Mensaje original enviado por Gustavo Ruz Zañartu <guruz@...>

La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del
pueblo chileno.
Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos
y
enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se
apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y
ahorro de
generaciones de chilenos.
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la
tiranía y
que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control
decisivo sobre la
economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es
ilegítima en
su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro
por sobre la
dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico
fuera del
alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su
modificación.
Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el
establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan
gravemente la
subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un
modelo
económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la
concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el
capital
extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos
hídricos, el
sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones,
sangrando, a
perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la precariedad
del empleo,
la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción
del
ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la
impunidad que
beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la
humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la
crisis del
transporte urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres,
son
resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley
Nº
3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar y denominado
"CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989
y por el
Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y
autoritaria.
Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá de
sus
diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución pinochetista, hemos
decidido
iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana para exigir la
convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta
Fundamental,
que restablezca los grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo
veinte,
que haga efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas
jornadas de
lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de su
único titular:
el pueblo de Chile.
Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se obstinan en
mantener
sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía y el autoritarismo de viejo
cuño que han
sido capaces de cooptar a dirigentes políticos que, en el pasado, criticaron a
la dictadura
pero que actúan ahora como administradores de su nefasta herencia.
Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas fomentan la
apatía
ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y solidaridad en la base social.
Baste decir
que actualmente existen poco más de 3 millones de ciudadanos que no participan
en los
procesos electorales, ya sea por no inscripción, abstención, o porque al
rechazar las
alternativas que se presentan votan nulo o blanco. Esta cifra que representa el
30.5% del
padrón electoral potencial, constituye el doble de la que no votó validamente en
la
elección de 1989 (15,4%).
LLAMAMIENTO
El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes
generaciones y
nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia, libertad y dignidad.
Chile,
con su colosal riqueza, y la vocación republicana de su pueblo se encuentra en
condiciones de proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades
materiales,
culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una realidad,
no podemos
soslayar los temas institucionales.
No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por
tiempo
indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes fácticos locales.
Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los
trabajadores,
hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil
subsistencia, a
todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital
extranjero, a
todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de
cesantes, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de
valores de
quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos; a
los
adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las
AFP que
se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a lo mejor de
la
intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestros artistas
y gestores
culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren
discriminación de
clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y
política que
demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo
histórico y
cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la
defensa de
la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto
mundial.
Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del
sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente- sirven a
la
mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la
mayoría
ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad. En
el umbral
del bicentenario de la República la unidad del pueblo hará posible poner fin a
la
vergonzosa vigencia de una Constitución esencialmente antidemocrática.
Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran
movimiento
ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una
nueva
Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos,
económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo
de Chile.
Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para que,
desde
ahora mismo, suscriban este llamamiento, generen instancias de unidad para esta
lucha,
promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos en
comunas,
sindicatos y organizaciones sociales, foros y charlas en agrupaciones
estudiantiles,
campesinas, poblacionales, colegios profesionales, etc., en las que se
demostrará el
mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.
Sobre la base de estas experiencias y otras que surjan desde la base social
invitamos a los
electores a utilizar la próxima elección Municipal para manifestar su voluntad
de contar
con una Constitución Democrática., mediante un signo previamente convenido, sin
perjuicio de su preferencia por un determinado candidato. Una marca de esta
naturaleza
no anula el voto, pues la ley electoral Nº 18.700 dispone que "Serán nulas y no
se
escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia". Además,
en la
Cartilla de Instrucciones del Servicio Electoral 2005, página 21 Nº 5.1.6 se
dispone que
"También se escrutarán como válidas las cédulas en que se haya señalado una sola
preferencia, pero que la Mesa estime "OBJETADAS", (marcadas), por tener, además
de la
preferencia, rayas, palabras, firmas, dibujos, etc.".
De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que
represente la
aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos parte de un pueblo
que,
recogiendo las lecciones de la historia, asume la construcción de su propio
destino,
entrañablemente hermanado con el de los pueblos latinoamericanos y con la paz y
la
solidaridad en todo el planeta.