Diputados reclamó al gobierno rechazar los actos bilaterales que pretendan limitar la jurisdicción de la CPI

Parlamento pidió a Batlle no ceder
a las presiones de Estados Unidos

La Cámara de Representantes aprobó en la víspera por unanimidad, una minuta de comunicación a través de la cual solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores rechazar, por ilegal, la propuesta del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de suscribir acuerdos bilaterales que pretendan la limitación del alcance de la Corte Penal Internacional (CPI) y otorgar inmunidad de proceso a ciudadanos norteamericanos, civiles o militares.

El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) había presentado, en octubre del pasado año, un proyecto de minuta de comunicación a efectos de que la Cámara de Representantes le expresara al Poder Ejecutivo su deseo de que rechazara cualquier acuerdo orientado a la desviación del fin del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que denunciara "en forma clara e inequívoca cualquier acto incompatible con el objeto y fin del tratado".

El ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, confirmó el pasado 7 de mayo ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la rama baja parlamentaria que "efectivamente habían existido exploraciones por parte de los EEUU para la búsqueda de acuerdos bilaterales de inmunidad para los ciudadanos estadounidenses". 

En tanto, el pasado martes se confirmó que el gobierno norteamericano resolvió suspender la ayuda militar que proveía a Uruguay ­y otros 35 países, 7 de los cuales son de América Latina­ por el hecho de no suscribir el acuerdo bilateral a través del cual se le pretender otorgar inmunidad de proceso a EEUU, país que además no integra la Corte Penal Internacional. Las presiones de los Estados Unidos se aceleraron luego de la guerra en Irak.

En ese marco, ayer la Comisión de Asuntos Internacionales de la rama baja parlamentaria aprobó por unanimidad la minuta de Michelini, quien además la presentó ante el plenario de la Cámara donde también contó con el respaldo de todos los sectores políticos.

A través de la minuta que se solicita que el Ejecutivo y la Cancillería rechacen los actos bilaterales que pretendan limitar la jurisdicción CPI. Asimismo, la Cámara de Diputados ratifica su voluntad "en la defensa del ejercicio soberano de la jurisdicción penal y el principio de complementariedad de la jurisdicción de la CPI establecida por el Estatuto de Roma, para el juzgamiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión".

Se afirma que "la concreción de la paz, la justicia, la seguridad, y el respeto universal por los derechos humanos, se hará más eficazmente con la intensificación de cooperación de los Estados en la protección jurídica de la población basada en el derecho y la justicia".

En la minuta se declara "la ilegalidad jurídica de acuerdos bilaterales que pretendan la limitación del alcance de la CPI sobre la base de la nacionalidad específica de determinadas personas. Dichas iniciativas basadas en una interpretación errónea del artículo 98 del Estatuto, afectan el principio de igualdad de las personas y de los Estados así como los compromisos asumidos convencionalmente en el Estatuto por parte de estos".

Por otro lado, se rechaza "cualquier intento de acuerdo bilateral que se le formule a la República particularmente el promovido por el gobierno de EEUU para exceptuar a nacionales de algún país de la jurisdicción de la CPI"; y se solicita al Ejecutivo a que rechace cualquier acuerdo orientado a la desviación del fin del Estatuto de Roma y que denuncie cualquier acto que sea incompatible con el objeto y fin del tratado.
 

"Ilegal e inconveniente"

El diputado Félix Laviña (Batllismo, Lista 15) consideró que la actitud de EEUU "no se aviene a las reglas generales ni a los principios del Derecho Internacional". 

"Uruguay también suscribió el Tratado de Roma por lo cual Uruguay es un Estado parte, a diferencia de EEUU. En consecuencia, no es legal ni conveniente que se suscriba un convenio con un Estado que no es parte del mismo con el objetivo de hacer variar el cumplimiento del fin del Tratado", agregó Laviña.

Por su lado, el diputado socialista, Guillermo Chifflet resaltó que existe un problema de soberanía; "es decir, la necesidad de que los países menos poderosos, entre los que se encuentra Uruguay, reafirmen el ejercicio soberano de la jurisdicción penal que los Estados Unidos, el centro imperial de hoy, quiere limitar". 

En el mismo, sentido el diputado León Lev (Alianza Progresista) manifestó que el EP-FA prefiere que Uruguay "se encuentre entre los países que no reciban esa ayuda financiera, pero sí que esté con los principios de la CPI para que los delitos de genocidio, de guerra y lesa humanidad no queden impunes más allá de quien los cometa", añadió Lev. 

Para el diputado Jaime Trobo (Herrerismo) "más allá de las relaciones amistosas que Uruguay mantiene con los EEUU ésta es una circunstancia en la cual el Parlamento expresa políticamente su respaldo a una Cancillería que tiene que actuar en función de los compromisos que asumió oportunamente en torno a la conveniencia de formar parte del Tratado de Roma".

El diputado Iván Posada (Partido Independiente) destacó que la actitud de los EEUU "se hace en función de realidades políticas diferentes, porque no está planteado ningún tipo de sanción para los países de la Unión Europea, pero sí para los países de América Latina; esto es una clara discriminación".

Opertti: El pedido de inmunidad
obedece al "síndrome Pinochet"

El canciller Didier Opertti lamentó ayer que no se haya podido encontrar una solución a las diferencias que surgieron con Estados Unidos por la negativa de nuestro país a brindar inmunidad a militares que puedan cometer violaciones a los derechos humanos, pero a la vez dejó abierta la puerta para llegar a algún acuerdo en el futuro.

Opertti recordó ayer en conferencia de prensa, que el gobierno uruguayo se encontró ante una disyuntiva: apoyar el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y que fuera ratificada por nuestro país, o hacer cumplir el acuerdo que se tiene con Estados Unidos desde 1953 que "establece que, bajo determinadas condiciones, el personal proveniente de los Estados Unidos que esté realizando tareas en el territorio uruguayo tiene determinadas inmunidades de jurisdicción".

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que conjuntamente con autoridades norteamericanas se buscó una salida que evitara no cumplir con el acuerdo bilateral. "No hemos encontrado una fórmula que satisfaga los intereses de ambas partes, y ello ha determinado que no se haya firmado el convenio ofrecido por los Estados Unidos", se lamentó Opertti.

No obstante agregó que "esto no significa que estemos desconociendo la preocupación que los Estados Unidos puedan tener, pero también decimos que hay una diferencia entre un Estado que es parte del Estatuto de Roma y un Estado que no es parte. 

Opertti aseguró que el gobierno estaba en conocimiento de las consecuencias que habría si no se acordaba con Estados Unidos. "Pero el gobierno puso en la balanza por una parte lo que constituye la observancia del Estatuto de Roma y por otro la cooperación (son dos valores importantes), pero el primero era para nuestro país un aspecto fundamental". "Esta decisión implica la afirmación de nuestra identidad, nos reconocemos como fieles cumplidores del derecho internacional".

Indicó que en los contactos con las autoridades de Estados Unidos se ofreció una salida que no fue aceptada. Esta consistía en un compromiso de que aquel militar o funcionario que fuera acusado de un crimen de lesa humanidad, y estuviera en Uruguay, sería juzgado en Estados Unidos.

"Lo que más nos importa es que quien comete un delito sea juzgado, que los delitos no queden impunes", explicó Opertti. "Preservando el Estatuto de Roma, sería perfectamente posible que la jurisdicción nacional de cualquier Estado pudiere castigar este tipo de figura que ha sido asumido por la comunidad como figura delictiva. Sería posible imaginar que los Estados Unidos dijera: 'mire yo no se lo entrego a la Corte, le pido a usted que no lo entregue, pero yo lo voy a juzgar porque no soy parte de esa Corte'". "Entonces si la idea es encontrar un camino para evitar la impunidad, entonces un compromiso de juzgamiento bajo esas condiciones eliminaría esa dificultad". 

Opertti afirmó que "este es un tema en evolución", y dejó entrever la posibilidad de que se analice más adelante.

El ministro evaluó que el pedido de inmunidad de Estados Unidos se debe a que "tiene el síndrome Pinochet", en alusión al hecho de que el dictador chileno haya sido apresado cuando se encontraba en Inglaterra, y desde España se requería su captura. "Es la preocupación de que el mero pasaje por un Estado parte de la Convención de Roma pueda habilitar el pedido de detención de una persona. Nosotros hemos sostenido siempre que los estados de tránsito no tienen competencia. (...) Nosotros podríamos establecer que el mero tránsito por nuestro aeropuerto, una escala técnica, no habilitaría la intervención de la autoridad local". El canciller admitió además que desde hace un año se vienen realizando contactos con otros países buscando una salida al tema. Incluso, dijo, se habló con los representantes de la Unión Europea.

La mayoría de los países de América Latina reiteró ayer que no concederán inmunidad a las tropas norteamericanas pese a las represalias de Washington y cumplirán con las obligaciones que establece la Corte Penal Internacional (CPI), cuya jurisprudencia es resistida por Washington. A su vez, la Comisión Europea lamentó el miércoles, las "presiones" de Estados Unidos sobre los países que no firmaron acuerdos bilaterales que ofrezcan inmunidad a sus ciudadanos ante la CP). 

El gobierno de Brasil reafirmó su oposición a la firma de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para otorgarle inmunidad a los soldados norteamericanos que pudieran desplazarse en su territorio.

"El acuerdo propuesto por Estados Unidos sería contrario a la letra y el espíritu del Estatuto de Roma (acta fundacional de la CPI) y atentaría contra la igualdad jurídica de los Estados", afirmó la Cancillería brasileña, a través de un comunicado.

Diferente es la situación de Colombia, el tercer país beneficiado por la asistencia militar de Washington, luego de Israel y Egipto, con alrededor de 500 millones de dólares. La ministra de Defensa, Marta Ramírez, anunció que realizarán gestiones en Washington "para superar estos desacuerdos bilaterales y evitar que nos congelen la ayuda para 2004".

Sin embargo, la ministra de Defensa no precisó si Colombia podría acceder a las demandas de Estados Unidos, pese a que es un país signatario del Estatuto de Roma. 

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, Luis Santamaría, pronosticó que "la represalia" de Estados Unidos "redundará negativamente en las relaciones bilaterales".

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Roberto Tovar, reiteró ayer que su país no firmará un convenio bilateral de inmunidad con Estados Unidos y recordó que su país fue uno de los propulsores de la CPI.

Ecuador, en tanto, dijo que abordará "un reexamen y un replanteo" de las relaciones con Estados Unidos, a partir de las represalias adoptadas por Washington, informó en Quito Roberto Ponce, subsecretario de Asuntos militares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a su vez expresaron su preocupación porque en los próximos meses esperaban recibir seis helicópteros, apoyo técnico y logístico de Estados Unidos, para controlar la candente frontera con Colombia.

Voceros del gobierno paraguayo explicaron que la ayuda militar de Estados Unidos "ha disminuido sensiblemente en los últimos años" y cualquier represalia de Washington afectará al próximo gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que asumirá el 15 de agosto. 
 

Europa "sin sorpresa"

Igualmente expresó su satisfacción "por el hecho de que hay un gran número de países que han hecho frente (a EEUU) y no han aceptado la presión de los estadounidenses". 

En este sentido, manifestó "nuestra admiración por los países que están trabajando para hacer de la CPI un éxito internacional". 

El gobierno de Washington firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma, que establece la creación de la Corte, por el temor a que sus responsables políticos o personal militar en el mundo puedan ser objeto de denuncias interesadas.