Extraido de la Voz de Asturias

"Tres décadas después del fin de la dictadura, 5.000 familiares
buscan a sus muertos

El Ejecutivo promete la ley sobre la memoria histórica.
LUIS DIEZ (14/11/2005)

Cuando se van a cumplir 30 años de la desaparición del dictador
Francisco Franco, las víctimas de la represión siguen esperando la
ley del resarcimiento moral y jurídico que el Gobierno socialista se
comprometió a presentar en el Parlamento antes del pasado verano.

Para abordar el problema, el Ejecutivo creó en septiembre del 2004
una comisión interministerial que prácticamente ha concluido su
trabajo. Por la misma han pasado asociaciones de familiares de
fusilados, presos, represaliados, exiliados, que han aportado decenas
de documentos y testimonios. La vicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, que ha coordinado los trabajos, aseguró
el viernes a este diario que habrá ley de la justicia histórica y que
el Ejecutivo cumplirá su compromiso. Evitó, sin embargo, poner fecha
al proyecto y concretar si el resarcimiento jurídico implica la
revisión de miles de condenas a muerte.

El grupo de IU-ICV, que ahora está dispuesto a presentar su propio
texto, frenó hace un año sus iniciativas sobre la recuperación de los
archivos incautados por el franquismo y otras dirigidas a resarcir a
las víctimas de la represión. En el trámite presupuestario para el
2006 ha logrado suprimir los descuentos fiscales en las
indemnizaciones por una sola vez a quienes sufrieron cárcel durante
el franquismo por motivo político. "Es paradójico que les descontaran
el IRPF como si fueran rentas del trabajo", dice Gaspar Llamazares,
líder de Izquierda Unida.


Brusca suspensión

Varias asociaciones que han colaborado con la comisión no ocultan su
decepción. Dolores Cabra, de Archivo Guerra y Exilio, no entiende la
brusca suspensión de los trabajos de la comisión, "porque el Gobierno
en ningún momento ha declarado que existan presiones de los
defensores de la dictadura o de los estamentos militares involucrados
en la represión". Para Cabra, "la verdad histórica es una exigencia
social y imposible de detener".

José María Pedreño, de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH), explica que tienen "más de cinco mil
peticiones de familiares que buscan los restos de sus abuelos y de
sus padres", y que trabajan "sin ningún apoyo". Lo chocante para
Pedreño es que en vez de ser la Administración quien busque los datos
de los fusilados y actúe para sacar los restos de las cunetas, tengan
que ser las asociaciones las que suministren los datos y apoyen a los
familiares. "A nivel institucional no hacen nada; estamos cansados;
hasta del PSOE nos envían familiares para que les atendamos,"
explica.


Garantías legales

Fermín Sánchez, de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia,
recuerda que junto con otras asociaciones y bajo el paraguas de
Amnistía Internacional pidieron al fiscal general del Estado que el
descubrimiento de las fosas y la recuperación de los restos de los
fusilados se realice con todas las garantías legales, es decir, con
presencia de un juez, intervención de un forense e investigación de
lo ocurrido. Cándido Conde-Pumpido contestó: "La Fiscalía coincide
plenamente con el reconocimiento y la defensa de la dignidad de las
víctimas de la guerra civil y del franquismo". Pero se escudó para no
dar la instrucción en que la actuación de la Administración está
pendiente de lo que decida la comisión.

Además de rescatar dignamente a los muertos, la norma que ha
prometido el Gobierno deberá contemplar el resarcimiento moral y
jurídico por las condenas a muerte y prisión, por los campos de
trabajo, por las incautaciones de bienes, por las represalias
laborales y por los daños a las personas causados por la dictadura."