AMNISTIA INTERNATIONAL exige la creación de una Fiscalía para
investigar las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante
la guerra y el franquismo


Amnistía Internacional (AI) exigió hoy la creación de una Fiscalía
especial para impulsar la investigación de desapariciones y
ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil y el franquismo,
y de un órgano oficial temporal que aclare 'abusos graves' acaecidos
en ese periodo.

En rueda de prensa, el director de la sección española de Amnistía,
Esteban Beltrán, presentó el informe 'España: poner fin al silencio y
a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la guerra
civil española y el régimen franquista', acompañado por el magistrado
del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y Tomasi Redondo,
familiar directa de represaliados en la contienda.

El documento se envió hace diez días a la vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y a la comisión
interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, y
hoy mismo al Consejo General del Poder Judicial, al Supremo, a los
grupos parlamentarios y a las propias asociaciones de víctimas.

'España ha dejado en el olvido a miles de personas', aseveró Beltrán,
quien destacó que el país 'que pidió la extradición de Pinochet y
juzgó a Scilingo, no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y
reparación a sus propias víctimas'.

Beltrán y Martín Pallín negaron que los delitos cometidos durante la
guerra civil y el régimen franquista hayan prescrito y señalaron que
los únicos actos de reparación han sido medidas administrativas y
homenajes.

El documento hace una serie de recomendaciones para su inclusión en
el proyecto de ley que elabora el Ejecutivo sobre compensaciones a
las víctimas, cuya fecha de presentación (30 de junio último) 'se ha
incumplido', dijo Beltrán.

Las conclusiones del texto, cuya portada es una foto de restos
humanos hallados en la fosa de Villamayor de los Montes (Burgos),
apuntan que 'todas las víctimas han sido ignoradas en mayor o menor
medida', denuncian 'discriminación' en la restitución de bienes -
'sólo a sindicatos y partidos, no a personas privadas'- y la ausencia
de 'una investigación imparcial' de lo ocurrido.

También afirma que en España 'no ha existido una política de Estado
para responder al derecho de las víctimas a una reparación en sus
dimensiones individual y colectiva', y apunta a 'innumerables
obstáculos' en la búsqueda de las víctimas, entre ellos las trabas de
las familias para acceder a los archivos militares (Amnistía envió al
ministro de Defensa, José Bono, una carta en ese sentido).

Entre sus recomendaciones pide que 'para el esclarecimiento de la
memoria histórica y preservar del olvido los crímenes del pasado', se
constituya un órgano oficial temporal de carácter no judicial
para 'investigar los abusos graves'.

Pide crear además una Fiscalía Especializada 'a través de la cual se
asegure la colaboración activa de las instituciones públicas para
impulsar la investigación de los casos de desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales', y localizar las fosas comunes.

Martín Pallín, hijo de un 'militar golpista', defendió 'la anulación
de todos los consejos de guerra' celebrados desde la guerra civil
hasta 1975, y señaló que las dos leyes de amnistía de 1976 y 1977
son 'inconstitucionales', ya que la 'Constitución prohíbe el indulto
general'.

El magistrado rechazó que todo esto suponga 'despertar los demonios
familiares, que sólo existen en las mentes pervertidas', y explicó
que en la mayoría de los casos son los nietos los que desean
rehabilitar la memoria de sus abuelos sin deseos de 'revancha'.

Tomasi Redondo, cuyo padre y hermano fueron fusilados en 1936 y 1939,
relató su experiencia personal durante la guerra y el régimen
franquista, e indicó que hasta la muerte de su marido 'no vi a nadie
morir de muerte natural' (su madre fue atropellada por una moto).