Un Anteproyecto de Ley tardío, decepcionante y alejado de los
derechos humanos

En una primera valoración sobre el contenido del Anteproyecto de Ley
aprobado hoy en Consejo de Ministros sobre "reconocimiento y
ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la dictadura", y según la información avanzada por el Gobierno tras
el Consejo de Ministros, Amnistía Internacional considera que su
contenido es decepcionante, se aleja de las normas internacionales
de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a
las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de
verdad.

Las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley, según el resumen
publicado en www.lamoncloa.es, son medidas de carácter meramente
asistencial incluyendo compensaciones económicas parciales para
determinadas víctimas, continuando así la tendencia de las últimas
décadas de compensar de una manera parcial y sin mediar mecanismo
alguno para determinar la verdad y obtener justicia a víctimas de
violaciones graves de derechos humanos.

Por lo que se refiere a la cuestión de las decenas de miles
personas "desaparecidas" o víctimas de ejecuciones extrajudiciales
que aún permanecen en fosas comunes, en muchas ocasiones sin
localizar, el Anteproyecto sigue la línea decepcionante de la orden
del Ministerio de la Presidencia del pasado diciembre, que
establecía subvenciones a particulares para la exhumación de restos,
trasladando así al ámbito privado la responsabilidad del Estado de
investigar los graves crímenes contra el derecho internacional que
se cometieron durante la guerra civil y el régimen franquista.

En este sentido el Anteproyecto de Ley parece no tener en cuenta la
responsabilidad del Gobierno español en dictar legislación y las
normas reglamentarias necesarias para las actuaciones en materia de
localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y
restitución a sus familias para su inhumación.

Además enmarca la recuperación de restos en un contexto histórico y
patrimonial, y no en un contexto judicial, como establecen las
normas internacionales de derechos humanos para estos graves
crímenes.

Con relación a los archivos, las medidas anunciadas, aunque pueden
suponer alguna mejora para la conservación y localización de la
información de los "archivos de la represión", no parecen estar
orientadas a facilitar a las víctimas y sus familiares el acceso a
una información vital para demostrar la condición de víctima –y así
poder acceder a las ayudas arbitradas- y satisfacer su derecho a
conocer la verdad.

El Anteproyecto tampoco aborda la anulación de condenas dictadas
tras juicios injustos. Amnistía Internacional quiere recordar que,
en virtud del derecho internacional, toda violación de derechos
humanos genera la obligación de proveer y garantizar un recurso
efectivo. El derecho a un recurso ante graves violaciones de
derechos humanos es inderogable, especialmente cuando se alega la
violación del derecho a la vida.

Por todo ello este Anteproyecto, en opinión de Amnistía
Internacional no solamente es tardío sino claramente insuficiente y
muy alejado de lo establecido en el derecho internacional para las
víctimas de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos.

Esteban Beltrán, Director de la Sección Española, ha declarado "
después de 30 años de democracia este anteproyecto de ley no repara
la deuda pendiente del Estado español con las víctimas olvidadas de
la guerra civil y del franquismo. Esperamos que el trámite
parlamentario logre cambios sustanciales que garanticen verdad,
justicia y reparación".