http://www.revistaamanecer.com/otros_numeros/138/45/45.htm
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Kissinger y el Plan Cóndor |
.REDACCION
ecientemente, el Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y "desapariciones" tras asumir el poder en marzo de 1976. Los 4.677 documentos desclasificados muestran la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes. Una gran parte de esta documentación está compuesta por los telegramas,
memorándums y cables que fueron intercambiados entre la Embajada de EEUU en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos ponen en evidencia que tres Administraciones estadounidenses consecutivas -las de Ford, Carter y Reagan- colaboraron con la junta militar, pese a ser plenamente conscientes de los crímenes y atrocidades que se estaban cometiendo en Argentina en el nombre de la "lucha contra el terrorismo". Los gobiernos norteamericanos estaban bien informados de lo que sucedía gracias a la estrecha relación de los funcionarios de la Embajada con los militares que dirigían los "escuadrones de la muerte" y los centros de tortura. Sin embargo, Washington veía estas acciones criminales como algo necesario para salvaguardar los intereses de EEUU y los de la élite gobernante argentina. Los documentos fueron desclasificados en base a una petición de varias organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, incluyendo la de las Madres de Plaza de
Mayo, formulada a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante una visita de ésta a Buenos Aires en el año 2000. Sin embargo, los documentos hechos públicos pertenecen sólo al Departamento de Estado. Los de la CIA y el Pentágono, que podrían aportar informaciones incluso más relevantes, en especial acerca de los responsables militares y de inteligencia de EEUU involucrados más directamente en los crímenes de la dictadura argentina, continúan clasificados. El lenguaje diplomático utilizado en los documentos del Departamento de Estado oculta en buena medida el papel jugado por EEUU en la represión de Argentina. El nivel real de la implicación norteamericana queda reflejado en algunos documentos en los que se detallan fricciones entre los diplomáticos de carrera estadounidenses destinados en Argentina, que sermoneaban en diversas ocasiones a los militares argentinos por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos responsables políticos y militares de
Washington que pedían a aquéllos que continuaran con su represión. Entre los documentos más relevantes puede citarse un cable enviado por el embajador norteamericano, Richard Hill, al Departamento de Estado en octubre de 1976. En él se describe la reacción "eufórica" del ministro de Exteriores de Argentina, Almirante César Guzzetti, tras una visita a Washington donde mantuvo conversaciones con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger; el vicepresidente, Nelson Rockefeller, y otros altos responsables. Según el cable, en sus conversaciones con Guzzetti, Kissinger y Rockefeller manifestaron que "comprendían" que la dictadura argentina "se viera obligada" a emplear métodos represivos y pidieron únicamente a la junta militar que "acabara con
el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible". Otros responsables norteamericanos aconsejaron amistosamente a Guzzetti que evitara tomar medidas represivas contra los clérigos de la Iglesia Católica y controlara a una facción radical del Ejército que utilizaba esvásticas nazis y otros símbolos fascistas en las prisiones y las cámaras de tortura. "Guzzetti fue a EEUU temiendo que recibiría allí reproches o advertencias por parte de las autoridades norteamericanas por las atrocidades cometidas por la junta militar". Sin embargo, escribe el embajador Hill, "él volvió a Argentina en un estado de euforia, convencido de que el gobierno de EEUU no pondría ningún reparo al proceder de las autoridades argentinas en este tema (de la represión contra la oposición)". En la víspera de la visita de Guzzetti, el embajador Hill envió otro mensaje al Departamento de Estado en el que manifestaba que había advertido al almirante argentino que "el asesinato de sacerdotes y el
arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día no va a ser considerado por la opinión pública como una medida apropiada para una victoria rápida frente a los terroristas; por el contrario, estas acciones serán con toda probabilidad contraproducentes". Durante las conversaciones celebradas en Washington, Kissinger repitió el mismo mensaje que había transmitido a Guzzetti en un encuentro de la Organización de Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile cuatro meses antes. En aquella cumbre, según desvela un cable anteriormente desclasificado, Guzzetti se entrevistó con Kissinger y sacó a relucir el tema de la guerra sucia en Argentina con el propósito de tantear la opinión del secretario de Estado. Hay que recordar que, en aquella época, gran número de estudiantes, intelectuales,
trabajadores, profesionales y otras personas a las que la dictadura tildaba de "subversivas" eran arrestadas y conducidas por comandos del Ejército a campos de concentración. Allí, dichas personas eran sometidas a atroces torturas y, posteriormente, asesinadas. Según el cable, Kissinger preguntó a Guzzetti cuánto tiempo más duraría el reinado del terror en Argentina. Cuando Guzzetti prometió que "el problema terrorista" sería eliminado en seis meses, Kissinger dio su aprobación expresa al almirante para que la junta siguiera adelante con su política. Así pues, los documentos desclasificados muestran que Kissinger y otros altos responsables norteamericanos dieron luz verde a los jefes de la junta militar para que llevaran a cabo sus crímenes y estuvieron en todo momento bien informados acerca de ellos. Muchos de los documentos desclasificados incluyen descripciones detalladas de los métodos de tortura empleados por los militares contra los opositores detenidos. Un memorándum
de la Embajada de EEUU de 1979 da los siguientes detalles: ".... quemaduras de cigarrillos, violaciones, abusos sexuales, extracción de los dientes, uñas y ojos, derramamiento de agua, aceite hirviendo o ácido sobre los cuerpos de los detenidos, o incluso la castración". Entre los papeles se encuentra también una declaración de la Embajada de 1977, en la que se relata cómo las mujeres detenidas eran torturadas por medio de corrientes eléctricas, introducción de sus cabezas en cubos de agua hasta casi ahogarse, violación física por parte de sus torturadores o por medios mecánicos, introducción de ratas y arañas en sus vaginas, mordeduras de perros, torturas de sus parientes o compañeros delante de ellas, golpes en sus vientres para que abortaran, etc". Otros informes hablan de mujeres golpeadas con las culatas de los rifles hasta perder el conocimiento, madres obligadas a ver cómo sus hijos eran torturados y bebés separados de sus madres, que luego eran ejecutadas. Todo esto es
lo que Kissinger y otros miembros de la clase dirigente norteamericana aprobaron, con tal de que todo transcurriera "de la forma más rápida posible".
Los responsables norteamericanos escribieron también memorándums que dejan claro que, bajo la cobertura de la "guerra contra la subversión", la junta pretendía en realidad destruir todos los movimientos sociales de oposición. Un documento elaborado por Harry Shlaudeman -un alto responsable para América Latina del Departamento de Estado- para la atención de Kissinger en agosto de 1976 comparaba los objetivos del plan de "desarrollo nacional" de la junta militar argentina con los del régimen nazi. "La ideología del desarrollo nacional tiene obvios paralelismos con el nacionalsocialismo. Los opositores al régimen
militar llaman a éste fascista. Aunque este término se emplea normalmente con una finalidad peyorativa, hay que decir que él puede ser en este caso adecuado técnicamente.... Para que su plan económico funcione, ellos tienen que destruir el poder de las estructuras tradicionales y, especialmente, el movimiento sindical". Así, mientras que los responsables norteamericanos se molestaron en advertir a los militares argentinos en contra de la tortura de sacerdotes, no tuvieron palabra alguna que decir acerca de la represión dirigida contra el movimiento sindical o asociativo. Un mes después de que fuera elaborado el memorándum de Shlaudeman, los militares intervinieron con brutalidad para eliminar una huelga en el sector automovilístico que afectaba a varias fábricas, incluyendo una de la multinacional Ford -situada en General Pacheco, cerca de Buenos Aires- que más tarde se convertiría en uno de los centros de tortura del régimen militar. Pese a haber dictado largas condenas de
prisión para los líderes de la huelga, las autoridades hicieron poco uso del sistema legal. En su lugar, la Junta emprendió una campaña de terror, con secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, con el fin de acabar con el conflicto. En marzo de 1978, un informe de la Embajada estadounidense en Buenos Aires estimó que el número de desaparecidos alcanzaba entonces una cifra situada entre los 12.000 y los 17.000. Según el informe, una parte importante de los desaparecidos eran trabajadores y activistas sindicales acusados de promover huelgas. En muchos casos, los familiares de los trabajadores eran también secuestrados. En total, el documento menciona la cifra de unos 3.000 familiares desaparecidos. El memorándum elaborado por Shlaudeman también detalla el lanzamiento de la así llamada Operación Cóndor, una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia que permitía la captura y ejecución de opositores
políticos por parte de la policía de cualquiera de tales estados más allá de sus fronteras nacionales. Los regímenes militares que gobernaban todos estos países alcanzaron el poder tras derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, para lo cual contaron con la colaboración de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. La Operación Cóndor permitió secuestrar y hacer "desaparecer" a los opositores políticos mediante operaciones transnacionales, que incluyeron la utilización de "escuadrones de la muerte" para asesinar a aquéllos en cualquier lugar del mundo. El crimen más infame a este respecto tuvo lugar en las calles de Washington, donde un coche bomba mató al antiguo ministro de Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en septiembre de 1976. Los documentos muestran que la Administración Carter (1977-80) expresó su impaciencia hacia las políticas de la Junta Militar argentina, por sus abiertas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, como dejan claro dos informes de1978, lo que realmente temía el gobierno de EEUU es que una represión indiscriminada acabara provocando revueltas y la desestabilización de Argentina. Uno de estos documentos, fechado el 1 de marzo de 1978, reconoce que varios cuerpos desnudos, decapitados y con las manos esposadas habían aparecido en las playas de Río de la Plata. Un memorándum enviado dos semanas más tarde por la Embajada a Washington contiene una advertencia del embajador norteamericano en el sentido de que la represión continuada podía producir la radicalización de diversos sectores de la sociedad argentina, que estaban demandando ya que se diera a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. Sin embargo, el embajador recomendaba que EEUU continuara prestando su apoyo a
la dictadura argentina basándose en la ridícula afirmación de que la actuación de la Junta Militar en el terreno de los derechos humanos "estaba mejorando". Como otros documentos señalan, el descenso en el número de desaparecidos en 1978 se limitaba a reflejar la extrema dureza de la represión durante los dos primeros años de la dictadura (1976-77). Un informe de febrero de 1979 que trata acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año anterior refleja que el número de desapariciones en 1978 disminuyó a causa de "la escasez de objetivos tras dos años de una represión a gran escala". En el verano de 1977, el Senado de EEUU aprobó una legislación que prohibía la ayuda militar a Argentina si en un plazo de dos años el régimen no mejoraba su actuación en el terreno de los derechos humanos. Uno de los documentos desclasificados -una carta del senador Edward Kennedy al secretario de Estado Cyrus Vance- sugiere que la Administración Carter intentaba burlar la legislación
al apresurar los envíos de material militar a Argentina antes de que concluyera el plazo límite marcado por el Senado. Otro memorándum de la Embajada de EEUU, fechado en julio de 1977 y dirigido al secretario de Estado adjunto Terence Todman, en la víspera de su visita a Argentina, muestra a las claras la actitud de la Administración Carter. El memorándum aconsejaba a Todman que manifestara a los dictadores argentinos que EEUU "celebraba la declaración oficial argentina de que la guerra contra el terrorismo estaba a punto de ganarse". El documento aconsejaba, sin embargo, a Todman que transmitiera a la Junta que "lo que más inquieta a muchos de los amigos de Argentina son las dramáticas desapariciones", citando el caso concreto del secuestro de un antiguo embajador. No obstante, el documento no refleja ninguna inquietud por la suerte de los miles de estudiantes o trabajadores desaparecidos. Finalmente, contenía un elogio a la política económica de la Junta: "Deseamos mostrar
nuestra satisfacción por el proceso de estabilización que está teniendo lugar en Argentina. Estamos complacidos por el hecho de que los inversores extranjeros estén hallando ahora un clima mucho más favorable en el país". Con la llegada al poder de la Administración Reagan en 1981, EEUU estrechó sus relaciones con la Junta Militar argentina sin preocuparse ya de ninguna consideración acerca de la situación de los derechos humanos. El régimen argentino proporcionó entrenamiento y ayudas a los mercenarios de la contra de Nicaragua en su campaña en contra del gobierno sandinista en los años ochenta y participó también, de diversas formas, en las operaciones contrainsurgencia conjuntas que tuvieron lugar en El Salvador y otros países de América Central. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 24 de marzo de 1981, informa de las
negociaciones iniciales que condujeron a la participación argentina en tales operaciones. Aunque la Embajada norteamericana continuó enviando informes acerca de desapariciones y violaciones de los derechos humanos, Washington sencillamente las ignoró. Las estrechas relaciones con EEUU no lograron a la postre salvar a la Junta Militar. La creciente oposición a la dictadura acabó cristalizando en masivas manifestaciones de protesta en los últimos días de marzo de 1982 y en diversos disturbios en las calles de Buenos Aires. Los documentos enviados por la Embajada de EEUU en aquella época muestran una creciente preocupación por la estabilidad del régimen. En abril de 1982, en un intento de ganar apoyo popular y neutralizar a la oposición mediante la elevación del sentimiento nacionalista, el jefe de la Junta, general Leopoldo Galtieri, lanzó una invasión mal planificada contra las Islas Malvinas, una posesión colonial británica. La Junta Militar argentina creyó ingenuamente que
los servicios prestados a EEUU en América Central harían que Washington presionara a Londres para que aceptara el hecho consumado y abandonara las islas en manos argentinas. Sin embargo, la Administración Reagan respaldó al Reino Unido y le ayudó a montar una ofensiva aeronaval que terminó con la recuperación británica de las islas y una masacre de reclutas argentinos, que se hallaban en ellas en una situación deplorable. La derrota humillante supuso la sentencia de muerte para el régimen militar. Entre los documentos de esa época figuran varios informes de oficiales de la inteligencia norteamericana que podrían ser utilizados en el previsto juicio a Galtieri por su implicación en el secuestro y ejecución de varios exiliados argentinos capturados en Brasil en los años 1979-80. El antiguo general se haya actualmente en una situación de arresto domiciliario. Aunque muchos de los documentos desclasificados tienen una antigüedad de al menos 25 años, sus repetidas justificaciones
de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por los militares, no sólo en Argentina sino en toda América Latina, en el nombre de la "guerra contra el terrorismo" suenan demasiado familiares en la actualidad. Esto no es una mera coincidencia histórica. Henry Kissinger continúa siendo una figura muy influyente en los sectores que dirigen la política exterior norteamericana. Además, muchos de los que dirigen hoy en Washington la política que combina el asalto contra los derechos democráticos dentro de EEUU y la ola de militarismo desenfrenado en el extranjero, son los mismos que en su día jugaron un papel clave a la hora de consolidar el apoyo norteamericano a la Junta Militar argentina en los años setenta.

En el momento en
que tuvo lugar el golpe de estado de 1976 en Argentina, el actual vicepresidente Dick Cheney era el jefe de personal de la Casa Blanca. Él había servido anteriormente en el seno de la Administración Nixon y, más tarde, en el equipo de transición que dispuso la transferencia de poderes a la Administración Ford tras el estallido del escándalo Watergate y la dimisión de Nixon. Por su parte, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ocupaba entonces la misma posición que en la actualidad. Desde ésta posición, Rumsfeld supervisó la coordinación de la ayuda militar a la junta militar argentina y a otros regímenes dictatoriales que estaban utilizando sus ejércitos para reprimir y masacrar a sus propios pueblos. Así pues, junto con Kissinger, Cheney y Rumsfeld formaban parte del equipo que dirigió la política exterior de EEUU en aquel período. Henry Kissinger está siendo hoy reclamado por diversos tribunales en España, Argentina, Chile, Francia y otros países para que conteste a
las preguntas acerca de su implicación en el diseño de los golpes de estado que derribaron a varios gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos y en la concesión de la ayuda militar a regímenes que llevaron a cabo innumerables y masivos crímenes. En la actualidad, Kissinger ya no viaja al extranjero sin recibir antes garantías de que no será detenido. La realidad es que existen sólidos fundamentos para enjuiciar por el cargo de crímenes contra la humanidad no sólo a Henry Kissinger, sino a varios de los principales dirigentes norteamericanos de la actualidad. Algunos de estos dirigentes, como Cheney y Rumsfeld, que están en la actualidad presionando a Bush para que lance una guerra de agresión contra Iraq, tienen también muchas preguntas que responder acerca de su papel en los crímenes cometidos hace ahora un cuarto de siglo en Argentina bajo el mismo eslogan de la "lucha contra el terrorismo" que se utiliza hoy. Ellos proporcionaron el apoyo indispensable que diversos
regímenes dictatoriales, como el de Argentina y otros, necesitaban para matar y torturar a decenas de miles de personas y encarcelar a varios cientos de miles más.
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Plan Condor-Henry Kissinger réclamé par la justice internationale
Pour Henry Kissinger, le «Metternich de Nixon», l'homme de la détente avec l'URSS et de l'ouverture de la Chine, le Nobel de la paix 1973, il est de plus en plus compliqué de se déplacer à l'extérieur des Etats-Unis. Ce n'est pas une question d'âge (78 ans), mais plutôt de passé. De plus en plus de juges dans le monde souhaitent l'interroger, notamment sur son rôle dans l'opération Condor, qui organisait dans les années 70 la répression des opposants aux dictatures latino-américaines. Et plusieurs organisations militantes rêvent également de s'en prendre à lui pour son rôle dans la guerre du Viêt-nam...
Alors que Kissinger est attendu aujourd'hui à Londres pour un colloque, un citoyen britannique, Peter Tatchell, a saisi la justice afin de le faire arrêter pour «crime de guerre». Sa demande a été repoussée lundi. La semaine dernière, en prévision de la même visite londonienne, le juge espagnol Baltasar Garzon a demandé, via une commission rogatoire, d'interroger le visiteur américain. Une requête également rejetée lundi par la justice britannique, à la demande pressante du Département d'Etat. La juge française Anne-Sophie Chateau, qui enquête sur la disparition de cinq Français au Chili dans les années 70, et qui avait fait la même démarche que Garzon, a aussi été déboutée.
Il y a un an, apprenant qu'il séjournait au Ritz à Paris, un juge d'instruction français l'avait déjà convoqué à titre de témoin. Kissinger avait refusé, invoquant d'autres obligations.
Plusieurs magistrats, en Argentine, au Chili ou au Brésil, ont aussi demandé à l'entendre sur le plan Condor. Le juge chilien Juan Guzman Tapia a récemment soumis aux autorités américaines une commission rogatoire, contenant dix-sept questions qu'il aimerait poser à l'ancien secrétaire d'Etat dans le cadre de l'affaire Charles Horman, un journaliste américain tué après le coup d'Etat de Pinochet.
Il y a quelques années, Kissinger devait seulement subir la vindicte de l'extrême gauche, qui l'accusait d'avoir fomenté le coup d'Etat de Pinochet au Chili, soutenu la dictature de Videla en Argentine ou organisé des bombardements secrets du Cambodge pendant la guerre du Viêt-nam. Mais, depuis la levée de la confidentialité d'archives portant sur les activités américaines dans les années 70, ses ennuis sont beaucoup plus sérieux. Sous la pression d'une association, la National Security Archives, le vieil homme a même été contraint, l'été dernier, de restituer au Département d'Etat les 10 000 pages de verbatim de ses conversations téléphoniques entre 1973 et 1977.
La fronde ne cesse de gonfler, notamment sur l'Internet... L'ancien diplomate ne peut entrer dans une librairie américaine sans tomber sur un pamphlet, The Trial of Henry Kissinger (1). Chistopher Hitchens, un
journaliste britannique, y décrit par le menu toutes ses décisions «criminelles», et pose la question de son jugement. Mais c'est à titre de simple témoin que Kissinger intéresse les juges.
Une action, au moins, le vise directement.
L'automne dernier, à Washington, la famille de l'ancien commandant en chef des armées chilien Rene Schneider, assassiné en 1970, a porté plainte contre lui et d'autres ex-responsables américains. Elle exige 3 millions de dollars de dommages et intérêts.
La «déclassification» de documents a confirmé que la CIA avait été impliquée dans le rapt du général. L'affaire remonte à l'automne 1970, trois ans avant le coup d'Etat de Pinochet. La gauche chilienne a gagné les élections de septembre, et Allende est certain d'accéder au pouvoir après un intérim de soixante jours. Nixon charge Kissinger de tout faire pour l'en empêcher. La CIA est autorisée à financer et armer trois groupes de putschistes, dans le cadre d'une opération baptisée
«Track II» (Seconde voie). L'objectif est de kidnapper Schneider, un conservateur trop respectueux du processus électoral, et de faire passer l'enlèvement pour un complot d'extrême gauche. La CIA jure qu'elle n'a «aucune information» permettant de penser que la suppression du général faisait partie du programme. Mais, à lire les documents publiés, personne ne semblait se soucier du sort de Schneider. L'un des groupes paramilitaires a fini par le tuer le 22 octobre 1970.
Dans le livre qu'il vient de publier (2), Kissinger condamne le Tribunal pénal international au prétexte qu'il donnerait trop de pouvoir aux procureurs. Dans de nombreux cas, argue-t-il, la responsabilité des faits est très difficile à déterminer. Certaines affaires reposent sur «la compréhension du contexte historique et politique» et, des années après l'événement, «c'est ce flou qui porte le risque d'arbitraire». En 1973, glisse-t-il, beaucoup de gens consi déraient Allende comme «un idéologue marxiste sur
le point d'imposer une dictature sur le modèle de Castro». Kissinger met en garde contre une «tyrannie des juges» : «Historiquement, la dictature des vertueux a souvent conduit à des inquisitions, voire à des chasses aux sorcières»... . (Libération - 240202 - Pascal Riche)
(1) Traduit sous le titre les Crimes de M. Kissinger (éd. Saint-Simon). Lire la critique dans Libération du 27 juin 2001. (2) Henry Kissinger Does America Need a Foreign Policy ? (Simon & Schuster, 2001).
Dernière édition par admin le Sam Juil 19, 2003 7:33 pm, édité 2 fois | |
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mercral
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Sujet du message: Kissinger démissionne de la commission sur le 11 septembre Posté le: Sam Déc 14, 2002 1:11 am |
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Henry Kissinger a démissionné de la présidence de la commission d'enquête indépendante sur les attentats du 11 septembre 2001, fonction à laquelle il avait été nommé le 27 novembre, a annoncé vendredi la Maison Blanche."Je suis arrivé (...) à la conclusion que je ne peux accepter la responsabilité que vous me proposez", a indiqué Henry Kissinger dans une lettre envoyée au président George W. Bush et rendue publique par la Maison Blanche.La présidence américaine a précisé que M. Bush avait accepté cette démission.
Sa nomination à la tête de la commission avait soulevé une polémique aux Etats-Unis en raison des accusations portées contre Henry Kissinger, ancien secrétaire d'Etat américain du président Richard Nixon, pour son rôle présumé dans le coup d'Etat au Chili en septembre 1973.Il était reproché à M. Kissinger, aujourd'hui âgé de 79 ans, de n'avoir à l'époque pas révélé au Congrès américain la nature exacte de son rôle dans ce coup d'Etat qui avait abouti au renversement de Salvador Allende par une dictature militaire. (AFP - 13/12/2002) | |
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marlin
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Sujet du message: Les Archives de la Terreur Posté le: Mar Avr 15, 2003 4:53 pm |
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"L'ex-ministre américain Henry Kissinger a tué plus que Ben Laden"
Martín Almada, 65 ans, enseignant et avocat aux Etats-Unis et au Paraguay, est le découvreur des archives du plan Condor, le gigantesque réseau de répression mis en place par les dictatures d'Amérique du Sud (Chili, Argentine, Paraguay,
Uruguay), qui a servi à torturer et à assassiner des milliers de personnes avec l'accord des États-Unis.
Sa découverte, "les Archives de la Terreur", a ouvert une brèche dans le mur d'impunité qui protège encore les responsables des dictatures. Il a reçu le 9 décembre 2002 le prix Nobel alternatif pour son action en faveur des droits de l'homme et la protection de l'environnement dans son pays. (20 décembre 2002)
Courrier International (CI): Où se trouvent actuellement les "Archives de la Terreur" ?
Martin Almada (MA): Elles ont été transportées au palais de justice d'Asunción (Paraguay). Nous sommes en train de les
microfilmer. L'accès du public est libre. L'idée est ensuite de mettre toutes ces informations sur Internet afin que chacun puisse y avoir accès. Il y a encore beaucoup de gens en Amérique du Sud qui recherchent des informations sur cette période (en gros, du début des années 70 à la fin des années 80), qui veulent désespérément trouver comment sont morts leurs disparus ou un indice concernant le lieu où se trouvent leurs cadavres. C'est toute l'histoire de la répression qui se trouve là. Le Paraguay de Stroessner a joué le rôle de banques de données. Il y a beaucoup de choses à voir, des documents très variés : revues, livres, fiches d'identité, papiers administratifs, correspondance militaire et d'espionnage, photos, lettres.
CI: Pourquoi les grands dictateurs d'Amérique latine sont-ils encore libres ?
MA: C'était et c'est toujours une véritable mafia
militaire. Ils se protègent tous entre eux et ils en ont les moyens financiers. C'est comme ça que Stroessner bénéficie de la protection des militaires brésiliens actuellement. Ceux qui sont poursuivis dans leur pays passent dans les pays voisins où ils ont un réseau de complices. En un sens, le plan Condor continue à fonctionner. Ces tortionnaires ont amassé illégalement des fortunes colossales qui leur permettent d'acheter l'aide ou le silence de beaucoup de monde.
CI: Mais alors, que faudrait-il faire pour les coincer ?
MA: Eh bien justement, une bonne piste serait d'enquêter sur la partie économique des dictatures. De mettre en lumière les richesses accumulées par les répresseurs, et avec quelles complicités. On découvrirait des choses terribles. La chambre d'industrie et de commerce du Chili doit posséder des documents prouvant la complicité des
industriels locaux avec Pinochet et établissant leurs liens avec l'armée chilienne.
De surcroît, on doit y trouver de nombreuses références de comptes bancaires en Suisse. Et au Paraguay, en Argentine, il faut suivre la trace des biens volés aux disparus. L'impunité génère deux choses : plus de corruption et plus de répression. Nous devons connaître la vérité. Si nous possédons des documents écrits, nous pouvons traîner ces gens en justice.
CI: Depuis l'affaire Pinochet, des avancées ont quand même eu lieu concernant l'impunité.
MA: Oui, heureusement. Mais tout avance lentement en matière de droits de l'homme. En avril dernier, un
mandat d'arrêt international a été lancé contre Stroessner et Sabino Montanaro [son ex-ministre de l'Intérieur], ce qui est une bonne chose. En Argentine, de nombreux tortionnaires sont en résidence surveillée. Les associations appartenant à la société civile font un travail formidable pour faire triompher la vérité.
CI: Quel est le rôle des Etats-Unis dans la recherche de la vérité concernant les dictatures sud-américaines ?
MA: L'attitude américaine est complètement contradictoire. D'une part le gouvernement Clinton ordonne l'ouverture des archives de la CIA en 2000 et d'autre part on nomme ce mois-ci Henry Kissinger [ministre des Affaires étrangères de 1973 à 1977 et Prix Nobel de la paix] président de la commission d'enquête sur les attentats du
11 septembre. [En fait, Kissinger a refusé cette mission le 13 décembre 2001.]
Tout le monde sait bien le rôle sinistre joué par Kissinger en Amérique latine. La déclassification des documents de la CIA, l'enquête menée par le journaliste anglais Christopher Hitchens ("The trial of Henry Kissinger"), et les documents trouvés dans les Archives de la Terreur prouvent que Kissinger était un véritable cerveau du terrorisme d'Etat qui a sévi dans la région de 1973 à 1986. Avec les milliers de morts de ces dictatures, on peut dire que Kissinger a largement battu Ben Laden au niveau des victimes du terrorisme !
CI: Y a-t-il une transparence de la part des Etats-Unis sur les documents révélés ?
MA: De toute façon le gouvernement américain ne prend pas l'initiative de dévoiler des documents. Il faut qu'il y ait une demande formulée et cela prend du temps. En
plus, le département d'Etat remet ces documents en les censurant, beaucoup de passages sont noircis. Surtout quand ils compromettent les Etats-Unis dans les crimes.
CI: L'opinion publique américaine ne peut-elle faire avancer les choses ?
MA: Il n'y a pas d'opinion publique aux Etats-Unis à l'heure actuelle. C'est le règne de la pensée unique. Cela limite énormément toute action en faveur de la vérité et des droits de l'homme.
CI: Est-ce vrai qu'en Amérique latine un plan Condor 2 fonctionne encore actuellement, en démocratie ?
MA: Oui, parfaitement. On sait que des réunions de haut-gradés militaires ayant eu un rôle clé pendant les dictatures se sont tenues dans divers pays. Ceux-ci utilisent comme vitrine la réunion bisannuelle de
la Conférence des armées américaines (CEA) [héritée de la guerre froide]. [Ils se sont réunis en 1997 en Argentine et à Quito (Equateur), là sous l'égide d'Augusto Pinochet, et en 1999 en Bolivie, sous la bénédiction du général Hugo Banzer, dictateur local décédé en mai 2002].
En novembre 2001, ils se sont même réunis au Chili avec l'accord de Ricardo Lagos [le président socialiste élu en 2000]. C?est terrible, parce que les présidents démocratiques cautionnent cela en vertu de leur fonction de chef des armées. Nous avons écrit à Lagos et
demandé à assister à ces assemblées, mais l'accès nous en a été refusé.
CI: Quel est le but de ces réunions de militaires ?
MA: Eh bien, le même qu'autrefois. Resserrer les liens du réseau, échanger des renseignements sur l'état des poursuites à leur encontre, pour mieux s'en protéger, et surtout établir les listes des supposés subversifs [opposants]. Ces militaires sont vraiment dangereux car ils ont énormément de moyens financiers et sont assez désoeuvrés.
CI: Mais qui sont les subversifs d'aujourd'hui ?
MA: Nous pensons que Condor 2 a pour but de freiner tous les mouvements opposés à la mondialisation et aux politiques néolibérales. Les nouveaux opposants sont les paysans sans terre, les pauvres qui revendiquent plus de justice sociale, les journalistes qui enquêtent sur la vérité, les associations civiles, les défenseurs des droits de l'homme, des droits des indigènes, etc.
CI: Le rôle de la société civile s'est beaucoup accru en Amérique
latine ces dernières années, face aux crises tant économiques qu'institutionnelles dans lesquelles replonge le sous-continent. L'espoir ne réside-t-il pas là ?
MA: Oui, c'est mon espérance. Le changement en profondeur, dans ces pays, ne viendra pas d'en haut. Regardez ce qu'il s'est passé au Brésil [avec l'élection en octobre 2002 d'Ignacio Lula Da Silva, un président issu de la gauche populaire].
Le changement vient de la base même, de la société civile, qui s'est développée justement parce que l'Etat n'a pas rempli sa mission de protection du peuple. On le voit dans l'Argentine de la crise et ailleurs. Ce sont les gens, l'opinion publique, qui vont forcer les gouvernements et les marchés à considérer le bien-être de tous.
CI: Quelles sont
aujourd'hui vos activités au Paraguay ?
MA: J'ai créé la fondation Celestina Pérez, du nom de ma première femme, morte sous la torture. Cette fondation lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement.
Avec le soutien de l'Espagne, nous mettons en place un programme de développement des zones rurales grâce à l'énergie solaire. Grâce au soleil, nous déshydratons des plantes médicinales et les conditionnons pour la vente sur le marché local.
Au Paraguay, il y a beaucoup de pauvreté et les gens n'ont pas accès aux médicaments. C'est pour cela qu'il est essentiel de développer une médecine traditionnelle alternative.
Soixante-dix femmes s'occupent de faire tourner cette affaire.
Les ressources en jeu sont l'imagination, la créativité, la reconnaissance du potentiel humain et la valeur des éléments naturels. Nous fabriquons aussi du papier végétal fait à la main à partir de feuilles de fruits ou d'arbres. Nous le vendons pour les arts plastiques, les faire-part.
Avec une ONG Suisse, Volog, nous avons créé un village indien qui fonctionne entièrement à l?énergie solaire. Le tout à l'échelle humaine : 42 familles bénéficient ainsi de la lumière, de réfrigérateurs, de ventilateurs, de cuisinières avec, bien sûr, zéro pollution.
CI: L'environnement est votre autre domaine d'action ?
MA: Vous savez, protéger l'environnement, c'est aussi protéger les droits de l'homme. Créer des emplois, c'est également agir en faveur des droits de l'homme.
CI: Que
représente ce prix Nobel alternatif pour vous [le prix est doté de 220 000 dollars à partager entre quatre lauréats] ?
MA: Pour moi, c'est tout d'abord un grand soutien moral. La reconnaissance de ma lutte. Ensuite, c'est le moyen de former une équipe en matière de droits de l'homme. Je n'ai pas de relais dans les autres pays d'Amérique du Sud, car les gens n'ont pas les moyens, et en plus ces recherches sont risquées. Avec le prix, je vais pouvoir rechercher des gens pour m'aider. Je voudrais par ailleurs agir dans le domaine de l'éducation.
Transmettre aux générations futures cette histoire. Au Paraguay, par exemple, je me rends compte que les jeunes ne savent pas ce qu'il s'est passé pendant les dictatures. Et pourtant ce sont eux qui feront la nation future. C'est de la prévention, et puis c'est le moyen de contrer cette politique de mémoire interdite
pratiquée par les gouvernements et qui entretient l'impunité.
Au Paraguay, 50 % de la population est jeune. Les vieux sont résignés et trop occupés à survivre pour penser. Ce sont les jeunes qui bougent, l'espoir de temps meilleurs réside là.
Propos recueillis par Christine Lévêque (Courrier International - 15/04/2003) | |
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mercral
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Sujet du message: « Opération Condor », cauchemar de l'Amérique latine Posté le: Ven Juil 18, 2003 5:47 pm |
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« Opération Condor », cauchemar de l'Amérique latine
Le 12 janvier 2001, un tortionnaire argentin, M. Ricardo Miguel Cavallo, a été extradé du Mexique vers l'Espagne, pour y être jugé. Le 6 mars, à Buenos Aires, un autre juge a abrogé les lois qui mettaient les militaires à l'abri de poursuites judiciaires depuis la fin de la dictature. En revanche, au Chili, le général Augusto Pinochet a été laissé en liberté sous caution après que la qualification de ses crimes eut été réduite. Pourtant, les témoignages et documents sur la « sale guerre » menée par les dictatures du cône sud, avec l'aval des Etats-Unis, se multiplient.
« Nous, les Chiliens, comme tous les peuples d'Occident, combattons les dictatures en "ismes" et les agents étrangers menaçant notre pays. On doit les combattre de toutes ses forces, l'arme principale étant la coopération entre les polices de toute l'Amérique
(1). »
Le « señor Castillo, du service de renseignement chilien », a les yeux braqués sur le spectateur. Le film s'intitule Le crime ne paie pas. Nous sommes pendant la seconde guerre mondiale et Hollywood fabrique alors des petits films patriotiques baptisés « Pour une défense commune ». Inspirés par le FBI, ils se veulent une attaque contre les espions nazis en Amérique latine et une illustration de la coopération des services de police et de renseignement à l'échelle du continent.
On pourrait dater de cette période les origines de ce qui va devenir l'opération Condor : un vaste plan de répression continental mis en place par les dictatures latino-américaines dans les années 1970-1980. Seule la couleur de l'« isme » a alors changé, passant du brun au rouge.
C'est la découverte, par hasard, fin décembre 1992, de deux tonnes d'archives de la dictature Stroessner dans un commissariat de Lambaré, dans la banlieue d'Asunción (Paraguay), qui a permis de
reconstituer les activités criminelles de ce réseau international. Le déclassement de documents de la CIA concernant le Chili, le 13 novembre 2000, a confirmé et précisé la teneur de ces « archives de la terreur ».
Dès la conférence panaméricaine de Chapultepec, au Mexique, en février 1945, les Etats-Unis mettent en garde les militaires sud-américains contre le communisme. Dans cette perspective, des accords bilatéraux d'assistance militaire seront effectivement signés en 1951 : approvisionnement en armes et financements américains, stationnement de conseillers militaires et entraînement des officiers latino-américains aux Etats-Unis et à l'Ecole des Amériques, dans la zone américaine du canal de Panamá.
La révolution castriste, en 1959, précipite évidemment le mouvement vers une « défense continentale contre le communisme ». En 1960, le général Theodore F. Bogart, commandant de l'US Southern Command (commandement sud de l'armée des Etats-Unis), basé dans la Canal
Zone, à Panamá, invite ses collègues latino-américains à une réunion « amicale » pour discuter des problèmes communs. Ainsi naissent les Conférences des armées américaines (CEA). Tenues chaque année à Fort Amador (Panamá), puis à West Point en 1964, les réunions s'espacent à partir de 1965, pour être organisées tous les deux ans. Là, dans ce lieu de réunion quelque peu obsessionnel, typique de la guerre froide et ne donnant lieu qu'à de rares échos publics, se situe le coeur de ce qui deviendra l'opération Condor.
En dehors du MCI (Mouvement communiste international, acronyme commode pour désigner tous les opposants), les militaires latino-américains partagent une obsession majeure : l'interconnexion des services. Dès sa deuxième réunion, la CEA exprime le désir d'établir un comité permanent dans la zone du canal de Panamá « afin d'échanger des informations et du renseignement (2) ». Ce souhait va aboutir à la mise en place d'un réseau de communication à l'échelle
continentale et à des rencontres bilatérales ultra-secrètes (Argentine-Paraguay, Brésil-Argentine, Argentine-Uruguay, Paraguay-Bolivie, etc.), pour le renseignement.
Emises par tel pays vers un ou plusieurs autres, des fiches d'information circulent à travers le réseau « Agremil » - de agregados militares (attachés militaires). Emanant généralement des services de renseignement militaires (G-2), elles peuvent aussi provenir des polices politiques ou même de services moins officiels comme l'Organisation de coordination des opérations antisubversives (OCOA), un escadron de la mort issu de la police politique uruguayenne, dont les membres participent aux interrogatoires, aux tortures et aux exécutions, notamment en Argentine (3).
Lors de la Xe réunion de la CEA (Caracas, 3 septembre 1973), le général Breno Borges Fortes, chef d'état-major de l'armée brésilienne, admet que la stratégie de lutte contre le communisme est du ressort exclusif des forces armées de chaque pays
mais que, « en ce qui concerne l'aspect collectif, nous estimons que sont seuls efficaces (...) l'échange d'expériences ou d'informations et l'aide technique dans la mesure où celle-ci est sollicitée (4) ». Décision est prise de « donner plus de force à l'échange d'informations pour contrecarrer le terrorisme et (...) contrôler les éléments subversifs dans chaque pays (5) ».
Alors que le sous-continent tombe progressivement dans les serres des régimes militaires inspirés de l'exemple brésilien, l'Argentine vit une curieuse transition entre le retour au pouvoir de Juan Domingo Peron en 1973 et le putsch de 1976. La police et les forces armées autorisent le développement d'escadrons de la mort issus de leurs rangs, comme l'Alliance anticommuniste argentine (AAA). Pourtant, l'Argentine demeure alors le seul pays du cône Sud où peuvent trouver asile des milliers de réfugiés, surtout chiliens et uruguayens, victimes de la persécution politique et sociale.
Force spéciale
anti-exilés Début mars 1974, des représentants des polices du Chili, d'Uruguay et de Bolivie se réunissent avec le sous-chef de la police fédérale argentine, le commissaire Alberto Villar (cofondateur de l'AAA), pour étudier la manière dont ils pourraient collaborer pour détruire le « foyer subversif » que constitue à leurs yeux la présence de ces milliers de « subversifs » étrangers en Argentine. Le représentant du Chili, un général des carabiniers, propose d'« accréditer dans chaque ambassade un agent de la Sécurité, qui pourrait appartenir soit aux forces armées soit à la police, et dont la fonction principale serait d'assurer la coordination avec la police ou le représentant de la Sécurité de chaque pays ». Le général ajoute : « Nous devrions disposer également d'une centrale d'informations où l'on pourrait se procurer les renseignements concernant les individus marxistes (...), échanger des programmes et des informations sur les personnes politiques (...). Il faudrait que
nous puissions aller et venir en Bolivie, de la Bolivie aller au Chili, et de là revenir en Argentine, bref nous déplacer dans n'importe lequel de ces pays sans qu'il soit besoin d'une enquête formelle (6). »
Le commissaire Villar promet que le Département des affaires étrangères (DAE) de la surintendance de sécurité de la police fédérale argentine s'occupera des étrangers qui intéressent les juntes voisines. En août de cette année-là commencent effectivement à apparaître, sur les dépôts d'ordures de Buenos Aires, les premiers cadavres de réfugiés étrangers, notamment boliviens. Le 30 septembre, dans la capitale argentine, une bombe posée par un commando chilien et un agent (ou ex-agent) de la CIA, Michael Townley, tue le général Carlos Prats, ancien commandant en chef de l'armée chilienne pendant l'Unité populaire et fer de lance de l'opposition au général Augusto Pinochet.
Des commandos policiers ou militaires franchissent les frontières. Au cours des mois de mars
et avril 1975, par exemple, plus de vingt-cinq Uruguayens sont arrêtés à Buenos Aires par des policiers argentins et uruguayens. Dans les locaux de la police argentine, ceux-ci mènent conjointement les interrogatoires. Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militant argentin, est, lui, arrêté sur la frontière paraguayenne par la police de ce pays. Comme l'établira la commission Retting - commission nationale de vérité et de réconciliation chilienne - dans son rapport remis au président Patricio Aylwin le 8 février 1991 (7), l'interrogatoire du captif est mené par la police paraguayenne, les services de renseignements argentins et... des fonctionnaires de l'ambassade des Etats-Unis à Buenos Aires, ces derniers transmettant à la police chilienne les informations recueillies. Alarcón sera ensuite remis aux agents de la Direction du renseignement national chilien (DINA) présents au Paraguay, et transféré au Chili.
Car, entre-temps, le Chili a perfectionné le système. Après le putsch du 11
septembre 1973 - dans lequel le président américain Richard Nixon et son secrétaire d'Etat, M. Henry Kissinger, ont une responsabilité directe -, le général Pinochet a confié les pleins pouvoirs au colonel Manuel Contreras pour « extirper le cancer communiste » du pays. Assez vite, la DINA se transforme en Etat dans l'Etat.
La forte présence à l'étranger d'opposants irréductibles constitue l'un des principaux problèmes de la dictature chilienne. Elle réussit l'assassinat du général Prats, mais les anticastristes cubains recrutés pour la circonstance ratent, en février 1975, l'exécution de Carlos Altamirano et de Volodia Tetelboim, respectivement chefs du Parti socialiste et du Parti communiste chilien en exil. Début août, le colonel Contreras effectue un voyage destiné à convaincre les services de sécurité de toute l'Amérique latine de créer une force spéciale anti-exilés. Il prend également la peine, le 25 août, de se rendre au siège de la CIA à Washington, où il rencontre
M. Vernon Walters, sous-directeur chargé de l'Amérique latine.
Deux jours plus tard, il rend visite, à Caracas, à M. Rafael Riva Vasquez, directeur adjoint des services de renseignement vénézuéliens, la DISIP : « Il expliqua (...) qu'il souhaitait avoir des agents dans les ambassades chiliennes à l'étranger, qu'il entraînait déjà des officiers d'ambassades prêts à servir d'agents le cas échéant. Il dit qu'il avait fait plusieurs voyages couronnés de succès pour obtenir le soutien de différents services de renseignement latino-américains. Tout cela sur la base d'accords verbaux ( . » Selon M. Rivas, le gouvernement vénézuélien ordonne à la DISIP de repousser les ouvertures du colonel Contreras. C'est le seul refus. Tous les autres pays (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie) acceptent.
Parallèlement, ordre est donné de mettre en place un réseau en Europe. Celui-ci
s'articule autour de terroristes d'extrême droite italiens. Ne pouvant éliminer Carlos Altamirano - qui vit en République fédérale allemande sous escorte armée -, ces exécutants s'en prennent à M. Bernardo Leighton, ancien vice-président du Chili et l'un des fondateurs du Parti démocrate-chrétien. Le 6 octobre 1975, M. Leighton et son épouse sont attaqués à Rome par un commando fasciste. Ils s'en tirent, mais Mme Leighton reste paralysée à vie. Malgré cet échec, le général Pinochet rencontre le chef des commandos italiens, un certain Stefano Delle Chiaie, qui accepte de rester à la disposition des Chiliens.
Lors de sa réunion du 19 au 26 octobre 1975 à Montevideo, la CEA approuve l'organisation d'une « première réunion de travail du renseignement national », préparée par le colonel Contreras, qui se tient à Santiago du Chili, du 25 novembre au 1er décembre 1975. Elle a « un caractère strictement secret ». La proposition principale du colonel Contreras porte sur la création
d'un fichier continental, « quelque chose, dans ses lignes générales, de semblable à ce qu'a Interpol à Paris, mais spécialisé dans la subversion ». L'opération Condor, version chilienne, est née.
Selon la CIA - qui prétend n'en avoir réellement entendu parler qu'en 1976 (9) -, trois pays membres de Condor, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay, « auraient étendu leurs activités de coopération antisubversive afin d'inclure l'assassinat de terroristes de haut rang en exil en Europe ». Alors qu'il était acquis depuis des années que l'échange des informations se passe plutôt de manière bilatérale, « une troisième et très secrète phase de l'opération Condor aurait concerné la formation d'équipes spéciales venant des pays membres, impliquées dans des opérations qui incluraient des assassinats contre des terroristes ou des sympathisants d'organisations terroristes. Par exemple, si un terroriste ou un sympathisant d'une organisation terroriste d'un pays membre était identifié, une
équipe spéciale serait expédiée afin de repérer et surveiller la cible. Quand le repérage et la surveillance seraient effectués, une deuxième équipe serait envoyée pour opérer contre la cible. L'équipe spéciale serait équipée de faux documents issus des pays membres. Elle pourrait être composée d'individus venus d'une ou plusieurs nations membres ».
Une privatisation des opérations Pour la CIA, le centre opérationnel de cette « phase trois » se situe à Buenos Aires où une équipe spéciale aurait été constituée. Pendant ce temps, les réunions bilatérales de la CEA continuent entre les différents pays du cône Sud et leurs effets sont tout aussi brutaux (10).
De nombreuses réunions Condor ont lieu en 1976, souvent avec les mêmes participants qu'au cours des rencontres bilatérales. Toujours selon la CIA, « alors que la coopération existait entre leurs services de renseignement et de sécurité respectifs depuis quelque temps (...), l'effort de coopération n'a pas été
formalisé avant la fin mai 1976, quand une réunion Condor eut lieu à Santiago du Chili. Le thème de base de la réunion fut une coopération à long terme entre les services des pays participants mais bien au-delà de l'échange d'informations. Les membres de Condor se donnaient des noms de code numériques : « Condor un », « Condor deux », etc. ».
Une année terrible pour les opposants, réfugiés où ils le peuvent. Sous le prétexte de s'attaquer à des « terroristes », partisans de l'opposition armée, on s'en prend à n'importe qui. Assassinats, disparitions, les exécuteurs latino-américains n'ont plus de frontières. C'est l'époque où M. Henry Kissinger déclare au général Pinochet, lors d'une conversation cordiale tenue le 8 juin à Santiago : « Aux Etats-Unis, comme vous le savez, nous sommes de tout coeur avec vous (...). Je vous souhaite de réussir (11). »
Une telle répression rend pourtant de plus en plus difficile la conservation du secret. La CIA se fait alors l'écho de
rumeurs fâcheuses : « Les officiers de l'armée qui ont été mis sur le sujet ont commencé à en parler ouvertement. Leur blague favorite est que "l'un de leur collègue est en dehors du pays parce qu'il vole comme le Condor". »
Paradoxalement, c'est la politique d'assassinats ciblés inventée par le colonel Contreras qui, au moins formellement, va mettre fin à Condor. L'officier chilien commet en effet l'erreur de faire assassiner l'ancien ministre des affaires étrangères du Chili, Orlando Letelier, à Washington, le 21 septembre 1976. Les Américains enquêtent pour découvrir les commanditaires de cette opération. Le chef d'antenne du FBI à Buenos Aires émet un rapport décrivant Condor et sa « phase trois », dont certains extraits sont repris par la presse américaine. Une commission d'enquête parlementaire travaille bientôt sur la question. Au Chili, la DINA est dissoute et immédiatement remplacée, sans le colonel Contreras.
Ayant fait du respect des droits humains l'un
des axes de sa politique, le nouveau président américain, le libéral James Carter, n'accepte pas ce genre d'activités. Ou, pour le moins, il n'entend pas que les Etats-Unis puissent y être mêlés. Généralement, on considère que l'administration américaine fait alors pression sur les pays latino-américains pour qu'ils fassent cesser Condor.
Du 13 au 15 décembre 1976, des représentants de tous les pays membres de l'organisation se rencontrent à Buenos Aires pour discuter des plans futurs, dans ce contexte nouveau. Très clairement, les Argentins (qui, depuis le putsch du 23 mars, dépassent en férocité toutes les autres dictatures) reprennent les choses en main et trouvent, avec les Paraguayens, un autre canal plus discret et plus sûr.
En mars 1977, à Asunción, se déroule la troisième réunion de la Confédération anticommuniste d'Amérique latine (CAL). S'y retrouve la fine fleur des dictatures, du général Gustavo Leigh, membre de la junte chilienne, au général président
argentin Jorge Videla, en passant par tout ce que l'Amérique latine compte de tortionnaires et de membres des escadrons de la mort. La CAL est une émanation d'un mouvement international lié aux différents services de renseignement, la Ligue mondiale anticommuniste (WACL).
Durant la réunion, plusieurs problèmes sont soulevés. D'une part, l'attitude américaine visant à réinstaller la démocratie en Amérique latine ; d'autre part, le développement de la guérilla en Amérique centrale ; enfin, le positionnement de certains secteurs de l'église catholique considérés comme appartenant à part entière au mouvement communiste international.
Un plan proposé par les Boliviens, visant à l'« éradication » des religieux adeptes de la théologie de la libération et formalisé sous le nom de « plan Banzer », du nom du dictateur bolivien, sera effectivement appliqué au cours des années suivantes. Il aboutira à l'exécution de centaines de prêtres, religieux, oblats, nonnes, laïcs membres
de communautés religieuses, évêques, etc., pour culminer avec l'assassinat de l'archevêque Oscar Romero, à San Salvador (Salvador).
En prenant en main la répression continentale, les Argentins se débarrassent de tout contrôle. D'un certain point de vue, confier la coordination de la répression à des escadrons de la mort, même avec des militaires ou des policiers, revient à « privatiser » les opérations. D'un autre côté, les réunions bilatérales du renseignement continuent et les rencontres de la CEA - tenues sous la houlette des Etats-Unis - se poursuivent. La réunion de 1977 a lieu à Managua, au Nicaragua, et celle de 1979 à Bogotá en Colombie. Les Argentins envoient plusieurs missions en Amérique centrale afin d'aider les forces armées et les polices politiques. De façon à s'affranchir des écoles de guerre américaines, ils commencent à organiser des stages de lutte contre la subversion dès le printemps 1979 à Buenos Aires. La chute de la dictature somoziste, en juillet
1979, va évidemment encourager les Latino-Américains à adopter des standards communs.
Lors de la quatrième réunion de la CAL, présidée par le général argentin Suarez Mason en septembre 1980, à Buenos Aires, des discussions visent à établir une « solution argentine » dans toute l'Amérique latine. Depuis avril 1980, le secrétariat américain à la défense sait que le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil remettent sur le tapis l'idée d'une « organisation antiterroriste internationale ». Une nouvelle mouture de Condor ! Pendant ce temps, les massacres perpétrés de manière coordonnée, sous l'égide de la CAL, par des escadrons de la mort et des organismes de sécurité se poursuivent en Amérique centrale. Et les fiches « Agremil » continuent de circuler dans tous les états-majors, avec leurs corollaires : arrestations multinationales, échanges de prisonniers, équipes internationales de tortionnaires, etc.
En 1981, la réunion de la CEA a lieu à Washington :
le président républicain Ronald Reagan vient d'être élu. Nouveau tournant. L'existence du Nicaragua sandiniste relance la coopération (12) : il est décidé de signer de nouveaux accords bilatéraux sur l'information concernant les « terroristes » et, surtout, de créer un secrétariat permanent de la CEA, qui sera effectivement installé le 24 mai 1984 à Santiago du Chili.
Ce Chili des militaires va demeurer le dernier rempart contre les communistes en Amérique du Sud (avec le Paraguay) lorsque l'Argentine, en 1985, redevient une démocratie. Entre-temps, l'administration Reagan a confié tant à la CIA qu'au secteur privé et à la CAL son programme de guerre clandestine en Amérique centrale (13). Quant au contenu idéologique de la CEA, il demeure la guerre contre le communisme international. Seul changement, on trouve désormais sous ce vocable, outre les habituels opposants de gauche et les prêtres, les organisations de défense des droits de la personne. Au fur et à mesure s'y
ajoutent les partisans des procès contre les tortionnaires, les juges ou les journalistes, puis les opposants à la corruption dans laquelle les militaires sont largement impliqués.
Formellement, Condor disparaît dans les jungles de l'Amérique centrale quand les Etats-Unis reprennent en main la lutte contre le Nicaragua sandiniste. Plus simplement, la fin de la guerre froide et la somme de ses excès lui portent un coup fatal. Même si l'opération elle-même ne concerne que quelques dizaines ou quelques centaines de victimes ciblées, le bilan général de la répression pour le seul cône Sud, durant cette période, est d'environ 50 000 assassinés, 35 000 disparus et 400 000 prisonniers.
Bien qu'il n'y ait plus d'exécutions ou de tortures institutionnalisées à l'échelon continental, rien ne permet d'affirmer que ces pratiques ont disparu. En témoignent les exactions commises par les paramilitaires colombiens, liés à certains secteurs de l'armée de ce pays. Le 8 mars 2000, un
rapport de la Commission sur la sécurité continentale de l'Organisation des Etats américains (OEA) a fait l'historique de dix ans de coopération entre les différents Etats latino- et centre-américains. L'ennemi s'appelle désormais « trafiquant de drogue » plutôt que « communiste », mais globalement le discours, même émaillé de références aux droits humains, reste identique.
Une multitude d'accords ont été signés entre de nombreux pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, et entre ceux-ci et les Etats-Unis. Tous visent à une plus grande coopération bilatérale ou multilatérale, essentiellement dans le domaine du terrorisme, du blanchiment d'argent et du trafic de stupéfiants. La place des armées se voit réaffirmée dans l'organisation du contrôle social.
De même, depuis le milieu des années 1990 et sous l'égide des Etats-Unis, les pays d'Amérique latine multiplient les échanges bilatéraux. Dans le seul domaine du renseignement, on les chiffre par dizaines, sans
compter la Conférence annuelle des services de renseignement des armées des Etats membres de l'OEA. La CEA a continué ses réunions, en Argentine en 1995, en Equateur en 1997. Une conférence militaire multilatérale sur les services de renseignement, la première depuis celle du colonel Contreras en 1975, a été organisée par l'armée bolivienne du 8 au 10 mars 1999, en présence des armées de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de l'Equateur, des Etats-Unis (commandement sud), du Paraguay, de l'Uruguay et du Venezuela.
La « sécurité des Amériques », priorité chère aux Etats-Unis, ne donne pas forcément la première place à la démocratie. Ce qui a permis Condor ne demande qu'à être réactivé.
(PIERRE ABRAMOVICI - Le Monde diplomatique - mai 2001) | |
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«Se precisan niños para amanecer» -Daniel Viglietti-
Saludos,Melina.
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Do, 3 de Ago, 2003 9:18 pm
Melina Alfaro <alfaromelina@...>
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