Esta noticia ha sido remitida por la Asociación "Salamanca Memoria y
Justicia" (fsanchezmartin@...) a un foro de la GCE de
Yahoo, y de ahí la he capturado. Si todo evoluciona favorablemente,
nos podría afectar positivamente en grado sumo
(Valdenoceda=Burgos=Castilla-León).

Por favor, ¿pueden los foreros castellanos-leoneses mantenernos al
tanto?

"PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Derechos Humanos;

a la mesa de las cortes de castilla y león


ana maría muñoz de la peña gonzález, emilio melero marcos, elena
diego castellanos, josé miguel sánchez estévez, procuradores
pertenecientes Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de Derechos Humanos;



ANTECEDENTES:



La Resolución de Naciones Unidas 47/133 de 18 de diciembre de
1992 aprobó la " Declaración sobre la Protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas "



El Defensor del Pueblo instó a los poderes públicos a abordar la
adopción de medidas dirigidas a conseguir la máxima colaboración de
los poderes públicos con las familias de desaparecidos que requieran
su localización e identificación.



En la Proposición no de Ley de 20 de noviembre de 2002, aprobada
de manera unánime, las Cortes Españolas, manifestaba la necesidad de
reconocer moralmente a todas las víctimas de la Guerra Civil, así
como a cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura
franquista, instando a que los familiares de los afectados recibiesen
el apoyo de las instituciones. Condenaba por primera vez en el
Congreso el golpe franquista y se daba respaldo a las iniciativas
para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, incluida
la de exhumar fosas comunes, en las que pueden estar enterradas más
de 30.000 personas.



Pero esta aprobación no produjo los resultados esperados, ya que
no se tomaron medidas para facilitar las exhumaciones ni se aportaron
los recursos necesarios, ni se elaboraron protocolos de actuación que
garantizaran medidas judiciales y forenses para llevar a cabo los
trabajos necesarios.



Con fecha 1 de junio de 2004, se aprueba de nuevo otra
Proposición no de Ley en las Cortes Generales y como una de las
consecuencias inmediatas de dicha aprobación es el Real Decreto
1891/2004 de 10 de septiembre por el que se crea la Comisión
Inmterministerial para el estudio de la situación de las víctimas de
la guerra civil y del franquismo, con ello se demuestra el interés
del Gobierno del Estado par proponer las medidas necesarias y ofrecer
el adecuado reconocimiento y satifacción moral a los que como
consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones
represivas durante la guerra civil y el franquismo.



Considerando que se ha emprendido una acción decidida a favor de
los derechos humanos, manifestada en las Cortes de Castilla y León,
con la creación y constitución de la Comisión de Derechos Humanos,
debemos aprovechar desde la misma para garantizar la justicia y
reparación del daño moral a todas aquellas víctimas de violaciones y
abusos de los derechos humanos.



Con objeto de resolver las demandas de las distintas asociaciones
de la región que reivindican la recuperación de la memoria histórica
y que incluyen la reapertura de las fosas comunes de la Guerra Civil
y la revisión de los expedientes judiciales de los presos políticos,
así como el reconocimiento social de todas aquellas personas
encarceladas y represaliadas como consecuencia de su lucha y
compromiso por la libertad y los valores democráticos.



Desde el respeto al rigor histórico, desde la serenidad, sin
acritud, sin revanchismo y sin silencios vergonzantes, se ha
convertido en una obligación moral de todos para restablecer la
justicia social que fue denegada en su momento.



Por lo expuesto, se formula la siguiente propuesta de resoluciÓn :



" Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León
a:



1º.- Emprender las acciones necesarias para la recuperación de la
dignidad y reconocimiento de los derechos, de las víctimas
desaparecidas y asesinadas como consecuencia de la Guerra Civil y la
dictadura franquista para que no queden en el olvido las personas que
dieron su vida por la libertad y los principios democráticos.



2º.- Prestar la máxima colaboración y ayuda a las diferentes
asociaciones y colectivos que desarrollan su trabajo en torno a la
recuperación de la memoria histórica.



3º.- Que la Junta financie los gastos de investigación, facilitando
el acceso a los archivos públicos y privados u otras fuentes
documentales que agilice la búsqueda de documentación, localización,
exhumación, identificación y traslados, cuando así lo deseen, de los
cadáveres localizados, con todas las garantías judiciales y forenses.



4º.- Iniciar las gestiones oportunas para un reconocimiento público y
moral que dignifique a las víctimas. "