Prisión política: Cuando no hay Estado de Derecho
Ley de Indulto, ¿Camino a la libertad?

Por: Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra (*)

El Senado aprobó el miércoles 23 de junio por 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, “la idea de legislar” el Proyecto de Ley de Indulto que “establece una pena única de 10 años para los condenados o procesados por delitos con móviles políticos”. La Sala, sin embargo, rechazó la idea original presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que consistía en “otorgar el indulto general a presos políticos condenados por la Ley Antiterrorista”. Una salida “a la chilena”, es decir, no se perdió todo pero tampoco se ganó mucho.
Los presos políticos continúan esperando algún tipo de solución que les otorgue una libertad que parece demasiado esquiva aun.

Ley de Indulto: ¿Camino a la libertad?

La indicación necesitaba alcanzar un quórum de 29 votos para su aprobación completa, situación que no aconteció debido a la negativa de la derecha y la
“bancada militar” de apoyar la propuesta original. Esa negativa se fundamenta, principalmente, en la abierta intensión de la derecha de mezclar la legítima
libertad de los prisioneros políticos con la obtención de ciertos beneficios para los violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. La
jugada de la derecha y parte de la Concertación es más que una intensión y, a estas alturas, nadie debiera desconocerla.

Ante un escenario adverso, donde la derecha condicionó su apoyo a la Ley de Indulto a que también se “favoreciera” a los violadores de los derechos
humanos, la Concertación en una “vuelta de tuerca” evitó que el proyecto fuera rechazado completamente y, por ende, se debiera esperar un año más para
presentarlo nuevamente, aprobando “por partes” la moción con una “votación simple".

En la “nueva versión” de la Ley de Indulto serán “beneficiados” todos los prisioneros políticos condenados por la Ley de Control de Armas, Ley de Seguridad Interior del Estado, Código de Justicia Militar y el Código Penal. De acuerdo a informaciones del Senado, la prensa y los propios presos políticos, la “nueva versión” contendría una indicación mediante la cual los condenados por Ley Antiterrorista podrían recurrir a la Corte Suprema para que ésta -en un “plazo razonable”-, revise la “calificación de los delitos”. Al menos eso les dijeron el mismo día de la votación los senadores Viera-Gallo y Gazmuri al interior de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Si bien, esta indicación podría convertirse en una “salida” para los prisioneros políticos que fueron condenados por la Ley 18.314, no queda claro, por el momento, si quedará al arbitrio del juez designado la “recalificación de la tipificación” o habrá una especie de “moción de acuerdo” de la Corte Suprema en cuanto a considerar los dichos del ex ministro de Justicia Francisco Cumplido quien ha señalado que la Ley Antiterrorista “les fue aplicada erróneamente a estos detenidos”. Esta posible “recalificación de la
tipificación” de los “delitos terroristas” podría ayudar en justicia a algunos pero dejar en las mismas condiciones a otros, si es que todo queda al arbitrio
de los jueces.

Hasta el momento, la Ley de Indulto seguirá un “primer trámite constitucional” en la Cámara Alta, con un plazo hasta el 8 de Julio para que se presenten
indicaciones en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Este deberá examinar “en pleno” nuevamente dicha ley y, en caso de aprobarse, será discutida y votada en la Cámara Baja. El tiempo que demorará en ser promulgada como Ley de la República es impreciso.
La Ley en cuestión, de acuerdo a la información proporcionada por el Senado, establece hasta el momento:

- Una condena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos para los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos, por la totalidad de delitos que hubieran cometido, siempre que los hechos punibles hubiesen ocurrido entre el 1º de enero de 1989 y el 1º de enero de 1998, concediendo un indulto general, respecto del saldo de las penas de privación de libertad.

- La exclusión de dicho beneficio los condenados por los delitos contemplados en la Ley Antiterrorista.

- Para obtener los beneficios otorgados por esta Ley de Indulto, los interesados deberán acreditar la suscripción previa de una solicitud dirigida al ministerio de Justicia que contenga un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia como método de acción política.

- Los beneficiarios quedarán sometidos a un régimen de arraigo y de libertad vigilada durante un plazo de cinco años.

- Se establece como condición para mantener los beneficios, que los beneficiarios no reincidan en la comisión de delitos contemplados en la Ley
Antiterrorista o de la Ley de Control de Armas.

Existe optimismo en algunos personeros de la Concertación en cuanto a la posible aprobación de esta “nueva versión” de la Ley de Indulto que,
aparentemente, debería ser aprobada con “votación simple”. En ese sentido, el senador José Antonio Viera-Gallo señaló en el sitio web del Senado “que los
votos para aprobar la iniciativa tal como está son suficientes”. Sin embargo, los días que vienen serán decisivos en uno u otro sentido. No olvidemos que el
propio Monseñor Alfonso Baeza, pese a considerar “positivo” el acuerdo alcanzado en el Senado subrayó al diario La Nación que “hay que tener paciencia, pero seguir muy vigilantes, porque todo esto todavía es un
Proyecto de Ley que aun está en trámite”.

¿Y el Indulto Presidencial?

Desde hace mucho que venimos señalando que el Presidente Ricardo Lagos dispone de la facultad de otorgar el “Indulto Presidencial”, y no necesita de
esta “nueva versión” de la Ley de Indulto para materializar su voluntad de terminar con la prisión política de la mayoría de los luchadores sociales post
‘90. El podría liberar en el acto a todos los prisioneros políticos que no están cumpliendo condena por la Ley Antiterrorista. La “nueva versión” de la
Ley de Indulto sólo confirma que el Ejecutivo no tiene voluntad real de liberar en lo inmediato al conjunto de los prisioneros políticos: Pedro Rosas Aravena,
Abraham Larrea Zamorano, Elizabeth Núñez Duarte, Jorge Espínola Robles y René Salfate Osorio, entre otros, llevan años esperando que sus indultos sean acogidos.
Rodrigo Morales Salas y Sergio Olivares Vásquez, condenados por hechos ocurridos en plena dictadura tampoco obtuvieron el indulto y permanecieron años
encarcelados injustamente pues sus “delitos” debieron ser indultados por Aylwin, Frei o el propio Lagos.
Para graficar la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, recordemos que el propio Ricardo Lagos llamó al Senado -el lunes 21 de junio-, a que aprobara la Ley de Indulto, agregando que los presos políticos “son personas que, en condiciones muy duras, han estado más de diez años presos y donde hay un compromiso claro de no volver a incurrir en hechos violentistas producto de las ideas políticas que ellos sustentaban. Ojalá podamos avanzar en esa dirección”.
¿Si depende exclusivamente de él liberar a algunos, por qué no lo hace? Abraham Larrea cumplirá 14 años en prisión y posee condenas por hechos ocurridos en dictadura. ¿Por qué Lagos no lo indulta o le otorga un indulto de rebaja de pena?

En la misma línea, el ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, señaló a Radio Cooperativa -el 14 de junio-, “que espera que los
parlamentarios de oposición reflexionen muy profundamente y aprueben el Proyecto de Ley que establece la libertad para los reos por delitos terroristas”. El secretario de Estado añadió que “ojalá sean iluminados por el sentido común y de la justicia. (De lo contrario), tendrán que atenerse a las consecuencias, asumir la responsabilidad política y explicarle al país, y particularmente a los afectados, su decisión. Porque el gobierno y los parlamentarios de la Concertación están claramente detrás de esta iniciativa”.

Parece un mal chiste escuchar estás declaraciones rasgando vestiduras después de 14 años de prisión política “en democracia”, después de torturas y falsos
enfrentamientos teledirigidos por “la Oficina”.

La responsabilidad política de poner fin a la prisión no es solo de los legisladores, ni mucho menos. El Ejecutivo, teniendo herramientas concretas para terminar la injusta prisión de la mayoría de los prisioneros políticos no lo ha hecho. La responsabilidad también alcanza a los Tribunales y Fiscalías Militares que aplicaron erróneamente la Ley Antiterrorista; a los jueces que aun mantienen procesos abiertos a más de 10 años, en contraposición a las reglas mínimas de un “debido proceso”; y a la izquierda tradicional y los abogados de derechos humanos que oportunistamente se involucran en una lucha por la libertad que abandonaron en 1990 y hasta hace poco.

Un paso hacia la libertad

La mayoría de los prisioneros políticos, pese a que no se aprobó la idea original del Proyecto de Ley, se muestran optimistas frente al futuro. El 24 de junio Esteban Burgos, Jorge Mateluna, Hardy Peña y Jorge Espínola pusieron fin a su movimiento de huelga de hambre. Los 74 días que soportaron estos prisioneros políticos del Colectivo Rodriguista en Prisión, concitaron la solidaridad mundial y la preocupación de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), la Cruz Roja Internacional y el Relator Especial Contra la Tortura de Naciones Unidas, Theo Van Boven. En varios países se realizaron múltiples acciones de denuncia e información sobre la injusta situación que enfrentan los presos chilenos y mapuche. Grupos de apoyo en Bélgica, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Italia, Noruega, España, Holanda, País Vasco, Inglaterra, EE.UU., Canadá, México, Australia y Argentina, entre otros, desarrollaron marchas, mitines y actos en las embajadas y consulados, además de una amplia campaña de cartas y “acciones urgentes” por Internet.

A través de un comunicado Esteban Burgos, Jorge Mateluna, Hardy Peña y Jorge Espínola señalaron que “lo ocurrido el día de ayer -23 de junio- en el Senado, es decir, el rechazo del Proyecto de Ley de Indulto en su idea original, dejó en claro que la motivación inicial y última de la derecha fue siempre utilizar la idea del Proyecto y del Indulto como una fórmula que les permitiera adquirir mayores cuotas de impunidad para los violadores de los derechos humanos. Sin embargo, entendemos que por iniciativa de algunos parlamentarios concertacionistas se abrió -dentro de la misma idea de legislar-, una posibilidad de solución que podría dejar en libertad a cerca de once (11) compañeros, que no tienen Ley Antiterrorista, en un tiempo futuro y cercano y una posible solución también para los que si tienen esa Ley, mediante una revisión de sus procesos en la Corte Suprema, en un tiempo acotado por Ley y que no debiera exceder unos cuantos meses”. Agregando que, pese al “panorama auspicioso para terminar con esta prisión política de 14 años, debemos decir y reiterar nuestra distancia y escepticismo frente a las promesas y nuestra valoración a los hechos concretos”.

El Colectivo de Prisioneros Políticos Independientes (GPI), el Colectivo de Prisioneros Políticos Miristas y otros prisioneros independientes señalaron en una
declaración pública que “la aprobación parcial del proyecto de Ley de Indulto, constituye un paso importante hacia nuestra libertad”, agregando que “el
rechazo de la derecha a aprobarlo en su totalidad impide, por ahora, que este proyecto beneficie a la totalidad de los presos políticos dejando en evidencia
que las restricciones de una insostenible Ley Antiterrorista busca grotescamente (mediante el condicionamiento de su voto) involucrar nuestra justa demanda con un proceso de salvación e impunidad para los violadores directos de los derechos humanos y sus patrocinadores políticos. (...) Nuestros actos, de los cuales siempre nos hemos hecho responsables, ya no pueden ser calificados de terroristas y menos aún cuando el propio creador de la legislación antiterrorista vigente en Chile ha declarado, una y otra vez, que esa Ley no tiene aplicación e nuestros casos y que la justicia y el poder político deben repara esa arbitrariedad y sus consecuencias. Hoy ya no puede hablarse de ‘error’ cuando de lo que se trata es de un castigo inclemente y brutal”.

Por su parte, los presos políticos del Colectivo Lautarino se manifestaron “muy contentos” por lo alcanzado en el Senado: “El 23 queda funcionando un
remolino y la libertad está más cerca que nunca. (...) Después del Senado la libertad ha dejado de ser una igual para todos, mutando a varias libertades con fórmulas variadas. Eso es lo que queda en los procedimientos. Nuestra posición es usarlos todos haciendo imparable el impulso hasta que no quede nadie en prisión. Todas las libertades resueltas en septiembre. Esa voluntad política explícita es la que pedimos al gobierno estos prisioneros del CAS. Es decir: Que al tiro camine el primer indulto; que empiece a indultar el presidente, usando las facultades que ya posee; que para solucionar el enredo del ‘terrorismo’ se consideren los años de prisión cumplidos y se privilegie una solución inmediata de beneficios, no contradictoria con una revisión judicial del ‘terrorismo’ que supone otros tiempos más largos con sus tormentas. Debe haber un tiempo y éste tiene que ser Primavera, antes de elecciones, antes de la APEC. Eso es lo serio. Asimismo, es del todo claro que la libertad es para todos. No es aceptable ni ética ni políticamente -más aún después del recorrido reciente- pretender dejar prisioneros enrejados. El día 23 hubo en el Senado una ceremonia pública que debe proseguir su curso propio, sorteando enredos o nuevos chantajes. Vemos escasa posibilidad política que nuestros trámites de libertad se crucen pronto con todo el tema de DD.HH. La libertad va solita, debería seguir así pero no le tememos a los topones. El argumento del ‘doble standard’, que es el único que ha pretendido usar la derecha ya no tiene asidero y es cada vez menos presentable”.

Sin embargo, El Mercurio informó el 1° de julio que la UDI sigue siendo partidaria de que se “revisen globalmente los temas pendientes de DD.HH”. Aun más explícito en su versión electrónica afirma que “(la UDI) recogerá el emplazamiento que les hizo la semana pasada el ministro de Interior, José Miguel Insulza, quien se reunirá con el senador de RN Alberto Espina y con el de la UDI Andrés Chadwick para buscar fórmulas viables. (...) Tanto el senador Bombal como el diputado Felipe Salaberry -este último integrante de la Comisión de Derechos Humanos- plantearon que el gobierno debiera retomar la Propuesta de Derechos Humanos del Presidente Lagos y ‘amarrarla’ a la discusión del Proyecto de Indulto a los presos terroristas. (...) Apuntan que sólo así podría avanzarse en una solución integral a los temas pendientes sobre ‘violencia política’, pues -entre otras cosas- permitirá cerrar en forma paralela las ‘heridas’ que aún subsisten”.

El final de la historia sigue abierto. De aprobarse el texto de la Ley actual, podrían obtener la libertad “a más tardar en agosto de este año 11 prisioneros
políticos”. Pedro Rosas, representante del Colectivo Mirista en Prisión expresa: “Para los prisioneros restantes, se aplicará el indulto sólo en los delitos
contemplados en las leyes citadas y aquellos que cayeran bajo el imperio de Ley Antiterrorista, serán eventualmente, objeto de beneficios intrapenitenciarios. En este caso se encuentran alrededor de una veintena de prisioneros que
igualmente obtendrían su libertad en este año mediante esta fórmula combinada. Sin embargo, para los casos de cuatro prisioneros, ninguna de estas fórmulas puede ser aplicada. Se trata de compañeros que por Ley Antiterrorista tienen condena de “perpetua terrorista” . En este caso, únicamente un acuerdo entre la
Concertación y la derecha puede permitir su liberación. Por ahora la derecha ha planteado que los tribunales revisen sus casos prolongando por tiempo
indefinido su situación. Más aún, en todos los casos donde existe Ley Antiterrorista, existe incertidumbre ya que aún desconocemos el texto íntegro y final del proyecto, el cual sólo verá la luz en 15 días más.
Sobre muchos prisioneros pesa esta duda terrible a pesar de coincidir en que el nuevo escenario es irreversible y que el Ejecutivo ha comprometido
públicamente su decisión de buscar una solución”. Esa duda terrible es real. Los presos políticos tienen 15 días para presentar, a través de abogados,
observaciones al proyecto. El Senado, como plazo máximo, tiene hasta agosto para votar definitivamente esta “nueva Ley”.

La lucha no ha terminado. Hay que estar muy atentos a cualquier maniobra del gobierno o la derecha y exigir la libertad inmediata de los prisioneros políticos que podrían ser indultados o liberados ya a través de otros mecanismos, como dice Pedro Rosas “sin transacción y sin más tardanza”.

(*) Ex presos políticos. Editores de www.libertad.dm.cl

Téngase presente

De acuerdo a la información del Senado votaron a favor del Proyecto los senadores: Marcos Aburto, Nelson Avila, Edgardo Boeninger, Fernando Flores, Alejandro Foxley, Carmen Frei, Jaime Gazmuri, Antonio Horvath, Jorge Lavandero, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Sergio Páez, Augusto Parra, Jorge Pizarro, José Ruiz de Giorgio, Mariano Ruiz-Esquide, Hosain Sabag, Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés, José Antonio Viera-Gallo, Adolfo Zaldívar, Andrés Zaldívar y Enrique Zurita.

En contra lo hicieron los senadores Jorge Arancibia, Julio Canessa, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Fernando Cordero, Andrés Chadwick, Alberto Espina, Sergio Fernández, José García, Jorge Martínez, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Mario Ríos, Rodolfo Stange y Ramón Vega.

Se abstuvo el senador Carlos Bombal