ADIOS A LA JUSTICIA MILITAR PARA CIVILES
Domingo 13 de agosto de 2006
Fuente: La Nación www.lanacion.cl
Fecha: Agosto 13, 2006
CASO PALAMARA:
ADIOS A LA JUSTICIA MILITAR PARA CIVILES
El último naufragio de la Armada
Humberto Palamara estaba solo contra un gigante. Vejado, indefenso y aislado por
"traidor". Todo por querer publicar un libro. La justicia militar lo aplastó y
la civil rechazó
todas sus apelaciones. Perdió trabajo, familia y carrera. Hasta que un egresado
de derecho
le habló de la Corte Interamericana de DDHH. Chile acabó condenado.
por Antonio Valencia
Lunes 7 de agosto de 2006. Avisos clasificados de La Nación. "En cumplimiento de
lo
dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso
Palamara, se publica el capítulo relativo a...". En minúscula letra, el
encabezado es seguido
de tres páginas con el contenido del fallo que por segunda vez condenó al Estado
chileno
en materias de libertad de expresión. La primera fue "La última tentación de
Cristo",
historia zanjada en 2001.
No era todo. Tres días después, las primeras cinco páginas del Diario Oficial
daban cuenta
del mismo hecho, del mismo fallo, de las mismas violaciones al derecho
internacional
cometidas por Chile. La resolución es tan contundente que obliga al Estado a dar
íntegra
publicidad al texto legal que, además de brindar un nuevo triunfo a la libertad
de opinión,
cambiará la justicia militar tal como se conoce hasta ahora.
La historia suma años de litigios, injusticias y calvarios. Trece años después
del incidente
inicial, Chile fue castigado por arrollar los estándares internacionales sobre
libertad de
expresión y por violar los derechos de un civil sometido a la maquinaria
institucional de la
Armada y al peso de la poco independiente justicia militar. Todo por querer
lanzar el libro
"Ética y servicios de inteligencia".
Todo comenzó el verano de 1993, cuando Humberto Palamara, ingeniero naval
mecánico,
ex oficial de Marina entre 1973 y 1992, y a la fecha funcionario "civil a
contrata" de la
Armada en Punta Arenas, mandó a imprimir mil ejemplares del texto cuyo último
capítulo,
"Guerra sucia", desató la censura previa del alto mando. Allí, sin nombres ni
casos
precisos, cuestionó la tortura, el secuestro y el asesinato con fines de
"inteligencia".
"Nunca imaginé que podía pasar todo lo que vino después", comenta hoy Palamara.
El
primer obstáculo fue la Ordenanza de la Armada, que prohíbe publicar sin
autorización
textos que critiquen a la institución o develen asuntos secretos. De eso, el
funcionario civil
supo una vez que le comentó la idea a su jefe.
Y entonces, conducto regular de por medio, Palamara repartió cuatro de las
copias y pidió
la obvia autorización. El "no" fue rotundo, pues el alto mando estimó que el
libro
comprometía la seguridad nacional. Como no estuvo de acuerdo, insistió en
publicar. Y
peor le fue. No pasó un día y le ordenaron entregar los libros impresos. Y como
Palamara
contó esto a la prensa, la Armada lo acusó de "quebrantar solemne juramento",
instruyó
un sumario, inició un proceso por desobediencia y otro por incumplimiento de
deberes
militares. Nada menos.
En un mes, Palamara pasó de manifestar su intención de publicar a estar
procesado en un
tribunal militar por varios delitos. Y más. Allanaron la imprenta y su casa,
decomisaron un
diskette con el original del libro, se llevaron la matricería, borraron el disco
duro del
computador, decretaron orden de arraigo y hasta lo detuvieron (15 de marzo de
1993) sin
notificarle motivo ni cargos.
Y no era todo. A fines de marzo, la enfurecida Armada dio curso a otro proceso
por
desobediencia cuando Palamara opinó en "La Prensa Austral" que le parecía
"increíble" que
la Corte de Apelaciones –argumentando que "no era de su incumbencia"– haya
rechazado
un recurso de protección por vulnerar garantías constitucionales. Dicho fallo
dejó
huérfano al civil Palamara. A entera disposición de la justicia militar.
Y claro, más procesos le cayeron. En abril, dos peritos de la Armada confirmaron
que el
libro ni revelaba secretos militares ni comprometía la seguridad nacional.
Además parecía
normal que su superior directo fuera comandante en jefe de la III Zona y además
juez
naval de Magallanes. Juez y parte.
La prensa se convirtió en el único refugio de Palamara, que a esa altura era
objeto de
seguimientos y amenazas veladas. "El miedo me llevó a hacer todo público",
declara. El
tercer proceso por desobediencia comenzó cuando el 5 de mayo de 1993 dio una
entrevista en Radio Nacional de Punta Arenas. Le habían ordenado guardar
silencio.
La bola de nieve parecía imparable. El civil Palamara fue encarcelado de nuevo y
el tribunal
militar impuso férreo secreto de sumario. Fue tanto el celo, que sólo después de
un año y
siete meses la defensa logró ver, por primera vez, el expediente de su
defendido.
Pero faltaba más. También en mayo de 1993 lo habían procesado por desacato luego
de
que convocara una rueda de prensa para denunciar que la libertad de expresión
estaba
siendo reprimida y que tenía razones para suponer que se habían adulterado
documentos
y mentido a la Corte de Apelaciones para evitar un fallo adverso.
Ahí vino otra amarga sorpresa. Palamara llegó a ser absuelto del desacato, pero
los
acusadores acudieron a una instancia superior, la Corte Marcial, y el ente, que
revocó la
absolución, condenó a 61 días de reclusión y lo multó con 11 sueldos vitales. Ya
en el
suelo, en julio de 1995 un recurso de queja en la Corte Suprema pareció ser la
salvación.
Pero otra vez la justicia ordinaria le dio la espalda a Palamara: recurso
rechazado.
Y peor. En junio de 1996 le impusieron 61 días de reclusión por incumplimiento
de
deberes militares, 540 días por desobediencia y otros 61 días nuevamente por
desobediencia.
Pero no todo parecía perdido. En enero de 1997, el fiscal de la Corte Suprema
acogió el
recurso de casación y señaló que no correspondía someter a civiles a tribunales
militares.
Sólo era un espejismo. Seis meses después, la bofetada de la Suprema fue
demoledora.
Rechazaron el recurso de casación. "Perdí 6-0, fallo en que votó el auditor
general del
Ejército", recuerda. La indefensión era total.
A LA DERIVA
Tras años de diversos procesos, Palamara no sólo transitó el tormento castrense.
Las
esquirlas lo dañaron por todos lados. En mayo de 1993 lo despidieron del trabajo
y, tras
19 años de vinculación, le impidieron completar los 20 años necesarios para
recibir una
pensión.
Sin trabajo y profesionalmente vetado en la Armada, Palamara tuvo que dejar a su
esposa
y sus tres hijos en Punta Arenas para trasladarse a Valparaíso. Pero en Viña la
"familia
naval" lo aisló. Relacionarse social y laboralmente con el "traidor", como le
enrostraban a
sus hijos en Punta Arenas, era mal visto y hasta peligroso. Nadie confiaba en
él. Palamara
se convirtió en un paria. Sólo una persona le dio una mano: Manuel Losada –el
mismo de
la Operación Océano– había comprado unos barcos rusos en una ganga y buscaba un
ingeniero naval en mecánica. El vínculo duró poco.
Su esposa y dos de sus hijos se alejaron de la pesadilla y se fueron a España.
Adiós
matrimonio. Adiós familia. Todo estaba perdido. En Chile no había nada más que
hacer.
Pero la batalla podía cruzar fronteras.
BENDITA CORTE
"Yo no tenía idea que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos",
confiesa hoy
Palamara. Fue un joven abogado el que lo ubicó. "Yo tenía 24 años. No me acuerdo
cómo
conseguí su teléfono, pero lo contacté y fui a verlo", cuenta, diez años más
tarde, Nicolás
Espejo.
El recién egresado trabajaba como ayudante en una investigación de la U. Diego
Portales
sobre libertad de expresión y no en cualquier contexto: el 21 de agosto de 1990,
Chile
reconoció la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese
día,
el país no sólo globalizó su economía. También el derecho.
Las primeras diligencias se iniciaron en 1996. El caso lo tomaron Mauricio Duce
y luego
Francisco Cox, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En octubre
de 2001 la
causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó
a las
partes para buscar una salida amistosa. Pero Chile ni asomó.
Ya en 2003 la Comisión había recomendado restituir al ex marino sus derechos
vulnerados, reintegrar los libros, reparar los daños e impulsar una legislación
interna
acorde al derecho internacional en materia de libertad de expresión y
competencia de la
justicia militar. Pero nada. Ni una respuesta del Estado.
Chile solicitó tres prórrogas, pero nunca presentó sus observaciones. El plazo
venció en
abril de 2004 y entonces la Comisión Interamericana demandó al Estado chileno en
la
Corte Interamericana. Dos años y medio después, la democracia chilena fue
condenada
por violar nada menos que cinco derechos básicos: libertad de pensamiento,
propiedad
privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal.
Palamara, por fin,
respiró aliviado.
El fallo obliga a permitir la publicación del libro, a restituir el material
incautado, a
indemnizar con casi 50 mil dólares al afectado, a anular las tres sentencias
condenatorias
de la justicia militar y a darle publicidad al fallo en el "Diario Oficial" y en
un diario de
circulación nacional. Pero más importante aún –apuntan Espejo y Cox–, el fallo
le dice a
Chile que debe modificar en un plazo razonable la normativa interna para hacerla
compatible con los estándares internacionales.
"Este fallo firmó el acta de defunción de la justicia militar en Chile",
concuerdan Espejo y
Cox. No sólo porque nunca más un civil puede ser juzgado por militares –"lo que
incluye
el maltrato de obra a carabineros e incluso lleva a tribunales ordinarios las
muertes
ocurridas en los cuarteles", ejemplifican–, sino que convierte al Código de
Justicia Militar
casi en una normativa disciplinaria.
Humberto Palamara vive en casa de su madre en Viña del Mar y se las arregla
explotando
un pequeño bosque de eucaliptus de su padre. También administra un pub y de
pronto
hace clases de ciencias políticas. Pero aún no le devuelven los libros ni la
matricería.
Tampoco ha recibido un peso de la indemnización y sus papeles siguen manchados.
Pero
ahora piensa que es cosa de tiempo. También sabe que ya no está solo. Sabe que
por fin
ganó.