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From: "Jock Whitney" <bonesandskull@...>
Subject: diaspora chilena-> ASUNTO: Actividades de la CIA en Chile.
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INFORME HINCHEY.



18 de septiembre de 2000.

Resumen de las fuentes / metodología.

En respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de
Inteligencia (Intelligence Authorization Act) para el Año Fiscal 2000
(de aquí en adelante "Enmienda Hinchey"), la Comunidad de Inteligencia
(CI), dirigida por el Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie
de archivos relevantes de la CIA de ese período, básicamente a partir de
recientes búsquedas documentales; estudió gran número de informes del
Congreso concernientes a las actividades en Chile en los años 60 y 70;
leyó las memorias de figuras clave, incluidas las de Richard Nixon y
Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que se
encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó con
funcionarios de inteligencia en retiro que estuvieron directamente
involucrados.

Esta amplia base de información otorga una gran fiabilidad a nuestras
respuestas a las tres preguntas que se transcriben más abajo. Sin
embargo, el cuerpo del informe ofrece un detalle mucho mayor en lo que
constituye un esfuerzo para contar la historia de la intervención de la
CIA y ubica las respuestas en su adecuado contexto histórico. La
Comisión Electa para el Estudio de Operaciones Gubernamentales
concernientes a Actividades de Inteligencia , la Comisión Church, llevó
a cabo en 1975 una minuciosa revisión de documentación y entrevistas,
elaborando un informe que constituye todavía un análisis comprensivo de
las actividades de la CIA en Chile en el período comprendido entre 1963
y 1973.

La respuesta de la CIA a la Enmienda Hinchey ha de verse como un
esfuerzo de buena fe de responder de forma no clasificada a las tres
preguntas y no como la historia definitiva de las actividades de los
Estados Unidos en Chile a lo largo de los 30 últimos años.


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Resumen de las respuestas a las preguntas.

1. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes y empleados de
todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto del
asesinato del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973.

R. No hallamos información alguna -tampoco lo hizo la Comisión Church-
en el sentido de que la CIA o la Comunidad de Inteligencia estuvieran
involucradas en la muerte del Presidente chileno Salvador Allende. Se
cree que se suicidó a medida que los dirigentes del golpe le cercaban.
El mayor esfuerzo de la CIA contra Allende se produjo antes, en 1970, en
el fracasado intento de bloquear su elección y ascenso a la presidencia.
Con todo, la ya larga hostilidad de la administración USA contra Allende
y su anterior estímulo a un golpe militar en su contra, eran bien
conocidos por los conspiradores golpistas, quienes eventualmente
actuarían por su cuenta para expulsarle.

2. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y
empleados de todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia
respecto del ascenso del General Augusto Pinochet a la presidencia de la
República de Chile.

R. La CIA apoyó activamente a la Junta Militar tras el derrocamiento de
Allende pero no ayudó a Pinochet a asumir la presidencia. De hecho,
muchos funcionarios de la CIA compartían amplias reservas albergadas en
los Estados Unidos respecto de la enconada persecución del poder por
parte de Pinochet.

3. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y
empleados de todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia
respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas por
oficiales o agentes del ex Presidente Pinochet.

R. Muchos de los oficiales de Pinochet estuvieron involucrados en abusos
sistemáticos y generalizados a los derechos humanos tras la caída de
Allende. Algunos de éstos fueron informantes o agentes de la CIA o del
ejército de los Estados Unidos. La CI siguió instrucciones de informar
de tales abusos y advirtió a sus agentes chilenos contra este tipo de
conducta. Las normas más estrictas de la actualidad en lo que a informes
se refiere no estaban en vigor en aquel entonces, y, si lo hubieran
estado, suponemos que muchos agentes hubieran sido despedidos.


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Debate.

En los años '60 y a principios de los '70, la CIA llevó a cabo proyectos
específicos de actividades encubiertas en Chile como parte de la
política del Gobierno de los Estados Unidos para intentar influir en los
acontecimientos de Chile. Aquéllos aquí reconocidos aparecen descritos
más abajo. El objetivo arrollador -firmemente anclado en la política de
este período- era desacreditar a los líderes políticos marxistas
leninistas, especialmente al Dr. Salvador Allende, y fortalecer y animar
a sus oponentes civiles y militares para que les impidieran llegar al
poder.

Panorama de las actividades encubiertas. Bajo la dirección de la Casa
Blanca y los comités de coordinación de política inter agencias, la CIA
llevó a cabo las actividades encubiertas descritas más abajo.
Consistieron en esfuerzos propagandísticos sostenidos, incluyendo el
apoyo financiero a los mayores medios de comunicación, en contra de
Allende y otros marxistas. Los proyectos de acción política brindaron
apoyo a los partidos políticos elegidos para tal fin antes y después de
las elecciones de 1964 y tras la elección de Allende en 1970.

En abril de 1962, el "Grupo Especial del Panel 5412" ("5412 Panel
Special Group") -un cuerpo del subgabinete encargado de revisar las
propuestas de acciones encubiertas- aprobó una propuesta para llevar a
cabo un programa de ayuda financiera encubierta al Partido Demócrata
Cristiano (PDC) en sustento de la candidatura presidencial de Eduardo
Frei en 1964.

Asimismo, en 1962, la CIA comenzó a prestar apoyo a un grupo de acción
cívica que desarrolló diversas actividades de propaganda, incluyendo la
distribución de pósters y panfletos.

En diciembre de 1963, el Grupo 5412 acordó una ayuda económica en un
único pago al Frente Democrático, una coalición de tres partidos que
agrupaba de moderados hasta conservadores, en apoyo a la campaña
presidencial del Frente.

En abril de 1964, el Grupo 5412 aprobó un programa de acción política y
propagandística para las entonces próximas elecciones presidenciales de
septiembre de 1964. En mayo de 1964, tras la disolución del Frente
Democrático, la "Comisión 303", sucesora del Grupo 5412, acordó brindar
al Partido Radical ayuda encubierta adicional.

En febrero de 1965, la Comisión 303 aprobó una propuesta para otorgar
apoyo encubierto a los candidatos, seleccionados a tales efectos, a las
venideras elecciones al Congreso.

En 1967 la CIA estableció un mecanismo de propaganda para colocar cuñas
en radio y medios de comunicación.

En julio de 1968, la Comisión 303 aprobó un programa de acción política
en apoyo de candidatos moderados, individuales, que concurrían a las
elecciones legislativas de 1969.

Como resultado de las actividades de propaganda del año 1968, en 1969 la
"Comisión 40" (sucesora de la Comisión 303), aprobó el establecimiento
de un taller de propaganda.

En la campaña para las elecciones presidenciales de 1970, la Comisión 40
ordenó a la CIA que llevara a cabo "operaciones de sabotaje" para
impedir la victoria de Allende.

Como parte de la estrategia conocida como "Plan de Acción I" (1) y
dirigida a impedir que Allende tomara posesión de su cargo tras las
elecciones del 4 de septiembre, la CIA pretendió influir en la votación
que había de hacerse en el Congreso por requerimiento constitucional, ya
que Allende no ganó las elecciones por mayoría absoluta.

En el marco de la estrategia conocida como "Plan de Acción II" (2), a la
CIA se le ordenó buscar el modo de promover un golpe que impidiera a
Allende tomar posesión del cargo (ver exposición más abajo).

Mientras Allende estaba en la presidencia, la Comisión 40 aprobó la
reorientación de las operaciones del "Plan de Acción I", lo cual,
combinado con un renovado esfuerzo para apoyar al PDC en 1971 y un
proyecto para suministrar ayuda al Partido Nacional y al Partido Radical
Democrático en 1972, se tradujo en la inyección de millones de dólares
para fortalecer los partidos políticos de oposición. La CIA también
suministró ayuda a grupos militantes de extrema derecha para debilitar
al Presidente y generar una atmósfera de tensión.

Apoyo al Golpe de 1970. Bajo el "Plan de Acción II" de la estrategia, la
CIA buscaba promover un golpe que impidiera a Allende tomar posesión del
cargo después de que éste obtuviera la mayoría en las elecciones del 4
de septiembre y antes de que el Congreso chileno ratificara su victoria,
requisito éste derivado de la Constitución al no haber obtenido una
mayoría absoluta. La CIA trabajó con tres grupos diferentes de
conspiradores. Los tres grupos dejaron claro que cualquier golpe
requeriría el secuestro del Comandante del Ejército, Rene Schneider,
quien era de la firme opinión de que la Constitución requería que el
Ejército permitiera a Allende asumir el poder. La CIA estuvo de acuerdo
con esta aseveración. Si bien la CIA suministró armas a uno de los
grupos, no hemos hallado información en el sentido de que la intención
de los conspiradores o de la CIA fuera la de asesinar al General. En un
momento posterior se suprimieron los contactos con uno de los grupos de
conspiradores debido a sus tendencias extremistas. La CIA suministró gas
lacrimógeno, subametralladoras y munición al segundo de los grupos. El
tercer grupo intentó secuestrar a Schneider, hiriéndole de muerte en el
ataque. La CIA había animado a este grupo, con anterioridad, a dar un
golpe, pero retiró su apoyo cuatro días antes del ataque porque,
conforme a la evaluación hecha por la Agencia, el grupo no llevaría a
cabo la empresa exitosamente.

Conocimiento de la conspiración para el golpe de 1973. Aunque la CIA no
instigó el golpe que terminó con el Gobierno de Allende el 11 de
septiembre de 1973, estaba al corriente de la maquinación del mismo por
parte de los militares, tenía relaciones para recabar información de
inteligencia con algunos de los conspiradores, y dado que la CIA no
desalentó la toma del poder por los golpistas y había instigado un golpe
en 1970, apareció probablemente como que lo toleraba.

No había manera de que nadie, incluyendo la CIA, pudiera haber sabido
que Allende rechazaría la oferta de los golpistas de sacarle sano y
salvo del país y de que, en cambio -con el Palacio de la Moneda en
llamas y bajo el fuego de los tanques y el bombardeo de la aviación-
optaría por quitarse la vida.

Conocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios
de la CIA estaban al corriente e informaron a analistas y políticos en
1973 que el General Pinochet y las fuerzas que terminaron con el
Gobierno de Allende estaban llevando a cabo una dura campaña en los
meses que siguieron al golpe contra militantes de izquierdas y todos
aquéllos tenidos por enemigos políticos. Las actividades de algunos
servicios de seguridad hacían prever un esfuerzo a largo plazo para
suprimir a los oponentes. En enero de 1974, a los funcionarios de la CIA
y personal a su servicio se les encargó rendir informes sobre las
violaciones de los derechos humanos a manos del Gobierno chileno.

Nexo con los servicios de seguridad chilenos. La CIA tenía vínculos
relacionales en Chile con el propósito principal de asegurar la
colaboración a la hora de recabar información de inteligencia sobre
blancos externos. La CIA ofreció asesoría a estos servicios en
organización interna y entrenamiento en el combate contra la subversión
y el terrorismo desde el extranjero, no en el combate contra los
oponentes internos al Gobierno. La CIA utilizó también este vínculo para
advertir a estos servicios en relación con los abusos a los derechos
humanos en Chile. La comunidad política y la CIA reconocieron que estas
relaciones abrieron la puerta a la posible identificación de la CIA con
las operaciones internas de los servicios de enlace que llevaban
aparejados abusos a los derechos humanos, pero concluyeron que el
contacto era necesario para la misión de la CIA.

Propaganda en apoyo al Régimen de Pinochet. Tras el golpe de septiembre
de 1973, la CIA suspendió la financiación para nuevas operaciones
encubiertas pero continuó con algunos proyectos de propaganda ya en
marcha, incluyendo ayuda para los medios de comunicación comprometidos
con generar una imagen positiva de la Junta Militar. Individuos chilenos
que habían colaborado con la CIA pero que no actuaban bajo la dirección
de la misma contribuyeron a la preparación del "Libro Blanco", un
documento con el que se buscaba justificar el derrocamiento de Allende.
Contenía la alegación de que los militantes de izquierdas tenían un plan
secreto, el "Plan Z", para asesinar al alto mando en los meses
anteriores al golpe, cosa que la CIA creyó ser probablemente una
desinformación proveniente de la Junta.

Conocimiento de la "Operación Cóndor". En el año posterior al golpe, la
CIA y otras agencias del Gobierno de los Estado Unidos estaban al tanto
de la existencia de una cooperación bilateral entre los servicios de
inteligencia de la región para el seguimiento de actividades de, y, al
menos en varios casos, asesinar a, oponentes políticos. Esta cooperación
sería la precursora de la Operación Cóndor, un acuerdo establecido en
1975 para el intercambio de inteligencia entre Chile, Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.

Reparos internos.

Algunos funcionarios de la CIA expresaron sus reservas a ciertas
actividades durante este período.

El examen analítico de la Comunidad de Inteligencia en lo que se refiere
a las probabilidades de un golpe en 1970, por ejemplo, arrojaba que "la
acción militar es imposible" ya que el ejército era profundamente fiel a
la Constitución y no estaba por la labor de expulsar al Gobierno civil.
El DCI afirmó que a la Agencia se le estaba pidiendo lo imposible. Un
funcionario de alto nivel de la CIA dijo que la idea de sabotear una
victoria de Allende "no era realista". Estimaciones de Inteligencia
Nacional elaboradas entre 1969 y 1973 reflejaban cada vez menor
confianza en que Allende sería capaz de subvertir el orden
constitucional de Chile. Además, en el período que precedió el exitoso
golpe contra Allende, a los funcionarios de la CIA les preocupaba la
difusa línea entre lo que era el monitoreo de la conspiración para el
golpe -el recabar información de inteligencia sobre tales actividades
pero sin dirigirlas o influenciarlas- y el hecho de apoyar un golpe, al
menos implícitamente.

Contexto histórico.

El telón de fondo histórico arroja una importante luz sobre las
políticas, las prácticas y lo que se percibía como la urgencia principal
en aquel entonces. La revolución cubana y el afloramiento de los
partidos comunistas en América Latina había traído la Guerra Fría al
Hemisferio Occidental. Miles de oficiales del ejército chileno vinieron
a los Estados Unidos para entrenarse, lo que incluyó presentaciones
acerca del impacto del comunismo mundial en su propio país. Después de
que Allende obtuviera la mayoría simple en las elecciones presidenciales
del 4 de septiembre de 1970, existía el consenso en los más altos
niveles del Gobierno de los Estados Unidos de que una presidencia de
Allende dañaría gravemente los intereses nacionales de los Estados
Unidos.

Los esfuerzos de los Estados Unidos en apoyo de las fuerzas
anticomunistas en Chile se remontan a finales de los años '50 y reflejan
la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por extender
su influencia en el Tercer Mundo. La creciente fuerza de la izquierda
chilena, junto con la continua fragmentación de las fuerzas políticas
moderadas y conservadoras, aumentaron la preocupación en los Estados
Unidos a lo largo de los años '60 y '70, queriendo evitar la emergencia
de "otra cuba" en el Hemisferio Occidental.

Según el Informe de la Comisión Church, en su reunión con el Director de
la CIA, Richard Helms, y el Fiscal General, John Mitchell, del 15 de
septiembre de 1970, el Presidente Nixon y su Consejero en Seguridad
Nacional, Henry Kissinger, ordenaron a la CIA impedir que Allende se
hiciera con el poder. "No les preocupaban los riesgos que esto
entrañaba", según las notas de Helms. Además de la acción política,
Nixon y Kissinger, según dichas notas, ordenaron medidas para "hacer
crujir la economía".

Estas actitudes propias de la Guerra Fría persistieron durante la era
Pinochet. Después de que Pinochet llegara al poder, determinados
políticos de alto nivel se mostraron reticentes a criticar las
violaciones a los derechos humanos, llamando al orden a los diplomáticos
estadounidenses que instaban a dedicar mayor atención al problema. La
ayuda y ventas militares de los Estados Unidos aumentaron
significativamente durante los años de mayores abusos de los derechos
humanos. Según un Memorándum de Conversación previamente desclasificado,
Kissinger, en junio de 1976, indicó a Pinochet que el Gobierno de los
Estados Unidos era afable a su régimen, si bien Kissinger recomendó que
hubiera cierto progreso en el asunto de los derechos humanos para
mejorar la imagen de Chile en el Congreso de los Estados Unidos.


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Material de apoyo.

El "asesinato" del Presidente Salvador Allende.

En 1962 a la CIA se le concedió autorización para llevar a cabo
proyectos de actividades encubiertas en apoyo al Partido Radical Chileno
y al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Estos programas se concibieron
básicamente para ayudar a los partidos a atraer mayor número de
seguidores, mejorar su organización y eficacia e influir en su
orientación política de cara al respaldo de los objetivos de los Estados
Unidos en la región. Un objetivo secundario de estos programas consistía
en contribuir a los esfuerzos para dividir al Partido Socialista. A
petición del Embajador de los Estados Unidos en Chile, con el apoyo del
Departamento de Estado, el Grupo 5412 aprobó en 1963 una cantidad a
hacer efectiva en un único pago al Frente Democrático. Los esfuerzos
propagandísticos en favor de los medios públicos de comunicación
consistieron básicamente en la financiación y orientación de las
personas reclutadas en el seno de las estaciones de radio y periódicos
chilenos seleccionados a tales efectos.

El 2 de abril de 1964, la Comisión 303 aprobó una campaña de acción
política de cara a la preparación de las elecciones de 1964. El objetivo
de la campaña era impedir que ganara el Dr. Salvador Allende, el
candidato de la izquierda a la presidencia. El principal beneficiario de
estos esfuerzos fue Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano. La
campaña se montó sobre la operación encubierta previamente aprobada en
1962, incorporando un elemento de soporte para un grupo de mujeres
militantes. En el mismo período, a la CIA se le encomendó promover la
emisión unilateral continuada de cuñas de propaganda en los medios de
comunicación para así orientar la opinión pública en contra de los
partidos y candidatos de la izquierda. Para la fecha de las elecciones,
la Comisión 303 había aprobado un total de 3 millones de dólares para
evitar que Allende ganara. La victoria de Frei el 4 de septiembre de
1964 marcó un hito en el desempeño de la CIA en las elecciones chilenas.

El 5 de febrero de 1965, la Comisión 303 aprobó una nueva campaña de
actividades encubiertas encaminadas a prestar apoyo a candidatos
elegidos para las elecciones al Congreso del 7 de marzo. Por medio de
esta campaña -diseñada y ejecutada en cooperación con el Embajador de
los Estados Unidos en Chile- se autorizó a la CIA, mediante el uso de su
ya existente infraestructura, a apoyar selectos candidatos al Congreso.
La operación fue considerada un éxito y se la puso término el 30 de
junio.

En 1965-66 se combinaron acciones previas de propaganda y la CIA
estableció un proyecto de operación encubierta para promover la
colocación de propaganda en los medios de comunicación chilenos. Este
proyecto iba encaminado a orientar a la opinión pública en contra de los
partidos y candidatos de la izquierda. El alcance de las actividades
propagandísticas de la CIA en Chile se vio expandido en 1967, con la
promoción de temas "anticomunistas" específicamente en contra de la
presencia del Bloque Soviético en el país.

A pesar de todo, la izquierda chilena obtuvo éxitos políticos durante la
presidencia de Frei. Como consecuencia de ello, a la CIA se le permitió
en 1968-96 llevar a cabo operaciones propagandísticas adicionales con la
intención de influir en los medios de comunicación chilenos. Esto pasaba
por establecer un taller de propaganda y otros mecanismos para la
colocación en prensa. Los temas propagandísticos incluían la amenaza que
el Bloque Soviético representaba para la tradición democrática chilena,
el peligro que suponían para el país los frentes de izquierda internos y
la promoción de un liderazgo pro democrático en Chile. En julio de 1968,
la Comisión 303 aprobó un modesto programa de actividades encubiertas,
propuesto por el Embajador de los Estados Unidos, para influir en la
composición del Congreso chileno mediante el respaldo a candidatos
moderados en las elecciones al Congreso de marzo de 1969. Si bien los
resultados fueron considerados como un éxito operativo, tanto la derecha
como la izquierda radicales obtuvieron más escaños y aumentó la
polarización en el escenario político chileno. Frei y sus candidatos
moderados del PDC fueron los perdedores. Al programa de la CIA se le
puso fin al término de las elecciones al Congreso.

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1970, Allende
se perfilaba como candidato a la cabeza; varios partidos de izquierda
continuaron reforzando la coalición de la Unidad Popular (UP). La
Central se sirvió de algunas de las actividades encubiertas mencionadas
más arriba para llevar a cabo una variedad de operaciones de propaganda
y acción política destinadas a desacreditar a la izquierda. La Comisión
40 le dijo a la CIA que se concentrara en atacar a la coalición de la UP
y que no apoyara a ningún candidato concreto a la presidencia. El
objetivo era dividir a la izquierda y crear las condiciones para que un
candidato no marxista ganara las elecciones. El 27 de junio de 1970 al
Cuartel General se le ordenó que centrara la "operación de sabotaje" más
directamente contra la candidatura de Allende. El plan consistía en
alertar al pueblo chileno de los peligros de un régimen marxista bajo
Allende.

A pesar del aumento de la financiación, como dispuso la Comisión 40, en
agosto de 1970 aparece claro que la operación de sabotaje no estaba
teniendo éxito y que Allende y la UP había reunido tal apoyo que Allende
era sin duda el candidato favorito. La preocupación en las altas esferas
de la Administración Nixon desembocó en el desarrollo de una iniciativa
de operación encubierta más agresiva. Esta iniciativa contemplaba tanto
la acción política (Plan de Acción I) como el golpe militar (Plan de
Acción II) como formas de evitar la presidencia de Allende. El Plan de
Acción I y el II transcurrieron simultáneamente hasta que el Congreso
eligió a Allende el 24 de octubre.

El programa de acción política en consideración pedía a la Embajada y a
la Central que influyeran en el Congreso chileno toda vez que éste debía
hacerse cargo de la cuestión. Esto conllevaba el alentar al Congreso
para que votara a Alessandri como Presidente a pesar del hecho de que
Allende hubiera obtenido un número de votos ligeramente superior.
(Allende ganó con el 36,3 por ciento de los votos el 4 de septiembre
-una mayoría que no era la mayoría absoluta requerida por la
Constitución para evitar la ratificación de la victoria por parte del
Congreso). La Central y la Embajada, sirviéndose de intermediarios,
instaron a Frei para que usara su influencia en el Congreso y
convenciera a las fuerzas que no eran de izquierdas de que votaran a
Alessandri. El escenario pretendido era que el Congreso eligiera como
Presidente a Alessandri; éste dimitiría posteriormente, permitiendo así
que Frei se enfrentara a Allende como candidato en una nueva elección.

La iniciativa del Plan de Acción II emplazaba a la CIA para que
planificara la posibilidad de una intervención del ejército chileno. El
9 de septiembre la Central recibió instrucciones del Cuartel General
ordenándola que entablara contactos directos con los oficiales del
ejército chileno para evaluar la posibilidad de estimular un golpe
militar si llegaba a tomarse tal decisión.

El 15 de septiembre el Presidente Nixon informó al DCI de que los
Estados Unidos no aceptarían el régimen de Allende en Chile. Dio
instrucciones a la CIA para impedir que Allende llegara al poder o lo
despojara de su cargo y autorizó la liberación de 10 millones de dólares
para este fin. El Presidente ordenó específicamente que esta acción
fuera llevada a cabo por la CIA sin informar ni al Departamento de
Estado, ni al de Defensa ni al Embajador de Estados Unidos en Chile. En
respuesta a la instrucción de Nixon, la CIA emprendió una serie de
acciones que incluyeron el hacer ver a los militares que un gobierno
extranjero solicitaba sus puntos de vista, promover propaganda a nivel
mundial para su colocación en los medios de comunicación del país,
iniciar acciones para conseguir que los periódicos de mayor tirada, como
El Mercurio, se opusieran públicamente a Allende, y, contactar con un
seglar católico que tenía relación con los líderes de la Iglesia chilena
para influenciar su opinión sobre Allende. Los oficiales de la Central
intensificaron sus contactos con los oficiales del ejército chileno.
También se alentó a Frei para que usara su influencia con los militares
y animara a los oficiales a considerar la formación de un nuevo Gobierno
antes de que el Congreso eligiera a Allende como Presidente. A finales
de septiembre resultaba claro que era improbable que Frei actuara de
esta manera.

La planificación en el marco del Plan de Acción II se intensificó una
vez quedó claro que Frei no actuaría. Entre los días 5 y 20 de octubre
la Central orquestó numerosos contactos con figuras clave del ejército
chileno y de los Carabineros (policía nacional) para convencerles de que
dieran un golpe. El Agregado Militar de la Embajada de los Estados
Unidos fue colocado bajo control operacional de la Central de la CIA y
transmitió similares mensajes a sus informantes en el ejército. Cuatro
oficiales de la CIA fueron enviados de manera extraoficial a reunirse
con los oficiales más receptivos del ejército chileno y que estuvieron
activamente involucrados en la conspiración golpista.

Sin embargo, la iniciativa del Plan de Acción II fracasó tras el
asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, Schneider, cuya muerte
causó una fuerte reacción en Chile.


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El asesinato de Schneider.

El Gobierno de los Estados Unidos y la CIA estaban al corriente de, y de
acuerdo con, la conclusión de los oficiales chilenos de que el secuestro
del General Rene Schneider, Comandante del Ejército chileno, en
septiembre de 1970, era un paso esencial para cualquier estrategia
golpista. Sin embargo, no hemos hallado información de que el propósito
de los conspiradores golpistas o de la CIA fuera el de asesinar al
general en el acto del secuestro. Schneider era un gran defensor de la
Constitución chilena y un gran estorbo para los oficiales del ejército
que pretendían dar un golpe para impedir que Allende fuera investido en
su cargo.

El General retirado del ejército Roberto Viaux era uno de los mayores
conspiradores golpistas y contaba con el apoyo de jóvenes oficiales y
miembros de la tropa; también dirigió varios grupos civiles de derecha.
Después de que a la CIA le fuera encomendado sondear las perspectivas de
un golpe para impedir que Allende tomara posesión del cargo, un
funcionario de la Agencia estableció contacto con Viaux el 9 de octubre
de 1970. Una segunda reunión con Viaux hizo que la Central transmitiera
a Washington una solicitud, por parte de éste, de armas, gas lacrimógeno
y otros suministros, así como de un prima de seguro de vida para sí
mismo. El examinar la propuesta de Viaux, el Cuartel General de la CIA
concluyó que su grupo no tenía posibilidad de llevar a cabo un golpe con
éxito. La Cuartel General avisó a la Central y en las reuniones de los
días 17 y 18 de octubre un funcionario de la CIA le dijo a un miembro
del grupo de Viaux que la CIA no acogería su solicitud de apoyo. El
funcionario les advirtió de que cualquier acción golpista que
emprendieran sería prematura. El representante de Viaux les informó de
que el golpe estaba planeado para los días 21-22 de octubre, y que el
primer paso consistiría en el secuestro del General Schneider. La
Central puso en cuestionamiento el plan porque la CIA no obtuvo ninguna
conformación de inteligencia y el grupo de Viaux tenía detrás una lista
de tropiezos.

El 22 de octubre el grupo de Viaux, actuando independientemente de la
CIA entonces, llevó a cabo un intento de secuestro contra el General
Schneider que resultó en la muerte de éste. La muerte de Schneider
impactó a las fuerzas armadas y civiles proclives al golpe y los planes
de acción militar fueron arrinconados.

Además de con Viaux, la CIA había establecido contacto con otros
conspiradores golpistas, incluido el General Camilo Valenzuela. La
Central conocía bien al grupo de Valenzuela y al respecto opinaba que
tenía capacidad de dar un golpe con éxito. La CIA suministró el 22 de
octubre a este grupo -que también veía en el secuestro del General
Schneider un paso esencial para cualquier golpe- tres subametralladoras,
munición y de 8 a 10 granadas de gas lacrimógeno. (Estas armas fueron
devueltas con posterioridad, sin usar, a la Central). El representante
de Valenzuela insistió en que su grupo no tuvo nada que ver con el
asesinato de Schneider y en que Viaux había actuado por su cuenta.

En noviembre de 1970, un miembro del grupo de Viaux que no fue capturado
contactó nuevamente con la Agencia y solicitó ayuda económica en nombre
del grupo. Aunque la Agencia no tenía obligación alguna para con el
grupo ya que éste había actuado por su cuenta, en un esfuerzo por
mantener en secreto los contactos anteriores, mantener la buena fe del
grupo y por razones humanitarias, se les pasaron 35 mil dólares.


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El primer período de la presidencia de Allende.

El Congreso aprobó la victoria de Allende en las elecciones por un
amplio margen -153 votos a favor frente a 35 en contra- el 24 de
octubre. Inmediatamente después de la investidura de Allende el 3 de
noviembre de 1970, el objetivo a largo plazo del Gobierno de los Estados
Unidos era mantener activa la oposición con la esperanza de que pudiera
derrotar a Allende en las elecciones de 1976. El papel de la CIA en
Chile consistía básicamente en suministrar fondos e influir en los
partidos políticos de la oposición. En 1971 se aprobó una nueva
operación encubierta para renovar el apoyo al PDC. En 1972 se autorizó
un nuevo proyecto de operación encubierta para suministrar apoyo al
Partido Nacional y al Partido Radical Democrático. El sostenido apoyo
financiero de la CIA a los mecanismos de propaganda descritos más arriba
tenía por finalidad continuar con la colocación [de propaganda] en los
medios de comunicación en apoyo a los partidos de la oposición y contra
el régimen de Allende. La CIA recibió instrucciones de situar al
Gobierno de los Estados Unidos en una posición que le permitiera obtener
futuros beneficios de la solución, bien política o bien militar, al
dilema chileno, según los acontecimientos se fueran sucediendo.

La CIA continuó recabando información de inteligencia sobre los
oficiales del ejército chileno que desarrollaban una oposición activa
contra el Gobierno de Allende, pero no se realizaron acciones para
ayudarles en modo alguno. Algunos de los contratados y de los
informantes de la CIA estaban en contacto directo con los conspiradores
del golpe; las instrucciones de la CIA eran que el propósito de estos
contactos consistía tan sólo en obtener información. A medida que los
rumores sobre la planificación del golpe aumentaron a finales de 1972,
la CIA puso especial cuidado en todos sus tratos con los oficiales del
ejército chileno y continuó monitoreando sus actividades pero bajo
ninguna circunstancia intentó influir en ellos. En octubre de 1972
existía el consenso en el Gobierno de los Estados Unidos de que los
militares intentaban dar un golpe en algún momento, pero que no era
necesario el apoyo de los Estados Unidos para el éxito del mismo y que
la ayuda o intervención de los Estados Unidos en un golpe debiera
evitarse.

El 21 de agosto de 1973 la Comisión 40 aprobó un desembolso
presupuestario suplementario de un millón de dólares para aumentar la
ayuda a los partidos políticos de oposición, lo que durante el período
de Allende sitúa la cantidad total del gasto en operaciones encubiertas
en aproximadamente 6,5 millones de dólares. A finales de agosto la
Central solicitó autorización para brindar la máxima ayuda posible a las
actividades de la oposición destinadas a promover la entrada de los
militares chilenos en el gabinete de Allende. La renuncia del Comandante
del Ejército, el General Carlos Prats (cuyas acciones eran firmemente
fieles a la Constitución) y su sustitución por el General Augusto
Pinochet (no un conspirador golpista, pero aparentemente proclive a
consentir un golpe) pareció conferir una mayor unidad a las Fuerzas
Armadas y fortaleció la institución en cuanto grupo de presión política.
El Gobierno de la UP parecía temer un posible golpe militar y no estaba
seguro de cómo reaccionar ante tal temor.

La Central se dio cuenta de que los objetivos de la oposición habían
evolucionado hasta un punto inconsistente con la actual política de los
Estados Unidos y buscó la autorización de Washington para respaldar una
acción tan agresiva. Si bien el Embajador de los Estados Unidos en Chile
estuvo de acuerdo con la necesidad de que Washington evaluara su
política actual, no coincidió con la propuesta de la Central, temiendo
que pudiera conducir al compromiso fáctico de los Estados Unidos con un
golpe. Como respuesta, el Cuartel General de la CIA volvió a afirmar
ante la Central que no tenía que haber ningún tipo de implicación con
los militares en ninguna iniciativa de acción encubierta; no había apoyo
para promover un golpe militar.

El 10 de septiembre de 1973 -el día anterior al golpe que terminó con el
Gobierno de Allende- un oficial del ejército chileno informó a un agente
de la CIA que se estaba planificando un golpe y solicitó la ayuda del
Gobierno de los Estados Unidos.

Se le respondió que el Gobierno de los Estados Unidos no otorgaría
ningún tipo de ayuda porque se trataba estrictamente de una cuestión
interna de Chile. El agente de la Central le dijo también que esta
petición sería transmitida a Washington. La CIA supo de la fecha exacta
del golpe poco antes de que tuviera lugar. Durante el ataque al Palacio
Presidencial y sus inmediatas consecuencias las actividades de la
Central se limitaron a rendir informes de situación y de inteligencia.

La muerte de Allende tuvo lugar después de que el Presidente rechazara
una oferta de los militares de sacarle a él y a su familia fuera de
Chile. La evidencia disponible apunta a que el Presidente Allende se
suicidó a medida que los golpistas entraban en el ala de sus oficinas.
Una fuente fiable en lo que atañe a la muerte de Allende fue el Dr.
Patricio Guijón, integrante del equipo médico del Presidente. Guijón
estaba con Allende en el Palacio Presidencial de La Moneda durante el
ataque y declaró que vio cómo Allende se disparaba con un fusil. La
Comisión Nacional Chilena para la Verdad y la Reconciliación también
concluyó en 1991 que Allende se quitó la vida. No hay información que
indique que la CIA estuviera involucrada en la muerte de Allende.


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La implicación de las empresas estadounidenses.

Ya en las elecciones a la presidencia de Chile de 1964, los empresarios
estadounidenses con intereses en Chile se habían ofrecido a aportar
fondos a la CIA para impedir que Allende resultara elegido. Todas estas
ofertas tempranas fueron rechazadas.

Un empresario estadounidense que trabajaba para la International
Telephone and Telegraph (ITT), contactó con un agente de la Central a
principios de 1970 para urgir al Gobierno de los Estados Unidos que
suministrara ayuda financiera a uno de los oponentes de Allende, Jorge
Alessandri. La Central suministró al empresario el nombre de un
individuo que podría canalizar, de manera segura, los fondos de la ITT a
Alessandri.

Varios meses después, otro representante de la ITT se dirigió a la CIA
en Washington para sondear si la Agencia estaba dispuesta a aceptar
fondos de su compañía y canalizarlos a la campaña de Alessandri. Se le
respondió que la CIA no podía recibir ni transferir fondos a Alessandri
en nombre de una empresa privada. La CIA también le dijo que, si bien al
Gobierno de los Estados Unidos le perturbaba bastante una eventual
victoria de Allende, no estaba apoyando a ningún candidato específico a
las elecciones. No obstante, igual que sucediera varios meses antes, la
Central aconsejó a estos empresarios cómo hacer llegar los fondos de la
ITT a Alessandri de manera segura.

Tras la elección de Allende y antes de su investidura, la CIA, bajo la
dirección de la Comisión 40, realizó un esfuerzo -en coordinación con la
Embajada en Santiago- para alentar a las empresas chilenas a poner en
marcha un programa de desestabilización de la economía.


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Llegada del General Augusto Pinochet a la Presidencia.

La nueva Junta Militar chilena -el General del Ejército Augusto
Pinochet, el General de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, el Almirante de
la Armada, José Merino y el Jefe de Carabineros, General Caesar Mendoza-
fue investida bajo juramento la noche del 11 de septiembre de 1973. Al
día siguiente, los cuatro integrantes redactaron un documento oficial
por el que la Junta se constituía en el poder supremo de Chile. Pinochet
fue nombrado su primer Presidente y los cuatro acordaron verbalmente que
el cargo sería rotativo. Poco después, la Junta estableció un comité
asesor que Pinochet logró estuviera compuesto por oficiales del ejército
que le eran leales. Una de sus primeras recomendaciones consistió en
descartar la idea de un presidencia rotativa, arguyendo que generaría
demasiados problemas administrativos y daría lugar a confusión.

En marzo de 1974, en el aniversario de los seis meses del
establecimiento de la Junta, Pinochet atacó verbalmente al Partido
Demócrata Cristiano y declaró que no existía un calendario para el
retorno al poder civil. El 18 de diciembre de 1974 Pinochet fue
declarado Jefe Supremo de la nación.

Durante este tiempo, la CIA, en coordinación con el Departamento de
Estado, determinó que no se llevarían a cabo acciones encubiertas nuevas
ni se extenderían las existentes hasta que la Comisión 40 concediera una
nueva autorización. Si bien el gasto en operaciones encubiertas para
cubrir los compromisos y obligados desembolsos en los programas
descritos más arriba contaba con autorización, no se dio luz verde a
nuevas iniciativas. Los planes de acción encubierta de la CIA en Chile
se dieron por oficialmente terminados en junio de 1974, cesando los
desembolsos.

Si bien alguna de estas campañas residuales de propaganda pudo haber
beneficiado a Pinochet y a los golpistas indirectamente, los agentes de
la CIA y de la Comunidad de Inteligencia no estuvieron involucrados en
facilitar la llegada de Pinochet a la presidencia ni tampoco en la
consolidación de su poder como Jefe Supremo. La CIA no contó con
autorización para actividades encubiertas en Chile durante la mayor
parte del período. Si bien la CIA mantuvo enlaces y relaciones con
varios servicios de seguridad a lo largo de los años, no hay nada que
permita indicar que un determinado servicio solicitara, o que la CIA
ofreciera, ningún tipo de ayuda para promover a Pinochet como
Presidente.


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Violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios o agentes
secretos y empleados de la CIA.

En enero de 1974 la CIA emitió una directiva a todo su personal para que
recabara información clandestina sobre tortura en Chile; mediante esta
directiva se daba instrucciones al personal de la CIA para que a través
de todos los agentes y canales de influencia disponibles se indujera al
Gobierno chileno a modificar las medidas represivas y especialmente a
eliminar la tortura. La CIA se sirvió activamente de sus informantes
-especialmente los que tenía con aquellos miembros de los servicios que
destacaban por sus abusos a los derechos humanos- para insistir en que
los abusos a los derechos humanos iban en detrimento del la credibilidad
del Gobierno en su propio país, dañaban su reputación internacional y no
podían ser aceptados por el Gobierno de los Estados Unidos. En algunos
casos, estos informantes permitieron a la CIA obtener información
secreta sobre abusos a los derechos humanos que, de no haber sido así,
no podría haberse conseguido.

Dadas la enorme variedad y naturaleza de los contactos de la CIA en
Chile, la cuestión de los derechos humanos se manejó de diferentes
maneras a lo largo de los años. Como ejemplo:

Con anterioridad al golpe de 1973, el asunto de los derechos humanos no
era abordado en los contactos de enlace ni en los informes de
inteligencia.

Se sabe que un informante de la CIA estaba involucrado en el intento
fallido de golpe que hubo el 29 de junio de 1973, y que otro estaba
implicado en el golpe que resultó con éxito el 11 de septiembre de 1973.

En octubre de 1973 la CIA contaba con información fidedigna de que un
informante de alto nivel estaba involucrado en abusos concretos a los
derechos humanos; se cortó toda relación con el mismo.

Aunque la CIA estaba informada de que un informante a alto nivel
suscribía una linea dura y que por tanto era bastante probable que
cometiera abusos, se permitió que continuara el contacto con él en
ausencia de información específica sobre abusos a los derechos humanos.

La CIA mantuvo contacto indirecto con una fuente relacionada
estrechamente con violadores de los derechos humanos. No existen pruebas
de que la fuente se hubiera involucrado en los abusos, pero sin duda él
estaba al corriente de tal práctica. El valor a efectos de inteligencia
del informante era lo suficientemente importante como para no prescindir
de él.

En el caso de un individuo respecto del cual la CIA disponía de
información relativa a un asunto de corrupción que podía estar
relacionado con abusos a los derechos humanos, se decidió mantener el
contacto dada su posición y potencial valor de inteligencia.

En más de un caso, en vista de la posición de los informantes y su
fidelidad al servicio, parecía probable que estuvieran involucrados en,
conocieran de/o encubrieran abusos a los derechos humanos. Sin embargo,
como tales informantes permitían a la CIA cumplir con su misión de
rendir informes de inteligencia y mantener una vía mediante la cual
hacer llegar sus preocupaciones sobre los abusos a los derechos humanos,
el contacto no fue interrumpido.

En unos pocos casos, aunque la CIA tenía conocimiento de que el
informante representaba a un servicio con un conocido historial de
abusos a los derechos humanos, el contacto fue mantenido porque el
renunciar a él hubiera repercutido negativamente en la obtención de
información de inteligencia de la CIA.

En algunos casos no se realizaron verificaciones cuidadosas sobre el
historial de derechos humanos de los informantes, y no se tomaban
decisiones que tuvieran en cuenta el riesgo. En tales casos, si se
estimaba que un informante tenía valor informativo, se autorizaba la
continuidad del mismo.

La información relativa a los abusos a los derechos humanos de los
informantes de la CIA tanto antiguos como activos por aquel entonces, se
distribuía a la comunidad política y de inteligencia.


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La relación con Contreras.

Durante un período entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto con Manuel
Contreras Sepúlveda, quien después sería conocido por sus abusos a los
derechos humanos. La comunidad política del Gobierno de los Estados
Unidos dio el visto bueno a la relación de la CIA con Contreras dada su
posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile
y veía esta relación como necesaria para el cumplimiento de la misión de
la Agencia, a pesar de ciertas reservas en el sentido de que esta
relación podría abrir la puerta a que la CIA se viera acusada de apoyar
la represión política interna. Desde el principio la CIA le dejó claro a
Contreras que no apoyaría ninguna de sus actividades o de las
actividades de su servicio que tuvieran el carácter de "represión
política interna". En sus contactos con Contreras la CIA le instó a que
se adhiriera a una circular de 17 de enero de 1974, emitida por el
Ministerio de Defensa Chileno, en la que se exponían las directrices
para tratar a los prisioneros de conformidad con la Convención de
Ginebra de 1949.

La relación, si bien correcta, no era cordial ni fluida, especialmente
una vez que surgieron pruebas del papel de Contreras en el abuso a los
derechos humanos. En diciembre de 1974, la CIA concluyó que Contreras no
iba a mejorar en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la
intervención de Contreras en el primer trimestre de 1975 de cara a la
liberación de algunos miembros del PDC que habían sido arrestados y
maltratados por otro servicio ofrecía una pequeña esperanza de que iba a
usar su influencia para poner término a los abusos. Visto
retrospectivamente, sin embargo, este esfuerzo de Contreras reflejaba
probablemente la rivalidad entre los distintos servicios y su esfuerzo
personal por hacerse con el control de la totalidad del aparato de
inteligencia chileno.

En abril de 1975 los informes de inteligencia revelaban que Contreras
era el obstáculo principal para que se adoptara una política razonable
de derechos humanos dentro de la Junta, pero un comité inter agencias
instruyó a la CIA para que continuara su relación con Contreras. El
Embajador de los Estados Unidos en Chile urgió al Director de la
Agencia, Walters, que recibiera a Contreras en Washington en aras del
mantenimiento de las buenas relaciones con Pinochet. En agosto de 1975,
con la aprobación de las inter agencias, esta reunión tuvo lugar.

En mayo y junio de 1975, elementos de la CIA recomendaron el
establecimiento de una relación contractual con Contreras para obtener
información basada en su valiosa posición y acceso a Pinochet. Esta
propuesta fue denegada, invocando la política del Gobierno de los
Estados Unidos en lo referido a relaciones clandestinas con el jefe de
un servicio de inteligencia conocido por sus abusos a los derechos
humanos. Sin embargo, un malentendido en la planificación temporal de
este intercambio hizo que llegara a Contreras un pago.

Además de la información relativa a amenazas extranjeras, la CIA quería
de Contreras información acerca de las pruebas aparecidas en 1975 sobre
la existencia de una cooperación formal en materia de inteligencia a
nivel del Cono Sur -la "Operación Cóndor"- basada en la cooperación para
hacer el seguimiento de, y al menos en unos pocos casos asesinar,
opositores políticos. En octubre de 1976 había información suficiente
revelatoria de que la CIA decidió acercarse a Contreras para tratar este
asunto. Contreras confirmó la existencia de Cóndor como una red de
intercambio en materia de inteligencia pero negó que tuviera nada que
ver con ejecuciones extrajudiciales.

El antiguo miembro del equipo de Allende y Embajador en Washington,
Orlando Letelier, y su secretaria estadounidense, Ronni Moffit, fueron
asesinados en un coche bomba en Washington el 21 de septiembre de 1976.
Casi inmediatamente después del asesinato empezaron a circular rumores
de que el responsable era el Gobierno chileno. El primer informe de la
CIA que contenía esta alegación era de fecha 6 de octubre de 1976.
Durante octubre de 1976 el Departamento de Justicia y la CIA estudiaron
cuál sería la contribución de la CIA a los aspectos de la investigación
judicial relacionados con su labor de inteligencia en el extranjero. En
ese momento, se abordó el posible papel de Contreras en el asesinato de
Letelier.

A finales de 1976 los contactos con Contreras fueron muy poco
frecuentes. Durante 1977 la CIA se reunió con Contreras una media docena
de veces; tres de esos contactos tenían por finalidad solicitar
información sobre el asesinato de Letelier. El 3 de noviembre de 1977
Contreras fue trasladado a un servicio no relacionado con inteligencia,
con lo que la CIA cortó relaciones con él.

No obstante, los informes de inteligencia de la CIA continuaron haciendo
un estrecho seguimiento de las actividades de Contreras. Tras una corta
pugna por mantener el poder, Contreras abandonó el ejército en 1978. En
el ínterin, la CIA reunió información de inteligencia específica y
detallada acerca de la implicación de Contreras en la disposición del
asesinato de Letelier. Si bien parte de este material ha sido
desclasificado, otra parte continúa siendo secreta y una tercera ha sido
retenida a solicitud del Departamento de Justicia, que continúa con la
investigación.


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Informes de Inteligencia.

A lo largo del período posterior al golpe, la CIA recabó y distribuyó
entre las comunidades política y de inteligencia amplios informes
relativos a cuestiones de derechos humanos en Chile. Parte de esta
información provenía de informantes con una confusa reputación. La
información de inteligencia era de una gran variedad, incluyendo:

Debates desde 1973 hasta 1988 en el seno del ejército chileno y los
servicios de seguridad sobre el nivel adecuado de fuerza que había que
usar para combatir lo que ellos veían como la amenaza subversiva de los
grupos políticos de izquierda y las organizaciones terroristas que eran
facciones escindidas de otros grupos.

La identidad y actividades de las subunidades en el seno de las fuerzas
de seguridad chilenas encargadas de llevar a cabo actividades políticas
especiales o actividades contra la izquierda y cuya asociación con
grupos extremistas de tendencia violenta les hacía más proclives a los
abusos sistemáticos;

Debates en el seno de los grupos políticos de izquierda y organizaciones
terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos acerca del uso
de la violencia para combatir al Gobierno; y

Entrenamiento, capacidad, estado de preparación y despliegue de los
diversos grupos de "autodefensa" en el seno de los Partidos Socialista y
Comunista de Chile y las organizaciones terroristas que eran facciones
escindidas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, y, la Juventud Lautaro y las facciones de
obreros y agricultores del Movimiento de Acción Popular Unitaria.

En los días y meses inmediatamente posteriores al golpe de 1973, la CIA
suministró amplios informes sobre lo que el Gobierno caracterizaba como
actividades necesarias para restaurar el orden. Había informes
enormemente discordantes acerca del número de personas asesinadas y
arrestadas. Los informes de la CIA confirmaron que los militares no
estaban revelando las cifras exactas de manera deliberada y detallaban
las opiniones divergentes en el seno de la Junta Militar sobre si había
que ejecutar sumariamente a los extremistas y subversivos o permitirles
ser sometidos a juicio y sentencia. Había también extensos informes
acerca de:

La aplicación de la "justicia militar" a los detenidos civiles y los
tipos de castigo que podrían enfrentar;

La ubicación de los campos de detención y los nombres de las personas
específicas que estaban en ellos, incluyendo el hecho de que algunas de
estas ubicaciones eran secretas;

Acciones de los militantes de izquierda para abandonar el país u obtener
asilo en embajadas extranjeras; y

Evaluaciones del efecto que la represión gubernamental estaba teniendo
sobre la capacidad y acciones de la izquierda para reagruparse.

La CIA recibió también información sobre el "Plan Z", supuestamente
elaborado por la coalición de la Unidad Popular de Allende a fines del
Gobierno de éste para asesinar a figuras importantes del medio político
y militar opuestas a su agenda de izquierda. Cuando afloraron por
primera vez las alegaciones de la existencia del "Plan Z", la CIA señaló
que probablemente se trataba de una desinformación manipulada por la
Junta para mejorar su imagen y ofrecer una justificación de sus
actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el "Plan Z"
formaban parte de una operación conjunta entre la CIA y Chile no son
ciertas, si bien oficiales del ejército con quienes la CIA tenía
contacto antes del golpe de 1973 participaron en la redacción del "Libro
Blanco", en el que las alegaciones de la existencia del "Plan Z"
constituían una pieza central.

La CIA informó por primera vez de los abusos a los derechos humanos por
parte de la Junta el 15 de septiembre de 1973, pocos días después del
golpe. La CIA informó de que las unidades de interrogación de la
seguridad chilena estaban tratando a los supuestos oponentes de una
forma extremadamente dura. Un informe de 22 de septiembre señalaba que
los prisioneros del Estadio Nacional eran tratados cruelmente en los
primeros días después del golpe. El 28 de septiembre, la Cia informó de
que se habían encontrado en el Río Mapocho 27 cadáveres, algunos de
ellos con signos de tortura y mutilaciones. El 9 de octubre la CIA
informó de que técnicos soviéticos no diplomáticos que se hallaban en
Chile habían sido amenazados e insultados en repetidas ocasiones;
algunos de los juzgados con posterioridad fueron golpeados o resultaron
heridos. El 25 de octubre la CIA informó de que el General Sergio
Arellano Starck había ordenado la ejecución sumaria de 21 prisioneros
políticos. El 3 de noviembre la Cia informó de que, a pesar de un
decreto gubernamental para poner fin a las ejecuciones sumarias, en el
Canal de San Carlos se hallaron 20 cuerpos asesinados a tiros. El 12 de
noviembre la CIA informó de la preocupación en el PDC por os abusos a
los derechos humanos. El 18 de enero de 1974 la CIA informó de que
determinados políticos chilenos a lo largo del espectro político estaban
sopesando la posibilidad de elevar la cuestión de los abusos a los
derechos humanos a la atención de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Era evidente que la circular del Gobierno chileno de 17 de enero de 1974
prohibiendo la tortura y dando instrucciones para el trato a los
prisioneros era un ardid de cara a las relaciones públicas. La
información de la CIA indicaba que las fuerzas de seguridad chilenas no
observaban, y probablemente no lo harían, la declarada política. Aunque
la rendición de informes sobre derechos humanos correspondía
principalmente al Departamento de Estado y la Embajada, la naturaleza
clandestina de las prácticas en materia de derechos humanos de los
servicios de seguridad chilenos requería de la actuación de la CIA para
recabar información. A finales de enero de 1974, la CIA dio
instrucciones a todos sus funcionarios concernidos para que recabaran
informes sobre tortura en Chile a través de sus informantes
clandestinos.

Durante los 17 años siguientes, la CIA suministró información sobre
abusos a los derechos humanos en Chile proveniente de sus contactos. A
medida que la izquierda fue retomando fuerzas después, la información de
inteligencia incluía los planes, intenciones, capacidades y actos
terroristas de la izquierda. Durante la transición del gobierno militar
al civil, los informes de inteligencia siguieron el asunto político de
cómo se abordarían las investigaciones y procesamientos en materia de
derechos humanos.

Una revisión de los archivos de la CIA no ha arrojado evidencia de que
sus funcionarios y empleados estuvieran inmersos en abusos a los
derechos humanos o en el encubrimiento de tales abusos en Chile.


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Muerte/Desaparición de ciudadanos estadounidenses.

Las alegaciones sobre complicidad de la CIA en la muerte del ciudadano
estadounidense Charles Horman, Jr. -expatriado que apoyó a Allende y que
fue asesinado tras el golpe de 1973- carecen de fundamento. De igual
modo, la CIA no tenía conocimiento a priori de las circunstancias
conducentes a la muerte en 1973, en Chile, del ciudadano estadounidense
Frank Teruggi o sobre la desaparición del también ciudadano
estadounidense Boris Weisfeiler en 1985.

No obstante, algunos informantes clandestinos de la CIA estuvieron
involucrados en abusos a los derechos humanos. La CIA, bajo las órdenes
de, y en concurrencia plena con, políticos estadounidenses de alto
nivel, mantuvo contactos oficiales con varios servicios de seguridad. Al
mismo tiempo, la CIA mantuvo contactos secretos con miembros selectos
del ejército, la inteligencia y las fuerzas de seguridad chilenas, tanto
para recabar información de inteligencia como para llevar a cabo las
acciones encubiertas descritas más arriba. No hay duda de que algunos de
los informantes de la CIA estuvieron activamente involucrados en la
comisión y encubrimiento de graves abusos a los derechos humanos.

Como resultado de las lecciones aprendidas en Chile, Centroamérica y
otros lugares, la CIA supervisa hoy cuidadosamente todos sus informantes
en relación con su eventual implicación en abusos contra los derechos
humanos y decide en función del equilibrio entre la naturaleza y
gravedad del abuso a los derechos humanos y el potencial valor en
términos de inteligencia de continuar con la relación. Estas normas
mínimas, establecidas a mediados de los '90, habrían alterado
probablemente la cantidad de contactos que teníamos con perpetradores de
violaciones a los derechos humanos en Chile de haber estado en vigor en
aquel entonces.


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Notas de Traducción:

1. NT: "Track I", literalmente "Pista I", en la versión original en
inglés. Dado la diversidad de acciones que engloba hemos preferido
traducirlo como "Plan de Acción I" [volver]

2. NT: "Track II", literalmente "Pista II", en la versión original en
inglés. Dado la diversidad de acciones que engloba hemos preferido
traducirlo como "Plan de Acción II"


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