Esto que os pego es el breve resumen que hace el ABC de ¿hoy? ¿ayer?
sobre el informe de la cómisión interministerial para la RMH. Dice
así:

"La democracia ha dedicado 16.000 millones a pensiones y ayudas para
víctimas de la Guerra

GONZALO LÓPEZ ALBA. MADRID.

La democracia ha dedicado, desde el comienzo de la Transición hasta
2005, un total 16.356 millones de euros a resarcir los efectos
económicos más adversos de la Guerra Civil en el sector republicano,
mediante pensiones o indemnizaciones que han alcanzado a un total de
574.000 personas, según se recoge en el informe general de la
comisión interministerial para el estudio de la situación de las
víctimas de aquel periodo y del franquismo, al que ha tenido acceso
ABC.

En este informe, de 93 páginas, que se ha remitido a las Cortes junto
con el proyecto de ley aprobado el viernes por el Consejo de
Ministros -cuyo contenido íntegro adelantó este periódico el sábado-,
el Gobierno destaca que «las actuaciones en materia de pensiones se
llevaron a cabo desde el inicio mismo de la transición a la
democracia y tuvieron como fin esencial equiparar la acción
protectora del Estado respecto de los colectivos más afectados».

«Esfuerzo de toda la sociedad»

Ha sido, según se relata, «un proceso reparador jalonado en el
tiempo», que se ha realizado con «un esfuerzo que toda la sociedad
compartió y apoyó», pese a que algunos momentos, como los de la
Transición, se atravesaba por una «grave crisis económica». Por
ello, «la Comisión -que ha coordinado la vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega- rinde homenaje a todos los
ciudadanos, y muy especialmente» a quienes hicieron ese
esfuerzo «durante los difíciles años de la Transición».

De la cantidad total mencionada, 391 millones corresponden a
indemnizaciones por tiempo de prisión y 15.965 a pensiones, entre las
que no se incluyen las correspondientes a funcionarios públicos
civiles, que fueron restituidos en sus derechos activos y pasivos por
el decreto ley de julio de 1976 y que se integraron en el régimen
general de clases pasivas. Además, habría que sumar 5,1 millones de
euros abonados en concepto de cuotas a la Toserería General de la
Seguridad Social por los periodos transcurridos en prisión.

El número de beneficiarios de las pensiones -que llegaron a
representar el 25 por ciento del total de clases pasivas- ha ido
disminuyendo progresivamente, por la consolidación del sistema de
ayudas y por la edad del colectivo afectado, que en enero de 2006 se
había reducido a 95.943 personas, distribuidas en: 22.397 causantes
directos, con una pensión media mensual de 707,55 euros; y 73.546
familiares, con un importe medio mensual de 398,40 euros.

Dejando constancia de que «el ámbito de las pensiones e
indemnizaciones es, indudablemente, en el que se ha producido un
mayor y más diverso número de actuaciones por parte del Estado», el
informe subraya que «estas consideraciones de carácter meramente
cuantitativo evidencian una dimensión cualitativa que no puede ser
olvidada: la sensibilidad que, en diverso grado, han demostrado los
sucesivos Gobiernos constitucionales democráticos por remediar los
daños personales y también materiales».

Desde la Transición a nuestros días

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno concluye que «la sociedad
española hizo un enorme esfuerzo por restituir en lo posible los
derechos de estos conciudadanos», aunque quedaran algunos colectivos
concretos desprotegidos por completo o de modo insuficiente -aquellos
a los que atiende ahora el proyecto de ley aprobado la semana pasada-
. El informe explica, en este sentido, que «inicialmente preocupó la
restauración de la libertad personal y, progresivamente, fueron
encontrando respuesta jurídica otras demandas sociales y de la
ciudadanía vinculadas con el reconocimiento de derechos, la exigencia
por los daños sufridos o, en su caso, la recuperación de los bienes y
valores injustamente incautados o perdidos». Y concluye que la
voluntad de las fuerzas políticas democráticas en procurar la
reparación, «ha sido inequívoca y constante desde la Transición hasta
nuestros días».

En el informe se deja constancia también de que «en las dos zonas en
las que se dividió el país, hubo atrocidades injustificables». «Los
historiadores coinciden en que, en ambas, hubo ejecuciones
abiertamente extrajudiciales; operaciones de «purga» respecto a
integrantes de grupos minoritarios inicialmente alineados con la
dirección de los dos bandos; y, en las dos zonas, en fin, se
establecieron órganos específicos dirigidos a la represión del
adversario político por métodos violentos».
Añade que «aún hoy, algunos miles permanecen ilocalizados». Al
respecto, señala que «según los investigadores, más de 30.000
personas siguen sin haber sido plenamente localizadas e
identificadas», con el problema añadido de la dispersión de los
enterramientos y de la inexistencia de un censo de desaparecidos.
Para facilitar su localización y exhumación, el proyecto de ley
prevé, entre otras medidas, que se declaren de utilidad pública e
interés social los trabajos que se realicen a ese objeto, lo que
permitirá la ocupación temporal de terrenos con arreglo a la
legislación sobre expropiación forzosa.

Hasta 60 campos de concentración

El informe refleja asimismo que «uno de los espisodios que se ha
abordado con más retraso en el estudio de la dictadura ha sido el de
los campos de concentración», y señala que «hoy sabemos que al final
de la contienda, el número de campos ascendía a unos sesenta», el
último de los cuales se cerró en 1962, en Los Merinales (Sevilla),
pasados más de 22 años del fin de la guerra. Añade que «el número de
fallecidos en ellos se estima en torno a las 10.000 personas».

Aunque advierte de que los historiadores discrepan sobre la cifra de
prisioneros, el informe se hace eco de que «frente a la cifra
inicialmente aportada de 180.000 prisioneros, la mayoría de los
estudiosos hoy coinciden en afirmar que esa cifra rondó las 280.000
personas inmediatamente después de la Guerra Civil»."

Y este es un artículo, también en relación a la tan traida y llevada
Ley de la Desmemoria (¿y la desvergüenza?), publicado por Javier
Ortiz en su blog y destacado en la página "kaosenlared.net"´. Dice
así:

"La ley de la desvergüenza

Que se metan su ley de desmemoria histórica por donde les quepa. Por
el BOE, que es donde acaban metiéndolo todo.
Javier Ortiz (de su blog) [31.07.2006 20:06] - 72 lecturas - 2
comentarios

"Nunca he mostrado el más mínimo interés en que el Estado español me
conceda la condición de víctima de la dictadura franquista.

En primer lugar, porque no necesito a nadie que me otorgue lo que ya
tengo. Que yo sepa, no han sido destruidos los registros de entrada
de la Dirección General de Seguridad madrileña, ni tampoco los de las
comisarías, cuartelillos y cárceles (Martutene, Girona, Lleida,
Barcelona, Zaragoza, Carabanchel) por los que me obligaron a pasar, a
veces para retenerme en su interior durante una buena temporada. Doy
por hecho que tampoco habrán desaparecido los partes médicos que
dejaron constancia del lamentable estado en el que quedé tras algún
hábil interrogatorio policial. Y digo yo que se conservarán también
los archivos del Tribunal de Orden Público, ante el que fui juzgado
(y condenado) el 25 de marzo de 1974.

De modo que tengo más que de sobra para demostrar mi condición de
víctima del franquismo, si alguien la pusiera en duda.

Pero la cuestión no está en mis derechos al título, sino en la
solvencia de quien lo otorga. ¿Qué autoridad tiene el Estado español
para dispensar certificados de ese género? No creo que sea necesario –
o tal vez sí– insistir en el hecho de que el actual Estado español es
heredero directo del régimen franquista. Empezando por su propio
jefe, que fue designado por Franco.

Por decirlo claramente: si el Estado español me concediera un título
oficial de Víctima del Franquismo rubricado por Juan Carlos de
Borbón, dudo de que sobreviviera al ataque de risa.

En ese sentido, y sólo en ese sentido, me parece de perlas
el «proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil o la dictadura» (ustedes perdonen:
se llama así), que recibió el visto bueno en el Consejo de Ministros
del pasado viernes.

Oí a la vicepresidenta primera del Gobierno decir que éste es un
proyecto de ley que trata de preservar el honor de quienes tuvieron
responsabilidades en los dos bandos que se enfrentaron durante la
Guerra Civil y durante la dictadura. Me pareció más que suficiente
para negarme a tener nada que ver con él. Francamente: si alguien
quiere obligarme a proclamar la honorabilidad de quienes se dedicaron
a asesinar a cuantos no pensaban como ellos, o a torturar y
encarcelar a quienes nos atrevíamos a calificarlos con los epítetos
que se ganaron a pulso, que no cuente conmigo. No participaré en
ninguna operación de maquillaje destinada a poner al mismo nivel al
verdugo y a la víctima, al torturador y al torturado o –por
explicitarlo de modo más gráfico– al que conectaba los cables
eléctricos y al que recibía la descarga en sus genitales.

Tampoco pretendo sentar a esa gentuza en ningún banquillo, a estas
alturas. Pero entre no pedir que se les monte el Nuremberg que
merecerían y prestarme a confraternizar con ellos y a postular su
honorabilidad hay un largo trecho.

Un trecho que no pienso recorrer y que me parece de una desvergüenza
supina que Zapatero me invite a recorrer.

Que se metan su ley de desmemoria histórica por donde les quepa. Por
el BOE, que es donde acaban metiéndolo todo."

Evidentemente, el artículo es un exabrupto, una boutade, pero
representa muy bien el sentimiento de muchos.

Y efectivamente parece que --tal como apuntan varios amigos en otros
Foros-- sólo nos queda el recurso de la justicia civil europea para
anular los juicios.

Y para ello, sería preciso quizás aunarnos para presentar
mancomunadamente una denuncia contra el Estado español, ya que --está
meridiana y jurídicamente claro-- la actual Ley ignora el principio
universal de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad
y pretende hacer tábula rasa y punto final con los delitos contra los
derechos humanos cometidos durante y sobre todo después de la guerra.
Y es nuestro deber impedirlo. ¿Creéis que sería posible contar con el
asesoramiento e impulso de alguna de las más destacadas figuras
jurídicas que nos pudiera representar ante las instancias judiciales
europeas del TEDH? ¿Qué os parece?.

Saludos.

paco_de_jerez@...