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La corrupción y el terror se basa en la incomunicació n y el silencio.. Por el derecho de EXPRESION E INFORMACION, Haga circular esta nota. Si no está de acuerdo al final de este mensaje encontrara una dirección para Des-inscribirse. .....
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EL GRAN BURDEL
El Poder que Gobierna el Perú es la Mentira
Por: Mirko Senda
A la derecha le encanta mostrarse mesiánica y poderosa, pero la fe insana, la obra encima del lodazal le ha hecho tragarse tal determinismo, hoy se ha visto obligada a reciclar todo su discurso, diseñar y movilizar toda su estrategia de acercamiento a un pueblo que siempre utilizo y detesto. Alan García y Yehude Simón se han "asociado para la trata de blancas" como un cabaret han hecho bailar a sus afeminados parlamentarios para vender la seguridad nacional y el bienestar de todos los peruanos. Han presentado como dos "mamis" despechadas un proyecto de regulación de las garantías ciudadanas, regulación de la libertad de asociación, expresión e información tanto en el estamento civil como jurídico, como clara evidencia de su incapacidad para controlar el descontento social ante la corrupción y la impunidad.
El conflicto que centra la identidad de nuestros políticos, lleva el estigma de la fase anal retardada, como lo diría Sigmund Freud, la carencia de ideas, el cómplice silencio a la corrupción y a las continuas traiciones parece que pensaran con el trasero y en esa fijación bien retienen o expulsan mierda a la democracia que dicen defender. El Apra y sus amigos quieren llevarnos a su paraíso mundano y los peruanos nos negamos a aceptarlo.
Dentro de unos años alguien escribirá cómo fue posible convertir al Perú, en un Gran Burdel, donde ministros, congresistas y políticos afines al régimen desfilaron como putas baratas en la suite de un Empresario lobistas llamado Canaan, este chulo foráneo mangoneaba a los políticos peruanos tomaban decisiones de Estado entre hormonas alborotadas en la cama de un hotel; Alva castro experto en frotar "armas sin proteción" cobraba supuestamente por sus servicios 100,000 Dólares, Jorge del Castillo experto en el Kamazutra cobraba supuestamente 230,000 dólares, León Alegria un nudista que gemía y grababa sus audios reclamaba pozos petrolíferos, Mauricio Mulder adicto a Anilingus daba la espalda solo por permanece en el congreso, Alan Garcia experto en faenones "insaciables de penetración" extranjera, especialmente Norteamericana y Chilena,
entregaba sus servicios a cambio de una casa en Francia y un exilio en Colombia(no aceptaba dólares MUC), Yehude Simons aventajado en la ética Cunnilingus intentaba dar su boca al mejor postor. También se dirá que hubo represión y persecución política a quienes difundían toda esta pornografía, que hubo censura ante estas imágenes verbales que quedaron grabadas para siempre en nuestra vergonzosa historia.
La derecha hace sus posturas ficticias, tratando de ocultar el burdel político de siempre justo cuando el pueblo le pide autocritica y reflexión, para abordar el problema de la crisis moral y económica mundial que sin ninguna duda tendrá efectos devastadores en la economía Peruana. La prensa le acompaña en esta orgia inconmovible, olvida que la censura y persecución es propia de Estados dictatoriales, fascistas, de autocracias hermafroditas, que en postura 69 representan la más pura endogamia política de los corruptos y mentirosos.
La ventana indiscreta de toda la prensa amarilla o rosa, han hecho que la política de burdel sea una historia complicada, donde los chulos reales esas grandes empresas transnacionales, las mineras, las dueñas de las telecomunicaciones que se llevan los beneficios y provechos de nuestras putas Estado, cuyo poder omnímodo tiene el color del dinero, pasen inadvertidas.
Quien puede poner orden en este prostíbulo, los jueces, el Tribunal Constitucional conocen el callejón del placer, la iluminación fosforescente de ninfómanas y matarifes políticos, saben que el Gran Burdel es parte del plan maestro del "Proyecto Perú" del Apra, si fueron incapaces de juzgar a Velasquez Quezquen cuando en viaje oficial a Brasil prefirió ir a emborracharse y entregarse a la lujuria de una mulatas, mientras Torres Caro bailaba lambadas escoltado por strippers. Es verdad que el Perú avanza hasta el último nivel de la degradación política y solo se puede llegar más abajo si se cavan fosas comunes donde se oculten el Terrorismo de Estado y la corrupción del Perú.
La derecha quiere que el pueblo se pudra entre patrañas, y siento un asco institucional por ello, los que le acompañan o defienden son unos perfectos imbéciles, quienes se dedican a difamar a la oposición, especialmente a la izquierda son unos psicópatas peligroso, mitómanos que no les interés que se encarcele y fusile a un inocente.
El burdel está abierto los 365 días del año, es una institución absolutamente necesaria para continuar con el robo, el saqueo y la corrupción, sus clientes parlamentarios reflejan el lado más oscuro de la falsa política, Alan García y Yehude Simons son dos bestias que pretender sodomizar al Perú entre el libertinaje y la traición a costa de la libertad de los peruanos.
Los peruanos debemos decir basta de esta vida perruna del Estado, de tanta mentira perruna de la derecha, ellos saben que el prostíbulo es un hospedaje transitorio por eso están temerosos de perder sus privilegios porque saben que se les acabo el tiempo a la gran noche neoliberal. Unidos rompamos la imaginaria frontera entre la ley y la transgresión, acabemos con el contrabando ideológico, afirmemos un acuerdo por el cambio real y radical en democracia, la crisis moral debe ser superada por la acción libre y digna de las masas.
ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS
ALTO A LA ESCALADA REPRESIVA
SOLIDARIDAD CON LOS DIRIGENTES PERSEGUIDOS
Rechazamos indignados las maniobras del gobierno aprista dirigidas a deslegitimar y perseguir a los dirigentes políticos y sociales que se oponen a su política económica, la corrupción más repudiable y la represión que se vienen imponiendo peligrosamente en el país e impedir la unidad de las fuerzas populares y la constitución de una alternativa política de oposición hacia el 2011.
Denunciamos que la abusiva e ilegal orden de comparecencia de grado o fuerza solicitada por los Servicios de Inteligencia de la Policía Nacional para el Comandante Ollanta Humala, Presidente del Partido Nacionalista Peruano, y; la orden de detención para Alberto Moreno Rojas, Secretario General del Partido Comunista del Perú - Patria Roja; Renán Raffo Muñoz, dirigente nacional del Partido Comunista Peruano; Olmedo Auris Melgar, Vicepresidente de la CGTP; Luis Benites Jara, dirigente nacional del Partido Pueblo Unido - UDP, y otros lideres de oposición, no es un hecho aislado ni nuevo es parte de una siniestra campaña represiva, urdida desde Palacio de Gobierno para descabezar a la oposición; campaña que hace unos meses se enfiló contra el c. Mario Huamán, Secretario General de la CGTP y líder de la CPS y centenares de dirigentes sindicales,
campesinos comuneros y populares, actualmente enjuiciados, encarcelados o procesados por disentir del gobierno y luchar por sus derechos.
Parte de esa misma estrategia dictatorial, es también, el Proyecto de Ley fascistizante, suscrito por el Presidente García y Yehude Simón, que al mismo estilo de las viejas dictaduras apunta a proscribir y disolver las agrupaciones políticas, empresariales, ONGs y medios de comunicación puestas bajo sospecha gubernamental de atentar contra el orden público o la seguridad del Estado.
Estos hechos repudiables, vulneran derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, amparados por la constitución, así como las más elementales normas del debido proceso al que tenemos derecho todos los peruanos y peruanas sin discriminació n de credo, raza o ideas políticas.
En tal sentido exigimos al gobierno, el más escrupuloso respeto al Estado de derecho y el cese de toda acción represiva que impida el libre ejercicio de las libertades ciudadanas y de los derechos de las personas.
Expresamos nuestro total respaldo y solidaridad a los compañeros que son víctimas de la acción represiva del gobierno y hacemos un llamado al pueblo en general a movilizarse y pronunciarse en repudio de la corrupción y el continuismo y en defensa de la democracia auténtica y la justicia social.
Lima, Diciembre del 2008.
MARIO HUAMAN RIVERA
Coordinador de turno
COORDINADORA POLITICO SOCIAL
Por: César Lévano
El proyecto represivo contra ONGs, asociaciones de diversos tipos y medios y empresas periodísticas u otras empieza a provocar rechazo.
Ayer expusimos antecedentes sombríos de la propuesta que el Ejecutivo ha enviado al Congreso con carácter de urgencia. Por no alargar el comentario, omitimos un antecedente que es, sin embargo, notable: la Ley número 8442, Ley de Emergencia, cuyo Artículo único parece haber sido musa inspiradora del proyecto Alan García-Yehude Simon.
Ese texto fue emitido por la dictadura del general Oscar R. Benavides el 21 de febrero de 1939 (un día antes del cumpleaños de Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces en la clandestinidad) .
Decía el Artículo: "Compréndase en el inciso g) del artículo 1º. de la Ley 7479 y de las sanciones que esta ley establece, a las empresas periodísticas que publiquen informaciones falsas o ambiguas sobre los hechos opuestos al organismo constitucional de la República o que intenten subvertir los poderes constituidos, y a los que se pronuncien en forma tendenciosa respecto del origen, alcances o consecuencias de cualquiera de estos hechos".
En igual sentido va la propuesta García-Simon de modificación de la Ley General de Sociedades, la cual quiere poner en manos del Ejecutivo y la Corte Suprema el destino de cualquier empresa que sea o resulte incómoda para aquél.
El pretexto será que esas sociedades son o resultan contrarias al orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos.
Dos aspectos de la propuesta fascista hacen temer lo peor. Colocan, ante todo, el destino empresarial en manos del aparato judicial, en el cual el Apra ejerce indisimulado dominio y capacidad de presión.
El Artículo 96 del Código Civil vigente, que el proyecto busca alterar, expresa: "El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de las asociaciones cuyos fines sean o resulten contrarios al orden público o las buenas costumbres".
La diferencia con el proyecto es notable. En primer lugar, éste asigna el papel de denunciante al Poder Ejecutivo, y, en segundo lugar, amplía las causales. Ahora aparecen la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la intromisión en asuntos internos.
Todo este agregado apunta a las organizaciones de izquierda, a las cuales se achaca, con estridencia y sin pruebas, tener vínculos con organizaciones ilegales del exterior.
En el fondo está la inepcia de que Venezuela alienta y hasta financia la protesta y el reclamo social, que son algo así como la respiración natural del descontento popular. Otra cosa son la simpatía y aun la solidaridad con procesos de cambio en América. Eso no se suprime por decreto. Las ideas, dijo Sarmiento, no se degüella.
DESLIZÁNDOSE POR EL DECLIVE DICTATORIAL
Por: Teófilo Bellido
La operación policíaca "Leuctra" dirigida contra dirigentes de izquierda con la acusación de colaborar con el terrorismo internacional y la orden de comparecencia contra Ollanta Humala del Partido Nacionalista Peruano, puesta al descubierto por el diario La Primera, no es un caso aislado en la política represiva por la que se desliza el gobierno, forma parte de una estrategia contra el movimiento popular y las fuerzas que luchan por el cambio.
El Ejecutivo, con la firma del presidente Alan García Pérez y el Premier Yehude Simon Munaro, ha presentado un proyecto de Ley para modificar el Código Civil y la Ley General de Sociedades que faculte al Ministerio Público solicitar judicialmente la proscripción y disolución de las organizaciones o asociaciones, bajo el criterio inicuo que sus actividades puedan atentar contra "el orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos". La finalidad es dar carta blanca a los gobiernos de turno para que tomen represalias contra todo tipo de organizaciones molestas al régimen.
La pregunta es ¿Quién determinará qué asociación viola la "soberanía nacional", "la seguridad del Estado" o el "principio internacional de no intromisión en asuntos internos"? En esa vaguedad una organización nacional que luche por el cambio con justicia social, o internacional que se pronuncie en defensa de los derechos humanos y denuncie crímenes y torturas -como los ocurridos en la dictadura fujimorista- podría quedar involucrada en estos delitos, ser disuelta y sus promotores sometidos a proceso judicial.
Sin duda una iniciativa fascistoide, atentatoria contra la libertad de expresión. Una reedición de las viejas dictaduras rechazado por organizaciones, hombres y mujeres de vocación democrática en nuestra patria.
Eso no es todo. En las regiones el panorama va configurando esa estrategia represiva y dictatorial, veamos algunos casos.
Desde la Región Piura, una noticia soslayada por los "grandes medios de comunicación" da cuenta que un grupo de dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Tambogrande denunciaron una campaña intimidatoria, luego que el Poder Judicial de ese departamento modificara cargos y reabriera procesos judiciales por ser ellos tenaces defensores del medio ambiente frente a los intereses de empresas mineras voraces de saqueo.
Como es conocido, el 16 de setiembre del año pasado se realizó una consulta vecinal que rechazó la presencia de la empresa minera Majaz en Ayabaca y Huancabamba, resultados que el Poder Judicial y el gobierno se niegan a reconocer. Según declaró el Presidente de la Federación Campesina de Ayabaca, Magdiel Carrión, un total de 35 personas fueron acusadas de terrorismo por haber promovido dicha consulta; sin embargo, por fallas en el proceso y un habeas corpus, todos quedaron absueltos y el caso fue archivado. Hace pocos días, en forma ilegal nuevamente ha sido reactivado.
Igual ocurre con el Alcalde de Tambogrande, Francisco Ojeda, acusado de instigador por promover la consulta vecinal el 2 de junio del 2002 que rechazó la presencia de la empresa minera Manhattan en este valle agrícola. "Aquí está de por medio el poder económico, quieren convertir a Piura en un distrito minero (....); el presidente de la República, Alan García, ya le abrió las puertas a la minería china sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo" aseveró Francisco Ojeda, Presidente del Frente de Defensa de Tambogrande.
En la región San Martín, la Presidenta del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo (FRESIDES), Semira Pérez ha sido acusada sin fundamento alguno por el congresista del APRA, Aurelio Pastor, de ser enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Perú. Pastor, hizo estas declaraciones a una emisora de ese departamento basado en un reportaje de la revista "Protagonista" del mes de Julio, a propósito del Paro Nacional de la CGTP, y que en el caso de la selva se prolongó por 72 horas. Afirmó que, según estudios de Inteligencia, Pérez y su esposo Jacinto Cunia pertenecerían a las FARC.
"Son acusaciones calumniosas y tendenciosas" , ha declarado la dirigente regional, acusaciones de un congresista desesperado "porque las denuncias de corrupción que hay contra su partido y su gobierno, los están cercando".
La representante de FRECIDES, emplazó al "padre de la patria" a informar y explicarle al pueblo de San Martín, que lo eligió como congresista, "¿porqué una sola empresa que es proveedora de alimentos tiene 106 concesiones de minería metálica en la región ocupando miles de hectáreas?".
Finalmente, Pérez denunció una campaña de acoso en su contra, "que va camino al fascismo que podría asegurar, lo está haciendo la gente del APRA para amedrentarnos, aquí frente a mi casa han aparecido pintas que dicen "Semira terruca sal del FRECIDES", osea yo digo que uno ya no puede discrepar del APRA, porque así lo amenazan ", puntualizó.
Dirigentes de la región Ica, denunciaron en la Asamblea Nacional de los Pueblos del 8 de noviembre la política represiva y de persecución por parte del actual gobierno, quien ha hecho un auto apertorio judicial contra todos los dirigentes de la coordinadora Política Social de la Provincia de Chincha, muchos de ellos encarcelados en el penal de Cachiche (Ica), entre ellos, el Secretario General de los moto taxistas, seis compañeros con mandato de detención e internamiento al penal y siete dirigentes con mandato de comparecencia restringida con una caución de tres mil soles cada uno con un plazo de cinco días para el respectivo pago, fecha vencida, lo que obligaría al juez a cambiar el mandato de comparecencia por el de mandato de detención e internamiento a la cárcel. En esta situación se encuentran los cc. William Sánchez Chumbiauca,
Oswaldo Crisóstomo Cuellar, Balbuena, Julián Cortéz Meza, Alberto Vera Velasco.
Efraín Yépez dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco y de la CGTP, junto a varios dirigentes sindicales, es victima de denuncia por parte de la fiscalía de esa región.
Toda una escalada represiva del gobierno secundada por su Primer Ministro Yehude Simon, que merece una respuesta unitaria y enérgica de las organizaciones populares.
Poniéndose al día con el clamor popular
OLLANTA ACUSA A GARCÍA POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS
Escribe: Dante Castro Arrasco
Saludable reacción de Ollanta Humala frente a la nueva maniobra represiva montada por DIRCOTE y la fiscalía. Llamar "violador de los derechos humanos" a Alan García constituye un deslinde claro que no hizo en su anterior campaña electoral. Ha roto un silencio que no le favoreció ante los ojos y oídos de la izquierda peruana, la misma que esperaba esa actitud en la polémica por la segunda vuelta (2006).
Sabemos el capítulo que se viene. Ollanta Humala será acusado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra campesinos de Madre mía, cuyos familiares lo señalan como el misterioso "Capitán Carlos". Ollanta Humala tiene la oportunidad de aclarar esa situación por el bien de su próxima candidatura.
Un soldado que sirvió al Estado burgués (lo cual no es un orgullo) está obligado a hacer lo que su jefatura máxima le manda.. Eso no es secreto. Matar en la guerra es condición ineludible para sobrevivir. Disparar a quien me dispara, es la actitud natural del combatiente. No lo es la tortura y desaparición física de civiles. No lo es la ejecución extrajudicial de heridos y rendidos. No lo es la violación de adolescentes campesinas. No lo es la tortura de sospechosos.
Ollanta no sólo está en la obligación de deslindar con Alan García y de acusarlo por las matanzas de Accomarca, Cayara, El Frontón, Lurigancho, etc., en su primer gobierno 1985-90. La izquierda revolucionaria le exige aclarar su responsabilidad en medio de la guerra y que deslinde también, usando igual energía, con malos militares que perpetraron horrendas acciones genocidas. Esto significa romper con toda concesión a la impunidad y ponerse de parte de miles de peruanos asesinados a sangre fría en nombre del combate al terrorismo. Muertos como los de las fosas de Putis, recientemente descubiertas, son suficiente prueba de una guerra antipopular de tierra arrasada y sin prisioneros.
La oportunidad que perdió
El viernes 21 de noviembre, en pleno congreso de la APEC y con la ominosa presencia de George bush en el Perú, se debía efectuar un mitin de masas que concentrara a todos los opositores al imperialismo. Los líderes de los partidos de la izquierda tradicional, se evaporaron por encanto, incluido Ollanta Humala.
La manifestación más raquítica de América Latina contra la presencia del terrorista George Bush, se ha dado en el Perú gracias a la actitud claudicante de quienes estaban obligados a asistir, convocar y movilizar la totalidad de sus fuerzas.
Ollanta Humala, dijo en una reunión con la prensa extranjera que su partido "se sumará" a los actos de protesta contra la política exterior estadounidense, pero no los promoverá, y que en ningún caso marchará ni protestará contra la misma APEC. "No estamos contra la APEC ni estaremos en las protestas contra ese foro", concluyó el presidente del Partido Nacionalista.
Pues tenía que promover esas acciones, marchar con el pueblo y llamar a toda su militancia a que lo secunden para repudiar activamente la presencia de George Bush. La APEC no era precisamente un foro de demócratas, sino un lavado de cara del neoliberalismo agonizante. No hizo lo que tenía que hacer por razones que ninguno de los ausentes voluntarios quieren explicar.
El diablo siempre paga mal
El imperialismo y su títere de turno, Alan García, no le iban a brindar concesiones a la izquierda tradicional ni al nacionalismo por ese gran favor. Su ausentismo deliberado no pudo aplacar las iras santas de los dueños de poder. Ahora desatan una campaña de persecuciones que empieza por los dirigentes más moderados de la oposición, pero que proseguirá contra las organizaciones contestatarias en general.
Esta cacería de brujas amenaza con generalizarse. El plan es abortar toda iniciativa del pueblo contra los abusos de las transnacionales, la corrupción y el desgobierno, encarcelando a los líderes opositores y desarticulando la creciente protesta popular. Así lo tiene que hacer Alan García para garantizar la paz social en medio de una profunda crisis de poder, en el contexto de la peor catástrofe del capitalismo monopolista y cuando se previslumbra en el horizonte la aplicación de medidas inflacionarias para compensar los efectos de la crisis económica mundial.
Ollanta frente a los resultados de la APEC
Ya sabemos a qué llegaron los presidentes títeres en la APEC. Por lo que a nosotros importa, nos interesa la alianza de Alan García con Chile y las consecuencias que ello acarrea para la economía nacional:
- La profundizació n de la chilenización de la economía peruana.
.- La frontera marítima con Chile, al frente de las costas de Tacna, no ha sido discutida con la Bachelet. Capítulo cerrado.
.- La lotización de los cielos del Perú y su uso indiscriminado por un país altamente peligroso a los intereses nacionales, sigue siendo bendecida por nuestro primer mandatario.
.- Ahora Alan García le presenta a la Bachelet, en una bandeja de plata, la cabeza del general EP Edwin Donayre. Un escándalo producido por una grabación irregular ha sido suficiente para descabezar al Ejército.
- Y esto también es resultado de la APEC, por si no lo sabe Ollanta. En pocas palabras, el dirigente máximo del Partido Nacionalista, previendo tales resultados, debía haberse manifestado contra la APEC como foro de prominentes articuladores del neoliberalismo trasnochado y mesa de negociaciones perjudiciales para todos los peruanos.
.- Como decía un egregio libertario peruano, don Manuel Gonzáles Prada," hay que romper el pacto infame de hablar a media voz". A Ollanta Humala le ha tocado el turno y no puede eludir esta obligación bajo ninguna circunstancia. La persecución política y el acoso policial son accidentes naturales en la vida de quienes quieren cambiar el mundo. Que tal "novedad" no interfiera en su visión del conjunto.
En nombre de la seguridad, el corrupto gobierno pretende clausura de entidades y medios de comunicación.
LEY TOTALITARIA AMENAZA EMPRESAS E INSTITUCIONES
Proyecto de Alan García y Yehude Simon causa gran polémica. Sostienen que va dirigido contra principios de la democracia.
DETALLE
Plantea en concreto que, para preservar la seguridad, que "ninguna persona jurídica o asociación, comité y fundación no inscrita, podrá ejercer actividades que atenten contra la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público ni contra el principio internacional de la no intromisión en asuntos internos".
Un proyecto de Ley presentado esta semana al Congreso y con carácter de urgencia por el presidente Alan García y el primer ministro Yehude Simon, es un instrumento totalitario que permitirá la clausura de cualquier empresa e institución, desde un club de barrio hasta un periódico opositor incómodo para el poder, con el argumento de que sus actividades atentan contra "la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos", cuestiones genéricas que pueden prestarse a arbitrariedades y causales invocadas por las viejas dictaduras que persiguieron a fuerzas políticas como el Partido Aprista.
El proyecto pretende modificar el Código Civil y la Ley General de Sociedades, que rigen la actividad empresarial y de las instituciones privadas en general, para que el Poder Judicial, sobre el que tienen notoria influencia el Ejecutivo y el Partido Aprista, proceda a clausurar a empresas privadas y otras entidades que incurran en esas imprecisas infracciones.
La exposición de motivos que fundamenta el proyecto plantea el objetivo de ampliar el concepto de atentar contra el orden público como limitante del ejercicio de los derechos de asociación y de libre empresa porque "pudiera resultar limitado o impreciso para definir algunas actividades que también podrían realizar personas jurídicas en el país, pero que no por ello dejen de ser un atentado contra la seguridad pública", así como la soberanía nacional y el principio de no intervención.
Si bien reconoce que el principio de no intervención y la defensa de la soberanía se refieren a acciones de otros estados, alega que "no puede descartarse la posibilidad que personas jurídicas domiciliadas en el país puedan servir como instrumento para atentar contra tales bienes jurídicos".
Contra empresas
El proyecto es una amenaza contra la libertad empresarial, por proponer la modificación del artículo 410 del Código Civil, introduciendo el acápite de "disolución a solicitud del Poder Ejecutivo":
"El Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean o resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos". La Suprema decidirá si procede o no la disolución.
El texto será una espada de Damocles sobre las empresas de todo tipo. Si los dueños de alguna simpatizan con algún partido de esos a los que el presidente García gusta llamar "antisistema" y quieren apoyarlos, el gobierno podrá pedir que la empresa sea disuelta. Igual sucederá a cualquier medio de difusión que tome partido con posiciones ajenas al gobierno, lo que es una amenaza directa a la libertad de prensa de todos los órganos de expresión y en particular contra LA PRIMERA, sus ediciones regionales y las estaciones de radio que forman parte del Grupo Arena. El proyecto modifica igualmente el artículo 33 de la Ley General de Sociedades, para anular la escritura de constitución de cualquier sociedad.
Las modificaciones del Código Civil están referidas al artículo 109, para que el Ministerio Público pueda pedir judicialmente la disolución de cualquier fundación que incurra en las causales ya citadas, lo que está referido a organizaciones no gubernamentales, reiteradamente acusadas por el gobierno, por defender causas como los derechos humanos. También al artículo 96, que otorga la misma potestad al Ministerio Público, para los casos de asociaciones, rubro en el que caen los clubes, sindicatos y organizaciones de solidaridad como las llamadas Casas del Alba, entre otras agrupaciones.
Lo que la juventud ignora del Terrorimo de Estado impulsado por la oligarquía en el Perú
POLÍTICA GENOCIDA DURANTE LA GUERRA CONTRASUBVERSIVA
El gobierno de Belaúnde decidió combatir a los alzados en armas como terrorismo, siguiendo el patrón establecido por el amo imperialista Ronald Reagan, lanzando sus fuerzas policiales, desde el inicio mismo, y atropellando los más elementales derechos, desencadenó la acción contrarrevolucionar ia brutal y sanguinaria sobre militantes, combatientes revolucionarios y masas principalmente campesinas, allanando y saqueando domicilios, han asesinado, robado e incendiado domicilios.
Primero utilizó sus fuerzas policiales: GC, GR, PIP, y sus correspondientes cuerpos antisubversivos: Sinchis, Llapan Atiq, Dircote, etc., con la asesoría, planificación, dirección y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas las que en medio de sus crímenes y violaciones de los derechos fundamentales, aplicando la política reaccionaria de robar todo, quemar todo y matar a todos.
Toda esa acción brutal, desenfrenada, de las fuerzas policiales antisubversivas, obedece a la línea y política genocida que aplicó el Estado peruano y ha guiado su guerra contrasubversiva, y se refleja desde su propia formación.
Estas siniestras fuerzas policiales antisubversivas, ante todo en el departamento de Ayacucho actuaron | 
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