOT consiga mantener la independencia del proyecto y que la multiplicidad de patronos lo facilite; aunque, conociendo la susceptibilidad de los cargos institucionales, no será fácil. Sean del partido u orientación política que sean, muchos responsables de algo en una institución pública consideran inaceptable que con su dinero se critiquen sus proyectos o sus acciones. Suponen que el haber sido elegidos (en una lista) o nombrados por una autoridad les otorga una ciencia infusa y un saber universal, y ven en la crítica la síntesis de una patología social y una conspiración perversa. Olvidan que su dinero procede de los contribuyentes y que éstos tienen derecho a criticar, a proponer y a reclamar ante las instituciones políticas. Y debieran considerar este tipo de iniciativas ciudadanas una importante contribución a la riqueza social del país.

El anuario nos ofrece precisamente una imagen de un territorio rico en iniciativas ciudadanas, pero también fragmentado, casi caótico, débil en cuanto a políticas públicas y disperso en lo que se refiere a la movilización social. Ahora no existe el elemento unificador que fue hace algunas décadas la convergencia de movimientos sociales y políticos en favor de la democracia. Y ni las fuerzas políticas gobernantes u opositoras ni los movimientos sociales (territoriales, sindicales o culturales) han podido construir proyectos globales con vocación hegemónica. En la excelente introducción de Joan Subirats enfatiza la pluralidad de actores que intervienen en los conflictos y critica con toda la razón que los desafíos que nos plantea el territorio no tienen una respuesta única, sea política o técnica: siempre hay varias respuestas posibles y es importante que se expresen y se confronten, y sobre esta base se construya un consenso. Solamente añadiríamos que el consenso no es un término promedio, un centro ideal, sino un resultado de la relación de fuerzas entre valores e intereses diferentes. Y que el consenso ante cada problema y el conflicto que lo acompaña se alcanza más fácilmente si se ha construido un proyecto global unificador y aceptado por la gran mayoría de la ciudadanía.

En este momento de nuestra historia autonómica este proyecto sólo puede construirse si sabemos confrontarnos con el Gobierno del Estado, puesto que el paso previo a debatir políticas para el territorio es tener la capacidad para planificarlas y ejecutarlas, lo que no es el caso ahora. El éxito (relativo) de la manifestación por el derecho a decidir indicaba un camino, el de la iniciativa ciudadana. El fracaso de la operación Estatuto, en cambio, demostró que hoy por hoy los partidos políticos institucionales no están maduros para esta confrontación. Es paradójico que el partido y el líder principales responsables del fracaso estatutario (la traición que fue el pacto del señor Mas con el jefe del Gobierno español, que rompió la unidad de las partidos catalanes) ahora utilicen el lema del derecho a decidir para su campaña electoral. Curiosamente, ha sido el partido con más imagen sucursalista el que se ha enfrentado al Gobierno del PSOE, primero Maragall, principal defensor de un Estatuto ambicioso, y lo ha pagado caro, y luego Montilla no aceptando la consigna del PSOE de sumisión a CiU y de renuncia a la presidencia de la Generalitat.

El desafío hoy lo tiene la sociedad catalana. No se trata ni de independencia para 2014 ni de la autonomía según lo interpreten las Cortes o el Tribunal Constitucional. Se trata de conquistar poder real sobre el territorio, sus infraestructuras, sus equipamientos y sus servicios, ahora y aquí.

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Medio Ambiente llevaba semanas advirtiendo de que en marzo habría cortes de agua de uso doméstico en caso de mantenerse el bajo nivel de lluvias. Pero ayer el titular del departamento, Francesc Baltasar, sorprendió al aplazar las posibles restricciones hasta los meses de mayo o junio. El ecosocialista argumentó en declaraciones a TV-3 que las actuaciones que ha puesto en marcha su departamento para hacer frente a la sequía permiten garantizar que Cataluña pase prácticamente toda la primavera sin restricciones en el suministro de agua de boca. "Si no llueve, tendrá que haber cortes en el suministro, pero más tarde de lo que se dijo en un principio", afirmó el titular de Medio Ambiente.

Este trabajo, dijo Baltasar, empezó el pasado mes de abril con la aprobación del decreto de sequía, una medida que ha dado sus primeros resultados al conseguir reducir el 5% el consumo de agua. El ecosocialista enumeró algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo su departamento para combatir la falta de precipitaciones: impulsar la reutilización del agua, la puesta en marcha de la planta desaladora de El Prat de Llobregat y la ampliación de la de Tordera. "Haremos lo posible y lo imposible para evitar restricciones, porque el objetivo es que Cataluña pase todo 2008 sin cortes de agua", subrayó Baltasar.

Críticas a CiU

Baltasar acusó a CiU de ser responsable "en cinco sextas partes" de los efectos de la sequía por haber "olvidado este problema durante 23 años y no llevar a cabo una política clara del agua". Asimismo rechazó la histórica propuesta de CiU de trasvasar agua del Ródano (Francia) asegurando que sería "un error estructural importante" dejar que "el principal recurso de Cataluña para el abastecimiento de agua sea una comunidad de regantes francesa" y apostó principalmente por construir desaladoras.

El consejero subrayó que el problema de la sequía es "estructural" y requiere "soluciones estructurales", aunque insistió en que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento incluso "trayéndola en barcos".

Cataluña vive la peor sequía de la última década. Los pantanos catalanes se encuentran al 27% de su capacidad, frente al 53% de hace un año.