Nace la Coordinadora por la Reivindicación de la Memoria Histórica
de Castilla y León

Fuente: Coordinadora por la Reivindicación de la Memoria Histórica
de Castilla y León

Esta Coordinadora por la reivindicación de la memoria histórica de
Castilla y León nace con el propósito de compartir recursos y
colaborar en las tareas de recuperación de la memoria histórica de
las víctimas de la Guerra civil y del franquismo en el ámbito de
nuestra región. Uno de los requisitos imprescindibles para ello es
el fácil acceso de investigadores y particulares interesados a
fondos de todo tipo que documenten la historia de esas épocas y
ayuden a detallar y contextualizar los efectos de la represión
franquista. Lamentablemente, una de las muchas trabas que afrontan
las asociaciones existentes en Castilla y León tiene que ver con las
dificultades de acceso a dicha documentación.

En algunos casos, los fondos se hallan almacenados fuera de nuestro
territorio, como ocurre con los expedientes de los consejos de
guerra celebrados en las provincias de las antiguas 6ª y 7ª regiones
militares (Burgos y Valladolid), desde hace años almacenados en El
Ferrol bajo la dependencia de una autoridad militar muy reacia a
facilitar copias de los expedientes.

En otras ocasiones, los documentos se encuentran en un deficiente o
muy deficiente estado de catalogación y y conservación, como sucede
con los expedientes carcelarios de la prisión de Villanubla
(Valladolid), Burgos (prisión Central y provincial) o los de
Valdenoceda, entre otros. Lo mismo se puede decir de la
documentación de los gobiernos civiles, allí donde existe.

Otras veces afrontamos el obstruccionismo de ciertas instituciones y
autoridades, que dificultan o impiden el acceso a los documentos. La
propia Ley de archivos y patrimonio documental de Castilla y León
fija criterios muy restrictivos en cuanto a plazos vencidos para la
consulta de documentos personales (100 años desde la fecha del
documento o, alternativamente, 50 desde el fallecimiento de la
persona), siendo mucho más exigente en este aspecto que las demás
normativas autonómicas o estatales.

Los funcionarios encargados de los registros civiles a veces niegan
ese acceso cuando se desea investigar las inscripciones de
defunción; otras veces son los alcaldes o funcionarios locales los
que arbitrariamente dan o niegan permiso para consultar fondos
municipales; por no hablar de la documentación de la policía y de la
Guardia Civil, de la que ni siquiera sabemos si se conserva. (Pues
tampoco son escasos los ejemplos de documentación destruida o
desaparecida, como ocurrió en algunos gobiernos civiles al acabar la
propia Guerra Civil o en las secretarías del Movimiento durante la
transición).

En resumen, como señalaba recientemente un documento de Amnistía
Internacional, "ni las víctimas ni las familias han encontrado
recursos ni facilidades para conocer la verdad acerca de las
circunstancias en que se cometieron los abusos. (…) Han sido
numerosos los obstáculos para el acceso de las víctimas y las
familias a archivos y fuentes documentales. Desde normas que impiden
su acceso o son interpretadas en términos restrictivos por los
funcionarios a cargo de su custodia, actuaciones negligentes por
parte de tales funcionarios, hasta el hecho de su pérdida, sea por
el transcurso del tiempo o por sustracción y en ausencia de medidas
para la preservación de archivos y fuentes documentales" (Amnistía
Internacional. España: poner fin al silencio y a la injusticia. La
deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil Española y del
régimen franquista. Julio de 2005).

Siendo esta la deficiente situación de los archivos y de la
documentación en Castilla y León, estimamos incomprensible la
campaña orquestada por ciertas fuerzas políticas e instituciones
oponiéndose a la restitución de los documentos de la Generalitat u
otros de tipo personal, que se hallan actualmente en el archivo
denominado "de la Guerra Civil" en Salamanca. Dicho traslado,
finalmente decidido por las Cortes Españolas, es un signo de respeto
y reconocimiento a las instituciones propias de otra comunidad, que
así reivindican la unidad de sus archivos y la consolidación de su
propia memoria histórica, ambos machacados por la brutal acción
represiva del régimen franquista. La comunidad de Castilla y León de
ningún modo verá afectada la integridad de su propio patrimonio
documental a consecuencia de esa decisión, antes al contrario, si se
logra transformar el archivo de Salamanca en un verdadero centro de
documentación sobre la Guerra Civil y la dictadura, con aportación
de fondos ahora dispersos en el extranjero o en manos de
particulares.

Esta Coordinadora solicita a las autoridades y responsables
políticos que pongan fin a la citada campaña, la cual sólo sirve
para fomentar el enfrentamiento entre distintas comunidades y dar
una penosa imagen de intolerancia por parte de nuestra región hacia
otras. Con la misma energía reclama soluciones para los muchos
problemas que aquejan a nuestros propios fondos documentales, esos
sí, afectados por la falta de unidad y el descuido.

Sólo de este modo se podrá garantizar a las víctimas el "derecho a
saber", tal como lo planteaba el citado informe de Amnistía
Internacional cuando recomendaba a las autoridades del Estado
Español "adoptar todas las medidas para preservar los archivos y
otras pruebas relativas a crímenes contra el derecho internacional,
perpetrados durante la Guerra Civil española y el régimen
franquista. A tal efecto se dispondrán medidas técnicas y de otra
índole para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación
o falsificación de los archivos. Se deberá proceder a un inventario,
catalogación y reorganización, de ser el caso, con medios adecuados
a la tecnología actual de los diversos archivos de contengan
información relevante para recuperación de la memoria colectiva y
para que las víctimas de abusos graves puedan ejercer sus derechos".

Esta Coordinadora asume en su integridad dichas recomendaciones,
cuya satisfacción es un requisito imprescindible para las demás
actividades de recuperación de la memoria histórica del pueblo de
Castilla y León.

Palencia, a 19 de noviembre de 2005

ARMH Valladolid
ARMH Palencia
Asociación Foro por la Memoria (Ávila)
Asociación Foro por la Memoria (Segovia)
Memoria y Justicia (Salamanca)
Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria (Burgos)
Asociación Foro por la Memoria (León)